Haití sin Estado: el vacío de poder en manos de las pandillas

En Haití, la política ya no se ejerce desde el gobierno, sino desde las barricadas. Con las pandillas controlando los flujos urbanos y un Estado colapsado, millones de personas sobreviven en un callejón sin salida, donde cada desplazamiento cotidiano se vuelve un acto riesgoso.

julio 2025

​ Greg Beckett

Hoy, en Puerto Príncipe, los piquetes y las barricadas dividen casi todos los barrios. Los residentes que aún no han huido se despiertan cada mañana preguntándose qué peligros enfrentarán simplemente al intentar moverse por su propia ciudad. Contienen la rabia hacia los grupos armados que tienen al país como rehén y navegan con cautela los puntos críticos controlados por pandillas que hoy definen la vida urbana.

La inseguridad no proviene solo de las pandillas, sino también de la casi total desaparición del Estado. Haití no tiene un gobierno nacional electo desde hace años. Desde abril de 2024, un Consejo Presidencial de Transición (CPT), creado por actores internacionales para gestionar la crisis y encaminar nuevas elecciones, detenta un poder nominal y está empantanado en escándalos. Para muchos residentes, sin embargo, las pandillas y el CPT son marasa (gemelos), dos caras del mismo sistema fallido.

Durante décadas, Haití ha sido descrito como un país en una encrucijada. Pero una encrucijada sugiere elección, posibilidad, avance. Lo que define a Haití ahora es algo distinto: un callejón sin salida, una situación de bloqueo e inmovilidad que deja atrapadas a millones de personas en el lugar donde se encuentran. Este callejón sin salida es tan concreto como metafórico, y conecta las barricadas que fragmentan Puerto Príncipe con el estancamiento político que impide resolver la crisis. Representa más que un colapso institucional: implica una transformación del modo en que funciona la política. Controlar quién se mueve y hacia dónde se ha convertido en la principal fuente de poder político en el Haití actual.

La «gangsterización» del Estado haitiano

El panorama actual no surgió de la noche a la mañana. Sus raíces se remontan a la reconstrucción posterior al terremoto de 2010, cuando los donantes, el Estado y los actores locales convirtieron la política en una cuestión de infraestructura, prometiendo construir viviendas, carreteras, hospitales y escuelas. Todo ello era urgentemente necesario tras el terremoto, pero el periodo de reconstrucción no se caracterizó por logros, sino por fracasos. Entre ellos se destacan la introducción del cólera en Haití por parte de soldados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) o el desplazamiento de residentes de sus barrios.

Con frecuencia, esta política de infraestructura sirvió más como tapadera para la extracción de recursos y la corrupción directa que como una vía para el desarrollo genuino. Hacia 2018, la creciente conciencia sobre la corrupción en los proyectos de reconstrucción –en especial, el robo de miles de millones de dólares destinados al desarrollo– desató protestas masivas contra el gobierno del entonces presidente Jovenel Moïse.

Esas protestas evolucionaron hacia un movimiento contra lo que organizaciones de la sociedad civil denominaron la «gangsterización» del Estado, caracterizada por la creciente complicidad entre funcionarios y bandas armadas. A lo largo de 2019, los manifestantes adoptaron tácticas conocidas como peyi lòk («país cerrado») y desarrollaron huelgas, marchas y bloqueos que paralizaron la capital. Fueron algunas de las protestas más importantes de la historia del país, aunque no lograron debilitar el respaldo internacional y de las elites al gobierno de Moïse.

El asesinato del presidente Moïse en julio de 2021 generó un vacío constitucional que aceleró la transformación del Estado haitiano. Sin un proceso de sucesión claro y con el mandato de la mayoría de los funcionarios electos vencido, la autoridad política se desvinculó cada vez más de las instituciones gubernamentales formales. El respaldo internacional a Ariel Henry como primer ministro interino –a pesar de no tener mandato electoral ni legitimidad constitucional– terminó por vaciar aún más las ya frágiles instituciones del Estado.

Ese periodo también marcó la consolidación del poder de las pandillas. En el verano de 2020, el ex-agente de policía Jimmy Chérizier, conocido como «Barbecue», anunció la formación de las Fuerzas Revolucionarias de la Familia G9 y Aliados: una federación de nueve pandillas poderosas. Esto marcó una transición de grupos vecinales a entidades coordinadas con ambiciones políticas nacionales. Las federaciones de pandillas marcaron una nueva etapa en la que los grupos armados podían desafiar eficazmente la autoridad estatal e internacional.

Para marzo de 2024, la transformación del poder político haitiano estaba completa. Las pandillas armadas impidieron el regreso del primer ministro Henry desde Kenia, donde buscaba organizar una misión policial internacional y demostraron asísu capacidad para imponer las condiciones a lo que quedaba del gobierno. No mostraron interés en tomar el control del Estado, pero dejaron claro que podían decidir si cualquier gobierno podría ejercer sus funciones.

La vida bajo el «gobierno por estrangulamiento»

En Martissant, un barrio de Puerto Príncipe donde he realizado investigaciones durante dos décadas, la inmovilidad se ha vuelto el rasgo definitorio de la vida cotidiana. Antes era una zona relativamente accesible que conectaba las regiones del sur con la capital, pero ahora es una de los sectores más disputados del área metropolitana. Las pandillas han establecido numerosos puestos de control a lo largo de la ruta nacional 2, la vía principal que atraviesa el barrio, controlando eficazmente el movimiento  entre la capital y el sur de Haití.

Las barricadas –barikad  en criollo haitiano– tienen una larga historia como herramienta de protesta. Pero las que se ven hoy representan algo radicalmente distinto: estructuras semipermanentes que marcan fronteras y crean zonas de control. Las principales bandas apuntan a lo que los expertos en logística llaman «puntos críticos»: lugares estratégicos en el sistema de circulación urbana donde el movimiento puede ser controlado con escasos recursos.

El bloqueo del principal terminal de combustible a fines de 2022 es el ejemplo más claro. Al controlar el acceso a esa única instalación que procesa la mayoría del combustible importado en Haití, las pandillas paralizaron el país durante meses. Ese episodio demostró cuán vulnerable se había vuelto la infraestructura nacional al control localizado y dio paso a una forma de poder que llamo «gobierno del punto crítico»: un poder que no se ejerce controlando el territorio, sino regulando el flujo de bienes esenciales y de personas.

Para los residentes de Puerto Príncipe, desplazarse por este espacio urbano fragmentado exige algo más que buena suerte: requiere de estrategias conscientes que consideren los territorios de las pandillas, los horarios de los retenes, las conexiones personales y la circulación de información en tiempo real. Muchos dependen de redes informales para compartir datos sobre rutas transitables. Otros desarrollan complejos sistemas de desvíos, viajando durante horas por zonas montañosas para evitar áreas controladas por pandillas.

La arquitectura global de la inmovilidad

Aunque el estancamiento se manifiesta con más claridad en las calles bloqueadas de Puerto Príncipe, está moldeado por dinámicas transnacionales que van mucho más allá de las fronteras haitianas. Como señaló el antropólogo haitiano-estadounidense Michel-Rolph Trouillot, Haití representa «el experimento más prolongado de dominio neocolonial». La crisis actual continúa ese patrón con nuevos ensayos de control político.

Estados Unidos ha moldeado históricamente el panorama político haitiano mediante intervenciones militares, políticas económicas y apoyo a figuras afines. Más recientemente, ha ejercido su influencia controlando lo que entra y lo que sale del país, facilitando la entrada de armas mientras bloquea la salida de personas.

El flujo de armas hacia Haití revela esa permeabilidad selectiva. A pesar de no tener fabricación nacional de armas, las pandillas han adquirido armas sofisticadas, principalmente de Estados Unidos. Mientras tanto, la posibilidad de que los haitianos emigren enfrenta cada vez mayores restricciones. La República Dominicana mantiene su frontera cerrada desde septiembre de 2023 y ha lanzado un programa de deportación masiva contra haitianos y dominicanos de ascendencia haitiana. A pesar de las recomendaciones de la ONU de no retornar personas a un país tan inseguro, Estados Unidos también ha intensificado las deportaciones, incluyendo las de migrantes que habían recibido permisos especiales de residencia. Además, el gobierno de Donald Trump incluyó recientemente a Haití en su lista de países bajo prohibición de viajes.

Esta gestión asimétrica de la movilidad –con armas que entran mientras las personas no pueden salir o son devueltas– intensifica la experiencia de inmovilidad que hoy viven muchos haitianos. Los actores internacionales, en particular Estados Unidos, juegan un papel decisivo en determinar quién ostenta el poder político. El apoyo a Henry tras el asesinato de Moïse, pese a su ilegitimidad constitucional y posible implicación en el crimen del ex-mandatario, ejemplifica cómo el reconocimiento externo sustituye a los procesos democráticos internos.

La reciente designación por parte de Estados Unidos de ciertas pandillas haitianas como organizaciones terroristas complica aún más esta dinámica. Aunque la medida es popular en Haití, donde la población está exhausta de vivir bajo violencia, podría funcionar más como un mecanismo de control migratorio que como una respuesta a las causas profundas de la crisis. Como advierte el analista Jake Johnston del Center for Economic and Policy Research, esta designación podría constituir un embargo de facto sobre Haití, ya que realizar cualquier negocio en territorios controlados por pandillas –lo que ahora incluye gran parte de Puerto Príncipe— podría violar las leyes antiterroristas estadounidenses.

La política como supervivencia

El actual estancamiento representa más que un colapso de la gobernabilidad: profundiza los bloqueos que han definido la política haitiana desde hace tiempo. En su análisis de la historia del país, Michel-Rolph Trouillot identificó un sistema político obstruido de dos maneras: primero, excluyendo por completo a la mayoría campesina; segundo, limitando la competencia política a luchas entre elites por los recursos del Estado.

Cuando un sistema político está completamente bloqueado, la política tradicional es sustituida por rivalidades entre individuos, partidos y grupos de interés. En lugar de abordarse mediante mecanismos de participación real, los problemas sociales profundos de Haití se han dirimido históricamente a través de la competencia entre elites por el control estatal.

La gangsterización del Estado, seguida de la toma de control de gran parte del país por las pandillas, representa una nueva versión de este viejo patrón. Pero mientras los bloqueos anteriores mantenían la disputa política dentro de las instituciones formales, el nuevo estancamiento ha empujado la política más allá del Estado. La política ya no se trata de administración ni del arte de gobernar, sino de lo que podríamos llamar «la vida misma»: el trabajo diario de simplemente intentar sobrevivir.

En este contexto, los haitianos comunes participan en la política no votando ni protestando, sino mediante el trabajo constante de resistir, rodear y avanzar: atravesar bloqueos, encontrar rutas seguras, cubrir sus necesidades básicas. Cada viaje al mercado, cada ida al trabajo, cada intento de acceder a servicios se convierte en un acto político de resistencia frente a la inmovilidad impuesta. Esto marca un cambio fundamental: una política como navegación más que como participación, una política como supervivencia más que como representación.

La pregunta que enfrenta Haití es si estas nuevas formas de práctica política podrán romper los bloqueos que las generaron, o si simplemente reproducirán los patrones de dominación bajo nuevas formas. La respuesta no está en las pandillas ni en los actores internacionales, sino en las prácticas cotidianas de resistencia y supervivencia que los haitianos siguen desarrollando mientras atraviesan un presente imposible y luchan por un futuro distinto. 

Nota: la versión original de este artículo, en inglés, se publicó en NACLA el 27/6/2025 y está disponible aquí. Traducción: Mariano Schuster.