Grupo de boricuas le propone a Trump que otorgue la independencia de Puerto Rico por decreto: estas son sus sugerencias
Los propulsores de la iniciativa prepararon un documento con el formato de una orden ejecutiva, con la expectativa de incentivar acción del presidente de Estados Unidos
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com
Washington D.C. – Un grupo de abogados, economistas y activistas puertorriqueños envió a la Casa Blanca y el Congreso un documento –como si fuera una potencial orden ejecutiva del presidente Donald Trump– que propone otorgar la independencia a Puerto Rico por decreto, convencido de que es la mejor alternativa económica para Estados Unidos y el archipiélago boricua.
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Opinión
La ciudadanía y nuestra condición territorial
El documento sugiere crear un comité ejecutivo que coordine un proceso de transición que permita a Puerto Rico recibir $36,000 millones anuales por dos décadas “para desarrollar el país”.
Pero, argumenta que, a largo plazo –pensando en una relación colonial que se extienda por otro medio siglo–, Estados Unidos se puede ahorrar cerca de $617,000 millones. Si la estadidad fuese una alternativa, el ahorro, sostiene el grupo, sería aún mayor.
Como meta, en la potencial orden ejecutiva se impone que el trámite hacia el reconocimiento de la independencia pueda finalizar para el 31 de diciembre de 2026, con un acuerdo de doble ciudadanía para los que quieran mantener la estadounidense, la continuación del uso del dólar y una transición en el programa delSeguro Social.
La posibilidad de embarcar al Ejecutivo estadounidense en un proceso unilateral que declare la independencia, sin la intervención del Congreso –bajo cuya autoridad están los territorios como Puerto Rico– o el visto bueno del Tribunal Supremo estadounidense es, como poco, muy cuesta arriba, pero los proponentes de esta vía ejecutiva piensan que en Estados Unidos “se vive una coyuntura histórica que será irreversible” y puede permitir esa iniciativa.
“Es una apuesta, lo sabemos. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? Creo que esto no aguanta más”, indicó a El Nuevo Día el viernes en la noche el abogado y constitucionalista Rolando Emmanuelli Jiménez, quien sirvió de portavoz del grupo, al dar a conocer los documentos, después de que el tabloide británico Daily Mail alegó que el asunto estaba bajo la consideración de Trump.
El documento fue enviado el 24 de febrero a Trump; sus ayudantes más cercanos; el secretario de Estado, Marco Rubio; la secretaria de Justicia, Pam Bondi; y los directivos del sistema de inteligencia, entre otras dos docenas de funcionarios. Pero, hasta ahora, no ha habido ninguna conversación del grupo con la Casa Blanca ni respuesta de oficinas del Ejecutivo estadounidense.
Mira aquí el documento:
Borrador de plan para la independencia de Puerto Rico by El Nuevo Día on Scribd
La única reunión, hasta el momento, ha sido –por Zoom– con un ayudante del presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, el republicano Mike Lee (Utah), quien controla el debate sobre el status político de Puerto Rico en ese cuerpo legislativo y, como Trump, se ha opuesto a la idea de otorgarle la estadidad al archipiélago.
Tienen previsto, además, una reunión, el miércoles próximo, con el líder de la mayoría del Senado, el republicano John Thune (Dakota del Sur).
La intención original era, por un tiempo, mantener en privado sus gestiones. Pero, el reportaje del Daily Mail, del cual Emmanuelli Jiménez se desvinculó, provocó que decidieran dar a conocer sus propuestas a la publicidad y poner las cosas en el contexto real.
“Tuvimos una reunión de emergencia cuando explotó esto para que se pueda aclarar qué es lo que ha pasado y por qué lo estamos haciendo… porque no es cierto que estamos en la oficina de Donald Trump dando puños en el escritorio”, indicó Emmanuelli Jiménez.
Los miembros del grupo
El comité ejecutivo del grupo lo integran, además de Emmanuelli Jiménez, el decano fundador de la Escuela de Derecho Eugenio María de Hostos, Carlos Rivera Lugo; el abogado residente en la zona de Washington Edil Sepúlveda, el escritor residente en Nueva Jersey Javier Hernández y Cristina Mojica.
En total, los documentos han sido trabajados por 13 personas, incluidos economistas.
Hernández, autor del libro PRexit, había divulgado recientemente un memorando en el que recomendaba una orden ejecutiva para encaminar la soberanía de Puerto Rico y alegado que ganaba “tracción”.
Pero, Emmanuelli Jiménez hizo claro que el resto del grupo nada tenía que ver con ese otro documento ni su divulgación.
“Esto es un esfuerzo serio…Van a venir una serie de cambios dramáticos –bajo la presidencia de Trump–, que van a causar mucha miseria en el país. (En Puerto Rico) no hay un plan A, ni un plan B. Pensar que los 535 miembros del Congreso se van a poner de acuerdo para hacer algo sobre Puerto Rico no va a funcionar. Hay que pensar distinto”, agregó.
Trump inició un proceso que le da un vuelco al gobierno federal, proponiendo recortes masivos en asignaciones federales, cientos de miles de despidos, desmantelando oficinas, retando al Congreso al tratar de frenar fondos ya aprobados y cambiando la política exterior estadounidense, con sanciones comerciales a aliados y acercamientos a Rusia. Ha mostrado además interés en un nuevo imperialismo, ofreciéndo la estadidad a Canadá – la que rechazan los canadienses-, e interés en anexar a Groenlandia, Gaza y recuperar el canal de Panamá.
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Las consultas que hace el grupo al Congreso tienen el propósito de buscar apoyo para incentivar al presidente a actuar por decreto.
“El presidente tiene el poder de manejar las relaciones exteriores de Puerto Rico, que es un país invadido desde 1898. Puede reconocer la independencia a base de esos poderes, (en momentos en que) hay una batalla campal sobre la separación de poderes en Estados Unidos”, dijo Emmanuelli Jiménez, al indicar que actuar sin consultar a los puertorriqueños sería acabar con una relación que históricamente ha estado marcada por la falta de democracia.
La potencial orden ejecutiva parte de la premisa de que las asignaciones para Puerto Rico rondan ahora los $24,000 millones, incluidos unos $8,600 millones anuales en la asistencia para mitigar los recientes desastres.
“El plan de transición incluye una estricta supervisión a través de una Comisión Ejecutiva de Transición (CET), que garantiza que todas las medidas se alineen con las prioridades económicas de Estados Unidos y los intereses de seguridad nacional. La orden también salvaguarda la seguridad social y los beneficios para los veteranos y establece un marco de libre comercio bilateral. También, ofrece un marco con respecto a la cuestión de la ciudadanía una vez que Puerto Rico alcance su soberanía”,indica el memorando que sirve de preámbulo a la potencial orden ejecutiva.PUBLICIDAD
El modelo de decreto señala que “el pueblo estadounidense no debería verse obligado a enviar billones de dólares a un sistema ineficiente y corrupto que no funciona, ni para Puerto Rico ni para Estados Unidos”.
Los pasos para la independencia
La CET operaría como parte del equipo de la Casa Blanca, con un administrador puertorriqueño domiciliado en Puerto Rico que no sea ni haya sido miembro del gobierno boricua. Tendría a su cargo delinear la reducción progresiva de los programas federales, el acceso al sistema de Seguro Social federal para los que están ya aportando a ese programa, la creación de una seguridad social puertorriqueña y la continuidad de los derechos de los veteranos.
Además, deberá asistir a Puerto Rico en el diseño y establecimiento de un sistema de seguro de depósitos bancarios.
Puerto Rico, mientras, formaría un gobierno republicano, revisaría la actual Constitución o aprobaría una nueva, buscaría un tratado de defensa con Estados Unidos y permitiría la doble ciudadanía.Play Video
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La ciudadanía estadounidense por nacimiento cesaría el 31 de diciembre de 2026.Pero, los dos países, según la propuesta, validarían el libre tránsito de sus ciudadanos.
La iniciativa tiene lugar en momentos en que en el Congreso está estancado el debate sobre el futuro político de Puerto Rico y hay un fuerte rechazo republicano a la idea de admitir la isla como estado.
Esta semana, la gobernadoraJenniffer González encabezó una cumbre proestadidad en busca de dar a conocer los resultados del más reciente plebiscito criollo en Puerto Rico, en el que, en noviembre pasado, esa opción obtuvo el 58.61% de los votos, frente al 29.57% de la soberanía en libre asociación y el 11.82% de la independencia. Los partidos Popular Democrático e Independentista Puertorriqueño han advertido que, si se consideran los votos en blanco que solicitaron, la estadidad ronda el 50%.PUBLICIDAD
En momentos en que se conocía el reportaje del tabloide británico, que alegaba –sin confirmación– que congresistas presionaban a Trump sobre la gestión del grupo boricua, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, advirtió que, “bajo la Constitución de Estados Unidos, quien único puede darle la independencia a Puerto Rico es el Congreso y, como se hace en las democracias, los puertorriqueños tendrían que pedirla”.
“Y para desmentir este rumor absurdo, usen el sentido común; ¿cómo un presidente que está pensando en adquirir más territorio, de reconquistar el Canal de Panamá, de adquirir Groenlandia, de fortalecer la presencia de Estados Unidos en el mundo, va a proponer salir de Puerto Rico?”, cuestionó Hernández, quien defiende el actual status territorial, que tiene el nombre de “Estado Libre Asociado”.
Mientras, la representante de la gobernadora González en Washington, Gabriela Boffelli, dijo que no hay ningún plan del gobierno federal para hacer a Puerto Rico independiente. “Mientras permanezcamos bajo el status actual, estaremos expuestos a especulaciones y decisiones que se tomen sin la plena participación del pueblo de Puerto Rico”, comentó además Boffelli, directora ejecutiva de la Administración de Asuntos Federales (PRFAA).
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José A. Delgadojose.delgado@gfrmedia.com
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