Movilizaciones el 5 de abril por una vivienda pública y social por derecho
«¡Vivienda por derecho, pública y social! ¡No se especula con el hogar!»

El sábado 5 de abril tendrán lugar un multitud de capitales de provincia y ciudades de España movilizaciones por el derecho a la vivienda. El Partido Comunista de España comparte y participa de esta convocatoria y reclama el derecho a la vivienda: «¡Vivienda por derecho, pública y social! ¡No se especula con el hogar!», señalan, compartiendo sus propuestas con las organizaciones que defienden el derecho a la vivienda digna, para alcanzar objetivos comunes.
En el documento publicado por el PCE «¿Qué está pasando con la vivienda? ¿Qué soluciones proponemos?», un resumen de los análisis y las propuestas del Partido para resolver el problema de la vivienda, explican que estamos viviendo la segunda crisis de vivienda en lo que va de siglo, donde «varios millones sufren la carestía del alquiler sin apenas escapatoria, miles de jóvenes no pueden emanciparse y cada vez más sectores de la población adulta deben compartir piso sin desearlo. Mientras, continúan los desahucios de quienes menos pueden defenderse, a manos de jueces que se saltan la ley. En muchos barrios repunta el hacinamiento y la infravivienda».
Se están acelerando cambios estructurales en el modelo de vivienda guiados por el interés del capital, constatan en el documento. Cada vez más hogares viven de alquiler y cada vez más gente solo puede acceder a la vivienda a través del alquiler, un indicador de que aumenta el número de multipropietarios, los cuales destinan sus viviendas al ciclo del capital para extraer beneficios, incluyendo el alquiler turístico, un desequilibrio que provoca carestía de la vivienda.
Ese proceso de acaparamiento de viviendas recibió un impulso tras la crisis del 2008. Más de 1 millón de viviendas —explica el documento— están en manos de grandes tenedores y más de un tercio de las viviendas en alquiler están en manos de grandes o medianos capitalistas. Las SOCIMIS, que proliferan desde 2012, se dedican a comprar y construir viviendas para alquilar, sin pagar impuesto de sociedades, y que junto a bancos y fondos de inversión y promotoras comienzan a construir o a comprar para alquilar no para vender.
El capital —señalan— va a por las viviendas, igual que va a por la privatización de las pensiones sembrando dudas sobre el futuro las pensiones públicas, a por la privatización de la sanidad o a hacer negocio con las residencias de la tercera edad. La modalidad para hacerlo es a través de la «monetización» de la vivienda. Bancos y aseguradoras tratan de persuadir a la generación del «baby boom» con la fórmula «dame la casa y tendrás una jubilación tranquila». Negocio redondo, la casa la compran barata y los cuidados los venden muy caros».
El dilema que se plantea es quién va a dirigir el proceso de reforma del parque de vivienda, el capital para enriquecerse o la sociedad para garantizar el derecho a la vivienda digna. «la vivienda debe ser una infraestructura pública para atender las necesidades sociales de forma justa y democrática, no una mercancía que se compra y se vende», señala el documento del PCE.
La línea maestra, señalan es «ampliar el parque público de vivienda para alquiler social por todas las vías posibles y para su gestión crear un sistema de asignación según criterios sociales y ecológicos, mediante procesos democráticos y participativos, con el objetivo de la ciudad de los 15 minutos».
La clave es la la planificación pública y democrática y apostar también por un camino opuesto a las megaciudades, insostenible desde el punto de vista medioambiental, de salud y de cuidados.
Y en lo inmediato, ante la situación de carestía del alquiler, el documento señala una serie de medidas:
- Alquiler indefinido y rentas actualizadas según el índice público.
- Penalizar a las CCAA que no aplican la limitación del precio del alquiler e incentivar el cumplimiento de la Ley de vivienda.
- Prohibir nuevos pisos turísticos, subir impuestos a los actuales y perseguir los irregulares para que pasen al alquiler residencial.
- Dotar de recursos la estructura pública de gestión de suelo y vivienda de todas las Administraciones, especialmente la inspección.
- Rehabilitar y adaptar el parque de vivienda al cambio climático.
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