Asomo de un golpe mayor en la factura de la luz: revelamos las piezas claves del nuevo plan fiscal de la AEE
El documento proyecta un aumento de 76% en los ingresos de la corporación pública, una inyección multimillonaria que todavía no daría para pagar a los bonistas, asegura la Junta Fiscal
Editora de Negociosjoanisabel.gonzalez@gfrmedia.com
El nuevo plan fiscal certificado para la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) cuenta con que la empresa estatal aumentará sus ingresos cerca de 76% a partir de julio próximo, incremento que se utilizaría esencialmente para sufragar el costo de operar –admite el propio documento- el sistema eléctrico más ineficiente, y de por sí más oneroso, entre todas las empresas eléctricas públicas de Estados Unidos.
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La mayor parte de ese incremento, según el documento de 171 páginas develado en la noche del martes por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), vendría como resultado de la revisión tarifaria que conduce el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR).
Ese ejercicio, según las proyecciones en el plan fiscal 2025 de la AEE, debe redundar en un alza en la tarifa básica de la AEE que elevaría los ingresos básicos de la empresa eléctrica, de unos $1,151 millones en la actualidad, y considerando la orden tarifaria vigente de 2017, a unos $2,031 millones en el año fiscal que comienza el próximo 1 de julio. Al presente, la mitad de dicha carga, reconoce el plan fiscal 2025, está principalmente en los hombros de los comercios en Puerto Rico (54%), hogares (35%) e industrias (9%).
En paralelo, según el plan fiscal certificado por la JSF el pasado 6 de febrero, aun cuando los fondos federales asignados lleguen en su totalidad, operar la flota generatriz y la red de transmisión y distribución, así como las unidades hidroeléctricas será al menos 13% más caro que lo previsto en el año 2023, incluyendo en los estimados todo tipo de cosas: desde los pagos a los operadores LUMA Energy y Genera PR hasta el impacto económico que representan los subsidios que la AEE otorga a diversos grupos de interés.
En consecuencia, considerando el proceso de revisión tarifaria que, en momentos en que ya cuesta, en promedio, alrededor de 26 centavos kvh, los abonados de la AEE deben prepararse para gastar más en factura eléctrica. Y dicha alza, contempla el nuevo plan fiscal, no considera el impacto que supondría pagar la deuda vigente de la AEE como reclaman los bonistas.
Si ese fuera el caso, indica el documento, el costo por kvh en Puerto Rico tendría que ubicarse en 33.7 centavos y aumentar anualmente hasta alcanzar 47.9 centavos kvh en el año fiscal 2029.
A juzgar por el plan fiscal certficado, el impacto que conllevaría invertir en el sistema eléctrico de Puerto Rico para ponerlo sobre sus pies sería tan fuerte, según la JSF, que por ello, esta semana, el organismo ha descartado incluir un cargo legado en la factura eléctrica como mecanismo para sacar a la AEE de la quiebra.
Un plan fiscal puede describirse como una hoja de ruta requerida por la ley federal Promesa a toda entidad puesta bajo la lupa de la JSF.
Por un lado, un plan fiscal dicta lo que una agencia de gobierno o una corporación pública debe implementar para desarrollar y mantenerse en presupuesto, así como prestar los servicios ciudadanos o hacer las inversiones necesarias. En el otro lado, en el caso de entidades en quiebra como la AEE, el documento sirve como base para definir cuánta capacidad de pago tiene el deudor y por ende, preparar un plan de pagos (en la jerga técnica, un Plan de Ajuste o PDA), que pueda ser confirmado en un tribunal de Título III.
Aunque similar en diversos aspectos, como la expectativa de una contracción económica en Puerto Rico a lo largo del tiempo y el persistente avance de la energía renovable, la nueva hoja de ruta trazada por la JSF para la AEE parte de premisas y datos distintos que denotan múltiples impactos al bolsillo de los abonados y la economía local.
A continuación, algunos de los aspectos más relevantes del plan fiscal 2025 de la AEE.
- Se disparan los gastos de la AEE
Según el plan fiscal 2025, en el presente año fiscal, todavía sin incluir en esa cifra el pago de la deuda pública, los gastos de la AEE rondarán $4,487 millones y aumentarán cada año hasta alcanzar $6,223 millones en el año fiscal 2029.
La mayor parte de ese gasto se explica por un salto importante en los gastos de mantenimiento del sistema.
En síntesis, el plan fiscal establece, como razón principal, que el aumento en las interrupciones del servicio eléctrico en Puerto Rico responde a no contar con el dinero necesario para mantener y reparar el sistema adecuadamente, en especial, cuando se trata de infraestructuras obsoletas.
El plan –que descansa en las proyecciones de los operadores LUMA Energy y Genera PR– indica que solo la partida de mantenimiento debe aumentar de unos $89 millones (o aproximadamente 2% de los gastos consolidados), en la actualidad, a unos $999 millones en el año 2027 (o 17% del total de gastos) y hasta $1,833 millones, o el 29% del gasto estimado, en el año 2029.
Un cambio significativo en el plan fiscal de la AEE recién certificado es que los gastos proyectados por los operadores no están sujetos a la orden tarifaria que rige a la empresa eléctrica desde el 2017.
Es decir, que los operadores incluyeron proyecciones de gastos e iniciativas que conllevan inversiones extraordinarias con el objetivo de estabilizar el sistema y reducir hasta en 85% -al cabo de 10 años- la frecuencia de las interrupciones en el servicio eléctrico.
- ¿De dónde saldría el dinero para pagar por todos esos gastos?
Los recaudos de la AEE provienen esencialmente de la venta de electricidad. Según el estado de derecho vigente, la AEE debe revisar su tarifa básica o base cada tres años. La AEE no revisa su tarifa básica desde el año 2017 y antes de eso, tardó 25 años en ajustar su tarifa base.
El plan fiscal certificado señala que a partir del año fiscal 2026, los estimados de ingresos parten de la premisa de que el NEPR aprobará una nueva tarifa básica que entraría en vigor el próximo 1 de julio.
La JSF subraya en el documento que el NEPR es la entidad que, en última instancia, determinará cuál será la tarifa base de la AEE y cómo se cobrará.
Para determinar la tarifa básica, el año pasado, el regulador eléctrico comenzó un proceso de análisis que incluyó obtener información de los operadores del sistema eléctrico acerca de los gastos y proyectos que se llevarán a cabo en los siguientes tres años. Esa información -y otros factores como el número de personas moviéndose a energía renovable- se considera para determinar cuánto debe cobrar la AEE por la venta de electricidad.
“Es claro que el sistema no puede operarse a largo plazo si las tarifas de la AEE permanecen limitadas por la orden tarifaria de 2017″, subraya el plan.
La revisión de la tarifa básica es distinta y separada del ajuste trimestral que ven los abonados y que autoriza el NEPR para cubrir otros gastos como por ejemplo, el cargo de ajuste por compra de combustible.
- Qué pasaría si hay que pagar la deuda de la AEE sin que sea modificada?
“En ausencia de una reestructuración de la deuda, la AEE y sus consumidores no podrán cumplir con esas obligaciones sin incurrir en riesgos sustanciales al sistema eléctrico, que se verán principalmente en la forma de mantenimientos diferidos en un sistema eléctrico ya severamente deficiente y/o en tarifas eléctricas muy altas que cargarían adversamente los negocios y los consumidores, incluye a puertorriqueños de bajos ingresos”, dice el plan fiscal.
Según el documento, si hubiera que pagar la deuda de la AEE en su totalidad como reclaman los bonistas, así como las pensiones de los trabajadores de la empresa eléctrica, un hogar con un consumo promedio de 425 kvh al mes pagaría $38 más en su factura mensual, a saber: $29 más para pagar los bonos de la AEE y otros $9 más al mes para pagar las pensiones.
- ¿Y qué pasó con todo el dinero federal que dieron para arreglar el sistema?
El plan fiscal establece que, ante los tropiezos encarados por LUMA y Genera-PR para canalizar los proyectos de reconstrucción del sistema, tocará al NEPR procurar que ambos operadores trabajen junto a la AEE en “un plan holístico” que permita agilizar las obras de reconstrucción.
El documento da por sentado que no habrá cambios en el dinero asignado desde la capital federal y que Puerto Rico recibirá unos $14,400 millones para reconstruir su sistema eléctrico. El dinero se recibiría a lo largo de 10 años, es decir, hasta el 2034. A esa suma, se agregan unos $1,200 millones en fondos locales que son necesarios como parte de los requisitos de pareo establecidos por el gobierno federal.
Hasta el 23 de diciembre del año pasado, la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA) habría obligado $10,400 millones bajo la seccion 428 de la ley federal Stafford. Al cierre del 2024, solo el 22% de los fondos obligados a Puerto Rico se había desembolsado, indica el plan.
- Yo tengo placas, imagino que a mí no me afecta este plan
El plan fiscal reconoce que más consumidores puertorriqueños optarán por moverse a energía renovable. El documento establece que Puerto Rico es el quinto lugar de todo Estados Unidos con la mayor adopción de sistemas solares per cápita.
Aunque se reitera la necesidad de anular la Ley 10 de 2024, el documento avala que se continúe con el programa de Medición Neta, una competencia que a juicio de la JSF, debe quedar en manos del NEPR.
Según el documento, a medida que aumenta la energía distribuida, es decir a medida que más prosumidores se conectan a la red, esa tendencia podría requerir inversiones adicionales a la infraestructura eléctrica para controlar la inestabilidad y fortalecer el suministro eléctrico.
En el año fiscal 2024, el programa de Medición Neta dejó pérdidas aproximadas de $85 millones y con un ritmo de conexión mensual de 3,000 a 4,000, el documento advierte de mayores pérdidas hasta el 2030.
“Algunos componentes del aumento en las tarifas (lo que también afectará a quienes no tienen medición neta) serán requeridos para recuperar la pérdida de ingresos por los cargos que obvian los clientes de medición neta y para cubrir gastos adicionales e inversiones para mantener la estabilidad de la red”, reza el plan fiscal.
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Joanisabel Gonzálezjoanisabel.gonzalez@gfrmedia.com
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