El fraude tarifario de la JCF: lo que no dicen del aumento en la electricidad
La certificación del Plan Fiscal 2025 de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) tomó un año en materializarse: un retraso que no es insignificante dentro del proceso de reestructuración de su deuda, que ya lleva siete años
by Rolando Emmanuelli Jiménez La Perla del Sur
Sin un plan fiscal actualizado, la Junta de Control Fiscal (JCF) no puede presentar un nuevo Plan de Ajuste de la Deuda (PAD) tras el colapso del anterior.
Como recordamos, en marzo del año pasado se celebró el juicio de confirmación de un plan de ajuste totalmente insostenible, que pretendía imponer un aumento tarifario impagable y no contemplaba ni un solo dólar para la reconstrucción del sistema eléctrico. Bajo ese esquema, Puerto Rico quedaría esclavizado a una deuda odiosa por más de 35 años, pagando con sacrificio del pueblo los desmanes de administraciones políticas pasadas.
La decisión del Primer Circuito de Boston, que determinó que los bonistas de la AEE solo tienen derecho a cobrar del ingreso neto de la AEE, es decir, lo que sobra después de pagar operaciones, retiro y pensiones, dejó sin base al plan de ajuste de la deuda anterior y obligó a la JCF a comenzar, otra vez, desde cero.
Durante años hemos insistido en que el Trust Agreement que rige la relación entre los bonistas y la AEE es claro: primero se paga la operación del sistema y las obligaciones con los pensionados, luego -y solo si sobra algo- se paga a los bonistas. La JCF tardó siete años en aceptar esta realidad.
Si hubieran hecho las cosas bien desde el principio, ya la reestructuración de la AEE estaría resuelta.
El Plan Fiscal 2025 trae un cambio aparente: no prevé aumentos tarifarios para pagar la deuda. A primera vista, esto podría parecer positivo, ya que el aumento de tarifa para pagar deuda era una injusticia manifiesta. El pueblo no puede cargar con las irresponsabilidades de quienes endeudaron la AEE, sin tener la oportunidad de reconstruir y fortalecer su infraestructura.
Sin embargo, este cambio no debe engañarnos. La JCF ha optado por otro camino para seguir subiendo la tarifa: cubrir su ineficiencia y el despilfarro.
Desde su llegada, la JCF ha inflado los gastos operacionales de la AEE con consultores que han cobrado $400 millones para proponer acuerdos desastrosos como el RSA de 2019, que terminó en fracaso y el plan de ajuste de la deuda de 2024.
Con la privatización, el gasto se disparó aún más: LUMA ha recibido más de $1,600 millones, sin mejorar el servicio, y GeneraPR sigue el mismo camino. Mientras tanto, el pueblo paga más por un sistema que es más ineficiente, más inestable y caro.
Desde que LUMA asumió el control de la transmisión y distribución eléctrica en Puerto Rico, el servicio ha empeorado y los costos han aumentado drásticamente. La frecuencia y duración de los apagones han crecido, el mantenimiento preventivo es casi inexistente y la modernización de la red avanza a paso de tortuga.
A pesar de haber recibido más de $1,600 millones en contratos y subsidios, LUMA apenas ha ejecutado el 14 por ciento de los fondos federales de FEMA disponibles para reconstrucción, dejando a Puerto Rico con un sistema frágil y propenso a fallas.
Para colmo, ya para el verano pasado LUMA estaba retrasada en reclamar los reembolsos y había creado un déficit operacional de $500 millones. Este déficit pone en riesgo la continuidad de las operaciones financieras al grado de que el Negociado de Energía nombró un oficial examinador para que estudie la situación con carácter de urgencia.
Uno de los posibles remedios, sería un aumento adicional de la tarifa para solventar el déficit.
La situación se puso peor cuando se supo la semana pasada que FEMA paralizó los reembolsos, porque descubrió que LUMA contrató a sus matrices incurriendo en conflictos de intereses. No se sabe cuándo FEMA vuelva a reanudar los reembolsos.
Esto, sin duda llevará a la AEE a una situación crítica.
A esto se suman sus excesivos costos administrativos, de nóminas y consultorías millonarias, que han drenado las finanzas de la AEE sin aportar soluciones reales.
Por ejemplo, LUMA contrata a sus empleados de las empresas matrices y esos gastos incluyen hotel y automóviles. Los salarios pagados no tienen precedente en la AEE. Esto representa $200 millones de los $700 de su presupuesto actual.
La situación de gastos irresponsables de Luma es igualmente insostenible.
Lo que hoy enfrentamos no es un problema de falta de dinero, sino de pésima administración y prioridades equivocadas. En vez de mejorar la infraestructura, LUMA ha inflado sus costos operacionales a niveles insostenibles, y ahora la solución que se propone es pasarle la factura al pueblo con un aumento tarifario de 5 centavos por kilovatio-hora.
Por otro lado, la privatización de la generación con GeneraPR no ha traído ahorros ni eficiencia, sino más apagones y mayores costos. A pesar de las promesas de modernizar el sistema, Genera sigue dependiendo de plantas ineficientes y obsoletas, quemando combustibles costosos, sin lograr una reducción significativa en el precio de la electricidad.
Su falta de mantenimiento ha provocado averías frecuentes y crisis energéticas, mientras que la conversión a gas natural y la integración de energías renovables siguen sin materializarse. En lugar de operar con eficiencia, GeneraPR ha elevado los costos de operación y administración, ocasionando un déficit que ahora se busca cubrir con aumentos tarifarios.
No se trata de pagar por un mejor servicio, sino de costear la ineficiencia de una privatización fallida. El aumento de 5 centavos por kWh en la tarifa eléctrica es la consecuencia directa de un modelo que favorece el lucro de unos pocos a costa del bolsillo de todos.
La verdadera trampa del Plan Fiscal 2025 es que, aunque la JCF se ufana de no aumentar la tarifa para pagar deuda, sí permitirá aumentos tarifarios para tapar su ineptitud y las ineficiencias de LUMA y GeneraPR.
Actualmente, en el Negociado de Energía se tramita un aumento de alrededor de 5 centavos por kilovatio-hora, que entrará en vigor en julio de este año. Esto llevaría la tarifa a 30 centavos por kWh, muy por encima de los 20 centavos que la propia JCF considera sostenible.
Peor aún, este costo energético supera el 6 por ciento del ingreso del consumidor promedio, el umbral que la misma JCF estableció como el límite para evitar una crisis económica y social. En otras palabras, el impacto de este aumento será devastador.
Mientras la JCF nos dice que no subirá la tarifa para pagar la deuda, sí la aumenta para subsidiar la incompetencia de LUMA y GeneraPR, para proteger los contratos de privatización que han sido un desastre y para seguir inflando los costos operacionales con asesores que no han resuelto nada.
No nos dejemos engañar: la JCF es la principal responsable del colapso del sistema eléctrico, del atraso en la reconstrucción y del aumento tarifario que sufriremos este año. El aumento de la tarifa en 2025 no será para pagar la deuda. Será el precio que el pueblo de Puerto Rico pagará por la ineptitud de la Junta.
Rolando Emmanuelli Jiménez
Columnista y abogado experto en la Ley PROMESA.
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