Deuda odiosa que no pase a Puerto Rico lo que le pasó a Haití

Una de las propuestas del Plan B Independencia es que la deuda pública la asuma EE.UU. por ser deuda odiosa, y ahora por la forma en que la negocia y reestructura la Junta de Control Fiscal (JCF). La deuda odiosa es un concepto del derecho internacional que sostiene que una deuda contraída por un gobierno sin el consentimiento de su pueblo y en contra de sus intereses no debe ser pagada, impuesta por un poder colonial, dictatorial o corrupto.

Por martha quinones dominguez

Especial para CLARIDAD

Una de las propuestas del Plan B Independencia es que la deuda pública la asuma EE.UU. por ser deuda odiosa, y ahora por la forma en que la negocia y reestructura la Junta de Control Fiscal (JCF). La deuda odiosa es un concepto del derecho internacional que sostiene que una deuda contraída por un gobierno sin el consentimiento de su pueblo y en contra de sus intereses no debe ser pagada, impuesta por un poder colonial, dictatorial o corrupto. Y la misma no benefició al pueblo, sino que se usó para fines represivos, militares o para enriquecer a élites económicas y políticas. Además, el pueblo no tuvo representación ni decisión en su aprobación o uso, aun cuando fue el gobierno -colonial- el que nos representó. Este concepto fue formulado por el jurista ruso Alexander Sack en 1927 pero antes fue aplicado, cuando Estados Unidos anuló la deuda de Cuba con España tras la ocupación en 1898, argumentando que era una deuda impuesta por una potencia colonial y era odiosa. En Puerto Rico algunos economistas y defensores de derechos humanos consideran que parte de la deuda pública de Puerto Rico podría considerarse odiosa, porque: fue acumulada por gobiernos bajo una relación colonial con EE.UU.; benefició a bonistas, bancos y contratistas, no al pueblo; y, el pueblo nunca tuvo soberanía fiscal real para decidir cómo endeudarse, pues quién decide es EE.UU. Esta negociación y reestructuración de la deuda por parte de la JCF nos lleva a la “trampa de la deuda” similar a la que le aplicaron a Haití.

La deuda odiosa es ilegítima porque nace del abuso de poder y del saqueo, no de un contrato justo entre el Estado y su pueblo. Y en el caso de Puerto Rico la deuda negociada y reestructurada por la Junta de Control Fiscal bajo la Ley federal PROMESA, que beneficia a bonistas, bancos y contratista es deuda odiosa. Por eso reclamamos que le pertenece a EE.UU. En el análisis crítico del endeudamiento colonial, expertos, organizaciones sociales y economistas han argumentado precisamente eso: que la deuda reestructurada bajo la Junta de Control Fiscal y PROMESA tiene características de deuda odiosa.  ¿Por qué se puede considerar odiosa? Es imposición sin soberanía democrática debido a que la Junta de Control Fiscal fue impuesta por el Congreso de EE.UU., no elegida por el pueblo puertorriqueño y no responde al interés público de Puerto Rico, sino a los acreedores.

En la creación, negociación y reestructuración de la deuda caemos en la “trampa de la deuda” esto se refiere que un país acreedor extienda intencionalmente el crédito excesivo a otro país deudores con la supuesta intención de extraer concesiones económicas o políticas del país deudor cuando no pueda cumplir con sus obligaciones de deuda. La «trampa de la deuda» condena al país a un ciclo de endeudamiento, donde no puede pagar sus deudas existentes, por lo que necesita tomar nuevos préstamos para cubrirlas, lo que a su vez aumenta su deuda. Esto puede llevar a una inestabilidad financiera y dificultad para salir de este ciclo vicioso. Por eso la deuda negociada y reestructurada bajo PROMESA tiene características de deuda odiosa, se impone bajo una relación colonial, sin soberanía, con beneficios a intereses privados, y con costos sociales enormes para el pueblo.

Ante la falta de Auditoria, en esa deuda se une el uso ilegítimo de los fondos, donde parte de la deuda original se usó para pagar otras deudas, no para invertir en servicios públicos. Hubo contratos turbios, favoritismo a consultoras, y enriquecimiento de élites financieras. Y encontramos las negociaciones sesgadas donde la reestructuración favoreció a bonistas y bancos con pagos garantizados a largo plazo. Las consecuencias, que se impusieron recortes severos a educación, salud, pensiones y servicios esenciales, entre otros. A eso se une que nunca se ha discutido con el pueblo, aunque participamos oponiéndonos a esa restructuración y negociación, en cambio sufrimos las consecuencias de recortes, austeridad, migración, pobreza y precariedad.

Por eso denunciarla como deuda odiosa es parte del reclamo por la justicia fiscal, la autodeterminación y la descolonización.

La renegociación y reestructuración de la deuda lleva a la “trampa de la deuda”, cuando no puedes pagar los intereses y/o principal, se ve obligada a tomar más préstamos para intentar cubrir la deuda existente. Y la JCF lo sabe, que no vamos a poder pagar. Esto puede provocar un aumento en el saldo total de la deuda, lo que la convierte en una situación difícil de manejar y se crea un ciclo de endeudamiento. Este ciclo dificulta la salida de deudas, ya que la cantidad sigue aumentando. Es importante que Puerto Rico entienda esto en especial cuando la Junta de Control Fiscal negocia la deuda de Puerto Rico. Así que el modelo de renegociación y reestructuración de la deuda impuesto por la Junta de Control Fiscal bajo la ley PROMESA penaliza gravemente a Puerto Rico y lo condena a un régimen de austeridad y pago prioritario a bonistas por al menos 25 años, con profundas consecuencias estructurales. Cada año, el presupuesto del gobierno debe reservar miles de millones de dólares para el pago de deuda. Esta obligación se convierte en prioridad, por encima de educación, salud, pensiones, infraestructura, vivienda y servicios esenciales. Los acuerdos incluyen pagos fijos por 25 años o más, con cláusulas que garantizan a bonistas sus ingresos, sin importar la situación económica del país, esto representa una hipoteca del futuro colectivo, incluso de generaciones que no votaron ni se beneficiaron de esa deuda.

A la larga impide el desarrollo económico sostenible pues el pago de deuda reduce severamente la capacidad del Estado para invertir en industrias locales, innovación, transición energética, agricultura, salud, agua potable, educación pública y universitaria, pensiones, etc. El país está condenado a no tener inversión productiva, la economía queda estancada y subordinada a intereses externos y ahora sin fondos federales. Para poder pagar la deuda, la JCF impone recortes, despidos, privatizaciones y aumentos de tarifas (agua, luz, matrícula universitaria) y la clase trabajadora y los sectores vulnerables cargan con el peso del pago a los bonistas.

Con la “trampa de la deuda” la JCF legaliza un modelo de “colonia financiera”, anula el desarrollo económico y social y profundiza la dependencia colonial. La JCF que actúa como un gobierno paralelo no electo, con poder absoluto sobre el presupuesto que deciden. Y el ejemplo concreto es que el Plan Fiscal 2022, se asignaron más de $1,400 millones anuales al pago de deuda mientras se cerraban escuelas, se recortaba en la UPR, se congelaban pensiones y se privatizaba la Autoridad de Energía Eléctrica. Puerto Rico adquiere un modelo de “colonia financiera” de la Junta que obligada a pagar una deuda en gran parte ilegítima, impidiendo la recuperación económica, agravando la desigualdad y condenando al país a la austeridad perpetua.

Y aquí quiero crear un paralelismo entre la deuda de Puerto Rico negociada y reestructurada por la Junta de Control Fiscal y la deuda impuesta a Haití en su proceso de independencia, en el modelo de “colonia financiera” que nos imponen. Francia sabia que el objetivo de la deuda era crear una «deuda doble», donde Haití no tenía ese dinero para pagar y tenía que recurrir a tomar dinero prestado de bancos franceses y pagar intereses de dichos préstamos, para poder cumplir con los pagos anuales a Francia. La JCF sabe que Puerto Rico no puede pagar lo que negocian y reestructuran y debe tomar préstamos para pagar. En ambos casos reflejan cómo el endeudamiento ha sido usado como instrumento colonial y de dominación económica que destruye el potencial del país, aun cuando cambian las formas políticas externas.

En Haití en 1825, Francia obligó a Haití a pagar 150 millones de francos oro como “compensación” por la pérdida de esclavos y tierras tras su independencia. Aunque en 1835 una comisión de juristas declaró que esta ordenanza era ilegal, y que Francia era el que tenía que indemnizar a los antiguos colonos pero no le prestaron atención. La “trampa de la deuda” de Haití llevó a endeudarse con bancos franceses y luego bancos estadounidenses, en condiciones leoninas, para pagar esa deuda. Durante más de 100 años, gran parte del presupuesto haitiano fue usado para pagar esa deuda, impidiendo su desarrollo económico. Y el resultado es la pobreza estructural, la falta de inversión en servicios, la dependencia económica, y una elite corrupta respaldada por intereses extranjeros que se beneficiaron.

Así que llamamos la atención a Puerto Rico que la deuda colonial reestructurada y renegociada por la Junta de Control Fiscal – impuesta por EE.UU.-, es caer en “trampa de la deuda”. En la misma se blindaron acuerdos de pago a 25-30 años, priorizando a los acreedores sobre las necesidades sociales y a cambio, se imponen medidas de austeridad, recortes de servicios, cierre de escuelas, recortes a la UPR, privatizaciones, eliminación de derechos laborales, entre otros efectos. El resultado son pérdidas económicas como la emigración masiva, pérdida de soberanía fiscal, empobrecimiento, desplazamiento de comunidades por procesos de gentrificación y daño ambiental.

Ambos casos son expresiones de colonialismo económico: Haití fue castigado por liberarse y Puerto Rico por ser colonia de EE.UU. La deuda, en estos contextos, no es un instrumento financiero neutral, sino una herramienta de control y subordinación colonial. Es el nuevo modelo de esclavizar a los pueblos con el pago de la deuda, hacerlos más pobres con la austeridad por generaciones y dependientes, anulando su desarrollo y crecimiento económico para compensar a los emisores de deuda.

Pero hay solución con la independencia y soberanía de Puerto Rico. Si partimos del principio de que gran parte de la deuda actual de Puerto Rico es odiosa y colonial, le pertenece a EE.UU.  Comenzamos un proceso de descolonización y fundación de una República sin deuda, con principios y mecanismos de justicia económica para evitar repetir el ciclo de deuda como castigo. Las recomendaciones concretas y estructurales son parte de la discusión de país, para que las futuras deudas en un Puerto Rico independiente no sean una penalidad, sino una herramienta responsable y soberana de desarrollo.

Con la Auditoria ciudadana podemos entender porque rechazar y anular toda deuda que no haya beneficiado al pueblo y que haya sido impuesta bajo subordinación colonial. Y poder reclamar reparaciones o compensaciones a EE.UU. por los daños económicos, sociales y ambientales sufridos al crear la deuda.

En el nuevo modelo económico alternativo y sostenible la participación ciudadana es vital para crear mecanismos de control democrático sobre futuras deudas. Además, reconoce que la Constitución de la República debe tener artículos que: 1. prohíban endeudarse sin participación ciudadana; 2. limiten la deuda a proyectos de beneficio social y productivo; 3. garanticen que el pago de deuda nunca estará por encima del bienestar del pueblo. A esto se añade que toda deuda pública debe ser aprobada por referéndum o asambleas ciudadanas; que sea transparente en sus términos y uso; y, evaluada por una comisión pública y técnica de rendición de cuentas. Reconoce que se debe incluir educación y cultura económica popular promoviendo educación financiera y política en las comunidades para que el pueblo entienda cómo funciona la deuda, qué condiciones deben evitarse y, cómo participar activamente en procesos de fiscalización y auditoria. La creación de una banca pública soberana para financiar desarrollo social, agrícola, energético y tecnológico para evitar la dependencia de mercados financieros especulativos, y administrar deuda interna bajo control ciudadano. También, podemos recomendar alianzas internacionales solidarias que establezca relaciones económicas con países y bloques que respeten la soberanía.

En un Puerto Rico libre, soberano e independiente se debe construir una ética de la deuda basada en la dignidad, la transparencia y la justicia económica con la participación ciudadana. Donde el endeudamiento no debe ser una herramienta de dominación, sino una opción excepcional, responsable y socialmente útil. Evitemos la “trampa de la deuda” y comencemos a exigir auditorias de la deuda y decirle a la JCF esa deuda que ustedes negocian es odiosa e ilegal. Y construyamos otro país próspero, feliz, inclusivo y soberano. Que no le pase a Puerto Rico lo que le pasó a Haití.