Luis Pedraza Leduc: ¿Quién es la Secretaria del Trabajo designada?
Los 30 años de experiencia de Irizarry Algarín son como gerencial y fiel representante de las políticas neoliberales en el gobierno que responde a los mandatos de la Junta de Control Fiscal. Nada progresista en cuanto a administración pública se refiere, nada de representar los intereses de la clase trabajadora, como debe ser el deber ministerial del puesto de Secretario(a) del Trabajo, nada a favor del pueblo trabajador podemos esperar de la Secretaria designada. Auguramos que continuará aplicando los intereses y políticas de la Junta de Control Fiscal.

Buenos días.
¿Quién es la Secretaria del Trabajo designada?
La persona que responde al nombre de Nydza Irizarry Algarín es una abogada con más de 30 años de experiencia como asesora legal en asuntos gerenciales, especialmente en el empleo público. Inicia sus gestiones como asesora del gobernador Pedro Rosselló González en 1994 en los estudios de la Reforma Judicial. Luego se desempeñó como Juez Municipal por 13 años.
Posteriormente ocupó diversos puestos en agencias gubernamentales, todos en el área gerencial de recursos humanos. La Administración de Instituciones Juveniles, la Compañía de Turismo, el Centro de Convenciones, la Oficina de Recursos Humanos de la UPR fueron sus espacios de experiencia y formación. En 2017 la nombra Ricardo Rosselló como Directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos, OATRH.
Citamos al gobierno, “Esta agencia fue creada por la Ley 8 de 2027 con el objetivo de transformar el sistema de personal del servicio público e instituir al Gobierno de Puerto Rico como Empleador Único. Esta legislación se hizo agilizar la transformación de la estructura gubernamental, para fomentar el ahorro y eficacia en el Gobierno, al eliminar la redundancia o duplicidad de procesos y/o servicios, utilizar la tecnología para simplificar los mismos y facilitar la transferencia de los empleados entre las agencias públicas (movilidad)”.
“En el ejercicio de la autoridad delegada, la OATRH procurará que los recursos humanos laboren y aporten donde exista la necesidad de brindar un servicio gubernamental. Ello se logra mediante el proceso de movilidad que dispone la Ley Núm. 8, supra. De modo que, el Gobierno tenga una distribución eficiente del recurso humano, al igual que una estructura gubernamental diligente, atemperada a la situación fiscal actual y a los retos futuros.”
Como directora de la OATRH, Irizarry Algarín se destaca por crear la estructura de empleador único y a su vez desmantelar las condiciones que justifican la organización sindical de acuerdo a la Ley 45 en el gobierno central y la ley 130 en las corporaciones públicas. Luego le toca aplicar la Ley 26 de 2017 que crea un sistema uniforme de beneficios económicos y marginales en el empleo público. Esto lo impone la Ley 26 mediante la eliminación de derechos negociados, reducción de otros beneficios marginales y la prohibición de negociar convenios colectivos. Estas leyes junto a la mal llamada reforma laboral (Ley 4-2017) son la piedra principal que usó la Junta de Control Fiscal para detener cualquier ofensiva o reacción de los sindicatos.
Para junio de 2018 el Tribunal Supremo de EEUU emite una opinión en la cual sostiene que un empleado público tiene el derecho a no ser miembro de un sindicato y que no se le puede imponer esta afiliación como condición de empleo (caso Janus). Tan pronto se hace pública esta decisión, Irizarry Algarín, junto al entonces Secretario del Trabajo, Carlos Saavedra suscribieron un Memorando Especial para tratar de interpretar la aplicación del caso Janus en PR. Decían ambos funcionarios que ningún empleado público en Puerto Rico tenía que estar afiliado a un sindicato. Iban más allá, intentaron dejar sin efecto la Ley de Organizaciones Bona Fide para que no existiera la obligación de afiliación de un año según disponen las leyes. Este memorando estaba basado en una opinión de la entonces Secretaria de Justicia, Wanda Vázquez. Decisiones de los Tribunales en Puerto Rico detuvieron estas interpretaciones radicales y arbitrarias.
La última acción notoria de Irizarry Algarín fue en marzo de 2021 cuando pasó a sustituir al despedido director de Recursos Humanos de la AEE, Marc Thys para aplicar los conceptos de movilidad entre los empleados de la AEE, LUMA y las agencias del gobierno.
Los 30 años de experiencia de Irizarry Algarín son como gerencial y fiel representante de las políticas neoliberales en el gobierno que responde a los mandatos de la Junta de Control Fiscal. Nada progresista en cuanto a administración pública se refiere, nada de representar los intereses de la clase trabajadora, como debe ser el deber ministerial del puesto de Secretario(a) del Trabajo, nada a favor del pueblo trabajador podemos esperar de la Secretaria designada. Auguramos que continuará aplicando los intereses y políticas de la Junta de Control Fiscal.
Luis Pedraza Leduc
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