Encabeza FBI ‘cacería’ de opositores de izquierda en Estados Unidos

por Nueva Pensamiento Crítico · Publicada 2 de abril de 2026 · Actualizado 2 de abril de 2026

El gobierno de Donald Trump creó una entidad interagencias, encabezada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que desarrolla una nueva y vasta campaña para perseguir “marxistas”, “izquierdistas”, “anarquistas” y a quienes se atreven a expresar su hostilidad hacia “los valores tradicionales estadunidenses sobre familia, raza y religión”

La administración de Donald Trump lanzó una amplia ofensiva contra críticos de sus políticas, entre ellas la antimigrante, con el objetivo de que sean considerados “enemigos de Estado”, denuncian activistas. En la imagen, manifestación en el Día sin Reyes, del sábado en Alburquerque. Foto Ap

Jim Cason y David Brooks, corresponsales

01 de abril de 2026 06:59

Washington y Nueva York. El gobierno de Donald Trump creó una entidad interagencias, encabezada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), que desarrolla una nueva y vasta campaña para perseguir “marxistas”, “izquierdistas”, “anarquistas” y a quienes se atreven a expresar su hostilidad hacia “los valores tradicionales estadunidenses sobre familia, raza y religión”.

La campaña federal incluye su primer caso legal contra activistas opositores a las políticas antimigrantes, a quienes el gobierno ha tachado de “terroristas” del llamado Antifa en Texas.

Un memorando presidencial de Seguridad Nacional número siete (NSPM siete, por sus siglas en inglés) que creó la arquitectura intragubernamental para proceder contra supuestos izquierdistas antiestado y un plan para una cumbre internacional con otras autoridades enfocados en la lucha contra lo que el gobierno estadunidense describe como un movimiento izquierdista antifascista llamado Antifa.

“Hay un grupo de trabajo establecido para enfocarse en la amenaza que representa Antifa”, confirmó la vocera de la Casa Blanca Karoline Leavitt el lunes. “Esto continúa siendo de suma importancia para el presidente y su agenda política doméstica”. A pesar de que expertos en agrupaciones extremistas repetidamente han señalado que no existe una organización ni coalición que se identifique con ese nombre, en septiembre de 2025 la Casa Blanca emitió una orden ejecutiva “designando a Antifa como una organización terrorista doméstica”, y esa etiqueta se sigue empleando hasta la fecha.

“Los anarquistas, marxistas y extremistas violentos de Antifa han llevado a cabo una campaña de terror en Estados Unidos y en el mundo occidental durante décadas, realizando bombardeos, golpizas, tiroteos y motines en servicio a su agenda extrema”, afirmó Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado a Reuters esta semana. El comentario fue la respuesta a la revelación de la agencia de que Washington planea convocar a una conferencia de gobiernos aliados en junio o julio de este año, la cual se enfocará en el intercambio de inteligencia y otros esfuerzos para combatir a grupos de izquierda.

El primer gran caso judicial bajo esta política ocurrió en Fort Worth, Texas, donde nueve manifestantes opositores al gobierno fueron declarados culpables de cargos penales incluidos ofrecer apoyo material al terrorismo y hasta homicidio. Los acusados fueron parte de una agrupación que realizó una protesta frente al centro de detención de inmigrantes Prarieland, en el pueblo de Alvarado. Ahí se expresaron con silbatos, cohetes artificiales y salpicando pintura afuera del centro de detención.

Cuando un policía llegó y sacó su pistola, uno de los manifestantes respondió con disparos de arma automática que causaron una herida menor a otro uniformado (las leyes en Texas permiten a cualquier residente portar armas, incluso automáticas).

Poco después, la FBI arrestó a 19 personas, entre ellos, seis que no habían estado presentes en la protesta. “Antifa es un grupo terrorista doméstico”, declaró la procuradora general de Estados Unidos, Pam Bondi, el año pasado, al señalar que este caso era sólo el primer paso en una campaña para “desmantelar sistemáticamente” a la supuesta organización.

Pero la afirmación del gobierno de que existe una agrupación con el nombre de Antifa fue minada en el juicio cuando cinco de los que confesaron haber participado en la manifestación testificaron que no existe un grupo que lleve esa distinción. Otros documentos oficiales de la oficina local de la FBI confirmaron que aunque intentaron ubicar a “una célula de Antifa”, concluyeron que por lo menos en esa región no existe. No obstante, los manifestantes involucrados en el tiroteo en la manifestación fueron condenados a prisión y la Casa Blanca usa el caso para marcar el inicio de su gran campaña nacional contra una agrupación que no existe.

Sí hay agrupaciones activistas que se autoproclaman “antifascistas” –de ahí la palabra antifa–, pero no forman parte de una red u organización con ese nombre. Aunque en el pasado, el gobierno federal ha logrado identificar estructuras organizativas y comunicaciones de agrupaciones ultraderechistas –entre ellos, los Proud Boys y los Oath Keepers, que son milicias y neonazis– que antes de la llegada de Trump fueron oficialmente calificadas de la mayor amenaza de terrorismo doméstico, no existe nada parecido sobre la supuesta organización Antifa. Pero esa carencia de información real no ha frenado a la Casa Blanca.

“Amenaza” contra las tradiciones estadunidenses

“Esta mentira antifascista se ha convertido en el llamado de organización empleado por terroristas domésticos para llevar a cabo un asalto violento contra las instituciones democráticas, los derechos constitucionales y libertades estadunidenses fundamentales”, se puede leer en el memorando presidencial de Seguridad Nacional 7, emitido en septiembre por el gobierno de Trump.

“Hilos comunes animando a esta conducta violenta incluyen el sentido contra lo estadunidense, el anticapitalismo y la anticristianidad; apoyo a un derrocamiento del gobierno; extremismo sobre migración, raza, y género; y hostilidad hacia aquellos que mantienen valores tradicionales del país sobre familia, religión y moralidad”.

En enero, después de que agentes federales de control migratorio asesinaron a un segundo manifestante que participaba de manera pacífica en las protestas contra la ofensiva antimigrante de Trump en Mineápolis, Aakash Singh, un alto funcionario del Departamento de Justicia, instó a fiscales federales de todo el país a generar casos criminales más agresivos contra manifestantes, reportó The New York Times.

Críticos han advertido de esta amplia ofensiva contra opositores a la administración de Trump con el objetivo de que sean calificados “enemigos de Estado”. El gobierno ha estado usando tecnología de reconocimiento facial y de escaneo de iris para registrar la identidad de participantes en manifestaciones, ingresando en bancos de datos privados para recaudar información personal de quienes se atreven a confrontar el gobierno.

A la vez, la FBI y autoridades del fisco han desarrollado una nueva iniciativa para investigar a organizaciones civiles que, sospechan, tienen vínculos con lo que llaman “terrorismo doméstico”, reportó CBS News. En un memorando de diciembre de 2025, la procuradora general Bondi ordenó establecer un nuevo “centro de comando de control de misión”, encargado de investigar y verificar el estatus de sin fines de lucro de organizaciones no gubernamentales que han expresado oposición al gobierno y que podrían ser acusadas de tener vínculos con “terrorismo”.

Silencian críticas a los abusos presidenciales

“NSPM 7 es un intento deliberado para cultivar temor e intimidar y silenciar la oposición a los abusos del presidente”, declara la Unión Estadunidense para las Libertades Civiles. “El memorando es un sueño febril de conspiraciones, falsedades explícitas y la ecuación distorsionada del mandatario sobre críticas a sus políticas por parte de opositores políticos reales o percibidos a ‘conspiraciones criminales y terroristas’”.

La principal organización nacional de defensa de libertades civiles concluyó que estos esfuerzos oficiales son una violación fundamental de la Constitución y sus garantías de libertad de expresión y debido proceso.

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