La prohibición de la ciudadanía por derecho de nacimiento de Trump tiene un nuevo obstáculo: demandas colectivas
En la decisión del mes pasado que limita los mandatos judiciales universales, el tribunal pareció invitar a los tribunales inferiores a utilizar las demandas colectivas como alternativa.
Por Adam Liptak
Reportando desde Washington
13 de julio de 2025 a las 01:00 ET
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Cuando la Corte Suprema falló a favor del presidente Donald Trump hace dos semanas en un caso derivado de sus esfuerzos por prohibir la ciudadanía por derecho de nacimiento, este calificó la decisión de “victoria monumental”.
Pero la victoria podría resultar efímera.
Sin duda, el fallo de 6 contra 3 limitó seriamente una herramienta clave que los jueces federales habían utilizado para controlar el poder ejecutivo: los mandatos judiciales universales que se aplicaban no solo a los demandantes, sino también a todos los afectados en el país por el programa impugnado.
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Pero los jueces de la Corte Suprema dejaron claro que seguía existiendo otra herramienta importante: las demandas colectivas, que permiten a las personas que se enfrentan a un problema común unirse en una única demanda para obtener un amparo a escala nacional.
Las diferencias entre ambos procedimientos pueden parecer técnicas a primera vista. Pero los mandatos judiciales universales han sido criticados durante mucho tiempo en todo el espectro ideológico como una toma de poder judicial sin base jurídica. Las demandas colectivas, por otra parte, son un mecanismo establecido cuyos requisitos se establecen detalladamente en las Reglas Federales de Procedimiento Civil.
Joseph N. Laplante, juez federal de Nuevo Hampshire, aceptó el jueves demandas colectivas, abriendo un nuevo frente en la batalla para negar el esfuerzo de Trump por redefinir quién puede convertirse en ciudadano. La medida fue también una nueva señal de que la victoria de Trump en la Corte Suprema puede resultar menos duradera de lo que parecía en un principio.
El juez certificó provisionalmente una clase de todos los niños nacidos de padres que se encuentran en Estados Unidos temporalmente o sin autorización. Luego dictó un mandato judicial preliminar a su favor que impedía la aplicación de la prohibición de Trump de la ciudadanía por derecho de nacimiento. Se aplicó a todo el país.
Eso significa que la orden ejecutiva de Trump, que nunca ha entrado en vigor y puede que nunca lo haga, sigue bloqueada. La prohibición trastocaría la interpretación convencional de la primera frase de la Decimocuarta Enmienda, aprobada en 1868: “Todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sometidas a su jurisdicción son ciudadanos de los Estados Unidos y de los estados en que residen”.
Un portavoz de la Casa Blanca calificó la decisión de Laplante de “intento obvio e ilegal de eludir la clara orden de la Corte Suprema contra el amparo universal”.
Pero la decisión del tribunal contemplaba específicamente la alternativa, y daba a los impugnadores 30 días para recurrir a ella y a otras opciones.
La diferencia clave entre los mandatos judiciales universales y las demandas colectivas es que los primeros son un atajo que beneficia tanto a las partes como a las personas no involucradas, ya que permite a los jueces proporcionar amparo a personas que no están ante ellos.
Una demanda colectiva, por el contrario, incorpora al pleito a todas las personas en situación similar a la de los demandantes principales, consideradas dentro de una clase, pero solo si cumplen los criterios detallados en las normas. Los jueces deben certificar una clase basándose en varios factores recogidos en las normas. Si lo hacen, sus sentencias se aplican a todos los miembros de la clase.
Los expertos jurídicos dijeron que las demandas colectivas son adecuadas para abordar cuestiones como la que plantea la propuesta de prohibición de la ciudadanía por derecho de nacimiento.
“El objetivo de la demanda colectiva es generar una respuesta única a un problema recurrente”, dijo William Rubenstein, profesor de derecho en Harvard y autor de un tratado sobre demandas colectivas. “Y en este caso hay al menos una cuestión jurídica que se aplica a todo el mundo en todo el país, que es la constitucionalidad del planteamiento”.
Mila Sohoni, profesora de derecho en Stanford, dijo que “incluso tras la reciente restricción de la Corte Suprema a los mandatos judiciales universales, la demanda colectiva sigue siendo un mecanismo esencial para que los tribunales aborden violaciones constitucionales de este alcance y urgencia”.
Después de que un tribunal de apelación estudie el asunto, es muy probable que el caso de Nuevo Hampshire llegue a la Corte Suprema. Hasta ahora, el tribunal no ha abordado si la orden ejecutiva de Trump es constitucional.
Es muy posible que el gobierno de Trump pida a los jueces de la Corte Suprema que se ocupen solo de la cuestión preliminar de si el mecanismo utilizado por el juez es legal, eludiendo de nuevo la cuestión constitucional más fundamental.
Hay motivos para pensar que esta vez los jueces de la Corte Suprema dirán que la herramienta utilizada para bloquear la prohibición era legal.
Cuando se presentó el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento en mayo, varios de los jueces parecían entusiasmados con la idea de que las demandas colectivas tienen un papel que desempeñar. Las demandas colectivas fueron, según escribió entonces Sohoni en un boletín, “la gran estrella del debate oral”.
Las demandas colectivas se mencionaron al menos 35 veces. El juez Brett M. Kavanaugh dijo que podrían proporcionar “un mecanismo para hacer lo que se necesita aquí en términos de conseguir amparo para la gente”.
Añadió que incluso una demanda colectiva putativa —simplemente propuesta por los demandantes y no puesta a prueba por los tribunales— puede bastar para que un tribunal dicte un mandato judicial que bloquee un programa gubernamental.
En aquel momento no estaba claro por qué tenía en mente esa cuestión en particular.
Pero resultó que los jueces de la Corte Suprema estaban trabajando en una orden relativa a los esfuerzos del gobierno para deportar a migrantes venezolanos utilizando la Ley de Extranjeros Enemigos, una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII. La orden, emitida al día siguiente del debate, hizo precisamente lo que el juez Kavanaugh había contemplado.
La mayoría prohibió la expulsión de los migrantes, explicando que “los tribunales pueden conceder un amparo temporal a una clase putativa”, en este caso dos detenidos que se decía que eran miembros del Tren de Aragua, una pandilla violenta, y “detenidos en situación similar en el Distrito Norte de Texas”. El tribunal los protegió de la deportación sin decidir “si debe certificarse una clase”.
La medida fue inusual porque, por lo general, los tribunales no conceden amparo a una clase de personas hasta que no han considerado quién pertenece a la clase.
Esto no le sentó bien al juez Samuel A. Alito Jr. quien presentó un voto en contra al que se unió el juez Clarence Thomas. “Las normas federales no permiten tal atajo”, escribió.
El mes pasado, cuando el tribunal emitió su decisión en el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento, Alito volvió a la carga. En una opinión concurrente a la que se unió Thomas, advirtió que los tribunales inferiores no debían sustituir sin más los mandatos judiciales universales por demandas colectivas. Escribió: “Los tribunales de distrito no deben considerar la decisión de hoy como una invitación a certificar clases a escala nacional sin adherirse escrupulosamente a los rigores” de las normas de las demandas colectivas.
“De lo contrario”, añadió, “el mandato judicial universal volverá de la tumba bajo el disfraz de amparo colectivo a escala nacional’, y la decisión de hoy tendrá poco más que un interés académico menor”.
Brian Fitzpatrick, profesor de derecho en Vanderbilt y autor de The Conservative Case for Class Actions (El caso conservador por las demandas colectivas), dijo tener “serias dudas sobre estas improvisadas certificaciones provisionales de clase”, y añadió que “recrean todos los problemas de los mandatos judiciales universales con un nombre diferente”.
“Pero”, añadió, “la Corte Suprema ya ha bendecido este enfoque al hacerlo ella misma”, en el caso de los migrantes venezolanos.
“Así que el juez de distrito de Nuevo Hampshire puede ciertamente ser perdonado”, dijo Fitzpatrick. “De hecho, el juez fue más concienzudo que el tribunal”.
Laplante, quien fue nombrado juez por el presidente George W. Bush, emitió el jueves una decisión de 38 páginas en la que analizaba metódicamente los cuatro factores exigidos por las normas que rigen las demandas colectivas y concluía provisionalmente que apoyaban una clase nacional.
La clase era suficientemente numerosa, escribió, ya que “la orden ejecutiva negaría la ciudadanía a miles de niños”. El caso presentaba una cuestión común “sobre la constitucionalidad y legalidad de la orden ejecutiva”. Las reclamaciones de los demandantes principales son típicas de las del resto de la clase, escribió. Y sus abogados, incluidos los de la Unión Americana por las Libertades Civiles y el Fondo de Defensa Legal y Educativa de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color, escribió el juez, “tienen experiencia y cualificaciones suficientes para actuar como abogados de la clase”.
En caso de que la Corte Suprema dictamine que la constitucionalidad de la orden de Trump sobre la ciudadanía por derecho de nacimiento puede ponerse a prueba en una demanda colectiva, supondrá un cambio, ya que en ocasiones la Corte se ha mostrado hostil a este tipo de demandas.
En 2011, por ejemplo, desestimó una enorme demanda colectiva por discriminación laboral contra Walmart, que había solicitado miles de millones de dólares en nombre de hasta 1,5 millones de trabajadoras, alegando que no tenían lo suficiente en común como para constituir una demanda colectiva.
Pero Theodore Boutrous Jr. quien defendió el caso de Walmart, dijo que el caso de la ciudadanía por derecho de nacimiento era diferente. Dijo que la opinión del juez Antonin Scalia en ese caso, que fue unánime en este punto, decía que las demandas colectivas estaban pensadas para “exactamente el tipo de caso” presentado por la orden ejecutiva de Trump:
“Un caso de derechos civiles en el que todos los miembros de la clase están idénticamente situados y, por tanto, un único mandato judicial proporcionará automáticamente amparo a todos los miembros de la clase”.
Adam Liptak cubre la Corte Suprema y escribe Sidebar, una columna sobre novedades jurídicas. Licenciado por la Facultad de Derecho de Yale, ejerció la abogacía durante 14 años antes de incorporarse al Times en 2002.
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