La mano dura de Trump en migración se extiende a turistas y migrantes legales
Los agentes fronterizos estadounidenses están empleando tácticas más agresivas en los puertos de entrada, a medida que el gobierno examina a los titulares de tarjetas de residencia y visados que han expresado su oposición a las políticas del gobierno
Por Zolan Kanno-YoungsTyler Pager y Hamed Aleaziz
Zolan Kanno-Youngs y Hamed Aleaziz reportaron desde Washington, y Tyler Pager desde Nueva York.
22 de marzo de 2025
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Unos agentes migratorios estadounidenses con máscaras arrestaron a un académico de la Universidad de Georgetown frente a su casa en Virginia. Otros detuvieron durante semanas a dos turistas alemanes que intentaban entrar legalmente en el país por la frontera sur. Otros más llamaron a las puertas de los apartamentos de la Universidad de Columbia en busca de manifestantes propalestinos.
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El gobierno de Donald Trump ha abierto una nueva fase en su programa de migración, que va mucho más allá de la deportación masiva de migrantes indocumentados.
Los agentes fronterizos estadounidenses están utilizando tácticas más agresivas, que el gobierno denomina “investigación reforzada”, en los puertos de entrada a Estados Unidos, lo que ha llevado a aliados estadounidenses como Alemania a actualizar sus advertencias de viaje. Al mismo tiempo, el gobierno está persiguiendo a migrantes legales que han expresado opiniones que el gobierno considera que amenazan la seguridad nacional y socavan la política exterior.
Estas tácticas han inquietado a los turistas extranjeros y han causado escalofríos en las comunidades de migrantes de Estados Unidos, quienes afirman que se les persigue por sus opiniones, no por infringir ninguna ley.
“Ya sea que se trate de discursos y críticas, de tarjetas de residencia, lo están llevando a un nivel completamente nuevo”, dijo Gil Kerlikowske, excomisario de Aduanas y Protección Fronteriza y ex jefe de policía de cuatro ciudades. Recordando los objetivos antimigración del primer mandato de Trump, Kerlikowske dijo que “es un déjà vu de nuevo con esteroides”.
El gobierno afirma que los arrestos y detenciones tienen por objeto proteger a los estadounidenses.
“El gobierno de Trump está haciendo cumplir las leyes de inmigración, algo que el gobierno anterior no hizo”, afirmó Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, cuando se le preguntó por los recientes arrestos. “Quien infrinja estas leyes será procesado, detenido y expulsado según proceda”.
La línea dura de Trump en materia de migración ha sido una pieza central de su identidad política durante años.
En su primer día en el cargo, firmó una orden ejecutiva destinada a dar más poder a los agentes fronterizos, ordenando al gobierno que “identifique todos los recursos que puedan utilizarse para garantizar que todos los extranjeros que soliciten la admisión en Estados Unidos, o que ya se encuentren en Estados Unidos, sean investigados y examinados en la mayor medida posible”.
Los agentes de aduanas tienen amplia libertad para registrar los teléfonos móviles o las computadoras de los viajeros que cruzan a Estados Unidos. Sin embargo, según el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, estos registros suelen ser poco frecuentes. En 2024, se registraron los dispositivos electrónicos de menos del 0,01 por ciento de los viajeros internacionales que llegaron, dijo la agencia.
Los agentes de seguridad nacional también tienen acceso a una gran base de datos denominada Centro Nacional de Objetivos para detectar riesgos entre los visitantes de Estados Unidos. Con la ayuda de otras naciones que comparten información sobre los residentes que viajan a Estados Unidos, la base de datos permite a los agentes marcar a los visitantes cuando usan los puntos de entrada del país.
No está claro en qué medida se utilizaron esas tácticas para detectar a las personas en una serie de casos recientes en los que algunos visitantes que intentaban entrar en Estados Unidos informaron de que habían sido rechazados o detenidos. Pero dos funcionarios de Seguridad Nacional, que pidieron el anonimato para poder discutir el asunto en detalle, reconocieron que los agentes estaban actuando de forma más agresiva tras la orden ejecutiva de Trump.
Dos turistas alemanes dijeron que fueron detenidos por separado en los pasos fronterizos de San Diego y Tijuana y enviados a un abarrotado centro de detención, donde, según denunciaron, se les negó la presencia de un traductor y fueron puestos en régimen de aislamiento. Una ciudadana canadiense dijo que la detuvieron y la “encadenaron” cuando los agentes le marcaron los papeles del visado.
Las agencias de seguridad nacional no han respondido a las preguntas sobre ninguno de los dos casos.
Este mes, se impidió la entrada en el país a un científico francés. El ministro francés de Enseñanza Superior dijo que los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense encontraron mensajes en los que expresaba su “opinión personal” a colegas y amigos sobre las políticas científicas de Trump.
McLaughlin lo negó y dijo que el científico tenía información confidencial en su dispositivo electrónico del Laboratorio Nacional de Los Álamos, que había cogido sin permiso y tratado de ocultar.
El científico trabajaba para el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia, financiado con fondos públicos. Representantes del centro dijeron que el científico no deseaba hablar con los medios de comunicación, pero no respondieron inmediatamente a las acusaciones del Departamento de Seguridad Nacional contra él.
En otro caso, el departamento detuvo a Rasha Alawieh, especialista en trasplantes de riñón y profesora de la Universidad de Brown, quien intentaba regresar a Estados Unidos tras visitar a unos familiares en Líbano. El gobierno deportó a Alawieh a pesar de que tenía un visado válido y una orden judicial que bloqueaba su expulsión. Las autoridades federales dijeron en una presentación judicial que encontraron “fotos y videos simpatizantes de destacadas figuras de Hizbulá” en su teléfono y que asistió al funeral del líder de Hizbulá en febrero.
Cuando se trata de examinar a personas que ya viven en Estados Unidos, los investigadores del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), que suelen centrarse en investigaciones a largo plazo, han estado buscando en videos, publicaciones en internet y recortes de prensa de protestas en campus universitarios contra la guerra entre Israel y Hamás. Después han elaborado informes sobre sus hallazgos para el Departamento de Estado.
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Al parecer, el gobierno también está obteniendo información de grupos privados como el Foro de Medio Oriente, un grupo de investigación conservador. El grupo dijo en una declaración que tenía más de 15 investigaciones activas sobre “cuestiones de seguridad nacional” y que compartiría los resultados sobre “individuos y organizaciones alineados con el terrorismo con los organismos gubernamentales pertinentes”.
Un portavoz del foro declinó responder a preguntas sobre su comunicación con el gobierno de Trump. Pero la declaración del grupo decía que tenía un “historial de tres décadas compartiendo los resultados de nuestro trabajo con las agencias gubernamentales y policiales pertinentes sobre todas las cuestiones que afectan a la seguridad nacional de Estados Unidos”.
Para deportar a personas que viven en Estados Unidos con tarjetas de residencia o visados válidos, el gobierno de Trump ha invocado una disposición de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, raramente utilizada, que otorga al secretario de Estado amplios poderes para expulsar a extranjeros a quienes se considera una amenaza para los intereses de la política exterior del país.
Haciendo uso de esa autoridad, los agentes del ICE detuvieron a Mahmoud Khalil, licenciado de Columbia que tiene ascendencia palestina y asumió un papel destacado en las protestas propalestinas en la escuela, y a Badar Khan Suri, ciudadano indio que ha estado estudiando y enseñando en Georgetown.
Khalil tiene una green card, lo que significa que es residente legal permanente. Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, lo ha acusado de “ponerse del lado de los terroristas”.
McLaughlin ha acusado a Suri de “difundir propaganda de Hamás y promover el antisemitismo en las redes sociales”, sin aportar evidencia.
Según un funcionario familiarizado con el caso de Suri, el Departamento de Estado justificó su deportación argumentando que participaba en actividades antisemitas que socavarían los esfuerzos diplomáticos para conseguir que Israel y Hamás acordaran un alto al fuego. Se encuentra en Estados Unidos con un visado para académicos.
La esposa de Suri, ciudadana estadounidense de ascendencia palestina, es hija de Ahmed Yousef, exasesor de un dirigente de Hamás que fue asesinado el año pasado en Irán.
Según una presentación judicial de sus abogados, el lunes por la noche Suri fue rodeado por agentes enmascarados de Seguridad Nacional frente a su domicilio en Virginia, detenido y metido en una camioneta sin matrícula. Un juez ha bloqueado temporalmente su expulsión del país.
Los abogados de Khalil y de Suri sostienen que el gobierno los está castigando por hablar en favor de los palestinos. Ninguno de los dos ha sido acusado de ningún delito. Están detenidos mientras sus abogados luchan contra sus expulsiones.
Chad Wolf, quien fue secretario de Seguridad Nacional en funciones casi al final del primer mandato de Trump, defendió las medidas represivas de la administración, sosteniendo que el visado es una prestación discrecional del gobierno estadounidense.
“Van a utilizar todos los medios a su alcance para proteger al pueblo estadounidense”, dijo.
Pero los defensores de la libertad de expresión ven una dinámica diferente en juego. Will Creeley, director jurídico de la Fundación para los Derechos Individuales y la Expresión, dijo que creía que la “clara motivación del gobierno de Trump es enfriar la expresión”.
“Decir simplemente que alguien está alineado con una organización terrorista no lo exime de las protecciones de la Primera Enmienda”, dijo Creeley. “La administración no ha aportado ninguna evidencia de que la actividad expresiva de Khalil entre dentro de las excepciones estrechas o cuidadosamente definidas de la Primera Enmienda”.
El grupo de Creeley y otros han presentado un escrito amicus curiae en apoyo de Khalil.
Janet Napolitano, quien fue secretaria de Seguridad Nacional durante el gobierno de Obama, dijo que la reciente represión de Trump contra los migrantes en situación legal era “contraria a lo que significa la Primera Enmienda”.
“Cuando la justificación es ‘eres una amenaza para la seguridad nacional’, y se trata de un solo individuo, digo, por favor”, dijo Napolitano. “Seamos realistas”.
Zolan Kanno-Youngs es corresponsal del Times en la Casa Blanca y cubre la información sobre el presidente Trump y su gobierno. Más de Zolan Kanno-Youngs
Tyler Pager es corresponsal del Times en la Casa Blanca y cubre la información sobre el presidente Trump y su gobierno. Más de Tyler Pager
Hamed Aleaziz cubre el Departamento de Seguridad Nacional y la políticas migratorias. Más de Hamed Aleaziz
Funcionarios de Trump afirman que los deportados pertenecían a bandas y ofrecen pocas pruebas
Lee más en: Departamento de Seguridad Nacional, Departamento de Estado (EE. UU.), Donald Trump
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