Sin fuerza en el Congreso el llamado a cesar “de inmediato” las funciones de la Junta Fiscal
“Es la primera vez que oigo hablar de algo así”, dijo el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Bruce Westerman
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com
Washington D.C. – Al liderato republicano no ha llegado, por lo menos con alguna fuerza, el reclamo que la gobernadora Jenniffer González afirma haber hecho en el Congreso para que cese de inmediato el funcionamiento de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) creada por la ley Promesa, que este lunes cumple su noveno aniversario y cuya implantación sería examinada en audiencia pública en julio.
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“Es la primera vez que oigo hablar de algo así”, dijo este jueves el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Bruce Westerman (Arkansas), cuya comisión tiene jurisdicción primaria sobre los asuntos de Puerto Rico, al indicar que la gobernadora no le ha hablado sobre su reclamo.
Westerman confirmó que planifica una audiencia sobre la implantación de la ley Promesa, firmada por el entonces presidente Barack Obama el 30 de junio de 2016, en momentos en que el gobierno central de Puerto Rico se había declarado en quiebra, con una deuda de más de $70,000 millones.
No pudo precisar la fecha de la vista pública, la cual el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, entiende que se programará para el 16 de julio.
Pero, Westerman insistió, al responder preguntas de El Nuevo Día, que quiere que la JSF cumpla con los objetivos que estableció Promesa, ley que hundió a Puerto Rico en su situación colonial.
Doug LaMalfa (California), quien es miembro del Comité de Recursos Naturales, tampoco conoce de la petición que la gobernadora dice haber hecho al legislativo federal, la cual coincide con una resolución aprobada el martes en el Senado de Puerto Rico, de la autoría de su presidente, Thomas Rivera Schatz, a favor de que el Congreso actúe en favor de la disolución de la JSF.
“No he visto voluntad de la mayoría republicana para enmendar la ley Promesa y agilizar la salida de la Junta. Sí, he visto inconformidad por lo mucho que ha durado”, dijo el comisionado residente, quien también es miembro del Comité Recursos Naturales.
González, afiliada a los republicanos y pasada comisionada residente, dijo el miércoles, en San Juan, que pidió al Congreso el fin inmediato de la JSF, que controla las decisiones financieras del gobierno electo, lo representa en el inconcluso proceso de reestructuración de la deuda pública e implantó desde su llegada medidas de austeridad.
“Queremos que (la JSF) salga inmediatamente”, afirmó entonces la gobernadora.
Bajo la ley Promesa –como advirtió, el 9 de marzo de 2023, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, en una carta al recién fallecido congresista Raúl Grijalva–, el ente estará en funciones hasta que certifique, por lo menos, cuatro presupuestos balanceados de forma consecutiva; que se han elaborado “en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados”, sin los gastos exceder los ingresos; y que el gobierno de la isla tiene un acceso adecuado, a corto y mediano plazo, a los mercados financieros, a intereses razonables.
Sin ningún presupuesto auditado equilibrado, las expectativas son que la JSF esté en funciones, por lo menos, hasta 2029.
El gobierno central, tras reestructurarse su deuda, cumple ya con sus nuevas obligaciones. Pero, el cese inmediato de la JSF –un reclamo que puede generar consenso en su momento en Puerto Rico– crearía la incertidumbre de qué pasaría con el proceso pendiente de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica(AEE).
En mayo pasado, el congresista republicano Scott Fitzgerald (Wisconsin), presidente de la subcomisión de Estado Administrativo, Reforma Regulatoria y Antimonopolio del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja, salió en defensa de bonistas, al cuestionar que la JSF ofrezca pagar $2,600 millones de la deuda por concepto de bonos de $8,500 millones de la AEE y denunciar los gastos en que incurre el ente.
Fitzgerald reclamó, entonces, una sesión informativa de la JSF a sus asesores, la cual ofrecieron a principios de junio el presidente de la JSF, Arthur González, y Mujica.
La actual sesión del Congreso es la segunda consecutiva en que la mayoría republicana del Comité de Recursos Naturales incluyó en su agenda supervisar la implantación de la ley Promesa. En la pasada sesión, sin embargo, no llevó a cabo ninguna audiencia.
Durante la aprobación de la agenda del Comité de Recursos Naturales, la congresista demócrata boricua Nydia Velázquez(Nueva York) propuso, sin éxito, que se acordara revisar los criterios para la JSF cesar sus funciones, por medio de la sección 209 de la ley Promesa. Tampoco avanzó, entonces, una enmienda presentada por Hernández para supervisar la posición de la JSF sobre la medición neta y su gestión “en el litigio de quiebra de la AEE”.PUBLICIDAD
Debe haber consultas
“He sido clara en que apoyo la salida de la Junta, pero no nos llamemos a engaño. Aquí, hay unos intereses que quieren entorpecer el Plan de Ajuste (PAD) de la AEE para beneficiar a unos pocos y no a los puertorriqueños. Además, es fundamental que cualquier iniciativa en esta dirección cuente con el insumo y el aval de la sociedad civil puertorriqueña, así como de nuestros pensionados de la AEE”, sostuvo Velázquez.
La congresista teme que pueda haber algún interés republicano en salir de la JSF “por las razones incorrectas”.
“Si la Junta se va antes de que se apruebe un PAD viable y realista para la AEE, el futuro energético de Puerto Rico quedará secuestrado por los fondos buitres. Es decir, en manos de un grupo de multimillonarios que no sienten el más mínimo compromiso con los consumidores, los negocios locales o nuestros pensionados. Ya lo han dejado claro, una y otra vez, que su prioridad es exprimir hasta el último centavo de los puertorriqueños. Han obstaculizado el fin de la quiebra y saboteado cada intento de lograr un acuerdo justo. No podemos permitir este desenlace”, agregó Velázquez, con quien los directivos de la JSF se reunieron también a principios de junio.
Para iniciar “un proceso serio”, Velázquez exhortó “tanto al Comité (de Recursos Naturales) como al gobierno de Puerto Rico a realizar un análisis riguroso de la Sección 209 (de la ley Promesa) y a explicar cuál es su plan exactamente con el futuro de la Autoridad, y si apoyarán el último PAD para concluir el proceso de reestructuración”.PUBLICIDAD
El comisionado residente mantuvo, en entrevista con este medio, que “una de las preocupaciones que aquí se han esbozado es que si, por ejemplo, se (eliminara) la ley Promesa antes de que termine el proceso de energía eléctrica, lo que resultaría sería algo más beneficioso para los acreedores que para el país”.
Cuando vinieron a reunirse con los asesores de Fitzgerald, los directivos de la JSF dijeron a Hernández que esperan que la reestructuración de la AEE termine en el primer trimestre de 2026. “Tomé nota de eso porque si se sigue aplazando, sigue abonando la teoría de que ellos están pateando la lata a propósito”, sostuvo Hernández.Play Video
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Robert F. Mujica, abogado de raíces puertorriqueñas, discute, en su primera entrevista a fondo, diversos temas como el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y afirma que trabajar en Puerto Rico es como regresar a casa.
Aunque no ha presentado legislación en esta sesión, el congresista demócrata boricua Ritchie Torres (Nueva York) ha abogado por reducir de cuatro a dos los presupuestos equilibrados consecutivos necesarios para lograr la salida de la JSF. Su proyecto de ley, en las pasadas dos sesiones, solo contó, entre los republicanos, con el coauspicio de la ahora gobernadora.
Los demás coautores fueron demócratas: Velázquez; los también boricuas Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) y Darren Soto(Florida); Grijalva; y el actual presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat (Nueva York).
“Estoy a favor de un cronograma claro para la abolición de la junta de control fiscal. Pero primero debemos asegurarnos de que Puerto Rico salga de la bancarrota y que el pueblo puertorriqueño obtenga el mejor trato posible. Por lo tanto, debemos priorizar las necesidades energéticas de la gente de la isla por encima de los intereses de los bonistas”, afirmó Torres.
Hernández piensa, en tanto, que una opción es reclamar que la JSF se retire después de tres presupuestos equilibrados, buscando un punto medio entre Promesa y la legislación de Torres.
Soto, por su parte, sigue comprometido con una medida como la presentada antes por su colega Torres, aunque estaría a favor también de que la JSF se vaya de inmediato, como quiere González.
Soto sostuvo que, si hubiese voluntad en el Congreso para cesar de inmediato las funciones del ente, “la gobernadora y la Legislatura estatal pueden continuar el trabajo”, incluido liderar la reestructuración de la deuda de la AEE.
“Avances sustanciales”
En una declaración, la JSF afirmó que ha “logrado avances sustanciales”, pero que “cumplir con los mandatos de Promesa requerirá esfuerzos continuos para implantar las reformas necesarias y evitar que Puerto Rico recaiga en una crisis fiscal”.
“Nuestras prioridades inmediatas son resolver la reestructuración de la deuda de la AEE y continuar nuestro trabajo para reformar el proceso presupuestario del gobierno. Es imperativo que el gasto gubernamental se mantenga dentro del presupuesto a lo largo del año fiscal. La Junta de Supervisión espera trabajar diligentemente con la gobernadora y los líderes electos de Puerto Rico para completar nuestro mandato”, agregó el ente.
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