Contundente auditoría: al descubierto irregularidades en el Colegio de Médicos bajo la presidencia de Víctor Ramos
El análisis de la firma Sharon & González LLC fue encomendado por el propio expresidente del gremio, y luego dio pie a un requerimiento de información de un gran jurado
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com
Durante su presidencia en el Colegio de Médicos Cirujanos, el designado secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, supuestamente violentó normativas federales por incurrir en conflicto de interés al ocupar esa posición y, a la vez, ejercer como “director médico” de un programa de pruebas de detección y vacunación contra el COVID-19 administrado por el gremio.
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Así lo reveló una auditoría del Colegio que el mismo Ramos Otero encomendó y, luego, dio pie a un requerimiento de información de un gran jurado, como parte de una pesquisa que se mantiene activa. El programa que el Colegio operó fue posible gracias a dos subvenciones o “grants”: una de la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus (“CARES Act”, en inglés) y otra de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés).
En total, El Nuevo Día tiene en su poder dos auditorías –realizadas por la firma Sharon & González LLC– y otros documentos oficiales del Colegio, que dan cuenta de los presuntos traspiés de Ramos Otero en la administración tanto de fondos federales como de dinero propio del gremio.
Entre las auditorías, está la encomendada por Ramos Otero, a exigencia delDepartamento de Salud, por el uso de fondos federales durante la pandemia y cuyos resultados los recibió el actual presidente del Colegio de Médicos, Carlos Díaz Vélez.
La otra auditoría fue ordenada por Díaz Vélez, a partir de un préstamo de $125,000 que Ramos Otero tomó a un “usurero”, identificado en el documento como Carlos Rodríguez Rivera, para pagar nómina en el fallido intento, originado en 2017, de crear y operar un plan médico para galenos, denominado Golden Cross Health Plan Corp.
Ramos Otero inscribió, en el Departamento de Estado, la corporación CMC Care Holdings LLC para dicho plan médico, una iniciativa que inicialmente contó con el aval de la Junta de Gobierno del Colegio. Sin embargo, el ente rector estaba ajeno a algunas de las acciones que Ramos Otero encaminó, recoge la auditoría, que le atribuye al galeno violentar el reglamento interno del gremio.
“No se encontró, a partir de la información revisada, que el Colegio tenga algún interés o participación en CMC Care. Sin embargo, encontramos que el expresidente del Colegio (Ramos Otero) fue incorporador y posee unidades de participación de CMC Care”, lee el hallazgo respecto al fallido plan de salud.
Esa auditoría y otros documentos en poder de este medio revelan que Ramos Otero hizo la nota de pago del préstamo a nombre de CMC Care y la firmó. La nota fue enmendada tres veces, porque $100,000 “fueron capitalizados en CMC Care como unidades de participación”. Las enmiendas también fueron firmadas por Ramos Otero.
Los auditores concluyeron que Ramos Otero violentó el reglamento del Colegio, en su Artículo 5.3.4, que impide conflictos de interés al prohibir que cualquier miembro intervenga “en ambos lados de una transacción y posea un interés financiero personal”. También, le adjudicaron haber violentado el Artículo 6.6, que le exigía autorización de la Junta de Gobierno para cualquier pago mayor de $5,000.
La auditoría examinó “el libro mayor y los libros de vendedores del Colegio desde el 1 de julio hasta el 7 de diciembre de 2017″. En ese período, el gremio realizó pagos mensuales a Rodríguez Rivera (el “usurero”) por $4,000, ascendiendo a $24,000, y del 13 de octubre de 2021 al 7 de abril de 2022, por $1,000 mensuales, para otros $7,000.Play Video
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«Esto es una disputa interna entre galenos», opinó Jenniffer González sobre alegaciones de señalamientos e investigaciones federales en contra del Dr. Víctor Ramos Otero.
El pago global de esos $31,000 provocó que, el 13 de julio de 2022, la Junta del Colegio suspendiera sumariamente a Ramos Otero y lo refiriera al Consejo de Ética, tras una moción presentada por el galeno Héctor Martínez, que fue aprobada por unanimidad, luego que el ahora secretario designado de Salud aceptara los hallazgos de la auditoría respecto al plan médico. Lo anterior también se recoge en una carta de Díaz Vélez, con fecha del 2 de mayo de 2023, que da cuenta de que el Consejo de Ética no había sido constituido todavía.
Este miércoles, Díaz Vélez reveló que Ramos Otero renunció a la membresía del Colegio, sin haber pasado por el Consejo de Ética.
“(El Comité de Ética) no se había constituido porque él (Ramos Otero) lo tenía desmantelado”, indicó Díaz Vélez, en conferencia de prensa.
Ramos Otero, quien no estuvo disponible para entrevista, reconoció la expulsión en su carta de renuncia, con fecha del 17 de marzo.
El Nuevo Día examinó los cheques cancelados de los pagos por nómina para la administración del fallido plan de salud del Colegio, algunos fueron girados a nombre de Rodríguez Rivera, la hijastra y una amiga de Ramos Otero.
Díaz Vélez confirmó la existencia de los cheques, y aseguró que “toda” la evidencia será provista al Senado, que citó a Ramos Otero a una vista deComisión Total el jueves, 27 de marzo. Díaz Vélez también fue citado a comparecer ese día.
Siete hallazgos principales
Por otro lado, la auditoría del manejo del programa –ejecutado en 2021 de pruebas de detección y vacunación contra el COVID-19, recoge siete hallazgos principales por el mal manejo de los fondos federales asignados al Colegio a través de Salud y delegados al gremio. El Colegio recibió $1,358,545 mediante la “CARES Act”, del Departamento del Tesoro federal, y otros $1,729,373 provinieron de FEMA, tras una declaración de desastre del presidente de Estados Unidos.
El Nuevo Día supo que el Colegio fue la única, de varias organizaciones sin fines de lucro que recibieron fondos federales para la misma iniciativa, que no entregó información requerida por Salud. Por eso, la agencia exigió a Ramos Otero, quien ya estaba de salida del Colegio, que hiciera la auditoría. Ramos Otero presidió el gremio entre 2014 y 2022.
Abordado al respecto, el exsecretario de Salud Carlos Mellado dijo vía telefónica: “Por respeto al proceso, en este momento, no quisiera emitir comentarios, pero me apena lo que está sucediendo y se debe aclarar por el bienestar de Puerto Rico”.
Tras recibir la auditoría, Salud refirió los hallazgos a la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal, que, a su vez, los envió a las autoridades federales en Puerto Rico, dijeron dos informantes.
La auditoría señala como hallazgos errores en el registro de fondos federales, violaciones a los acuerdos y regulaciones federales que rigen las subvenciones, carencia de datos para justificar los gastos, personal contratado sin experiencia en el manejo de fondos federales, contratación de compañías externas al Colegio para manejar los fondos sin el aval de la Junta de Gobierno y violación a controles internos, aumento de costos sin justificación, e incurrir en conflicto de interés según el reglamento interno del gremio, cuyo contenido o parámetros fueron aceptados por el gobierno federal al momento de acceder a la entrega de las subvenciones.
“Uso de su posición oficial como presidente del Colegio para ganancias privadas”, lee la auditoría, que señala que, a tono con lo anterior, se otorgaron dos contratos: uno de $18,000, con fondos de la “CARES Act”, y otro de $70,000, de FEMA. Ambos, según la auditoría, eran improcedentes.
“Como establecen las guías uniformes de criterios y las políticas internas del Colegio, estos contratos fueron otorgados en un claro conflicto de interés donde un oficial del Colegio usa su posición para ganancias privadas”, añade la auditoría.
El mismo señalamiento se repite respecto a la asesora legal del Colegio, también contratada para el programa de COVID-19, mediante una empresa llamada PROGyn. La subcontratación no estaba permitida en las regulaciones de las subvenciones federales. En este caso, uno de los contratos fue por $38,861, de la “CARES Act”, y $222,460 de FEMA.PUBLICIDAD
Otro documento interno del Colegio consigna que se mantienen separados $698,642, en caso de que las autoridades federales requieran la devolución de dinero.
También, la auditoría recoge los estados financieros auditados del Colegio correspondientes al 2020 y 2021. Entre la información, destaca que, el 24 de noviembre de 2020, el Colegio recibió las subvenciones, tanto de la “CARES Act” como de FEMA, pero debió devolver $1,200,100 porque no se logró establecer una plataforma de telemedicina para que los galenos pudieran atender pacientes en medio de la pandemia y prevenir los contagios.
Gran jurado interviene
La auditoría sobre el programa de COVID-19 fue requerida mediante un “subpoena” (citación) de un gran jurado, el 2 de enero de 2024, lee el documento también en poder de este medio. El gran jurado citó al Colegio para el 25 de enero de 2024, requiriéndole los contratos de Ramos Otero como presidente del gremio y director médico del programa.
También, requirió los contratos de Linette Sánchez, quien era asesora legal del Colegio y, a su vez, fue contratada para los mismos servicios por el programa costeado con fondos federales mediante la empresa PROGyn, propiedad de su esposo galeno.
El gran jurado solicitó, además, la entrega de los récords de contabilidad del Colegio, facturas y “todo pago”, y lo mismo concerniente al programa de COVID-19 y los servicios provistos por Sánchez como asesora. Igualmente, requirió la entrega de las minutas del Colegio del 1 de enero de 2020 hasta “el presente” (enero de 2024).
Dos fuentes dijeron que la última solicitud de información que recibió Salud del gran jurado fue en septiembre de 2024.
Los documentos obtenidos por El Nuevo Día también dan cuenta de que el Colegio perdió su acreditación educativa en junio de 2019, luego que la Asociación Americana Médica, Capítulo de Puerto Rico, ente que certifica cursos educativos para los galenos, concluyera que realizaba actividades “con interés comercial” al abrir una tienda de cannabis medicinal. La Asociación, por regulaciones federales, no puede estar atada a ningún programa de cannabis medicinal. Luego de lograr el cierre de la tienda, la Asociación restituyó la acreditación.
Referencia
Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica del Coronavirus
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Gloria Ruiz Kuilangloria.ruiz@gfrmedia.com
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