La Justicia le otorgó a Cristina Kirchner una prisión domiciliaria plagada de arbitrariedades

La resolución del TOF2 le plantea restricciones extremas a la expresidenta: vigilancia electrónica para evitar una fuga, límites a las visitas y la prohibición de saludar a la militancia.

En una resolución cargada de arbitrariedad y encono contra Cristina Fernández de Kirchner, el Tribunal Oral Federal (TOF2) otorgó a la exmandataria la prisión domiciliaria por razones de seguridad, pero dejó plasmada en la resolución cierta intención de humillación: ordenó colocarle una tobillera electrónica, como si la expresidenta se fuera a escapar; limitó las visitas, algo que no ocurre habitualmente en este tipo de detenciones y le prohibió salir al balcón con la amenaza de que así puede «perturbar la tranquilidad del vecindario». Como está a la vista, la decisión apunta a restringir su actividad política como referente de la oposición, en otro episodio de proscripción. Pese al intento por romper la enorme movilización que se viene gestando, la marcha se hace igual y la convocatoria es a las 14 horas en Plaza de Mayo.

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En el Gobierno, que desde antes que saliera la sentencia de la Corte Suprema del caso conocido como «Vialidad», intentaba despegarse de la decisión que finalmente confirmó la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, estaban al tanto de la resolución que adoptaría el TOF2 desde horas antes. Habían hecho todo lo posible por evitar que la expresidenta se presentara personalmente en Comodoro Py, donde estaba originalmente citada, porque no quieren que la foto de una enorme movilización en su apoyo recorra el mundo. Guillermo Francos, el jefe de gabinete, se paseó por varios medios diciendo que «sería lógico que Cristina no tenga que ir a tribunales». Será inevitable la marea humana en respaldo de CFK y contra la proscripción.

La notificación la llevó a su casa en San José 1111 la Policía de la Ciudad. Eso incluía informarle la detención y las restricciones. La vivienda fue admitida por el TOF2 para el cumplimiento de la pena. La exmandataria estaba con su abogado, Alberto Beraldi, y la acompañaban otras personas de su círculo más cercano. La vieron con la misma tranquilidad y fortaleza que todos estos días.

Una resolución atípica

Con un tono despectivo similar al que usó la Corte, el TOF2 desacreditó algunos argumentos planteados por la defensa de la expresidenta al pedir que cumpla la pena en su vivienda. Aún así, admitió razones de seguridad para otorgarle la prisión domiciliaria, lo que también implicó rechazar el pedido de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola para que vaya a una cárcel común. «La combinación del riesgo para la vida e integridad física de la condenada a raíz del atentado del que fue víctima, junto con la dificultad de garantizar su seguridad en un establecimiento penitenciario sin incurrir en prácticas discordantes para el derecho constitucional y convencional –aislamiento–, nos conducen a la decisión en favor de la concesión de la prisión domiciliaria como única vía hoy compatible con el respeto de los derechos fundamentales de la persona y los fines resocializadores de la pena», dice la resolución que firma el tribunal en pleno, integrado por Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu.

Es infrecuente que estas resoluciones las firmen todos los jueces del tribunal. Es uno el que está a cargo de la ejecución de la pena, en este caso Gorini. Parece más bien una autoprotección corporativa para firmar una decisión que tiene disposiciones que no son habituales e implican un atropello. Estas son las principales «reglas de conducta»:

* La colocación de una tobillera electrónica. El tribunal sostuvo que «ante la carencia de motivos lógicos y argumentos relevantes, no habiéndose acreditado razones de salud que justifiquen una decisión excepcional sobre este punto, corresponde cumplir con la manda que exige la implementación de un dispositivo electrónico para aquellos condenados que accedan al beneficio». El único dispositivo electrónico que se utiliza es la tobillera. Ordenó que se lo coloque la «Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional». Esa dependencia, que está bajo la órbita de la cartera de Patricia Bullrich, es la que monitorea esa pulsera.

La defensa de CFK había planteado que no había motivo para una tobillera, ya que no existe peligro fuga ni nada por el estilo. También alegó que la monitorea su propia custodia de la Policía Federal. Pero el tribunal desechó esos argumentos. De todos modos, invocó la ley de Ejecución de la Pena para decir que habrá un informe de los «órganos de control y del equipo interdisciplinario del juzgado de ejecución» que «establezca la pertinencia de la medida en cuestión en el caso concreto». Podría haber en función de esto una «decisión judicial» de exceptuarla del uso de la tobillera, como pidió desde un comienzo. Como sea, no se privaron de poner el párrafo en la resolución.

La abogada y dirigente del PTS/Frente de Izquierda Myariam Bregman recordó en su cuenta de la red «X» que «de los 498 genocidas que están bajo el régimen de detención domiciliaria, aproximadamente, un 16% tendría colocada una tobillera. Es decir, incorporar un control extra mediante un dispositivo electrónico en el caso de Cristina Kirchner, es un claro agravio político por parte del tribunal».

El abogado Miguel Angel Pierri contó a este diario que tiene 14 clientes que cumplen prisión domiciliaria, pero sólo seis tienen tobillera. En el caso de El Pepo, el cantante de cumbia villera condenado por doble homicidio culposo por el accidente donde murieron dos de sus músicos, nunca tuvo tobillera. Tampoco un empresario, con domiciliaria, a quien representa. En el caso de los que sí tienen el dispositivo de control, explicó Pierre, hubo una demora de tres a cuatro meses hasta que se las colocaron, porque no hay tobilleras disponibles ni tampoco suficiente personal.

* ¿Que no salga al balcón? En los últimos días hubo medios y comunicadores que se mostraron escandalizados porque Cristina estuvo saliendo al balcón de su departamento después del fallo de la Corte. Es evidente que es el contacto con la militancia y también con la gente suelta que va a darle apoyo y que entiende que hay una proscripción, y una privación de derechos políticos generalizada. Da toda la impresión de que ahí apunta la parte de la resolución que indica que la expresidenta deberá «abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes». Es evidente que todo apunta a limitar al máximo su actividad partidaria. De todos modos, Beraldi le pedirá precisiones acerca de qué es lo que quiere decir esa frase tan amplia, qué es lo que le prohíben.

* Cepo a las visitas. El tribunal dijo que CFK «en el plazo de 48 horas hábiles deberá presentar una nómina de las personas que integran su grupo familiar, custodia policial, profesionales médicos que la tratan asiduamente y abogados que la representan, quienes podrán acceder al domicilio donde cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado». Lo que esto implica es que no podrá recibir visitas libremente, sino que fuera de ese listado, quien quiera verla, necesitará autorización judicial, o sea, del tribunal.

* Sin salidas. «Deberá permanecer en el domicilio fijado, obligación que no podrá quebrantar salvo en situaciones excepcionales de fuerza mayor que deberá justificar debidamente. Por fuera de estos supuestos, deberá requerir y obtener la autorización previa del tribunal, sin excepción», dispuso el TOF2. También señala el tribunal que «la supervisión de la ejecución de la prisión domiciliaria» estará a cargo de la «Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal», que tendrá que elevar un informe con «los resultados» cada tres meses, que incluya la evaluación del «grado de acatamiento de las reglas impuestas». Por lo general esa tarea la realiza un/a asistente social a cargo.

La defensa de la expresidenta cuestionará todas estas limitaciones, primero con un recurso llamado «de reposición» ante el propio tribunal. Luego, todo indica, tendrá que presentarse ante la Cámara Federal de Casación Penal. La sala la integran Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, quienes visitaban asiduamente a Mauricio Macri –cuyo gobierno fue denunciante en el caso Vialidad–, además de Diego Barroetaveña.

Doble vara

Todo indica también que apelarán los fiscales Luciani y Mola. Ellos dijeron, en su ofensiva ya habitual, que “la concesión de la detención domiciliaria no es automática”, que la edad no es suficiente para definirla y que “no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional como esta”. Agregaron que el Ministerio de Seguridad ofreció alternativas de lugares de alojamiento carcelario y “que puede inferirse que la seguridad de la incidentista será preservada” por cuanto el Servicio Penitenciario Federal, así como la División Custodia de la Policía Federal Argentina -que le provee de seguridad actualmente-, dependen ambas del referido ministerio».

Los fiscales citaron también al propio juez Gorini y pusieron como ejemplo que le denegó la domiciliaria al exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime, para lo cual dijo que la edad era condición necesaria pero no suficiente. Además, sorprendieron al invocar una frase de Miguel Angel Pichetto quien en un debate parlamentario en 2008 sobre la Ley de Ejecución Pena dijo: «Si estamos frente a un delito de alta violencia, la puesta en libertad ocasionaría una sensación de desprotección en la sociedad argentina, en un momento en el que esta temática tiene una fuerte demanda» y a la vez sostuvo que cada «juez» tiene » la oportunidad de valorar los hechos cometidos y, además, una responsabilidad para atender ese delicado equilibrio entre lo humano que significa que la madre pueda cuidar al chico, el interés colectivo y la gravedad del hecho que tendrá (que) mensurar, esto es si corresponde que la persona esté en libertad». Esto bien podría leerse en favor de CFK.

El TOF2 desechó los argumentos, pero en un tramo de la resolución se despachó con llamativas críticas a la custodia de la expresidenta, algo fuera de registro de la resolución. Lo hizo como para expresar que tampoco era una garantía de seguridad. «La actuación de esa custodia durante el grave episodio ocurrido el 1° de septiembre de 2022 estuvo lejos de mostrarse eficiente y profesional», señalaron en alusión al intento de asesinato que sufrió. Los jueces agregaron que «la determinación acerca de la modalidad futura de la custodia personal de la peticionante es una competencia exclusiva del ministerio en cuya órbita actúa la División Custodia de Ex Mandatarios -dependiente de la Policía Federal Argentina-, por fuera de la potestad jurisdiccional del tribunal».

La realidad es que las restricciones extremas en la prisión domiciliaria no son la regla y en este caso parecen dedicadas y diseñadas para la exmandataria y líder opositora. Una de las pruebas más palmarias de esto es lo que ocurre con los genocidas. Jaime Lamont Smart, exministro de gobierno durante el terrorismo de Estado, con condenas a perpetua, recibe visitas y hasta tuvo permiso para vacacionar en familia en Bariloche. Este diario ha publicado incontables ejemplos de represores que salen a dar una vuelta, al supermercado los días de ofertas, a trotar, a misa, a pasar Navidad, año nuevo y cumpleaños fuera de la detención, y uno, Jorge Olivera, también condenado a perpetua, festejó sus 50 años de casado con un show de Ramón Palito Ortega. Nadie tiene restricciones de comunicación. Para Cristina Fernández de Kirchner las restricciones son la regla que expresa una nueva proscripción.