Junta de Control Fiscal requiere un nuevo plan fiscal a la UPR en medio de crisis de gobernanza

La Universidad no ha actualizado su plan fiscal desde 2021 y, al no cumplir con el plazo de entrega del 24 de marzo de este año, el ente fiscal le otorgó una prórroga, aunque mantuvo inalterable la fecha de aprobación final, señalada para el 1 de mayo.

Víctor Rodríguez Velázquez

Después de cinco años sin actualizar su Plan Fiscal, la Universidad de Puerto Rico (UPR) tendrá menos de un mes para entregar y que se apruebe un documento revisado que le exigió la Junta de Control Fiscal (JCF), esto en medio de una crisis por la destitución de cinco de sus once rectores, paros estudiantiles en tres recintos y solicitudes de sectores de la comunidad universitaria para que Zayira Jordán Conde renuncie o sea removida de la presidencia.

En una carta enviada a la gobernadora Jenniffer González Colón el 6 de marzo, la JCF dio a la Universidad dos semanas para entregar un borrador del Plan Fiscal de 2021 revisado. La institución no cumplió con la fecha límite del 24 de marzo y solicitó una prórroga hasta el 15 de abril, según informó la Presidenta durante la última reunión de la Junta de Gobierno de la UPR.

Sin embargo,  tras asegurar que habían evaluado “cuidadosamente la solicitud”, la JCF no aceptó esa fecha y exigió que el borrador se entregue el 8 de abril, según una comunicación enviada este lunes 30 de marzo a la Gobernadora por Robert F. Mujica, director ejecutivo del ente fiscal. La fecha de aprobación final del plan se mantiene inalterada para el 1 de mayo, asegura Mujica en la comunicación.

La JCF recomienda la revisión anual de los planes fiscales de las instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, una práctica que varias entidades han adoptado en años recientes. Corporaciones públicas como la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, la Autoridad de Carreteras y Transportación, la Compañía de Fomento Industrial y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales, entre otras, han actualizado sus planes casi anualmente y tienen versiones de 2025. El Plan Fiscal del Gobierno central también fue revisado en 2025, mientras que el de la UPR no se actualiza desde 2021, aunque se había estado revisando cada año desde 2019.

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) cuestionó a Mujica sobre qué motivó al ente fiscal a exigir a la UPR la actualización del plan fiscal en este momento y por qué no se había requerido en años previos, pero no obtuvo respuesta al cierre de la edición.

El profesor William Muñiz, representante claustral e integrante del Comité de Asuntos Financieros de la Junta de Gobierno de la UPR, reconoció al CPI que el plazo que la JFC le dio a la Universidad para actualizar el Plan Fiscal es corto y que su elaboración expedita podría tener implicaciones en los fondos que la institución reciba del Gobierno.

Los planes fiscales que exige la Junta normalmente incluyen medidas de ajuste o metas de liberación de fondos contingentes a que se cumpla con requisitos de reformas estructurales o correctivas, incluida la eliminación de los déficits presupuestarios, la provisión de financiamiento adecuado para las pensiones, y controles que, en ocasiones, han generado tensiones entre la JCF y instrumentalidades públicas 

Si la Junta determina que el plan revisado no satisface los requisitos bajo la Ley PROMESA, “está obligada” a elaborar y presentar a la Gobernadora y a la Legislatura su propio plan, que automáticamente se considera aprobado.

“Lo que me preocupa es que se están trabajando varios asuntos al mismo tiempo y alguno puede quedar mal planificado, como el presupuesto, que es bien importante. A mí me preocupa que el Plan Fiscal que vea la Junta de Control Fiscal también impacten [la cantidad de] fondos que se puedan recibir del Gobierno”, añadió Muñiz.

Estimó que el Plan Fiscal que presente la Presidenta contará con el aval del Comité de Asuntos Financieros, ya que la mayoría de sus cinco integrantes fueron nombrados por La Fortaleza y están más alineados con la visión de la JCF, a excepción de él y del representante estudiantil subgraduado, Benjamín Rivera Meléndez. Entre los demás miembros figura el licenciado Enrique Guzmán Matos, en representación del director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Francisco Domenech, y quien, según el profesor, “lleva la voz cantante en el comité”.

Para la UPR, los planes de la JCF suponen una camisa de fuerza pues subordinan la entrega de fondos al cumplimiento de unos hitos enfocados principalmente en ajustes administrativos y recortes. Por ejemplo, para el presupuesto de 2025, la JCF condicionó la entrega de $102 millones  al cumplimiento de varios requisitos de innovación académica, así como de sostenibilidad operacional y financiera incluídos en su Plan Fiscal. En esa partida, se suprimieron $40 millones del presupuesto sujetos a una reforma en las pensiones de empleados del sistema ($20 millones) y la implementación de un programa piloto para consolidar la operación administrativa de los campus de Aguadilla, Arecibo y Utuado ($20 millones) como parte de los hitos de cumplimiento.

Desde que fue escogida como presidenta de la UPR, Jordán Conde destacó que el Plan Fiscal de la JCF forma parte de la hoja de ruta para su administración del sistema universitario. En entrevista con el CPI en julio del pasado año, dijo que consolidaría el Plan Estratégico de la Universidad, el Plan Fiscal aprobado por la Junta y la plataforma de gobierno de la Gobernadora. 

“Tenemos que articular todos esos planes, incluyendo los llamados hitos que fueron acordados con la Junta de Supervisión Fiscal para poder acceder a unos fondos adicionales. Y todo eso, en realidad, son metas que debió haberse autoimpuesto la Universidad ya hace mucho tiempo. Son metas que lo que redundan es en el aumento de ingresos y en producir economías en la operación de la institución para poder operar con el presupuesto que tenemos”, señaló entonces.

Julio Cabral Corrada, empresario de eventos deportivos y CEO del Grupo VRDG, designado a la Junta de Gobierno por la Gobernadora el pasado agosto, expresó en la reunión de ese cuerpo su preocupación porque ese ente rector desconoce cuáles serán las medidas concretas que presentará la Universidad a la JCF para enfrentar el déficit estructural de cerca de $700 millones que enfrenta la institución. Cabral Corrada trabajó para Morgan Stanley y colaboró con la emisión de bonos chatarra del Gobierno de Puerto Rico en 2014. Luego formó parte del equipo de trabajo de Stone Lion Capital, un fondo buitre que adquirió más de $30 millones en deuda del Gobierno.

“Sólo para que quede en récord, esta Junta de Gobierno está tomando en cuenta preocupaciones referentes a un déficit estructural que ronda los $700 millones. Creo que sería bueno que, en la medida de lo posible, en la próxima reunión, tengamos detallado cuáles son las medidas que se estarán tomando para atajar ese déficit”, sostuvo mientras interrogaba a la directora de Finanzas de la Administración Central, Laura Ortiz, en la pasada reunión del ente rector.

Ortiz se limitó a señalar que “estamos trabajando en la actualización de los aspectos más críticos del Plan Fiscal 2021, en colaboración con la AAFAF y el equipo interno”, sin detallar los mecanismos específicos que evaluaría la presidencia para enfrentar el déficit.

Frente a la insistencia de Cabral Corrada, la presidenta Jordán Conde intervino para asegurar que “eso se verá en el Plan Fiscal actualizado”.

“Creo que en esta Junta [de Gobierno] lo hemos dialogado por mucho tiempo, y yo lo que estoy haciendo es velar por la buena gobernanza pública desde un punto de vista fiscal y responsable. Lo quiero saber porque, muchas veces, la prensa, los estudiantes y toda la comunidad esperan que los servicios lleguen, y seguimos pateando la lata. Trato de entender cuál es el déficit estructural, qué se está haciendo para atajarlo y si la Junta [de Control Fiscal] está apoyando ese análisis fiscal, porque hasta donde sé, los números del Plan Fiscal no se han actualizado en los últimos años”, expresó Cabral Corrada, quien ha tenido contratos de auspicio para VRDG de durante esta administración por más de $7.8 millones con la Compañía de Turismo y el Departamento de Desarrollo Económico, mediante la empresa Global Holdings LLC. 

Lo que pide la Junta 

Para la revisión del Plan Fiscal 2021 y del presupuesto del año fiscal 2026-2027, la JCF exige que la UPR actualice datos sobre admisiones estudiantiles e ingresos por matrículas, desglosados por bachilleratos y estudios graduados, incluyendo cifras de alumnos estudiando a tiempo completo o parcial en sus once recintos. También solicitan proyecciones de la cantidad de estudiantes que admitirán para el año académico 2027. 

Además, la institución debe presentar un informe de los ingresos actuales y proyectados, así como de sus fuentes de fondos, incluyendo la distribución de las Becas Pell por recinto y las subvenciones federales para investigación.

La Universidad también debe actualizar “de manera detallada” las cifras destinadas a la nómina del sistema universitario y costos relacionados, como aportaciones al Seguro Social, Medicare, desempleo o incapacidad, compensación laboral, aportación patronal a las pensiones y otros beneficios relacionados con el salario mensual y anual de cada empleado. Debe proveer los datos de lo que se pagó de nómina para los años fiscales 2024, 2025 y 2026, así como la cantidad proyectada de empleados por categoría —docentes, administrativos y no docentes—, incluyendo las contrataciones previstas para el próximo año.

En cuanto a su deuda, la UPR deberá presentar un desglose actualizado de lo que debe, incluyendo cuánto corresponde al principal, a los intereses, y el total de sus bonos. Parte de esta información ya fue presentada en los Estados Financieros Auditados de 2025, confirmó el CPI. 

También la JCF solicitó una proyección de los gastos para el año fiscal 2027, indicar si se trata de costos recurrentes o no recurrentes y de qué fuente de ingreso provendrán. La UPR debe detallar cualquier iniciativa planificada que pueda afectar los gastos, incluyendo su alcance, cronograma de implementación y el impacto financiero estimado. Finalmente, la JCF requiere información sobre las medidas de ahorro, ya implementadas o proyectadas, y su efecto esperado en el presupuesto.

Con los feriados de Semana Santa de por medio y con cinco recintos bajo rectorías interinas, la UPR tiene menos de seis días para entregar información exhaustiva y precisa, incluyendo “archivos Excel con los cálculos completos, una explicación de la metodología utilizada y los supuestos clave que sustentan las proyecciones”.

Como parte de las medidas de recortes impuestas por la JCF a la UPR en 2017, se eliminó “la fórmula” establecida por la Ley 2 de 1966, que garantizaba a la Universidad el 9.6% del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. Un análisis del Centro para la Nueva Economía, publicado en 2021, reveló que con la eliminación de esta fórmula, la asignación del Fondo General se desplomó de $911 millones en 2017 a $466 millones en 2022, una reducción de casi la mitad (49%) del presupuesto. Para el año fiscal 2025-26, la aportación del Gobierno a la Universidad rondó los $441 millones. 

Esta historia es posible mediante una colaboración entre el Centro de Periodismo Investigativo y Open Campus.