PSOE y Sumar pactan una ley para aplicar el embargo de armas a Israel antes de septiembre

por Nueva Pensamiento Crítico · 15 de julio de 2025

La norma consolidará la prohibición de transacciones militares con Israel en respuesta a los crímenes en Gaza

Enrique Santiago durante su rueda de prensa en el Congreso para presentar la proposición de ley sobre el «control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, introduciendo la figura del embargo y su régimen jurídico». Foto: Izquierda Unida

Mundo Obrero Redacción

El Gobierno español ha anunciado este lunes un acuerdo entre PSOE y Sumar para registrar de forma conjunta una proposición de ley que permita aplicar un embargo de armas a Israel, una medida reclamada desde hace meses por parte de la sociedad civil y por varios socios del Ejecutivo. Según fuentes de ambas formaciones, el objetivo es que la norma esté aprobada en septiembre.

La futura ley partirá del texto que comenzó a tramitarse a finales de mayo a iniciativa de Sumar, Podemos y BNG, y que fue elaborado por más de 500 organizaciones sociales agrupadas en la Red Estatal Contra la Ocupación de Palestina (RESCOP). La proposición original también recibió entonces el apoyo de EH Bildu y ERC —aunque esta última formación decidió retirarse más tarde—, y fue defendida públicamente por el diputado de Izquierda Unida y secretario general del PCE, Enrique Santiago, como una “demanda del tejido social organizado ante el genocidio en Gaza”.

Ahora, el acuerdo entre los dos socios del Gobierno busca dotar a esa iniciativa de un impulso político decisivo. “El presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda han acordado impulsar a través de los Grupos Parlamentarios del PSOE y de SUMAR la tramitación de la proposición de ley que permitirá incorporar la figura del embargo a la legislación española y habilitar así su aplicación efectiva para el caso de Israel”, han trasladado fuentes gubernamentales.

El nuevo texto reformará la Ley 53/2007 de control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. El objetivo es incorporar de forma explícita el concepto de embargo para impedir transacciones de armas y otros materiales con países que estén cometiendo genocidios, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad.

En concreto, la proposición establece que el embargo supondrá la prohibición de toda venta, suministro, transferencia o exportación de armamento y tecnología con destino directo o indirecto a Israel, tanto por parte de entidades públicas como de empresas privadas o personas residentes en España. También se prohíbe la importación de productos militares procedentes de Israel, incluidas armas de fuego, material antidisturbios, combustibles para vehículos militares y asistencia técnica.

Además, la ley contempla medidas adicionales para impedir que barcos cargados de armamento hacia Israel puedan hacer escala en puertos españoles. Aunque el Gobierno anunció en 2023 la suspensión de estos tránsitos, una investigación de elDiario.es reveló que entre mayo y septiembre de 2024 al menos 1.185 envíos de material militar estadounidense con destino al Ministerio de Defensa israelí pasaron por el puerto de Algeciras.

La proposición busca frenar este tipo de operaciones y consolidar en la legislación española la imposibilidad de comerciar con la industria armamentística israelí mientras se mantenga la ofensiva sobre la Franja de Gaza. En paralelo, busca adaptar la normativa interna a la Posición Común 944/2008 de la Unión Europea, que establece criterios restrictivos para la exportación de armas en función del respeto a los derechos humanos.

El Gobierno defiende que no ha habido operaciones con Israel desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzó el actual ataque sobre Gaza. Sin embargo, elDiario.es también ha revelado recientemente que el Ministerio del Interior adjudicó este año dos contratos de munición a empresas israelíes por valor de más de cinco millones de euros. Tras una fuerte presión de los partidos de Sumar y de Izquierda Unida, Moncloa ordenó rescindir ese contrato.

Durante la toma en consideración de la iniciativa en mayo, los partidos del bloque de investidura votaron a favor, aunque formaciones como PNV y Junts mostraron reticencias. El diputado jeltzale Mikel Legarda dijo que facilitarán su tramitación para “incorporar el objeto” del texto, pero el portavoz de Junts, Isidre Gavin, fue más crítico: “No nos vamos a hacer corresponsables de que esta iniciativa se use como arma política”, advirtió, pese a votar a favor por “coherencia” y en defensa de los derechos humanos.

La tramitación de esta norma se produce en un contexto de presión social creciente. Este lunes, más de 1.200 profesionales del ámbito cultural han dirigido una carta al presidente del Gobierno exigiendo que se decrete un embargo integral de armas a Israel por la vía del Real Decreto Ley. La misiva, presentada en el Teatro del Barrio de Madrid, alerta de que han pasado ya 20 meses de “crímenes atroces y sistemáticos” y que España “no está actuando con la contundencia que exige la gravedad de la situación”.

Entre los firmantes figuran intérpretes como Alba Flores, Aitana Sánchez Gijón, Nathalie Poza, Luis Tosar o Juan Diego Botto; directores como Rodrigo Sorogoyen o Clara Roquet; músicos como Rodrigo Cuevas y Maria Arnal; periodistas como Olga Rodríguez y Cristina Saavedra; y el director del Museo Thyssen, Guillermo Solana. En su texto, reclaman “acción real, inmediata y efectiva” y recuerdan que cada día de inacción “se traduce en más personas palestinas asesinadas”. El impulso de esta ley por parte del Gobierno —a partir de una propuesta nacida en la sociedad civil organizada— se convierte así en un punto de inflexión. La norma busca cerrar las vías de complicidad con el genocidio en Gaza, evitar nuevas transacciones y enviar un mensaje político claro sobre el papel de España ante los crímenes internacionales. Su tramitación en el Congreso durante las próximas semanas será clave para determinar si la mayoría parlamentaria logra imponerse a las resistencias internas y externas en torno a esta decisión.

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