Revelan otros integrantes del grupo que propone a Trump la independencia por orden ejecutiva
En la iniciativa, participan abogados, economistas, profesores universitarios y activistas



Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com
Washington D.C. – El grupo que ha propuesto a la Casa Blanca optar por una orden ejecutiva que encamine la independencia de Puerto Rico dio a conocer el domingo los nombres de otros participantes de la iniciativa.
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El abogado Rolando Emmanuelli Jiménez, quien ha sido el portavoz del grupo, había divulgado el viernes los nombres del “comité ejecutivo” que ha trabajado la propuesta, que ha sido enviada al presidente Donald Trump, sus principales ayudantes y miembros del gabinete, y a la oficina del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado de Estado Unidos en busca de respaldo.
Los miembros del comité ejecutivo son, además de Emmanuelli, los abogados Carlos Rivera Lugo y Edil Sepúlveda, la analista de Política Pública Christina Mojica y el escritor Javier Hernández.
El domingo, Emmanuelli Jiménez dijo que otros colaboradores son la economista Martha Quiñones, la abogada y analista Marilú Guzmán, la doctora Palmira Ríos, el radiodifusor Alfonso Giménez Luchetti (WPAB), el exrector del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Carlos Severino y la relacionista pública Madeline Ramírez.
En total, son 16 los que han trabajado con el documento, que fue escrito como si fuera una potencial orden ejecutiva, con la intención de motivar a la Casa Blanca a buscar la descolonización e independencia de Puerto Rico a través de ese tipo de acción ejecutiva, en momentos en que Trump y el liderato republicano han expresado un fuerte rechazo a la estadidad.
Cinco de los miembros del grupo no han querido, por el momento, que se conozcan sus nombres públicamente, indicó Emmanuelli Jiménez.
El grupo sostiene que el poder que tiene Trump sobre las relaciones exteriores de Puerto Rico y el hecho de la relación haber estado marcada por una invasión y la ausencia de democracia le dan poder al inquilino de la Casa Blanca para darle la independencia a la isla y facilitar un proceso de transición.
Estados Unidos nunca ha consultado a Puerto Rico sobre alternativas de status.
El documento que el grupo envió a Trump y su gabinete impulsa crear un comité ejecutivo desde la Casa Blanca que coordine un proceso de transición que permita a Puerto Rico recibir $36,000 millones anuales por dos décadas “para desarrollar el país”.
Pero argumenta que, a largo plazo –pensando en una relación colonial que se extienda por otro medio siglo–, Estados Unidos se puede ahorrar cerca de $617,000 millones. Si la estadidad fuese una alternativa, el ahorro, sostiene el grupo, sería aún mayor.
Han propuesto una transición de ahora al 31 de diciembre de 2026, con un acuerdo de doble ciudadanía para los que quieran mantener la estadounidense, la continuación del uso del dólar y que incluya reconocer los derechos adquiridos delSeguro Socialy de los veteranos de las Fuerzas Armadas.
Emmanuelli Jiménez, quien ha sido profesor de Derecho Constitucional, reconoce que la propuesta tendría que superar la realidad constitucional estadounidense, que otorga al Congreso plena autoridad sobre sus territorios, lo que ha sido validado por el Tribunal Supremo federal.
“Es una apuesta, lo sabemos. Pero, ¿qué vamos a hacer? ¿Quedarnos con los brazos cruzados? Creo que esto no aguanta más”, indicó a El Nuevo Día el viernes en la noche, al dar a conocer los documentos, después que el tabloide británico Daily Mail alegó que el asunto estaba bajo la consideración de Trump.
Emmanuelli Jiménez dijo que, aunque enviaron la potencial orden ejecutiva el 24 de febrero al presidente Trump, sus ayudantes y su gabinete, no han tenido respuestas.
Hasta ahora, solo han sostenido una reunión virtual con un ayudante del presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales, el republicano Mike Lee (Utah), quien, como Trump, se opone a la estadidad para Puerto Rico y controla el debate sobre el status político de la isla en el Senado estadounidense. El acercamiento a legisladores federales persigue lograr apoyo para que la Casa Blanca tome acción en torno a su propuesta.
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José A. Delgadojose.delgado@gfrmedia.com
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