“Tienen que prepararse para el peor escenario”: el tercer sector se estremece ante los recortes de fondos federales
Casi un millar de organizaciones no gubernamentales, cuyos programas son altamente dependientes de subvenciones del gobierno estadounidense, se preparan para un escenario fiscal muy complejo ante las amenazas de Donald Trump
Subdirector de Proyectos Especialesbenjamin.torres@gfrmedia.com
Casi un millar de organizaciones no gubernamentales (ONG) que reciben fondos federales para manejar servicios esenciales –como atención a menores y mujeres maltratadas, ancianos desamparados y educación temprana a niños– se preparan para “el peor escenario” ante el impacto que se espera tenga en sus operaciones, y en las poblaciones a las que sirven, los recortes que impulsa la administración del presidente estadounidense Donald Trump.
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Corresponsalías
Por José A. Delgado
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En Puerto Rico, existen alrededor de 14,000 organizaciones sin fines de lucro, de las cuales un 6.6%, lo cual sería cerca de 924, son ONG que reciben fondos federales para operar, según un estudio longitudinal que publica periódicamente la firma Estudios Técnicos.
En 2023, el último año en que la información está disponible, las ONG recibieron $150 millones en fondos federales, según el informe anual sobre este asunto que publica la Junta de Planificación.
Pero esa cifra no cuenta la historia completa, porque se limita a las asignaciones que el gobierno estadounidense hace directamente a las organizaciones. Algunas de las entidades también reciben fondos federales por vía de agencias del gobierno puertorriqueño, que les delega determinadas tareas.
Ese es el caso, por ejemplo, de Escape, una ONG que lleva 42 años combatiendo el maltrato infantil y que es subcontratada, con fondos federales, por el Departamento de la Familia para manejar algunos de los planes de servicio que la agencia dispone para familias en cuyo seno se haya producido ese problema. Yadira Pizarro, directora por 25 años de la entidad, que también maneja un Head Start que da servicios a 120 niños y sus familias en Gurabo, dijo a El Nuevo Día que aproximadamente el 70% de su presupuesto actual de $4 millones es de fondos federales.
“El panorama nos parece desolador, no solo por los compañeros y compañeras que quedarían desempleados, sino por familias que van a quedar desatendidas. En el tercer sector, sostenemos mucho, sino la mayoría, de los servicios sociales libres de costo que se ofrecen en este país”, afirmó Pizarro.
El escenario de Escape –una organización no gubernamental ofreciendo un servicio esencial, dependiente casi totalmente de fondos federales– es el mismo de prácticamente todas las entidades, que, año tras año, pasan grandes dificultades para procurarse financiamiento y para las cuales cualquier alteración, de la magnitud que sea, podría representarles una sacudida mortal.
“Tienen que prepararse para el peor escenario”, manifestó la investigadora Anitza Cox, directora del Área de Análisis y Política Social de Estudios Técnicos y quien ha estado a cargo de las últimas ediciones del estudio de las ONG.
La noche del 27 de enero, la administración Trump estremeció a todo Estados Unidos, y especialmente a Puerto Rico, tan dependiente de fondos federales, al ordenar la congelación de toda asignación o préstamo federal. La movida, a través de un memorando de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OMB) de la Casa Blanca y que ha sido impugnada con éxito en las cortes, fue cancelada un par de días después, pero se mantiene como una propuesta de Trump.
Luego de que Trump suspendió el memorando de OMB, la secretaria de Prensa de Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo, sin embargo, que la congelación de fondos continúa por medio de las órdenes ejecutivas del presidente, en referencia, principalmente, al decreto que prohíbe destinar dinero público a programas que promuevan la “diversidad, equidad e inclusión” (DEI).
“La orden ejecutiva del presidente sobre fondos federales permanece en toda fuerza y efecto, y será rigurosamente implementada”, indicó Leavitt.
Por mucho tiempo, pero sobre todo a partir de la crisis fiscal del gobierno en la primera década de este siglo, el Estado ha estado delegando, cada vez más, algunas de sus tareas más esenciales a las ONG. Entre 2014 y 2021, por ejemplo, se duplicaron las entidades del también llamado “tercer sector” dedicadas al renglón de desarrollo económico, social y comunitario. También, aumentó en 3.7% el área dedicada a servicios educativos e investigación y en 2.8% el área de servicios sociales, según el informe de Estudios Técnicos.
Los grupos más atendidos, según el mismo informe, fueron mujeres, adultos mayores y familias bajo el nivel de pobreza, tres de los grupos poblacionales más vulnerabilizados de Puerto Rico.
“Definitivamente, va a ser un impacto significativo, porque, en momentos como este, en que la situación económica o fiscal es tan difícil que al gobierno se le imposibilita proveer un servicio, aumenta la demanda por los servicios del tercer sector”, indicó Cox. “En otros momentos, en que el sector ha pasado períodos de dificultad en términos fiscales, han tenido que recurrir a disminuir horarios de servicios y operaciones y consolidar centros. Eso tiene un impacto directo en la población e implica que personas se van a quedar sin servicios o con servicios limitados”, agregó.
Coraly León Morales, presidenta de la Junta de Directores de la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género y directora de la Casa Protegida Julia de Burgos, una de las más antiguas de estas organizaciones, dijo que entre el 75% y el 90% del financiamiento de los centros es mediante fondos federales. Un recorte de cualquier magnitud, alertó, dejaría a los albergues “en una situación crítica”, pero harán lo que esté a su alcance para no cesar de dar servicios.
“Nuestra postura es que siempre vamos a hacer todo lo posible por sostener los servicios. No queremos que las sobrevivientes sientan inseguridad de que no pueden venir donde nosotros porque piensen que no vamos a funcionar.Es bien importante dejarles saber a los sobrevivientes que seguimos aquí y que seguimos dando servicios”, manifestó León Morales.
Los albergues no solo cobijan a mujeres huyendo de situaciones de violencia. También, atienden a sus hijos y asisten a las sobrevivientes en el proceso de rehacer sus vidas, conseguir empleo, adiestrándolas para trabajar e, incluso, procurándoles vivienda. Algunos de los albergues costean por algún tiempo la renta de familias que hayan quedado desamparadas por situaciones de violencia.
“Estamos estableciendo planes de acción porque esto genera mucha incertidumbre. Aunque no son reconocidos formalmente como tal, los servicios que brindan los albergues son servicios esenciales que no pueden paralizarse bajo ninguna circunstancia”, expresó León Morales.
Una encrucijada sumamente delicada
Un aspecto de esta controversia que las ONG miran con suma aprensión es la fijación de las autoridades estadounidenses con los programas de diversidad e inclusión (DEI, en inglés), con las personas de sexualidad no binaria, sobre todo las transgénero, y con inmigrantes irregulares. El Nuevo Día no pudo identificar una sola ONG que trabaje con personas trans y reciba fondos federales. Pero muchas de las ONG creen en la diversidad y la inclusión y no discriminan contra nadie al brindar servicios.PUBLICIDAD
León Morales, por ejemplo, explicó que los albergues se rigen por la ley federal VAWA (“Violence Against Women Act”), que les prohíbe discriminar contra cualquier persona, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o estatus migratorio.
“Nosotras tenemos que brindarles servicios a todas las personas sobrevivientes. Eso es sin distinción. Incluye a todo el mundo. Ese es el marco legal bajo el que funcionamos, no solamente porque históricamente ha sido así, sino también porque una vez nosotras recibimos los fondos tenemos que garantizar que cumplimos con ese marco de la ley”, sostuvo.
Por su parte, Pizarro sostuvo que, en Escape, no rechazan dar servicio a nadie, ni preguntan el estatus migratorio de los beneficiarios de sus servicios. “Sin duda, debemos tener familias participantes en esa circunstancia”, afirmó.
Agregó, no obstante, que un nuevo requisito de discriminar a cambio de continuar recibiendo asistencia federal pondría a las ONG en una encrucijada sumamente delicada.
“Ese es otro reto. Quizás no reduzcan fondos federales, pero nos piden incluir criterios de exclusión. Entonces, las organizaciones tendríamos que sentarnos a mirar cuál va a ser la respuesta en términos de eso”, sostuvo Pizarro. “Algunas organizaciones lo hemos hablado y, desde la honestidad, digo que es un escenario que no queremos ni contemplar, porque tenemos que ser congruentes. Y, como parte de esa congruencia, si un escenario como ese se plantea, muchas organizaciones dejaríamos de recibir fondos federales, por lo menos, mientras dure esta administración”, agregó.
Las ONG se defienden
Las organizaciones no están esperando el golpe con los brazos cruzados. El 28 de enero, 100 ONG sostuvieron una reunión virtual –con otro centenar que se quedó esperando porque la plataforma se llenó a capacidad–, en la que reactivaron el llamado “Task Force Social del Pueblo”, que existió durante la pandemia de COVID-19 y que estará buscando soluciones en caso de que se concrete la amenaza de Trump.PUBLICIDAD
“Conversamos sobre el memo (de Casa Blanca), las posibilidades de acciones colectivas y nos organizamos por tema para, en nuestra próxima reunión, presentar informes sobre cómo impactaría la congelación o reducción de fondos federales por eje temático”, dijo Marcos Santana, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y la Juventud, que financia con fondos federales programas de prevención de maltrato infantil y centros Head Start.
“Queremos que se sepa que existe un tercer sector organizado, que tenemos experiencia manejando emergencias y crisis complejas y que estamos listos no solo para dar el servicio, sino también para vigilar y abogar por que lleguen los recursos a las poblaciones y personas que así lo necesiten”, agregó.
Por su parte, Cox invitó a las entidades a buscar diversificar sus fuentes de financiamiento, a ser estratégicos en la manera en que organizan sus servicios y a contemplar fusiones en aspectos administrativos, como estrategia para reducir costos.
Mientras, León Morales recordó que, hace tiempo, la Red Nacional impulsa la creación de un fondo recurrente que financie sus operaciones, de manera que no tengan que pasar las dificultades de cada año para procurarse recursos para funcionar. “Una forma bien contundente desde el Estado, en Puerto Rico, de atender esta situación es desarrollar un fondo recurrente que la estabilice”, acotó.
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Benjamín Torres Gotaybenjamin.torres@gfrmedia.com
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