Empresas en el epicentro del genocidio: el negocio detrás de la devastación en Gaza

por Nueva Pensamiento Crítico · Publicada 5 de julio de 2025 · Actualizado 5 de julio de 2025

Un nuevo informe de la relatora de la ONU Francesca Albanese revela cómo compañías de distintos sectores y países se benefician económicamente de la ocupación y la limpieza étnica en Palestina

Francesca Albanese, relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados | Foto: Rafael Medeiros (CC 2.0)

Mundo Obrero Redacción

Detrás de la devastación en Gaza y del proceso de desplazamiento forzoso que sufre la población palestina, hay un conjunto de actores económicos que no solo acompañan la ocupación, sino que la hacen posible. Así lo denuncia un nuevo informe de la relatora especial de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese, que documenta cómo empresas de distintos sectores y países están implicadas en lo que califica como “economía del genocidio”.

Lejos de limitarse a una lógica estrictamente militar, el informe identifica una estructura corporativa amplia, con ramas en el comercio, la tecnología, la logística o el urbanismo, que ha obtenido beneficios a partir de la ocupación de Palestina. “Este genocidio no ha sido evitado ni se ha parado porque es lucrativo. Hay gente que está haciendo dinero a costa del genocidio. Mucho dinero”, denuncia Albanese. Y añade: “Quienes ganan mucho dinero están conectados a la estructura capitalista, desenfrenada, ilimitada, que prospera en la anarquía o en la opacidad de la ley”.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó la ofensiva israelí sobre Gaza, más de 57.000 palestinos han muerto, según estimaciones recogidas por el informe. En paralelo, se ha intensificado el papel de las empresas en el desmantelamiento sistemático del tejido social, económico y territorial palestino.

La industria militar sigue siendo una de las principales beneficiarias. La estadounidense Lockheed Martin suministra a Israel cazabombarderos F-35 y F-16, fundamentales en la ofensiva aérea que ha lanzado decenas de miles de toneladas de bombas sobre Gaza. La italiana Leonardo S.p.A, la israelí Elbit Systems o la estatal Israel Aerospace Industries también participan en el desarrollo de drones y tecnología militar utilizada para la vigilancia y el ataque. Parte de estos equipos, señala el informe, han sido transportados por la naviera danesa Maersk desde el inicio de la guerra.

En paralelo, el sector tecnológico ha contribuido a la automatización del control y la represión. IBM gestiona la base de datos biométrica de la población palestina en Israel; Microsoft ha integrado sus sistemas en prisiones, universidades, la policía y el ejército israelí; y Alphabet (Google), Amazon y Palantir proporcionan infraestructuras de inteligencia artificial y almacenamiento de datos que refuerzan las capacidades de vigilancia y decisión militar. “El territorio palestino ocupado funciona como un campo de pruebas único para este tipo de tecnologías”, se lee en el informe.

También en el plano civil, diversas compañías han estado presentes en la destrucción y posterior reconstrucción de los territorios. La estadounidense Caterpillar suministra excavadoras utilizadas en la demolición de viviendas e infraestructuras. Su maquinaria ha sido modificada para ser operada a distancia por el ejército y ha sido empleada, según el informe, incluso para “enterrar vivos a palestinos heridos”. Empresas como Volvo (Suecia) o HD Hyundai (Corea del Sur) también han aportado maquinaria para demoliciones y construcción de asentamientos ilegales, donde algunas inmobiliarias internacionales, como la estadounidense Keller Williams, venden propiedades a ciudadanos israelíes y extranjeros.

Uno de los casos más señalados en el ámbito europeo es el de la empresa vasca CAF, que participa en la construcción del tren ligero de Jerusalén, infraestructura que conecta la parte oeste de la ciudad con los asentamientos israelíes en la zona ocupada. Amnistía Internacional ha exigido reiteradamente su retirada del proyecto por considerarlo contrario al derecho internacional.

El control de los recursos naturales, especialmente agua y energía, también está centralizado en actores que, según el informe, convierten el acceso a estos bienes básicos en una herramienta de sometimiento. En Gaza, el suministro de agua ha caído al 22% desde octubre de 2023. La empresa pública israelí Mekorot gestiona los acuíferos en régimen de monopolio. Chevron (EE.UU.) explota los campos de gas en aguas frente a la Franja, y otras compañías como BP (Reino Unido) o Delek (Israel) participan en la red energética que mantiene el dominio israelí sobre Palestina. Parte del carbón empleado procede de minas de Colombia gestionadas por Glencore y Drummond, cuya exportación fue vetada en 2024 por el Gobierno colombiano, aunque algunos cargamentos han seguido llegando.

La actividad agrícola, por su parte, muestra cómo incluso la producción alimentaria se convierte en parte de la estructura de ocupación. El conglomerado israelí Tnuva, de capital mayoritariamente chino, compra productos a asentamientos y ha aprovechado la destrucción de la industria láctea gazatí. Netafim, controlada por la mexicana Orbia, ha expandido los sistemas de riego israelíes en zonas donde el 93% de las tierras palestinas carece de acceso al agua.

En el plano del comercio y los servicios, cadenas como Carrefour operan en las colonias, mientras que plataformas como Booking y Airbnb incluyen alojamientos ubicados en asentamientos ilegales. Según el informe, tras el 7 de octubre, los anuncios en Jerusalén Este se han triplicado. Las supuestas iniciativas solidarias con las que estas empresas defienden su actividad en los territorios ocupados son calificadas por Albanese como “propaganda humanitaria”.

“El papel de las empresas no es nuevo en Palestina”, afirma Albanese. “Estos sistemas coloniales han sido históricamente impulsados por intereses privados; si no han sido motor, han sido facilitadoras, aportando capital y luego buscando obtener más capital a cambio. En Palestina no es diferente”. Lo que muestra el informe es que esa lógica sigue intacta: la limpieza étnica genera beneficios y, por tanto, se sostiene. “La complicidad expuesta en este informe es solo la punta del iceberg”, advierte el texto, que concluye con una llamada a la acción internacional para establecer mecanismos legales que impidan que intereses económicos puedan seguir lucrándose con la destrucción de un pueblo.

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