España: En qué bolsillo está la llave para resolver la crisis de la vivienda y cómo evitar que acabe en el de Vox
El politólogo Nacho Jurado considera que el Gobierno no podía omitir el problema de la vivienda, convertido ya en un clamor social, y por eso ha presentado una batería de medidas fiscales.
El antropólogo económico Jaime Palomera insiste en que el Gobierno «tiene dos años para tomar decisiones contundentes» y, si no lo hace, la extrema derecha va a «capitalizar» el descontento.
Madrid-01/06/2025 19:25-Actualizado a02/06/2025 07:38
«La ineficacia con las cosas del comer puede suponer mucho riesgo para el Gobierno». Así responde Nacho Jurado, politólogo y profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, a la pregunta de cuál puede ser el efecto en los votantes de la incapacidad del Ejecutivo a la hora de dar respuesta al drama de la vivienda. «El Gobierno tiene dos años para tomar decisiones contundentes y si no lo hace lo va a capitalizar la extrema derecha», desliza, por su parte, el doctor en antropología económica Jaime Palomera. La vivienda es ya una de las principales preocupaciones de la población y, en las últimas semanas, la política española ha asistido a una auténtica batalla de medidas y modelos.
El Partido Socialista sorprendió el jueves 22 de mayo con una batería de propuestas fiscales sobre vivienda que incluyen la subida del IVA al 21% para los pisos turísticos; la creación de un impuesto nuevo a la compra de vivienda por parte de extracomunitarios y extranjeros no residentes, o la extensión de las bonificaciones en el IRPF para los caseros que voluntariamente sitúen sus alquileres en las horquillas de precios fijadas para las denominadas zonas de mercado tensionado.
Inmediatamente, algunos de sus aliados parlamentarios salieron al paso de los socialistas para dejar claro que la proposición de ley que habían registrado estaba lejos de satisfacerlos. La mayoría criticaron, sobre todo, las bonificaciones a los propietarios. Podemos, por su parte, directamente avisó al PSOE de que no contaría con su apoyo porque la propuesta va «en la dirección contraria» de lo que proponen los morados. Ese «no» rotundo de Podemos precedió a una reacción de Sumar, que adelantó Público. Los de Yolanda Díaz tratarán de enmendar la ley del PSOE para «equilibrar la balanza de los impuestos y avanzar hacia una fiscalidad justa».
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Al mismo tiempo, navega en la tramitación parlamentaria la ley del alquiler de temporada y habitacional, que persigue que los propietarios no se aprovechen de los agujeros que tiene la legislación actual y que impulsan los aliados del Gobierno en el Congreso, con Esquerra Republicana a la cabeza. Nada parece indicar, por el momento, que Junts per Catalunya esté dispuesto a permitir su aprobación. Todo este maremágnum de medidas coincide con el segundo aniversario de la ley de vivienda, que sigue sin aplicarse en la práctica totalidad de las comunidades autónomas a pesar de haber sido aprobada en 2023.
Los populares, dos años después, siguen pidiendo la derogación de la norma e insisten en la vuelta al ladrillo como receta para sofocar el problema de la vivienda. Las comunidades donde gobiernan se niegan además a declarar zonas tensionadas, con la «excepción» de Galicia, que autorizó topar los alquileres en A Coruña. «Esta no va a ser la hoja de ruta, tenemos más comunidades donde algunos municipios lo han solicitado y no se va a aplicar porque creemos que no es la solución», insisten desde Génova en una conversación con Público. Los de Feijóo buscan llegar a los «pequeños propietarios» y exprimir el concepto de las garantías jurídicas, mientras piden un pacto de Estado «imposible» por el «choque» de su modelo con el socialista. Consciente de su compleja situación entre sus antagónicos socios de investidura, el PSOE tratará de encontrar el equilibrio perfecto entre las izquierdas y Junts y PNV, tal y como explicó Patxi López el martes pasado, para sacar adelante el paquete fiscal sobre vivienda recién registrado.
Fuentes de los socios del Gobierno reconocen en privado una convicción que tienen desde hace tiempo. Si no sacan «algo potente» –en palabras de una fuente de Sumar– sobre vivienda, la gente «no lo va a entender».
El debate está servido. La derecha y la extrema derecha luchan para capitalizar las inquietudes de la población ante la falta de expectativas y la pérdida de poder adquisitivo. Lo hacen mediante un discurso que pone el foco en la seguridad –okupación– y fomenta una suerte de guerra entre pobres. La intención es conectar con un electorado que se siente abandonado y atraviesa una fuerte crisis aspiracional. La España de propietarios vuelve a colarse en parlamentos, tertulias y conversaciones de barra de bar. Los alquileres siguen en aumento y muchas familias –no sólo jóvenes– tienen dificultades para llegar a final de mes. El Gobierno ha intensificado los anuncios y no duda al señalar el «boicot» de las comunidades del PP, pero utiliza a menudo el paraguas de la equidistancia, una actitud que molesta a los colectivos sociales. Las propuestas, además, tardan en materializarse. Los socios de izquierdas piden más ambición para poner freno a un mercado enloquecido y la legislatura avanza sin que ninguno de los bloques dé su brazo a torcer. ¿Cómo cala en la sociedad esta sucesión de anuncios que apenas impactan sobre los bolsillos? ¿Quién gana en esta batalla por buscar soluciones a la emergencia habitacional?
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«El Gobierno no actúa con contundencia porque tiene que decidir con quién rompe, si con una parte de la sociedad cada vez más mayoritaria –inquilinos– o con las élites empresariales y económicas», señala Jaime Palomera. El antropólogo e investigador cree que «hace cuatro o cinco décadas» el consenso era «mucho más aceptable» y nadie ponía en duda la subida de los precios, «porque casi todo el mundo podía comprarse una casa y utilizarla para aumentar su riqueza patrimonial«. La equidistancia era entonces más fácil de sostener.
El ladrillo recuperó fuelle a finales de 2024, acariciando datos del boom inmobiliario, pero muchas cosas han cambiado desde entonces, aunque la cultura de la propiedad sigue impregnando las medidas políticas de los dos grandes partidos. «La vivienda es la primera forma de ahorro personal y familiar para muchos españoles, una forma de legado intergeneracional con la que transmitir riqueza y patrimonio. Esto quiere decir que cuando los precios suben, muchas familias no lo ven como un problema, sino como una necesidad. La intervención del mercado corre el riesgo de ser vista como un intento de hacer más pequeña la hucha de esas familias«, advierte Jorge Dioni López, periodista y autor de El malestar de las ciudades (Arpa).
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Las fuentes consultadas por este diario coinciden al señalar que el modelo residencial necesita una reestructuración. Creen, de hecho, que debería ir acompañada de un cambio en la concepción de las políticas públicas. «La comparación con la pandemia es bastante ilustrativa. El Gobierno entendió entonces que tenía que cortar de raíz el acaparamiento de mascarillas, porque estábamos ante una situación de crisis y eran un material escaso. Lo que pasa con las casas es lo mismo, hablamos de un bien necesario pero limitado. La intervención con las mascarillas todo el mundo la veía correcta, pero aquí las administraciones siguen ancladas en una alianza con el poder económico que no es la misma que hace cuarenta años», desliza Jaime Palomera. La solución, para el autor de El secuestro de la vivienda (Península), pasa por desprenderse de las fobias y legislar para «redistribuir hacia abajo».
Una obligación (y un riesgo) para el Gobierno
Según datos del último barómetro del CIS (mayo de 2025), la vivienda es uno de los tres principales problemas de España para un 25,5% de la población y el principal para un 11,6%. Es el tercero en la escala, solo por detrás de la clase política y de los problemas políticos en general. Se trata de un dato que viene a confirmar la idea de Nacho Jurado de que la vivienda como problema estructural ha ganado ya tracción en la opinión pública y se ha convertido en central.
«Por eso el Gobierno mueve ficha», explica. «No puede no hacerlo», teniendo en cuenta la dimensión que está adquiriendo como elemento de preocupación en la ciudadanía. Pero es un riesgo. «Es un movimiento complejo porque las mayorías son complicadas y el Ejecutivo se arriesga a no poder sacar adelante las medidas que propone«.
Jurado amplía que, a pesar de que el Gobierno lo ha hecho bien presentándose como adalid de los derechos sociales, una percepción de ineficiencia en el apartado de la vivienda le puede costar caro. Hay que partir de la base de que, más allá de la oposición férrea del PP, el Ejecutivo tiene a sus enemigos dentro del propio bloque de investidura. Con Junts tiene muy difícil pactar en materia de vivienda, pero también con Podemos. «La vivienda fue muy central en la parte fundacional de Podemos», señala el politólogo. Los de Belarra, que piden rebajar el 40% de los alquileres y prohibir la compra de vivienda que no sea para residir, están dispuestos a ejercer gran presión si no se accede a sus peticiones, que hoy por hoy no se contemplan en Moncloa.
La extrema derecha y el concepto de ‘seguridad’
La falta de viviendas y alquileres asequibles ha desatado protestas en Madrid, Barcelona, Málaga, València, Sevilla o Canarias. PP y Vox no han secundado ninguna de estas movilizaciones, pero saben que el ambiente está caldeado. El mantra de la okupación les sirve para dividir a los distintos colectivos en su lucha contra la especulación. «Si los conceptos prioritarios en el debate siguen siendo propiedad y seguridad, la derecha va a triunfar. Si lo que se debate es la redistribución, la izquierda tiene una oportunidad, pero la clave está en saber aprovecharla», recalca Jorge Dioni López. Fuentes del PP confirman a Público que su intención es precisamente seguir con la misma estrategia.
La okupación es precisamente uno de los temas que más horas ocupa en las conversaciones sobre vivienda; desde anuncios de alarmas hasta casos de supuestos afectados en los programas de televisión. Este miedo no encuentra base en los datos. España tiene 27 millones de viviendas y registró el año pasado 16.400 denuncias por allanamiento de morada o usurpación, según datos del Ministerio del Interior. La okupación ilegal afecta, por tanto, a menos del 0,06% del parque inmobiliario. Las encuestas sociológicas del CIS se mueven en los mismos términos: sólo un 0,7% de los encuestados en el último barómetro situaron este asunto como el principal problema del país. El reto de las izquierdas no sólo es introducir sus propuestas en un debate escorado a la derecha, sino resignificar el concepto de seguridad.
Es una idea en la que se extendió Miguel Urbán, exeurodiputado y dirigente de Anticapitalistas, en este reportaje de Público. Urbán defiende que, en un momento histórico en el que la seguridad se ha descubierto como el elemento central de la estrategia de la extrema derecha y en el que, además, los grandes actores internacionales han sumido a sus países en una carrera armamentística sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, las izquierdas tienen que encarar el debate abanderando otra dimensión de la seguridad: la seguridad «cálida y colectiva» de tener una vivienda. Ahí ve Urbán la oportunidad de las izquierdas para generar una verdadera movilización social contundente y capaz de convertirse en apoyo electoral.
Todas las fuentes consultadas, eso sí, alertan de que será muy difícil mantener las calles a favor si el Gobierno de coalición no da una respuesta suficiente. Existe el riesgo de una desmovilización de sus votantes, que son a los que más les preocupa el problema de la vivienda, tal y como reflejan los datos del CIS. Los próximos meses y la capacidad de entenderse del PSOE con sus aliados serán determinantes.
Periodista encargado de la información parlamentaria en Público. Tras un tiempo en el periodismo local, recaló en La Información para cubrir noticias sobre política y economía. Trabajó en LACOproductora y en la sección de Vídeo de El País. Con formación de posgrado en análisis político, colabora en la tertulia política del programa Són 4 dies (Ràdio 4).
Periodista. Redactor de Vivienda. Escribe también sobre Memoria y Ultraderechas. Empezó cubriendo información local en Galicia y pasó por varias redacciones antes de aterrizar en ‘Público’.
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