¿Es posible hacer frente a la uberización en agricultura y ganadería?
La globalización del mercado y las políticas públicas actuales están fomentando un aumento de las explotaciones agrícolas y ganaderas más grandes e intensificadas
La globalización del mercado y las políticas públicas actuales están fomentando un aumento de las explotaciones agrícolas y ganaderas más grandes e intensificadas. La apuesta decidida de empresas y gobiernos por las economías de escala y la orientación exportadora como únicos elementos a tener en cuenta para garantizar el futuro del sector consolidan esta tendencia. De esta forma, el criterio económico lleva décadas prevaleciendo por encima del social y el ambiental, tanto en las estrategias de las empresas como de las administraciones.
En 2024 se alcanzó el récord del valor de producción agraria en España, con más de 68.000 millones de euros, en una tendencia prácticamente constante desde el año 2009. Sin embargo, a pesar de estar produciendo más que nunca, nuestro sector primario lo hace con menos explotaciones, pero un número creciente de las más grandes. Según la última encuesta sobre la estructura de las explotaciones agrícolas del INE, el número de explotaciones en España se redujo un 12’3% entre 2020 y 2023 mientras que la superficie media por explotación aumentó un 13,2%. Las explotaciones más grandes crecieron un 2,6% en ese periodo (1.425 explotaciones más). Por tanto, se está acaparando el uso de los recursos naturales y económicos (agua, tierras, ayudas…) y de la producción en cada vez menos número global de explotaciones, pero de una mayor dimensión.
El mayor dimensionamiento de las explotaciones, la concentración del negocio en pocas manos o la participación en los mercados de exportación (tres elementos que ya se están dando en muchos de los sectores agrícolas y ganaderos en España), son algunos de los datos económicos que, según los expertos en inversión, como la consultora CBRE[1], compañía estadounidense de capital inmobiliario y la gestora de inversiones inmobiliarias más grande del mundo, se consideran lo suficientemente sólidos como para atraer capital inversor e iniciar procesos de uberización[2].
En España ya contamos con numerosos ejemplos de presencia de grandes capitales y fondos de inversión en el sector. En el olivar, Fiera Capital, fondo de inversión canadiense con más de 120.000 millones de dólares en activos bajo gestión, adquirió Innoliva en 2023, empresa que ya contaba con 8.000ha de olivar en Extremadura y el Alentejo, 2.000 de ellas ecológicas. En el sector hortofrutícola, la macroempresa CITRI&CO, que maneja más de 28.000 ha y con elevada relevancia en la comercialización de cítricos, tiene como principal accionista al fondo de inversión Miura Partners. En ganadería, uno de los grandes grupos de integración vertical, Valls Companys, es propiedad de una de las familias más ricas de España según la lista Forbes.
Respecto al modelo de integración vertical en ganadería, este incluye desde la producción de alimento para los animales (fábricas de pienso) hasta la comercialización de los productos, y supone una elevada penetración de capital extranjero de la mano de la genética, la tecnología y las materias primas. Actualmente está fuertemente implementado en el sector avícola y en el porcino. Cada vez cobra más importancia en el sector vacuno de carne, pero es imposible conocer su grado concreto de implantación debido a la falta de datos accesibles y públicos sobre este modelo de explotaciones, así como a la habitual falta de transparencia de la industria alimentaria.
En COAG llevamos años denunciando estos procesos que implican la pérdida de miles de pequeñas y medianas explotaciones. Esta pérdida, unida a la escasez de los recursos necesarios (agua, tierra, energía, etc.) para dotar de viabilidad a un modelo de agricultura y ganadería cada vez más intensificado y dependiente del comercio internacional, hace imprescindible mantener un debate que posibilite una posterior definición del modelo productivo que deberíamos defender colectivamente y preservar en el futuro para garantizar el derecho a una alimentación adecuada de toda la sociedad. El debate debería poner en el foco el carácter social y ambiental de la actividad de producir alimentos y no sólo su aportación como sector a las grandes cifras de la economía. La definición de un modelo productivo que se alinee con el principio de soberanía alimentaria y no con la utilización hipócrita de un principio de autonomía alimentaria (que ignora deliberadamente que, en la actualidad, muchas de nuestras precarias explotaciones agrícolas y ganaderas también se ven involucradas en un extractivismo que empobrece y debilita a otras comunidades y territorios). La continua despoblación, las nuevas demandas de la sociedad o el sobrepasamiento de los límites planetarios son otros aspectos que sería necesario considerar para poder definir con claridad qué modelo de producción de alimentos necesitaremos como sociedad en los próximos años.
Sólo una definición ambiciosa, y aprovechar oportunidades como la que ofrece el debate actual sobre la que COAG plantea como la Ley de Agricultura Familiar, Social y Profesional, posibilitaría una redistribución de los recursos vinculada a una regulación de mercado, protegiendo a las explotaciones más vulnerables de una agricultura y ganadería basada en modelos de acumulación, uberización e integración que expulsan a las personas (especialmente a las mujeres) e imposibilitan la incorporación de jóvenes al sector. Protegerlas frente a una agricultura y ganadería insertas en largas cadenas de comercio global, financiadas con grandes capitales y/o fondos de inversión, que acaparan recursos naturales limitados o que, en muchas ocasiones, a pesar de expulsar a las personas, se disfrazan de agricultura familiar o sostenible.
Además, COAG también demanda establecer medidas legislativas respecto a la entrada y salida de fondos de inversión y capital riesgo en la agricultura, la ganadería y la alimentación, así como el endurecimiento de la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros (MiFID) que regula las inversiones y los servicios financieros en los mercados de la Unión Europea.
Sin políticas claras que se opongan a la mercantilización de los recursos naturales y aboguen por la defensa de su carácter público y su reparto social justo, que garantice la viabilidad de las explotaciones agrarias del modelo socialmente necesario, se está manteniendo la puerta abierta a la uberización de la agricultura. Agua, tierra, ayudas… son recursos limitados y, cada vez, más escasos. Orientar las producciones únicamente al mercado sólo beneficia, a largo plazo, a unos pocos, favoreciendo la llegada de inversores y perjudicando al medio ambiente. Todo el foco de las políticas públicas y la asignación de esos recursos finitos ha de ponerse en las explotaciones de un modelo de agricultura socialmente necesario, evitando beneficiar a las más grandes, que pueden competir por sí mismas.
[1] “Agribusiness en la Península Ibérica” (CBRE, 2021) https://www.cbre.es/insights/reports/el-negocio-agricola-en-la-peninsula-iberica
[2] “La uberización del campo español. Estudio sobre la evolución del modelo social y profesional de agricultura” (COAG, 2020) https://coag.chil.me/post/la-uberizacion-del-campo-espanol-286547
(*) Iria Costela Peña y Álvaro Areta García, Servicios Técnicos de COAG.
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