¿Cómo afectarán los aranceles de Donald Trump la reconstrucción eléctrica en Puerto Rico?
A medida que se agotan los fondos disponibles para planificar proyectos adicionales y se lidia con la inflación, los gravámenes a las importaciones podrían obligar a redefinir las obras prioritarias
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com
Mientras actores del sistema eléctrico en Puerto Rico mantienen la esperanza de que las erráticas políticas arancelarias de Donald Trump no se traduzcan en un encarecimiento sustancial de los cientos de proyectos de reconstrucción pendientes para reparar la red, economistas advierten que la mera incertidumbre global provocada por el presidente de Estados Unidos tiene el potencial de impactar los costos de un proceso que, a casi ocho años del huracán María, permanece en sus etapas iniciales.
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Al efecto causado por los aranceles impuestos a materias primas o productos como el acero y el aluminio, se suma la inflación que, desde hace varios años, ya había sido señalada por funcionarios, alcaldes y expertos como uno de los factores que colocan en riesgo la reconstrucción de Puerto Rico, cuyas asignaciones provistas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) se sufragan bajo la sección 428 de la Ley Stafford, que dispone estimados de costos fijos para los proyectos.
“Los costos que se estimaron inicialmente, por todas las cosas que han ocurrido más allá de la inflación, no son los mismos, y se han incrementado y –en algunos casos– duplicado. Eso es simplemente por los mercados y lo que ha ocurrido. En el campo de la energía, mundialmente han ocurrido un sinnúmero de eventos, tanto en Europa como Estados Unidos, que han exacerbado la inestabilidad de los sistemas eléctricos en esas regiones –el más reciente, el que apagó la península ibérica–, y todo eso ha creado una demanda inusual a componentes del sistema de energía”, expresó el zar de Energía, Josué Colón.
Por separado, los economistas Sergio Marxuach y José Alameda señalaron que las volátiles políticas de Trump complican el análisis del impacto que los aranceles puedan tener sobre un sector tan especializado como la industria eléctrica. Marxuach, sin embargo, coincidió con Colón en que el sector eléctrico enfrenta, simultáneamente, múltiples factores que elevan los costos de construcción.
“El mercado global para los sistemas eléctricos, como hay tantos países que están trabajando en la transición a sistemas renovables y están haciendo un ‘upgrade’ de la red en sus respectivos países, ha habido una escasez de transformadores, de partes para subestaciones, pero no ha sido por los aranceles, sino porque la demanda ha sido más alta de lo esperado. Obviamente, en la medida que le pongas un arancel a este tipo de partes, te va a encarecer el costo”, manifestó Marxuach, director de Política Pública del grupo de estudio Centro para una Nueva Economía.
En declaraciones recientes a El Nuevo Día, Colón apuntó, como posible factor atenuante, que los componentes que se utilizan en el sistema eléctrico de Puerto Rico suelen ser fabricados en Estados Unidos, lo que facilita el cumplimiento con los códigos de construcción vigentes. No obstante, reconoció que, por la naturaleza de las cadenas de distribución –en que las materias primas o materiales pueden provenir del extranjero–, incluso equipos de manufactura estadounidense están sujetos a alzas de costos.
“No significa que no se puedan impactar, porque para construir un transformador se necesitan varios componentes, entre los que está el metal, y todo ese tipo de cosas puede incidir. Yo diría que, hasta ahora, lo más que ha impactado los costos es la inflación (por) la demanda tan alta de componentes de energía a nivel mundial, que ha hecho que los fabricantes o distribuidores no tengan capacidad para suplirla”, dijo, aludiendo a otro de los elementos que constantemente se han señalado como causantes de los retrasos de la reconstrucción.PUBLICIDAD
Según Marxuach, el efecto en la entrega de materiales y componentes con extensos “lead times” –que, en el caso de equipos como transformadores, puede tomar hasta dos años– se exacerba con la perspectiva de potenciales aranceles. “Si yo pongo la orden hoy y me lo van a entregar en diciembre, pero a la administración de Trump le da con subir los aranceles en septiembre, cuando el producto llegue al muelle, le imponen el arancel”, ejemplificó.
“La incertidumbre es peor que los mismos aranceles, y la bajada de la confianza en los índices de confianza del consumidor”, expresó, por su parte, Alameda, quien advirtió que el sector de placas solares –uno que no está contemplado dentro de los fondos de reconstrucción asignados por FEMA– podría ser otra de las víctimas de los gravámenes a las importaciones.
Tan reciente como el 4 de junio, Trump duplicó de 25% a 50% los aranceles sobre el acero y aluminio importado, con una excepción a los productos provenientes del Reino Unido.
“De momento, no hemos tenido unas variaciones significativas en los proyectos de construcción, o sea, que no puedo decir que estamos teniendo un impacto significativo. Hay materiales que vienen de Estados Unidos y otros de Europa, pero, a la fecha, como son compras que se habían hecho y presupuestado, no hemos visto un cambio significativo cuando la mercancía llega al muelle”, sostuvo Iván Báez, vicepresidente de Asuntos Públicos y Gubernamentales de Genera PR, encargada de la flota de generación.
Reconoció, aun así, que ha habido conversaciones en caso de que, a futuro, puedan mitigarse impactos. “Lo estamos evaluando”, dijo Báez.
Al cierre de esta edición, ningún oficial de LUMA Energy –que, como operador del sistema de transmisión y distribución, administra el grueso de los fondos de reconstrucción– estuvo disponible para entrevista.
Requieren “plan consolidado”
Un escenario de aumentos exponenciales de costos se toparía con el hecho de que, a base de los planes preparados por separado por LUMA, Genera PR y la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), los fondos de FEMA disponibles para planificar proyectos de reconstrucción se están agotando, si bien, de acuerdo con el portal de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), apenas se han producido $4,924 millones en desembolsos al sector de energía –incluyendo adelantos de capital para obras todavía en fase de ejecución–, de un total comprometido u “obligado” de sobre $13,600 millones.
En un informe sometido al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en febrero, LUMA detalló que el propio regulador le había aprobado 263 alcances de trabajo preliminares valorados en $16,600 millones, un monto que, por sí solo, casi iguala los $17,000 millones asignados por FEMA bajo los programas de obra permanente ($9,400 millones) y mitigación de riesgos ($7,600 millones) para todo el sector eléctrico.
En ese documento, LUMA consignó que las obras sometidas a FEMA –incluyendo propuestas aprobadas y bajo evaluación– tenían un costo estimado de $12,200 millones, de las cuales se habían completado solo 41 proyectos ascendentes a $400 millones.
Ante ese panorama, Colón sostuvo que, en su rol de zar de Energía, ha pedido a los dos operadores privados y la AEE que elaboren un “plan consolidado” que evite que cada parte continúe sometiendo propuestas de forma no coordinada. La Junta de Supervisión Fiscal, en el plan fiscal de la AEE que certificó en febrero, subrayó que “la potencial limitación de fondos federales y la magnitud de las necesidades resaltan la importancia de un acercamiento holístico que priorice y coordine las iniciativas a través del sistema”.
“Queremos que el plan de proyectos que se vaya a desarrollar sea uno que cuente con el compromiso y esté en acuerdo con lo que cada una de esas tres entidades tiene que realizar. No va a ser exitoso si LUMA hace su plan, Genera hace el suyo y la AEE hace el suyo, y todos entienden que van a tener disponibles ‘X’ fondos. Los fondos son finitos, hay una cantidad específica de fondos”, acentuó Colón.
De acuerdo con un desglose preparado por el zar, entre obras con fondos obligados y pendientes de formular, LUMA tiene en agenda proyectos ascendentes a $10,958 millones; Genera PR, $2,116 millones; y la AEE, $1,919 millones, totalizando $14,994 millones del pote global de $17,000 millones para el sector energético.
“Nosotros tenemos un presupuesto establecido, y claramente se está utilizando de una manera bastante rápida y responsable. En el caso nuestro, son $2,200 millones, y tenemos que mantenernos dentro de ese presupuesto. Estamos haciendo el uso correcto y adecuado, y tanto el zar como la directora ejecutiva (de la AEE, Mary Carmen Zapata) tienen visibilidad de los proyectos, el estatus y avance que estamos teniendo”, afirmó Báez, quien no pudo estimar el costo de los proyectos de Genera PR que aún no se han formulado.
En pasados días, el oficial examinador a cargo del venidero procedimiento de revisión de la tarifa base de luz exigió a la AEE que explique los fundamentos legales de una determinación de su Junta de Gobierno que, en mayo, designó a Zapata como la “única figura autorizada para administrar las solicitudes de fondos” en el portal de FEMA, removiendo a LUMA de ese rol. El examinador, Scott Hempling, pidió a la corporación pública que justifique si el ajuste redundaría en un proceso más “eficiente”.
Para Marxuach, en caso de que, según avancen los proyectos y el desembolso de fondos, se haga evidente que es necesario reducir la cantidad de obras ejecutables, se deberán priorizar los trabajos en la red de transmisión y distribución.
“Tradicionalmente, conseguir financiamiento privado para esa área no es que sea imposible, pero es más difícil, y esa debería ser la prioridad a corto plazo de Puerto Rico”, dijo el analista.
Referencias
Informe al NEPR del 14 de febrero
Por: LUMA Energy
Por: Autoridad de Energía Eléctrica
Requerimiento de información a la AEE
Por: Scott Hempling | Negociado de Energía
Por: Agencia Federal para el Manejo de Emergencias
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Manuel Guillama Capellamanuel.guillama@gfrmedia.com
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