En la mira el futuro de la Junta de Supervisión Fiscal en audiencia del Congreso sobre la ley PROMESA
La vista de este miércoles ante el Subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares podría exponer si hay interés de la mayoría republicana en adelantar el cese de funciones del organismo
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com
Washington D.C. – La audiencia del Subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares de la Cámara de Representantes federal sobre la implantación de la ley PROMESA, nueve años después de su aprobación, permitirá poner en vitrina este miércoles el desempeño de laJunta de Supervisión Fiscal(JSF) y conocer si hay algún interés de la mayoría republicana por adelantar el cese de sus funciones.
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Por el momento, el título de la sesión, “La recuperación fiscal de Puerto Rico bajo PROMESA y el camino hacia adelante”, y el memorando de la mayoría en torno a los trabajos acentúan la visión del presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Bruce Westerman (Arkansas), de que la JSF –creada por el estatuto federal y que controla las finanzas del gobierno electo de Puerto Rico– debe cumplir con sus objetivos.
“Esta audiencia representa una oportunidad crucial para exigirle cuentas a la Junta. Tras casi una década de PROMESA, el pueblo tiene derecho a entender por qué siguen operando y por qué continúan impulsando políticas que encarecen el costo de la vida en la isla”, indicó a este medio el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, quien es miembro del Comité de Recursos Naturales, al cual pertenece el subcomité.
En momentos en que la gobernadora Jenniffer González ha dicho que busca el cese inmediato de la JSF, demócratas boricuas, como Nydia Velázquez y Ritchie Torres, electos por distritos de Nueva York, han advertido que la salida del ente fiscal debe darse tan pronto termine el proceso de reestructuración de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Westerman –quien relega el debate sobre el futuro político de Puerto Rico hasta que la JSF cumpla con los objetivos que le asignó la ley PROMESA– dijo, al otro día de los comentarios de la gobernadora, que a él nadie le había planteado la salida inmediata del ente fiscal, que ha tenido a su cargo la más abarcadora reestructuración de deuda pública en una jurisdicción estadounidense.
“Me preocuparía hacer cambios súbitos legales, como, por ejemplo, sacar a la Junta de cuajo, que es el deudor en el caso de la quiebra, e intercambiarlo inmediatamente por el gobierno y las implicaciones que eso pueda tener en las estrategias legales que se han estado llevando en el caso de la quiebra de la AEE”, coincidió Javier Balmaceda, asesor sénior de Política Pública sobre Puerto Rico en el Centro sobre Presupuesto y Políticas Públicas Prioritarias (CBPP), con oficina en Washington D.C.
Quiénes dirán presente
El subcomité, presidido por el republicano Jeff Hurd (Colorado), escuchará en la audiencia los testimonios del director de la JSF, Robert Mujica;del analista de Política Económica del Servicio de Investigaciones del Congreso (CRS), Andrew Austin, y la directora gerente de Asuntos Estratégicos de la Oficina de Contraloría General, Michelle Sager.
“Lo que hemos visto de estas audiencias es que se ha compartido información importante, pero han estado muy lejos de cualquier cambio concreto”, sostuvo Balmaceda.
La sesión del subcomité de Asuntos Indígenas e Insulares cumpliría con la agenda de la mayoría republicana, que se propuso examinar cómo marcha la implantación de la ley PROMESA, el único tema específico sobre Puerto Rico incluido entre sus prioridades.
Cuando los republicanos del Comité de Recursos Naturales aprobaron su agenda para esta sesión, la congresista Velázquez intentó, sin éxito, incluir lenguaje a favor de aclarar “las condiciones bajo las cuales” la JSF cesará sus funciones.
El comisionado Hernández, por su parte, trató, sin convencer a la mayoría, que el compromiso escrito de ejercer supervisión de la implantación de la ley PROMESA incluyera examinar la posición de la JSF sobre la medición neta y su gestión “en el litigio de quiebra de la AEE”, que le han dicho puede extenderse hasta el primer trimestre de 2026.
Según la ley PROMESA, la JSF estará en funciones hasta que certifique, por lo menos, cuatro presupuestos balanceados de forma consecutiva –“en conformidad con los estándares modificados de contabilidad de valores devengados” y los gastos de cada año fiscal no excedan los ingresos–, y el gobierno del territorio tenga “el acceso adecuado a los mercados de crédito de corto y largo plazo y a intereses razonables para satisfacer las necesidades crediticias del gobierno del territorio”.
Sin haberse certificado ningún presupuesto equilibrado –entre otras razones, en espera de la reestructuración de la deuda de la AEE–, la JSF puede estar en funciones hasta, por lo menos, mediados del próximo cuatrienio.
Aunque no ha presentado la medida en esta sesión, el congresista Torres ha radicado antes legislación en favor de limitar a dos años de presupuestos equilibrados los requisitos para lograr el fin de la JSF. En la pasada sesión, el proyecto de Torres fue coauspiciado por la entonces comisionada residente y ahora gobernadora González, los boricuas Velázquez, Alexandria Ocasio Cortez (Nueva York) y Darren Soto (Florida), el también demócrata Adriano Espaillat (Nueva York) y el recién fallecido congresista demócrata Raúl Grijalva (Arizona).
Tras las expresiones de la gobernadora en favor de la salida inmediata de la JSF, la congresista Velázquez –quien también es parte del Comité de Recursos Naturales– cuestionó que algunos republicanos puedan querer adelantar la salida del ente fiscal por las razones equivocadas, al rechazar “que la Junta se retire sin considerar lo que implicaría para la viabilidad del sistema eléctrico y el futuro de nuestro pueblo” romper con el proceso de reestructuración de la deuda de la AEE.
El comisionado Hernández ha indicado que no percibe interés de la mayoría republicana en “enmendar la ley PROMESA y agilizar la salida de la Junta”, pese a que haya “inconformidad por lo mucho que ha durado”. “Espero que el Comité entienda la importancia de una mayor fiscalización a las acciones de la Junta en torno a la crisis energética, el costo de vida, desarrollo económico y la transparencia gubernamental”, agregó este pasado fin de semana el comisionado.
Un grupo de bonistas, reunidos en la firma Golden Tree Asset Management, ha presionado a favor de acabar con el proceso de reestructuración de la ley PROMESA, interesados en descarrilar la propuesta de la JSF de pagar $2,600 millones de la deuda por concepto de bonos de la AEE, que ronda los $8,500 millones.PUBLICIDAD
En medio de ese reclamo, el congresista republicano Scott Fitzgerald (Pensilvania) forzó una sesión informativa de los directivos de la JSF con sus asesores –que tuvo lugar a principios de junio–, después de quejarse de los gastos del ente fiscal, de la oferta de reestructuración de la deuda de la AEE y la lentitud de ese proceso.
La ley PROMESA –que acentuó la situación colonial de Puerto Rico– cumplió nueve años el 30 de junio, tras el gobierno federal decidir permitir la reestructuración de toda la deuda del gobierno puertorriqueño, en momentos en que se había declarado en quiebra, un proceso que ha incluido medidas de austeridad.
Coincidiendo con la audiencia y el noveno aniversario de PROMESA, la GAO informó que, hasta marzo pasado, se habían reestructurado –sin contar los $8,500 millones de la AEE– $64,700 millones de la deuda pública de Puerto Rico, la cual se había reducido, según el gobierno puertorriqueño, a $24,100 millones.
Pero la GAO –que dirigió su informe a Westerman y al presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, el republicano Mike Lee (Utah)– mantuvo que, aun sin certificarse un presupuesto balanceado, los estados financieros auditados de 2021 y 2022 reflejaron “problemas de cumplimiento” con sus principales programas de subvenciones federales.
En el memorando que circuló sobre la audiencia del miércoles, la mayoría republicana del Subcomité indicó que “persisten desafíos estructurales”, de cara a la JSF cumplir con la encomienda de revitalizar la economía e impulsar el “crecimiento económico a largo plazo”.
“La JSF ha identificado varias áreas prioritarias. Estas incluyen la racionalización de las funciones gubernamentales, la mejora de la facilidad para hacer negocios, la reforma del sector energético, la reforma de la función pública, la reforma de las contrataciones públicas y la ampliación de la participación laboral. El progreso en estas áreas ha sido desigual, y se han logrado pocas mejoras en los intentos de reforma de la función pública, la política de contrataciones públicas y el sector energético”, indica el memorando circulado el lunes.
Además, sostiene que está por verse si Puerto Rico podrá mantener su actual trayectoria “en los próximos años”.
Aseguran que se han cumplido las condiciones
Para el economista José Caraballo Cueto, profesor de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras, la jueza Laura Taylor Swain, a cargo del sistema de bancarrota territorial, debería aceptar que no habrá nuevos acuerdos con bonistas como Golden Tree Asset Management y que es hora de resolver el caso de la reestructuración de la deuda de la AEE, para entonces dar paso a un proceso de transición urgente hacia el cese de la JSF.
Caraballo Cueto considera, sin embargo, que, en Puerto Rico, se han dado las condiciones establecidas por el Congreso para terminar las funciones de la JSF. “Ha habido más de cuatro presupuestos donde los gastos no han excedido los recaudos, incluso, ha habido superávit”, dijo en entrevista telefónica desde San Juan.
Respecto a la emisión de deuda a tasas razonables, el profesor Caraballo Cueto sostuvo que, para “intercambiar los bonos de COFINA, los bonos del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), los bonos de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) e incluso los bonos de obligaciones generales, hubo que ir al mercado a emitir deuda para cambiar los bonos nuevos por los viejos, los bonos reestructurados por los bonos nuevos”.PUBLICIDAD
“Eso ya ocurrió y la tasa fue razonable, quizá, con excepción del BGF”, planteó el economista.
Caraballo Cueto afirmó que la posición de la JSF de que se requiere haber reestructurado todas las obligaciones y comenzado a pagar el servicio de toda la deuda para cesar sus funciones no solo no está en el texto de la ley, sino que es un “conflicto de intereses” de un ente fiscal que tiene un equipo ganando buenos salarios y otorgando importantes contratos.
El economista tampoco le da validez al argumento de la JSF de que ha tenido que corregir acciones de la Legislatura y el Ejecutivo de Puerto Rico para evitar, en los pasados años, un gasto por encima del presupuesto o el plan fiscal.
“Aun si se hubiese aprobado la versión de la Legislatura con la que ellos estuvieron en desacuerdo, no se iba a incurrir en un déficit”, agregó Caraballo Cueto, al insistir en que, a los directivos de la JSF –que ha destinado más de $2,000 millones al proceso de reestructuración, según el grupo de estudio Espacios Abiertos– puede convenirles “perpetuarse en el poder”.
Justo cuando el gobierno de Puerto Rico se enfrenta a la ola de recortes presupuestarios del gobierno del presidente Donald Trump, “ese gasto de la junta de control fiscal se puede destinar para educación, salud y ayudar a contrarrestar la pérdida de fondos federales”, argumentó.
Referencia
Por: Congreso
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