A 125 años de la Ley Foraker, la estabilidad del control colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico sigue vigente
El estatuto representó “un desvío de lo que había sido el trato legislativo del Congreso a los territorios anteriores”
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com
Washington D.C. – En tiempos de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), expertos coincidieron en que el 125 aniversario de la Ley Foraker es un recordatorio de la estabilidad que ha marcado el control colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico.
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Se trata de un estatuto que no solo dio forma civil al dominio estadounidense sobre Puerto Rico, sino que autorizó que el gobierno territorial comenzara a emitir deuda, el tema que un siglo después, con la imposición de la ley Promesa, hundió al archipiélago en su relación de subordinación política.
“La Ley Foraker empieza a delinear los contornos de la gobernanza colonial”, indicó el profesor y constitucionalista Efrén Rivera Ramos, exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Esa primera ley civil, suscrita el 12 de abril de 1900 por el presidente William McKinley –a quien el actual presidente Donald Trump admira y quiere imitar– tuvo como autor principal al senador Joseph Foraker (Ohio).
Se hizo efectiva el 1 de mayo de ese año, cuando entró en funciones el primer gobierno civil colonial, casi dos años después de la invasión militar estadounidense de 1898.
El estatuto creó, además del cargo de gobernador, un Consejo Ejecutivo y una Cámara de Representantes. También, oficializa la representación de Puerto Rico en Washington D.C. por medio de un comisionado residente, al que luego se le da participación –con voz en el hemiciclo, pero sin voto–, en la Cámara baja estadounidense.
El puesto de gobernador era entonces nombrado por el presidente de Estados Unidos. Mientras, el Consejo Ejecutivo –que buscaba cumplir las funciones de un Senado–, tenía la anomalía de que estaba constituido mayoritariamente por miembros del gabinete del gobernador.
La Cámara de Delegados era la única institución electa por el pueblo.
“La mayoría de las personas que eran parte del gobierno eran de Estados Unidos y la mayoría de los poderes los tenía el presidente, que podía vetar muchas de las decisiones que se tomaban… No existían muchos procesos democráticos dentro del proceso de decisión”, señaló la profesora Mariely López Santana, del Departamento de Ciencia Política de la Universidad George Mason, en Virginia, en entrevista en el pódcast Desde Washingtonde El Nuevo Día.
Para Rivera Ramos, la Ley Foraker representó el primer ejercicio del Congreso al amparo de sus poderes plenarios sobre Puerto Rico, los cuales le serían reconocidos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Representó, a su vez, “un desvío de lo que había sido el trato legislativo del Congreso a los territorios anteriores”.PUBLICIDAD
“Antes de la Ley Foraker, los territorios se iban a convertir en estados y eran fundamentalmente poblaciones blancas porque se había desplazado a la población indígena o se había utilizado como mercancía a los negros esclavos”, explicó el profesor y abogado José Javier Colón Morera, del Departamento de Ciencia Política de la UPR en Río Piedras.
Por ello, afirmó Colón Morera, Puerto Rico –como Filipinas y Guam, adquiridos también como consecuencia de la Guerra Hispanoamericana y el Tratado de París– es parte del ejercicio por el cual, por primera vez, Estados Unidos “tiene que gobernar un territorio que está compuesto por personas que, dentro de los conceptos de la época, pertenecen a poblaciones ultramarinas, tienen tradiciones antiguas con el sistema español, son más bien católicos, pobres, mulatos. Claramente, no son buenos candidatos para ser estado”.
“Con Hawái y Alaska, se puede argumentar que parte de la premisa es que se van a convertir en estados. En cambio, en la Ley Foraker, no hay ningún indicio de que eso iba a ser así con Puerto Rico”, agregó Rivera Ramos.
Los políticos boricuas veían entonces en Estados Unidos “una potencia liberal progresista que había terminado la esclavitud, que había logrado la industrialización e iba a traer libertades a Puerto Rico”, sostuvo Colón Morera, al acentuar que, para la clase política, sobre todo, y la población en general enfrentarse a una ley muy autoritaria fue “un golpe de agua fría”.
Por medio de la Ley Foraker, además, se reconoce a sus residentes como “ciudadanos de Puerto Rico”, se oficializa la vigencia de las leyes de Estados Unidos, excepto las localmente “inaplicables”, se incorpora el dólar estadounidense, se devalúa el peso, se establecen aranceles sobre las mercancías de Estados Unidos y Puerto Rico, se establecen las bases militares y se comienza a emitir deuda, que en 115 años superaría los $70,000 millones.
Son medidas que siguen vigentes.
La falta de capacidad para pagar la deuda llevó el gobierno central y varias de sus corporaciones a la quiebra y, con ello, a la imposición de la ley Promesa, que creó la JSF, que controla las decisiones financieras del gobierno electo de Puerto Rico y un sistema judicial de bancarrota territorial para reestructurar la deuda pública. La ley Foraker impuso, a su vez, un tope en la deuda del gobierno central de 7% sobre el valor de propiedad.
“Con la Ley Foraker, a los municipios y el gobierno insular se le da el poder de poder entrar al mercado de los bonos municipales. Mientras Puerto Rico y los puertorriqueños siempre son tratados de una manera diferente en el área política, cuando vienen a cosas de mercado, específicamente con los bonos, pues, son como cualquier localidad en los Estados Unidos y se les da, de cierta manera, libre albedrío para que entren a ese mercado sin muchas restricciones”, indicó López Santana, quien investiga el tema de la deuda pública puertorriqueña.
Los Casos Insulares decididos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que comenzaron en 1901 con la controversia de Downes versus Bidwell, incorporaron en su jurisprudencia la visión racista de que los puertorriqueños no pueden gobernarse por sí mismos.
Pero ese prejuicio se comienza a ver durante la invasión estadounidense y los debates legislativos sobre la Ley Foraker, sostuvo Rivera Ramos.
En el caso Downes versus Bidwell, el Supremo federal validó la imposición de aranceles a productos importados desde suelo boricua y creó el concepto de territorio no incorporado, al sostener que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos.
La ciudadanía
La versión original del proyecto de Ley Foraker incluía otorgar la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños, lo que no se hizo hasta 1917, con la Ley Jones, que naturalizó a los residentes de Puerto Rico.
“Hay varias teorías de por qué la ciudadanía estadounidense queda fuera de la Ley Foraker, pero al principio se veía a Filipinas y Puerto Rico como casos parecidos, y había mucho miedo de que cualquier legislación que extendiera la ciudadanía americana se entendiera como una promesa de estadidad. Para el 1917, ya se había decidido que Filipinas iba a ser independiente”, abundó Colón Morera.
El estatuto de 1900 estableció, mientras, el cargo de comisionado residente en Washington. Pero, originalmente, la medida le llamaba delegado de Puerto Rico, el título de la persona que representa en la Cámara baja federal los otros cuatro territorios no incorporados y la capital estadounidense.
“Cuando (el proyecto) llega al Senado, deciden ponerle un nombre distinto para que no se piense que es el delegado (de un territorio) que luego se va a convertir en un senador o representante (federal) de Puerto Rico”, sostuvo Colón Morera, al aludir a la oposición levantada por el senador republicano John Coit Spooner (Wisconsin). Con los otros territorios no había esa preocupación, pues no cumplen con las normas tradicionales que se le exige a un estado, como la población, recursos para mantenerse y capacidad para aportar a los costos del gobierno federal.
El título de comisionado residente se asociaba a su uso en el imperio británico para describir a un representante de la corona a cargo de los territorios. Bajo la política estadounidense, el puesto de comisionado residente se creó inicialmente como un agente del gobierno local para representar los intereses de Puerto Rico en la capital estadounidense, según el Servicio de Investigaciones del Congreso.
Se requirió una resolución del Congreso, en 1902, para permitir la entrada al hemiciclo cameral de la persona electa a comisionado residente en Washington. Dos años después, comenzó a participar de los trabajos de la Cámara de Representantes, donde ahora ese funcionario puede votar en las comisiones a las que pertenece, pero sigue teniendo solo voz en el hemiciclo.
En algunas sesiones del Congreso, se ha permitido que vote en “el comité en pleno”, cuando la Cámara baja se reúne para considerar enmiendas. Pero su voto no ha contado si era decisivo.
Uno de los primeros enfrentamientos oficiales entre autoridades de Puerto Rico y Estados Unidos bajo la Ley Foraker fue el momento en que la Cámara de Delegados rechazó el presupuesto del año fiscal 1909, creándose un tranque entre los funcionarios electos puertorriqueños y los representantes del gobierno de Estados Unidos que controlaban el poder ejecutivo en la isla.
Entonces, recordó Colón Morera, el presidente William Taft ofreció un discurso en el Congreso en el que consideró que los puertorriqueños eran desagradecidos e, incluso, cuestionó si al legislativo estadounidense se le había ido la mano “dándole libertades a los puertorriqueños”.
Como juez presidente del Supremo estadounidense, Taft encabezó luego la opinión del caso Balzac versus Porto Rico, que reafirmó que la decisión del Congresode naturalizar de forma colectiva a los puertorriqueños de la isla, por medio de la Ley Jones, no significó la incorporación de Puerto Rico como territorio y, en ese sentido, tampoco la plena vigencia en suelo boricua de los derechos constitucionales federales.
Con la Ley Jones, además de naturalizar colectivamente a los puertorriqueños, el Congreso creó el Senado –con 19 legisladores electos por el pueblo– y una Carta de Derechos. A su vez, la Ley Jones, resaltó López Santana, otorgó a los bonos de Puerto Rico la triple exención –federal, estatal y municipal–, que los hizo atractivos por casi un siglo.
“Todo eso es una visión de que estaba la Primera Guerra Mundial por ahí dando vueltas y había que generar una mayor identificación de los puertorriqueños con Estados Unidos y evitar, sobre todo si hubiera algún tipo de invasión militar o de intervención de los alemanes, que los puertorriqueños no fueran leales a Estados Unidos”, sostuvo Colón Morera.
Mientras, bajo la Ley Jones se estableció que el comisionado residente tenía que presentar ante el Departamento de Estado de Estados Unidos un “certificado de elección” expedido por el gobernador de Puerto Rico para ser reconocido por los departamentos del gobierno federal.
Con la Ley de Relaciones Federales de 1950 y la Constitución del Estado Libre Asociado, se formalizó la estructura del gobierno local, poco después de autorizarse la elección del gobernador (1947).
A partir de entonces, en momentos en que cobraba forma la Guerra Fría, Estados Unidos generó la teoría de que Puerto Rico “tenía suficiente control de sus asuntos internos como para no ser considerado un territorio dependiente, a nivel internacional”, sostuvo Colón Morera.
Seis décadas después, la ley Promesa acabó con cualquier duda que aún existiera sobre la situación colonial y, como con la Ley Foraker, se volvió a optar por una intervención directa en los asuntos del gobierno puertorriqueño, con la JSF como una capa de poder entre medio del Congreso y las autoridades electas de Puerto Rico.
“La ley Promesa le quita a los puertorriqueños el ejercicio de la función probablemente más importante de un gobierno interno, que es poder crear su presupuesto… Crea una especie de unidad interna del gobierno del Estado Libre Asociado pagada por el gobierno de Puerto Rico… que está por encima del gobierno de Puerto Rico porque puede invalidar leyes que no se ajusten a los planes fiscales”, subrayó Colón Morera, al acentuar las comparaciones que, pese a sus significativas diferencias, se hacen entre las leyes Promesa y Foraker.
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José A. Delgadojose.delgado@gfrmedia.com
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