Uruguay no es una islaEl regreso de la izquierda y sus desafíos

El Frente Amplio logró volver al poder tras su derrota en 2019. Pese a la popularidad del presidente saliente, Luis Lacalle Pou, la coalición oficialista no pudo retener el poder y Yamandú Orsi será el nuevo presidente. En una campaña sin grandes entusiasmos, la izquierda pudo recuperar terreno y sobreponerse a la ausencia de sus líderes históricos como candidatos.

Nueva Sociedad 315 / Enero – Febrero 2025

Gerardo Caetano

Luego de una campaña mediocre, de las peores desde el final de la dictadura hace 40 años, el concluyente triunfo en segunda vuelta de la fórmula del Frente Amplio (fa), integrada por Yamandú Orsi (ex-intendente de Canelones) y Carolina Cosse (ex-intendente de Montevideo), sobre la del Partido Nacional parece haber dejado de lado las ponderaciones críticas sobre el curso de la contienda. El fa no solo le ganó al Partido Nacional (Blanco), sino también a la llamada Coalición Republicana, el nuevo nombre de la Coalición Multicolor que gobernó desde 2019, que incluye, además de a los blancos, al Partido Colorado, el otro partido histórico, y a fuerzas menores, incluida la derecha radical de Cabildo Abierto. Con una participación de casi 90%, el fa se impuso en la segunda vuelta con 49,8% de los votos.

Los elogios ditirámbicos de la prensa internacional (en especial, de los medios latinoamericanos) sobre la calidad democrática del país vuelven a exponer a los uruguayos a la vieja tentación de verse «excepcionales», en especial frente al espejo distorsionado de los sistemas políticos del continente. Sin embargo, lo primero que hay que resaltar frente a los elogios externos es que Uruguay no es una isla. 

La campaña estuvo signada más por el impacto de varios escándalos de corrupción, en los que se involucró al gobierno y en especial al Partido Nacional, que por el debate entre propuestas de gobierno alternativas. Tal vez como nunca antes, ha podido advertirse la asimetría manifiesta en los partidos y en las candidaturas del peso del dinero para la campaña, dinero cuyos orígenes –pese a la nueva ley de financiamiento de partidos– permanecen opacos. Ha habido muchas menos sorpresas e incógnitas que en 2019: ya no hubo «cisnes negros» como los que cinco años atrás implicaron candidaturas inesperadas como la del general y comandante del Ejército hasta comienzos de ese mismo año, Guido Manini Ríos, al frente de Cabildo Abierto. Tampoco el gobierno de Luis Lacalle Pou acumuló el desgaste de la última gestión frenteamplista, liderada por Tabaré Vázquez entre 2015 y 2020, que auguraba la posibilidad cierta de un triunfo de la oposición coaligada luego de un ciclo de 15 años de «era progresista» (2005-2020). La popularidad del presidente Lacalle Pou no terminó de trasladarse nunca, en la intención de voto registrada por las encuestas, en favor de los candidatos oficialistas, aunque tampoco en todo el último año fue seguro un triunfo de la oposición de izquierda. De todos modos, las encuestas realizadas desde fines de 2023 sobre escenarios de competencia en segunda vuelta entre Orsi y un candidato oficialista le daban la victoria por distintos márgenes al frenteamplista, por lo que sorprendió bastante ese escenario de cuasi empate que pareció ganar la escena en los días previos al balotaje. Como casi siempre, el presidente de turno intervino notoriamente en la campaña, contraviniendo la inhibición constitucional –tal vez exagerada– que le impide hacerlo, aunque Lacalle Pou le agregó su dinamismo y omnipresencia habituales, así como la fuerza de su liderazgo comunicacional. 

En ese marco, una nueva concepción de la política parece imponerse cada vez más también en Uruguay. Desde 2020 ha avanzado la política del marketing y del coaching, del agravio y de la negación más insólita de lo que los historiadores llamamos la «dignidad de los hechos». Se dio un paso más en la perspectiva de esa «campaña permanente» que elude en forma sistemática la confrontación de ideas y que de inmediato abona la política como un mundo dominado por las emociones y las percepciones, por las «agendas fictas» y por la personalización de los ataques, por las «operaciones» de muy sospechosos orígenes, por el manejo arbitrario de los indicadores, siempre en contraste obsesivo con el gobierno anterior. También ha cobrado una mayor centralidad la invocada «batalla cultural» instalada fundamentalmente en las redes, signada por el imperio de la mentira y la «posverdad», pero sobre todo por la «autoverdad» que, como diría la prestigiosa periodista y documentalista brasileña Eliane Brum, suele ser la más letal de todas. Si bien persiste en forma obstinada (y a veces imprudente), parece comenzar a erosionarse nuestro sueño de siempre, el de ser «excepcionales» y el de confirmar que seguimos disfrutando de una «democracia plena», misteriosa y casi inigualable, en la que no caben los saltos al vacío de los vecinos. De todos modos −y por cierto que no es poco‒, el país sigue teniendo el antídoto de reaseguros institucionales fuertes y el de una democracia de partidos, tal vez la única que va quedando en América Latina. 

En las elecciones internas del 30 de junio de 2024 no hubo en general grandes sorpresas. Como se preveía, en una instancia en la que el voto no es obligatorio, se afirmó la tendencia decreciente en la participación (35% del padrón contra 53% que se había dado en la primera instancia de este tipo en 1999, luego de la reforma constitucional de 1997). Lo imprevisto fue que el fa, que generalmente no marca bien en este tipo de elecciones, creció de manera significativa respecto a 2019, mientras que los otros principales partidos decrecieron en su convocatoria: los partidos Nacional y Colorado cosecharon las peores votaciones desde 1999, mientras que Cabildo Abierto apenas superó un tercio del caudal que había concitado en su primera comparecencia cinco años atrás. 

En cuanto a los resultados dentro de cada partido, como era previsible, el «delfín» del presidente Lacalle Pou, Álvaro Delgado, se impuso en forma abrumadora dentro del Partido Nacional sobre su principal rival, Laura Raffo. Sin embargo, la escasa votación y la inesperada (y controvertida) designación de Valeria Ripoll como su compañera de fórmula (una ex-sindicalista comunista recién llegada al partido) generaron un clima de decepción y perplejidad entre los blancos, lo que se tradujo en una campaña que comenzó mal y que fue en descenso. El que en varios sentidos se benefició de ello fue su principal socio en la coalición, el Partido Colorado, partido casi bicentenario al igual que el Blanco: luego de tener una interna muy fragmentada, con seis candidatos y con pocos votos, encontró la figura ascendente de Andrés Ojeda, un joven abogado penalista mediático y sumamente obediente a sus publicistas, que invocando la sorprendente referencia política del presidente Lacalle Pou y contando con un fortísimo respaldo financiero para su campaña –que no dejó de provocar sospechas–, desde un piso relativamente bajo comenzó a crecer con fuerza y llegó a amagar con dar batalla en la interna coalicionista al favorito Delgado, lo que finalmente no se concretó. 

Por su parte, en una interna que se perfilaba muy competitiva, Yamandú Orsi –integrante del Movimiento de Participación Popular (mpp) de José «Pepe» Mujica– prevaleció con una distancia mayor a la esperada sobre su rival Carolina Cosse –apoyada por los partidos Socialista y Comunista, entre otros grupos–. No cabe duda de que el fa cerró mucho mejor esta primera instancia, conformando sin sobresaltos la fórmula presidencial entre los principales competidores y ostentando una perspectiva de unidad reforzada con un fuerte crecimiento entre sus votantes en la interna, precisamente la instancia en que, como señalamos, al frentismo le cuesta más convocar a la participación de su electorado. 

Siguió luego una campaña deslucida, sin grandes performances de los principales candidatos, en la que sobre todo la fórmula del Partido Nacional no terminó nunca de convencer ni siquiera a su electorado más cautivo, ubicado en el interior del país. Eso obligó de algún modo a un protagonismo permanente del presidente Lacalle Pou, quien multiplicó a niveles inusitados su presencia en continuas inauguraciones de obras –algunas reiteradas o de dudosa gravitación–, lo que se convirtió en el principal factor de la campaña oficialista, unificada en torno del eslogan «Reelegir a un buen gobierno». Desde un talante persistentemente crítico a los gobiernos y candidatos del fa, que llegó a niveles de agravio y ridiculización pocas veces vistos contra el candidato de la oposición, la fórmula del Partido Nacional procuró de esta forma disimular su propia debilidad, buscando que la elección se convirtiera en una suerte de «plebiscito» sobre la gestión del presidente. Los huecos de esta estrategia, que no probó ser efectiva, fueron aprovechados por el candidato colorado Andrés Ojeda, que se ofreció como «el nuevo presidente» desde una visión casi caricaturesca (al menos para los estándares uruguayos) de la «nueva política» del coaching. Tomando como modelo el éxito comunicacional de Lacalle Pou y con ciertos perfiles «a lo Javier Milei», Ojeda eludió los énfasis programáticos postulándose como el símbolo de una «renovación», sostenida en el cliché de lo nuevo contra lo viejo. Apostó a presentarse como un joven atlético orgulloso de su estado físico, a reafirmar unas pocas ideas fuerza –en particular, la salud mental, el bienestar animal y la seguridad–, desechando el aburrimiento de los «programas librescos» que solo interesan «a 5% de la gente», y a intensificar su campaña en los medios y en las redes rechazando el sostén de los aparatos partidarios y la militancia territorial. Reafirmó en todo momento su condición de «nativo coalicional» por sobre las clásicas invocaciones a la tradición colorada y en especial, al batllismo¹. Como se ha anotado, todo esto fue sazonado con muchísimo dinero, en lo que para muchos constituyó la campaña más costosa. Mientras tanto, con poco dinero y tratando infructuosamente de marcar diferencias, los socios menores de la coalición oficialista no encontraron un lugar de trascendencia: esto fue particularmente así en el caso de la derecha radical de Cabildo Abierto, en un cambio decisivo respecto del proceso de 2019. 

En este marco, el fa optó por una campaña de «medianías», muy semejante a las características estructurales de la geografía uruguaya –«una penillanura suavemente ondulada», según reza la descripción tradicional– y a los rasgos definitorios de su candidato presidencial Orsi. Moderado y negociador, con un perfil mucho más de gestión que de afirmación ideológica, el candidato frenteamplista también cumplió a rajatabla los consejos de sus asesores de campaña (el fa también tiene sus expertos en marketing, tanto nacionales como extranjeros). Estos apuntaron de manera férrea a mantener una estrategia que apuntara durante todo el año electoral «a no cometer errores», a la administración extremadamente cuidadosa de las apariciones mediáticas del candidato y a guionar lo más posible sus intervenciones, en procura de atenuar las exigencias programáticas de los militantes de izquierda, y a pensar mucho más en la «gente común» que en la base frenteamplista. Se suponía que la elección más difícil que tenía Orsi eran las internas del fa, en las que con un perfil muy diferente del de su rival Carolina Cosse debía disputar el voto más militante e ideológico. Sin embargo, ganó con amplitud, algo que pocos esperaban. Reforzado en esas pautas y con el apoyo de la popularidad de José Mujica y del mpp, eludió los debates con sus contrincantes de la coalición y cualquier referencia a temas polémicos, mostrándose como es: un «canario» más cercano al decir y a las costumbres del interior del país², «liso y llano» en sus maneras, bonachón, casi con seguridad el candidato más parecido al prototipo del «uruguayo promedio». La suya fue una campaña de poco lucimiento personal pero muy efectiva y estable, que finalmente terminó dando sus frutos, pese a la impaciencia y a veces la insatisfacción de los militantes frenteamplistas más tradicionales. 

Cabe agregar que las elecciones nacionales en primera vuelta coincidieron con la presentación de varios proyectos de reforma constitucional, de los cuales los más importantes fueron el de la seguridad social (contrario a la ley sancionada durante este periodo de gobierno) y el de habilitación de los allanamientos nocturnos. El primero de ellos generó fuertes controversias en el seno del fa y del movimiento sindical, relativas no solo a sus contenidos sino a la oportunidad de convocarlo en coincidencia con las elecciones nacionales, así como a hacer la reforma a través de un plebiscito de reforma constitucional. La iniciativa fue primero impulsada por la mayoría del Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (pit-cnt), la entidad sindical matriz, y luego respaldada por una minoría del fa, conformada básicamente por los partidos Comunista, Socialista y algunos aliados, pero no por el mayoritario mpp de Mujica y otros grupos. En un primer momento acompañó también la convocatoria la candidata a la Vicepresidencia por el fa, Carolina Cosse, quien sin embargo, luego de las internas, se bajó por discrepar con algunos aspectos del contenido de la propuesta. En sus bases programáticas, el fa llamó a cambiar la ley aprobada por el gobierno pero a través de otra ley sostenida en los máximos acuerdos posibles, y no de una reforma constitucional. Al no poder forjar una posición común sobre el proyecto (que se centraba en especial en tres aspectos fundamentales, como la baja de la edad de jubilación nuevamente a 60 años, la igualación de las jubilaciones mínimas con el salario mínimo y la eliminación de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional [afap])³, las autoridades orgánicas del fa declararon la libertad de acción frente al plebiscito. De todos modos, la mayoría de los sectores frentistas y de sus dirigentes se manifestaron contrarios a la iniciativa, con un protagonismo especial en ese sentido de Mujica, que pese a sus 90 años y a su enfermedad se mantuvo activo en momentos fundamentales de la campaña. En cuanto al plebiscito por la habilitación de los allanamientos nocturnos, todos los partidos y sectores de la coalición de gobierno respaldaron la propuesta, mientras que el fa en su totalidad, así como el conjunto de las organizaciones sociales populares, se manifestaron en contra. 

En la primera vuelta, que tuvo lugar el 27 de octubre, el fa obtuvo una gran votación (casi 44% de los votos) que, sin embargo, no fue vista con optimismo en la noche de los comicios por sus dirigentes y militantes. Demasiado confiados en que lograrían una ventaja mayor y hasta una victoria en primera vuelta, aquella noche los mensajes frenteamplistas fueron prudentes e incluso recelosos, temiendo una reiteración de la derrota de 2019. En verdad, no había razones para ello: el fa crecía en casi 5% respecto de su votación de 2019, obtenía el primer lugar en 12 de los 19 departamentos del país, se adjudicaba una mayoría sólida de 16 bancas (sobre 30 en disputa) en el Senado y obtenía 48 diputados (de 99) en la Cámara de Representantes, mientras que la coalición gubernamental, sumando las bancas de sus distintos partidos, tampoco lograba la mayoría. En forma paradójica y luego de una campaña electoral signada por los peores augurios, el Partido Nacional celebró los resultados como una victoria: con 26,77% había ratificado su mayoría amenazada en el seno de la coalición de gobierno y, en una suma que el tiempo demostraría incorrecta, agrupados los porcentajes obtenidos en solitario por los distintos partidos de la Coalición Republicana, comenzó a hablarse de una nueva y clara mayoría oficialista. Desbordado de un entusiasmo triunfalista, Álvaro Delgado, convertido entonces en candidato de toda la coalición de gobierno, anunciaba enfervorizado que en la segunda vuelta las mayorías se ampliarían en favor del gobierno. Ojeda, pese a su vistosa campaña, quedó relegado al 16,03%. 

Cabe señalar dos datos adicionales: el derrumbe de la derecha radical de Cabildo Abierto, con 2,45% (contra 11% que había obtenido cinco años atrás), desplazado como cuarto partido por el polémico Gustavo Salle y su partido Identidad Soberana, una fuerza nacionalista de dudosa ideología, con perfiles antipolíticos y tintes conspiracionistas, que obtuvo 2,66% y también se adjudicó dos diputados.

En la segunda vuelta realizada el 24 de noviembre, la fórmula del fa se impuso sobre la del Partido Nacional en representación de la coalición oficialista por 49,8% contra 45,9%. Volvían a confirmarse las tendencias históricas: el fa creció casi 6% entre la primera y la segunda vuelta, mientras que los votos sumados de los distintos partidos de la coalición en octubre significaron aproximadamente más de 1,6% de los obtenidos por la fórmula del Partido Nacional en el balotaje. En clave territorial, la fórmula del fa creció en todos los departamentos, pero especialmente lo hizo en el interior del país, incluso en algunos de los principales baluartes oficialistas. El fa ganó 124.972 votos entre una elección y otra, mientras que la Coalición perdió 60.754 votos. Además de confirmar su tradicional primacía en Montevideo y Canelones, el fa fue la primera fuerza en Salto, Paysandú y San José, lo que proyecta un cuadro alentador de cara a las elecciones departamentales y municipales que se celebrarán en mayo de 2025. 

Un factor inédito en la coyuntura es que la fórmula oficialista pierde la elección en momentos en que la popularidad presidencial se mantiene alta (con más de 50% en algunas mediciones), lo que contraría las tendencias del pasado reciente, en las que el oficialismo nunca perdió con un presidente popular de sus filas. La aprobación de Lacalle Pou parece haberse afirmado durante su mandato en algunos factores gravitantes: el dinamismo de su actividad política permanente, recorriendo el territorio con continuos actos e inauguraciones; el perfil juvenil de su figura y su éxito comunicacional, contrastante con el envejecimiento general de la población, que también se ha visto en los últimos presidentes frenteamplistas; el éxito innegable de la política comunicacional de su gobierno, que le permitió incluso superar una larga seguidilla de escándalos de corrupción: mandos policiales involucrados en episodios delictivos, como el encubrimiento de un senador oficialista pedófilo; el jefe de seguridad presidencial acusado de participar desde la Torre Ejecutiva (sede de la Presidencia de la República) en licitaciones amañadas y en el seguimiento de importantes dirigentes de la oposición; el caso de un pasaporte «exprés» entregado a un peligroso narcotraficante (Sebastián Marset), además del acomodo de militantes del oficialismo en cargos públicos, presiones sobre la justicia, etc., todo lo cual no parece hasta el momento haber dañado su imagen en un porcentaje importante de la ciudadanía. 

El balance de su gobierno en general resulta mucho más desparejo. A su favor, puede señalarse el manejo sobrio y en general acertado de la pandemia; el control de la inflación y la estabilidad de otros indicadores de la macroeconomía; un control sólido (aunque muy presidencialista) de una coalición de gobierno difícil integrada por partidos disímiles; una acción expansiva en el plano de la infraestructura nacional; la confirmación de un liderazgo indisputado dentro de su partido, así como la ratificación de su representación general respecto de la coalición alternativa al fa, entre otros factores. Este último rasgo lo proyecta sin duda como uno de los contendientes de las próximas elecciones de 2029, algo que parece haberse confirmado tras la derrota del oficialismo y la opaca actuación de sus candidatos en los recientes comicios de 2024. Sin embargo, si se refieren varias de las principales apuestas de su gobierno en 2019, pueden apuntarse déficits relevantes: el clamor por un cambio categórico en el tema seguridad no se ha traducido en medidas exitosas; la situación del déficit fiscal y del endeudamiento están igual o peor que hace casi cinco años; las desigualdades se han incrementado en varios niveles; la reforma de la seguridad social no ha conformado ni a sus propios promotores, a lo que se suma que ha generado fuertes rechazos en la oposición política y social; la llamada «transformación educativa» ha sido apurada e improvisada, sin resolver los gravísimos problemas de deserción en la enseñanza secundaria y ahora también en la primaria; ha habido muy escasos logros en política exterior tras sus arrebatos de «diplomacia presidencial», y la concreción al final de un nuevo acuerdo técnico entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur (Mercosur), proclamado en la última Cumbre del Mercosur celebrada en Montevideo, fue mucho más el producto del activismo de Luiz Inácio Lula da Silva y de algunos Estados miembros de la ue que del protagonismo del gobierno uruguayo. Lacalle Pou y sus cancilleres estuvieron más orientados hacia un tratado de libre comercio (tlc) con China y a la «liberación» de la «jaula de hierro» del Mercosur, presentada a menudo por alguno de sus asesores como la necesidad de un «Uruexit» del bloque⁴. 

Para el próximo gobierno, la situación económica y social no resulta sencilla. Como ha dicho el designado ministro de Economía del gobierno entrante, Gabriel Oddone, el fa recibirá un Uruguay en situación de «no holgura fiscal», con mayor gasto y nivel de endeudamiento. Las restricciones para financiar las políticas sociales anunciadas en campaña y para promover un crecimiento sólido luego de una década de desempeños mediocres al respecto generan incertidumbres de cara al futuro inmediato⁵. Sin embargo, con una fuerte resistencia empresarial ante cualquier propuesta de aumento de impuestos, la coyuntura social presenta algunos indicadores que exigen respuestas impostergables. Aunque luego de tres años de baja considerable del salario real se logró recuperar los niveles prepandemia y crecer unos puntos, se lo hizo a partir del crecimiento de los ingresos del 5% más rico de la población y con la baja o estancamiento del resto, lo que incrementó las desigualdades sociales y territoriales. La tasa de homicidios ha llegado a duplicar el promedio histórico en el país, hasta alcanzar la cifra significativa de más de 11 homicidios cada 100.000 personas, con afectación en especial en los sectores y territorios más vulnerables. El sicariato y la penetración del narcotráfico son crecientes y ya resultan difíciles de negar. Aunque la pobreza bajó en 2024 a 9,1%, luego de cuatro años por encima de 11% y de 10%, sigue 0,5% arriba del promedio de 2019 y 1,2% arriba de 2017, el de menor guarismo durante la «era progresista»⁶. Mientras tanto, la pobreza infantil y adolescente (ubicada en 20%) más que duplica la de los adultos, en un problema ya estructural y persistente. El tema de un sistema nacional de cuidados, subvalorado por el último gobierno, se ha vuelto una demanda cada vez más central en un país envejecido y que en los últimos tres años ha registrado más defunciones que nacimientos en cifras interanuales, lo que ha radicalizado una tendencia que se buscaba ralentizar. 

Podrían multiplicarse los indicadores que refieren los desafíos que presenta la coyuntura al nuevo gobierno uruguayo que asumirá el 1 de marzo de 2025. Resulta bastante indudable que la coalición de gobierno subestimó la fuerza política del fa, al tiempo que sobrestimó la traducción electoral de la popularidad del presidente Lacalle Pou. Los balances que el electorado ha hecho del gobierno saliente en las elecciones nacionales de 2024 tienden a ser más complejos que los que el oficialismo esperaba. Aunque no pesó como se anticipaba, en la segunda vuelta gravitaron más temas controvertidos, como la corrupción, la inseguridad, las desigualdades, el «bolsillo de la gente», entre otros ya señalados. Y con sus aciertos y errores, Yamandú Orsi y el fa supieron exhibir sus respectivas fortalezas en los momentos cruciales de la campaña. 

Uruguay se juega mucho en el próximo periodo. Como todo partido de izquierda y progresista, con su victoria el fa ha desatado expectativas y demandas legítimas, que como se ha visto emergen de realidades preocupantes. Sin embargo, las restricciones que deberá enfrentar para su cumplimiento no solo radican en el contexto interno, sino también en una región y un mundo cargados de amenazas e incertidumbre. Hace una década, un dirigente blanco señaló con agudeza que la historia reciente probaba de manera palmaria que había objetivos insoslayables para el país que no podían ser logrados por el fa solo o por la coalición alternativa de todos los otros. El tiempo transcurrido no ha hecho más que confirmar el acierto de este juicio. Claro que, más allá de la retórica postelectoral y de sus rituales tradicionales, no es para nada seguro que el «tendido de puentes» tan reiterado en la campaña logre concretarse. Entre los derrotados ya empezó el típico «pase de facturas» y ha resurgido inmediatamente después de la derrota la invocación a profundizar la «batalla cultural» contra las izquierdas, visión que, a su paso por la Cumbre del Mercosur celebrada en Montevideo el 5 y 6 de diciembre, Javier Milei se encargó de incentivar ante un foro empresarial. Pero como en toda América Latina, en este momento de Uruguay no bastan los relatos. Tampoco el éxito comunicacional, a menudo sustentado en el dinero. A las izquierdas uruguayas les toca el turno de gobernar nuevamente. Para hacerlo efectivamente y a la altura de las exigencias de la hora, necesitarán convencer, no solo vencer. Como reiteraron una y otra vez Orsi y Cosse en la campaña, su victoria electoral está signada también por la necesidad de acuerdos. Aunque esta última aseveración pueda resultar hasta ingenua para muchos, con el panorama que presentan el continente y el mundo, forma parte de una de las convicciones populares que forjaron el retorno de las izquierdas uruguayas al gobierno. Su concreción no resultará nada sencilla.

• 1.El batllismo de José Batlle y Ordóñez (1856-1929) fue el movimiento político que en más de un sentido dio forma no solo al Partido Colorado, sino también a buena parte del país en su conjunto. 
• 2.El término «canario» alude en Uruguay a los nacidos en el departamento de Canelones, del que es oriundo y fue intendente Orsi. Suele expandirse su significado en el habla montevideana a todo habitante del «interior» del país. 
• 3.Estas surgieron en 1996 a partir de la reforma jubilatoria que implantó el sistema previsional mixto en 1996, durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti (1995-2000). 
• 4.Ver G. Caetano (coord.): La opción de los TLC en el Uruguay contemporáneo, FCS / Udelar / CSIC, Montevideo, 2023.
• 5.Sobre el proyecto para el gobierno del nuevo ministro de Economía, v. Nicolás Batalla y G. Oddone: El despegue. Cómo crecer y distribuir en Uruguay en la mirada de Gabriel Oddone, Debate, Montevideo, 2024. 
• 6.«La pobreza se ubicó en 9,1% en el último semestre y bajó un punto en comparación con el semestre anterior» en La Diaria, 24/9/2024.