¿Cuál democracia?
El proyecto de de la orden ejecutiva presidencial se ajusta a las nuevas circunstancias políticas en Estados Unidos, opina Rolando Emmanuelli
Los líderes del inmovilismo, carentes de alternativas reales para el país, han calificado como un “atropello a la democracia” la propuesta de que el presidente Donald Trump firme una orden ejecutiva sobre la independencia de Puerto Rico. Pero la primera pregunta que debemos hacernos es: ¿Cuál democracia?
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Por Orlando Parga
Puerto Rico fue invadido en 1898 sin que nadie consultara a los puertorriqueños. En 1917, nos impusieron la ciudadanía estadounidense sin plebiscito alguno. En 1952, nos vendieron la idea de un “Estado Libre Asociado” mejorado, que en realidad nunca dejó de ser una colonia. Y en 2016, ese mismo modelo fue descabezado con la Ley Promesa, que impuso sobre el país a siete procónsules en la Junta de Control Fiscal, ninguno de los cuales fue electo por el pueblo, pero que gobiernan con más poder que cualquier funcionario electo en la isla.
Ahora, ante los recortes anunciados por Donald Trump y su visión de un mundo donde Puerto Rico no es prioridad, la isla se encuentra en una posición de vulnerabilidad extrema. Sin un plan de desarrollo económico propio y dependiendo de los designios de Washington, estamos a merced de decisiones que podrían empujarnos a una crisis humanitaria. Sin embargo, la clase política local sigue sin un plan concreto para enfrentar esta realidad.
¿De qué democracia hablan?
Claro que lo más apropiado y legítimo sería un proceso democrático en torno a opciones reales. Claro que la mejor opción es la Asamblea Constitucional de Status. Pero el Congreso de Estados Unidos ha visto más de 150 proyectos de ley sobre el estatus de Puerto Rico, y no ha aprobado ni uno solo. No podemos seguir creyendo que la solución vendrá de un proceso interno sin la voluntad del poder que realmente decide.
La iniciativa del proyecto de orden ejecutiva sobre la independencia de Puerto Rico cumple con los elementos principales que se han discutido en Estados Unidos sobre cómo debe ser la descolonización hacia la independencia. Además, garantiza una transición ordenada y la sostenibilidad del país tras la independencia. Por tanto, se trata de un planteamiento serio que debe ser considerado y debatido con profundidad, en lugar de ser descartado con las mismas excusas de siempre.
Asimismo, este proyecto de orden ejecutiva se ajusta a las nuevas circunstancias políticas en Estados Unidos, donde el presidente aspira a consolidar una presidencia unitaria y todopoderosa. Este modelo de gobierno busca desplazar o minimizar los poderes del Congreso, particularmente en temas de control sobre las relaciones exteriores. En ese marco, la independencia de Puerto Rico por iniciativa presidencial no solo es viable, sino que encaja con la tendencia de expansión del poder ejecutivo en la política estadounidense.
Esa defensa del supuesto derecho de Puerto Rico a decidir su futuro político sin intervención del Congreso o del Presidente es un fetiche. No resiste el más mínimo análisis jurídico o político. El poder sobre el destino de la isla reside en Washington. Ni los resultados de los plebiscitos no vinculantes, ni las resoluciones del Partido Demócrata o Republicano, ni la retórica vacía de quienes buscan perpetuar el coloniaje alteran esa realidad.
La única vía para resolver el problema colonial de Puerto Rico es convencer a quienes sí tienen el poder de resolverlo: el Congreso y el Presidente de Estados Unidos. Esa es la verdadera batalla. Y una vez los estadounidenses decidan, lo demás será académico.
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