Cabo Rojo, Rincón, Loíza y la destrucción de nuestras costas y playas

En Puerto Rico las playas son públicas y eso es un gran logro de nuestro pueblo. Un lujo natural y gratuito, ir a la playa es el más tradicional entretenimiento de las familias puertorriqueñas. Mar, brisa fresca, sol y naturaleza libres son un aliciente grande que permite a las personas despejarse en estos tiempos de costo de vida disparado. Además de abiertas y accesibles, nuestras play…

Por editorial

En Puerto Rico las playas son públicas y eso es un gran logro de nuestro pueblo. Un lujo natural y gratuito, ir a la playa es el más tradicional entretenimiento de las familias puertorriqueñas. Mar, brisa fresca, sol y naturaleza libres son un aliciente grande que permite a las personas despejarse en estos tiempos de costo de vida disparado. Además de abiertas y accesibles, nuestras playas son bellas y sus aguas tibiecitas, un imán para quienes buscan escapar de los climas gélidos de sus latitudes.

Durante los años 50, y como una estrategia económica poco beneficiosa para nuestro pueblo, Puerto Rico hizo excepción a la  costumbre y a la ley de la playa pública cuando su capital, San Juan, se convirtió en la única ciudad principal del Caribe en privar a sus habitantes de un malecón con vista libre al mar. El hotel Caribe Hilton y su playa privatizada en plena zona marítimo terrestre de la Capital sentó el mal ejemplo, que obligó a nuestro pueblo a desarrollar una jornada masiva y exitosa en defensa de su derecho a disfrutar libremente de las playas que nos rodean por los cuatro puntos cardinales. La campaña «Playas p’al pueblo» de los años 60 y 70 sentó un precedente importante para las luchas de hoy y las venideras.

Las acciones de destrucción de las costas y zona marítimo terrestre en Puerto Rico no son un asunto nuevo. La extracción de arena con propósitos comerciales hizo desaparecer las dunas de muchas playas, principalmente en lugares como Isabela y Loiza, precipitando la  erosión que hoy amenaza a buena parte de nuestro litoral. Solo basta ver cómo el mar ha dejado prácticamente sin orilla a gran parte de la franja de Isla Verde, o cómo las marejadas e inundaciones afectan la costa de Loíza para entender la vital importancia de la protección natural de las dunas de arena como barrera contra vientos, lluvias y la furia del mar. Lo mismo ha ocurrido con la destrucción de manglares sobre los cuales se han construido estructuras residenciales y comerciales en zonas de dominio público, como en Bahía Jobos en Salinas o en La Parguera en Lajas, y con otros recursos costeros  que son hábitats de tinglares y especies amenazadas de nuestra fauna y flora, todas prácticas depredadoras que hoy nos están pasando factura y obligando a los.gobiernos estatal y municipales, e incluso intereses privados, a implantar medidas para mitigar los daños y estimular la recuperación natural de tan esenciales recursos costeros.

Esta batalla constante en defensa de nuestras costas y playas ahora arrecia más por la agresiva ofensiva desarrollista tras la aprobación de la llamada Ley 22, (60) que ofrece incentivos contributivos y económicos exorbitantes a multimillonarios extranjeros que vengan a «invertir» en Puerto Rico. Esto ha provocado un frenesí de proyectos multimillonarios que amenazan con acaparar y arrasar toda la zona marítimo terrestre alrededor de la Isla Grande, Vieques y Culebra.

La visión desarrollista de los multimillonarios inversionistas atraídos por los incentivos de la Ley 22, no solo amenaza con destruir nuestras costas y playas,  sino también sitiarlas y convertirlas en enclaves exclusivos, excluyentes e inaccesibles para nuestro pueblo, en un patrón donde los de afuera se enriquecen más, mientras los nuestros se convierten en parias en su propia tierra.

Con distintos matices, el patrón se repite en todo Puerto Rico. En Rincón, en Loíza, en la Isleta de San Juan, en Luquillo, en Aguadilla, en Yabucoa y ahora, también en Cabo Rojo, destino por excelencia del turismo interno puertorriqueño, hoy amenazado por un proyecto de proporciones tan gigantescas y  dañinas que coloca en riesgo la existencia misma del litoral caborrojeño y de la Reserva Natural de Boquerón,  según los conocemos.  De realizarse el propuesto proyecto Esencia en Cabo Rojo, este conllevaría el acaparamiento y ocupación de más de 1 ,500 cuerdas de litoral, con alto.valor ecológico, arqueológico y como reserva natural de especies endémicas en peligro de extinción. Esencia no solo alteraría permanentemente el contorno de nuestra costa suroeste, sino que por su tamaño y densidad tendría un impacto de consecuencias inimaginables para la.vida de nuestra gente en esa zona.

 Al igual que ocurrió con otros proyectos  perversos contra nuestro pueblo en el pasado, Esencia no debe construirse. Y nuestro pueblo no debe permitirlo  porque tendría un.costo demasiado alto para nuestros recursos naturales y para nuestra gente del oeste y suroeste de Puerto Rico. Asi se hizo evidente en las recientes vistas públicas sobre el proyecto, cuando científicos,  expertos ambientalistas y otros profesionales que leyeron y examinaros la propuesta de Esencia presentaron ponencias contundentes sobre los efectos devastadores del mismo sobre la zona y sus habitantes.

Cuando ha sido necesario en distintos momentos,  la resistencia y movilización de nuestro pueblo han sido la clave de nuestras grandes victorias. En los años 70, el proyecto para explorar yacimientos mineros de cobre y otros metales en Lares, Utuado y Adjuntas se detuvo con la movilización masiva del país. Igualmente, esta fue crucial para sacar la Marina de Estados Unidos, primero de Culebra y luego de Vieques en una lucha que duró 60 años. Se derrotó un proyecto para construir un superpuerto para tanqueros petroleros en Aguadilla, y también los nefastos gasoductos del Norte y del Sur. Como pueblo nos levantamos después del huracán María e hicimos renunciar a un gobernador negligente e insensible. De todas  esas luchas y lecciones saldrán la.organización y la respuesta para detener al proyecto Esencia y a todos los mercaderes que pretenden seguir  destruyendo  nuestras costas y playas, e impidiendo el acceso de nuestra gente a un recurso que nos pertenece a las y los puertorriqueños.