Desmantelamiento del Departamento de Educación federal: ¿qué significa para Puerto Rico?
Expertos analizan el impacto de la agenda del presidente Donald Trump sobre el sistema de educación pública, altamente dependiente de fondos federales
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com
Washington D.C. – La mera posibilidad de que el desmantelamiento del Departamento de Educación estadounidense incluya una reducción en las asignaciones a los gobiernos estatales y locales es una mala señal para Puerto Rico.
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“La vulnerabilidad de Puerto Rico, cuyo presupuesto de educación primaria y secundaria depende casi en la mitad de fondos federales, hace todo más peligroso”, dijo el exsecretario de Educación César Rey.
En el área de educación, la preocupación se extiende a las universidades, en momentos en que el presidente Donald Trump presiona a estas instituciones para eliminar programas de diversidad y endurecer las normas que autorizan protestas, bajo amenaza de perder cientos de millones de dólares en fondos federales.
Trump suscribió, el pasado jueves, un decreto que ordena a la secretaria de Educación de Estados Unidos, Linda McMahon, poner en marcha el desmantelamiento del departamento que dirige, proceso que comenzó con la reducción de la plantilla de la dependencia a casi la mitad.
Tanto Trump como McMahon han insistido en que la iniciativa hacia el desmembramiento de Educación federal persigue dejar en manos de los estados toda la política pública educativa y que no incluirá la eliminación de programas regulados por ley, aunque el fin último –si el Congreso diera su visto bueno, lo que parece inalcanzable– es cerrarlo lo más pronto posible.
Un día después de firmar la orden ejecutiva, Trump anunció que transferirá “de inmediato” la cartera de préstamos estudiantiles a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA, en inglés) –que busca reducir su personal en un 40%– y los programas de asistencia alimentaria –comedores escolares– y educación especial, al Departamento de Salud, cuyo secretario Robert F. Kennedy, hijo, ha sido un crítico de las vacunas, a las que incluso, en el pasado, les ha atribuido causar el polio.
Ningún gobierno bajo la jurisdicción federal depende más de fondos de Washington para su educación que Puerto Rico, donde alrededor del 46% del presupuesto del Departamento de Educación está basado en asignaciones federales.
De los $5,312 millones del presupuesto de Educación certificado por la Junta de Supervisión Fiscal(JSF) –que controla las finanzas del gobierno electo del archipiélago– para este año fiscal, $2,433 millones son fondos federales.
De esos $2,433 millones, en el año fiscal federal 2024, los fondos del programa Título 1, que impactan las escuelas con estudiantes de bajos recursos –que son más del 90% de las de Puerto Rico– rondaron los $440 millones. Mientras, los fondos federales para educación especialson alrededor de $150 millones.PUBLICIDAD
La propuesta transferencia de los préstamos estudiantiles a la SBA supondría colocar en una nueva estructura –y probablemente bajo un personal que no ha lidiado con este proceso– las obligaciones de más de 330,000 deudores boricuas, según los datos provistos, en 2024, por la administración de Joe Biden.
“Creo que están tocando de oído. Están improvisando”, dijo, por su parte, el exsecretario de Educación Rafael Aragunde, al recordar que los fondos federales –ahora supervisados por un síndico que el secretario Eliezer Ramos Parés busca eliminar bajo un plan que presentará en diciembre– se reciben en Puerto Rico por medio de reembolsos.
Aragunde sostuvo que, por décadas, después del escándalo de corrupción del exsecretario de Educación Víctor Fajardo, el enlace principal de Puerto Rico ha sido la Oficina de Riesgos. Por años, los contactos principales allí fueron Phil Maestre, primero, y, luego, Lorena Dickerson. Maestre se retiró hace unos años y Dickerson decidió jubilarse en febrero en medio de la reducción de personal.
| Cinco impactos en Puerto Rico |
|---|
| La reducción de personal puede retrasar la distribución de fondos de educación que se reciben por reembolso. |
| Los préstamos estudiantiles tendrán una nueva gerencia en la Administración de Pequeños Negocios. |
| Los programas de educación especial y asistencia alimentaria deberán tramitarse en el Departamento de Salud de Estados Unidos. |
| Cualquier recorte en fondos, en momentos en que se achica el gobierno federal, tendrá un mayor impacto en Puerto Rico, donde los fondos del Departamento de Educación de Estados Unidos representan casi la mitad del sistema de educación pública de la isla. |
| Puede perderse la supervisión del cumplimiento con las leyes federales de derechos civiles. |
Los potenciales recortes en asignaciones relacionadas con la educación deben conocerse entre abril y mayo, cuando debe estar listo el proyecto republicano de reconciliación fiscal que regulará los recortes de la próxima década.
La resolución cameral de presupuesto ya exhortó al Comité de Educación y Trabajo a identificar cómo lograr una reducción de $330,000 millones en los programas bajo su jurisdicción.
El presidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Víctor Bonilla Sánchez, teme que el desmantelamiento de Educación federal impacte los programas de “horario extendido y tutorías, educación especial, transportación escolar, mantenimiento de escuelas, educación vocacional y técnica (y) educación para adultos, entre otros”.
“Deberíamos tener un plan nuestro de hacia dónde queremos ir”, señaló, en tanto, Aragunde.
Trump atribuye a Educación federal la caída en la calidad de la educación. Pero no dice cómo dejar en manos de los gobiernos estatales y locales –donde ya se deciden los currículos– va a generar un repunte en el aprovechamiento académico, planteó Rey.
Rey sostuvo que no debe perderse de perspectiva que Educación federal ha velado por el cumplimiento con las leyes de derechos civiles, que prohíben la discriminación y buscan servir de apoyo a las minorías, a través de las actividades que son financiadas por el gobierno de Estados Unidos.
“La gente debe entender que se troncha, a nivel federal, la esperanza de la inclusión”, expresó.Play Video
Así opina Jenniffer González sobre la propuesta eliminación del Departamento de Educación federal
La gobernadora se mantiene atenta a las movidas en Washington, D.C. y su impacto en Puerto Rico.
Todo este debate, además, no puede obviar que, en Washington, el perfil del Departamento de Educación de Puerto Rico está aún marcado por los escándalos de corrupción de los exsecretarios Fajardo, a finales de la década de 1990 y con el cual tuvo que lidiar sobre todo Rey, y Julia Keleher, hace solo seis años.
Aunque Trump dice que no planifica quitar presupuesto a programas clave, las recomendaciones delProyecto 2025 de la Fundación Heritage –creado como una guía para esta administración y con el cual cumple en varias áreas– incluyeron reducir la inversión en el programa Título 1, eliminar los programas Head Start, convertir el programa de educación especial en una subvención y privatizar el programa de préstamos estudiantiles.
Trump sí ha indicado que cancelará fondos a escuelas que incumplan con su visión sobre cómo enseñar “patriotismo” estadounidense, y eduquen sobre la identidad de género y el racismo.PUBLICIDAD
A Rey, le preocupa también que la búsqueda de programas para reducir los gastos del gobierno federal que hace la comisión denominada Departamento de Eficiencia Gubernamental, que lidera el multimillonario Elon Musk, ponga su mirada en los fondos para la reconstrucción de escuelas e instituciones universitarias.
Según el portal digital de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, de los $825.2 millones asignados por Educación federal, se han desembolsado $674.4 millones. Los fondos comprometidos suman $780.7 millones.
“Si están buscando cuadrar la chequera, hay bastantes millones que no se han utilizado”, declaró Rey.
Públicamente, ante la posibilidad de recortes, el gobierno de Puerto Rico afirma que está “vigilante”, aunque subraya que, hasta el momento, ni Trump ni McMahon hablan de recortar asignaciones.
Desde edificios antiguos hasta estructuras modernas: aumentan en Puerto Rico las escuelas públicas alianza como opción educativa. Hasta cinco nuevas escuelas chárter se estrenarán en Puerto Rico para el año escolar 2025-2026, elevando de 16 a 21 la cantidad de planteles públicos que operan bajo este modelo desde que se habilitó en 2018. – Jorge A Ramirez Portel
“La orden ejecutiva firmada por el presidente Trump instruye a la secretaria federal a garantizar la continuidad de los servicios, programas y beneficios que ofrece el Departamento de Educación de Estados Unidos, independientemente de cualquier ajuste administrativo que pueda surgir”, indicó, en un comunicado, Ramos Parés, al reaccionar al decreto firmado el jueves.
El secretario, cuando estuvo en Washington a principios de mes, se reunió con McMahon. Entonces, reconoció que las renuncias y despidos tienen su impacto en el personal que ha servido de enlace con Puerto Rico, como la salida de Dickerson.
Hasta la media tarde de este sábado, Ramos Parés no había reaccionado al impacto de las transferencias de programas a la SBA y Salud federal. Pero ha dicho que, si el plan es dar más autonomía a los gobiernos estatales, debe ponerse en agenda el fin del síndico federal, que le cuesta a Puerto Rico $30 millones anuales.
El puertorriqueño Miguel Cardona, pasado secretario de Educación de Estados Unidos, ha advertido, por su parte, que los despidos van a afectar adversamente la agilidad con la que se distribuyen los fondos de programa como Título 1 y las becas Pell. También, afirmó que “la rendición de cuentas de las instituciones depredadoras en la educación superior se verá reducida”.
El senador republicano Bill Cassidy (Luisiana), quien preside el comité de Salud, Educación, Trabajo y Pensiones, coincidió con Trump en que “el Departamento de Educación ha fracasado su misión” y que, debido a que “solo puede cerrarse con la aprobación del Congreso, (apoyará) los objetivos del presidente presentando legislación para lograrlo lo antes posible”.
Universidades bajo ataque
Mientras Trump se centra públicamente en el esfuerzo para eliminar Educación federal, su gobierno mantiene una campaña de presión en contra de universidades que amenaza con quitarles cientos de millones de dólares si no se ajustan a la política pública en contra de la diversidad, la inclusión y la equidad.
Las universidades de Puerto Rico deberán resistir, señaló el exdecano y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR) Efrén Rivera Ramos.
“Tenemos que unirnos a los que en Estados Unidos están dando la pelea e, inclusive, si tenemos que unirnos a los pleitos, unirnos”, dijo Rivera Ramos, quien recordó que el “ataque brutal” a la UPR comenzó con la significativa reducción impulsada por la JSF, con el visto bueno de los pasados gobiernos del Partido Nuevo Progresista.
El viernes, Columbia University accedió a revisar sus políticas públicas relacionadas con protestas en sus campus, su seguridad interna y el departamento de estudios sobre Oriente Medio para tratar de evitar que Trump le quite $400 millones en fondos federales. Hace unos días, Trump amenazó con quitarle también $175 millones a la Universidad de Pensilvania por permitir que una mujer trans sea parte de su equipo de natación.
Mientras, el Departamento de Estado intenta deportar al estudiante Mahmoud Khalil, residente legal sin récord criminal, por su activismo en Columbia University en contra de la guerra en Gaza y sus emplazamientos hacia el gobierno de Israel. También, busca deportar al profesor e investigador de la Universidad de Georgetown Badar Khan Suri, natural de la India, por expresarse en favor de Palestina.
“Mi posición como universitario es que hay que enfrentarse a eso”, agregó Rivera Ramos.
En la Universidad de George Mason del norte de Virginia, a la academia le preocupa las consecuencias para las investigaciones y estudiantes de doctorado, entre otros, de que se cancelen fondos de la Fundación Nacional de las Ciencias, dijo la profesora asociada de Ciencia Política de esa institución Mariely López Santana.
Estudiantes, además, pierden sus trabajos en momentos en que Trump y Musk pisan el acelerador en la purga de empleados federales. “Como politóloga”, cuestionó López Santana, “¿cómo nosotros le vamos a vender a los estudiantes que terminen una carrera en ciencias políticas si trabajar en el gobierno no parece algo viable?”.
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José A. Delgadojose.delgado@gfrmedia.com
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