Carta a El Vocero, del profesor retirado Héctor Meléndez Lugo

El titular de hoy ‘Policía cita manifestantes intervenidas durante juramentación de Jennifer González’ inventa un adjetivo falso, que no existe: ‘intervenidas’

Enviado por Manuel E. Meléndez Lavandero

(Carta a El Vocero, del profesor retirado Héctor Meléndez Lugo)

Estimados editores de El Vocero:

El titular de hoy ‘Policía cita manifestantes intervenidas durante juramentación de Jennifer González’ inventa un adjetivo falso, que no existe: ‘intervenidas’. Una persona o cosa no tiene la condición de ser o estar ‘intervenida’; en cambio, algún sujeto, las autoridades, la policía, el FBI, etc., interviene –éste es un verbo– en alguna discusión, situación o actividad. Véase también que las autoridades no intervienen en alguien (a menos que sea una operación quirúrgica en el cuerpo de una persona) sino en algo: una controversia, una lucha, etc.

Aun así, decir ‘intervención’ (en un conflicto o una polémica) es ambiguo, evasivo y oscuro, al menos para un periódico. ¿Qué exactamente significa que la policía interviniera contra las manifestantes que protestaban contra el PNP? ¿Que las detuvieron, arrestaron o sometieron físicamente? ¿Que hablaron con ellas? ¿Qué registraron sus nombres y datos?

Es confuso y vago. (Dicho sea de paso, a la confusión se añade que, en la página digital de El Vocero, la noticia a que estoy aludiendo se interrumpe con la foto y calce de otra noticia, referente, según parece, a una decisión del Tribunal de Apelaciones de Boston sobre la deuda de Puerto Rico; los tiempos actuales exigen la mayor claridad posible en la redacción de las noticias y edición de las páginas, pues el espacio digital está inundado con innumerables informaciones, anuncios y gráficas que se confunden caóticamente entre sí.)

Hubiera sido mejor que el titular dijera por ejemplo: ‘Policía cita manifestantes que protestaron contra Jennifer González’. (¿Protestaron contra González durante la misa en la iglesia en la calle Loíza de Santurce y también durante la juramentación del Capitolio?) Toda esta información de El Vocero es incompleta, inexacta y pide a gritos trabajo periodístico de investigar de qué exactamente se trata. Un titular aún mejor hubiera sido: ‘Policía investigará manifestantes que protestaron contra Jennifer Gonzalez’. Esta información, más sencila y directa, a su vez reclama preguntarle a la policía por qué ha citado a las manifestantes, cómo sabe quiénes son ellas, cuál es la violación de ley si alguna, cuán obligatorio es que acudan a la cita en el cuartel, etc. Hacerle estas preguntas perfectamente periodísticas a la oficina de prensa de la Uniformada a su vez debería corresponderse con preguntarle a otras fuentes; por ejemplo el Colegio de Abogados, la ACLU, o líderes de diversos movimientos y partidos de Puerto Rico. Conviene preguntarles, digamos, qué creen de la citación o investigación policiaca, y de la controversia.

El tema tiene una profundidad que va más allá de unos pocos párrafos bajo un titular deficiente. Los periodistas no deberían ser ingenuos ni tragarse pasiva y obedientemente las versiones oficiales sobre las contradicciones de la sociedad actual.

¿Por qué es o sería un delito que una persona exclame ‘¡Muerte al PNP!’? ¿Cuál es el delito? Procede aclarar esto. Debe ser distinto a decir ‘Muerte a Jennifer González’; es probable que si la amenaza es a una persona humana el ángulo delictivo sea más probable. Una pregunta es si proferir el deseo de muerte de una persona cualquiera lleva la misma penalidad o carga legal que a una gobernadora o un político; y si es más grave o menos, pues quizá decirle al vecino que lo voy a matar sea más real y consecuente que decirlo en referencia a un político del gobierno y de un partido que –es de público conocimiento– muchísima gente detesta.

Al decidir estas cosas, los juristas y tribunales deberían tomar en cuenta la intención real, la distancia entre el dicho y alguna supuesta preparación práctica del hecho, el clima social, la cultura política y juvenil que se ha formado en las décadas recientes, y, desde luego, lo que las acusadas tuviesen que decir.

Es deber de los periodistas aclarar en su mente estos temas, que son complejos, leyendo y discutiéndolos colectivamente. La prensa debe informar con claridad estas cosas, quiero decir, aclararlas públicamente con la mayor lucidez posible, y esto significa hacer preguntas sin cesar y abordar los distintos ángulos y las diversas fuentes y partes de un hecho.

Para que la escritura sea clara hay que tener la cuestión clara en la mente. Si es delito que una persona le diga a otra, por ejemplo: ‘Te voy a matar’, entonces, si las manifestantes del jueves dijeron eso, incurrieron en delito. Procedería por tanto que fueran acusadas –y la acusación sometida al tribunal–, no simplemente citadas o ‘intervenidas’.

La simple citación parece confirmar la ambigüedad del caso, como si el gobierno/PNP estuviese evitando acusarlas para no hacer más estridente la controversia, y optase por conversar con ellas representándolas como jóvenes desorientadas, rebeldes e impulsivas, para educarlas y advertirles sobre la prudencia y la buena conducta. Pero puede sospecharse que citarlas, en vez de acusarlas de cometer un delito, persigue intimidarlas e intimidar al país; sugiere que está y estará prohibido decir tales cosas so pena de acusación en el tribunal y de castigo (cuyas penas y formas habría que ver).

Sugiere además que en el caso de las manifestantes del jueves posiblemente la policía no tiene claro en qué consiste la violación de ley, o si hay violación de ley, y se limita a citarlas, acaso para un intercambio verbal, un regaño, o un entrampamiento para arrestarlas y encarcelarlas allí mismo; no está claro tampoco. En todo caso hay que tener en cuenta que las decisiones del gobierno (o supuestamente la policía) son ante todo políticas. El gobierno seguramente calcula su uso de la fuerza, sea discursiva, policial o de los tribunales, versus la delicada situación política y social presente del país, el cual, en una medida enorme, no cree en el régimen vigente y quisiera cambiarlo.

Como es posible que la conversación que haya en la cita con la policía, si las manifestantes acuden a ella, no produzca material suficiente para una acusación en el tribunal, puede inferirse que el gobierno está realizando una operación mediática o una Psychological Operation, según el argot de las agencias de inteligencia norteamericanas, para advertir al país que debe restringir sus expresiones de ira contra el PNP, la economía y la crisis social. Esto es, que la gente libere sus explosiones de descontento social en la privacidad del hogar, como en los países en que se ha ordenado a la gente que hable su idioma vernáculo sólo en la casa. Una labor periodística implica, como dice la misma palabra, trabajo. Hay que trabajar para construir una información rigurosa y confiable, que cubra los ángulos diversos de un hecho social y de la noticia, y les dé continuidad. Por ejemplo, un ángulo importante es que el mismo jueves –ayer– la policía impidió que Eliezer Molina entrara al Capitolio para los actos de toma de posesión de la legislatura, a la que Molina ha sido electo según informó la comisión de elecciones.

Es un escándalo y, desde casi cualquier punto de vista, una barbaridad; la excusa (del PNP) de que Molina –quien había llegado junto a su familia– todavía no ha entregado unos papeles, parte del trámite formal y burocrático, disimula una intención verdaderamente violenta y terrible: anunciar que las voces disidentes serán silenciadas y excluidas, incluso por la fuerza desde luego, en los años venideros. La formalidad de unos papeles que seguramente se entregarán en estos días tiene mucha menor importancia que la certificación de la comisión de elecciones de que Molina fue electo.

Los medios periodísticos deben advertir que, análogamente al clima posterior al 11 de septiembre de 2001, que dio paso a la creación congresional de la agencia norteamericana de vigilancia y represión Homeland Security, ahora viene exacerbándose un clima de vigilancia, amenazas y acusaciones contra el ‘terrorismo’ (término que, otra vez, hay que definir).

Distinto a los presuntos enemigos terroristas de 2001 (que se suponían musulmanes), los de ahora, musulmanes o no, podría aparecer donde quiera, en cualquier momento, a la menor oportunidad, pues sobran causas para la violencia y la irritación en la debacle de legitimidad de las instituciones estadounidenses –en Estados Unidos y su quebrado territorio colonial hispano en el Caribe, Puerto Rico– y una crisis social de creciente desempleo y desigualdad, salarios muy bajos, economía (en la Isla y en Estados Unidos) a base de deuda y dependencia, monarquía de monopolios y poderes financieros, acumulacion obscena de gran riqueza en pequeños grupúsculos, precariedad de los sistemas de energía, derrumbe de la educación, escasa solvencia moral e intelectual del gobierno, y absolutismo de partidos dominantes como, en la Isla, el PNP.

El intento de intimidación del ánimo de protesta y el insulto para humillar a Molina parecen anunciar que el PNP ha decidido –desde mucho antes de que una mujer joven exclamara el jueves ‘Muerte al PNP’– lanzar una guerra contra los puertorriqueños. Un libro que escribí y debe salir en meses próximos indica que esta guerra contra los puertorriqueños viene desde hace más de un siglo. Cómo se desenvuelva en los tiempos próximos debe ser objeto de investigaciones atinadas e información clara.

Héctor Meléndez