“Desde adentro y desde abajo”: comunidades continúan luchando por el rescate de planteles escolares abandonados
Desde 2009, 780 escuelas en Puerto Rico han cerrado sus puertas, mientras algunos transforman el abandono en resiliencia
Por Mariana Betancourt González
mariana.betancourt@gfrmedia.com
En Culebra, 16 mujeres de distintas profesiones unieron sus sueños individuales para fundar Mujeres de Islas, iniciativa comunitaria que, con la ayuda de AmeriCorps, una entidad del gobierno estadounidense, rehabilitó la escuela Antonio R. Barceló, uno de cientos de planteles cerrados durante la pasada década, para dar múltiples servicios, incluyendo alimentación, a la población más vulnerable de la isla municipio.
RELACIONADAS
Fortalecerán la enseñanza en inglés: 24 escuelas públicas estrenarán currículos bilingües en agosto
Jenniffer González firma ley para erradicar el “bullying” contra estudiantes que participan de programas militares
Por Redacción El Nuevo Día
Alertan que prohibición de tratamientos de afirmación de género en menores podría llevar a la juventud trans a la clandestinidad
En Las Marías, vecinos convirtieron la antigua escuela Bucarabones, en el barrio del mismo nombre, en un centro donde hay cocina comunitaria, baños para el uso de los vecinos, un salón de tecnología donde ofrecen acceso a Internet y clases de computadora, biblioteca y espacios para talleres de salud, clases de arte y capacitaciones profesionales.
En Santurce, la antigua escuela Pedro Goyco se convirtió, a partir del 2015, en el Taller Comunidad La Goyco, cuando la periodista y productora Mariana Reyes Angleró envió una petición para adquirir la titularidad de la escuela, lo cual ocurrió en 2019.
La imagen del portón de un plantel escolar cerrado se ha convertido en un símbolo de la educación en Puerto Rico: desde 2009, 780 planteles han sido clausurados a lo largo y ancho de la isla, según datos oficiales.
Y, aunque todavía cientos de candados están custodiando antiguas escuelas en desuso, otros han sido abiertos por comunidades que se han dedicado a revitalizar los espacios abandonados, como los casos antes mencionados, que son solo tres ejemplos de muchas entidades comunitarias que, en medio de enormes desafíos, han logrado dar nueva vida a los planteles clausurados para beneficio de sus comunidades.
“Uno no debe cerrar una escuela a menos que tenga algún plan de reutilización (…). No se pueden cerrar las puertas y pensar que esa propiedad se va a preservar ahí”, dijo Luis Gallardo Rivera, director ejecutivo del Centro para la Reconstrucción del Hábitat (CRH), una entidad no gubernamental que asiste a comunidades en la rehabilitación de planteles y otras propiedades clausuradas.
“Nosotros, por décadas, pagamos millones por montar las escuelas. Yo creo que ninguna corporación privada en el mundo, si tuviera millones de pies cuadrados de bienes raíces repartidos por toda la jurisdicción, los dejaría ahí pudriéndose por 10 años”,enfatizó Gallardo Rivera.
El cierre sistemático de escuelas comenzó en 2014, durante la administración del exgobernador Alejandro García Padilla, por causas presupuestarias y también por la baja en la matrícula.
En el cuatrienio de 2009 a 2012, se cerraron 60 escuelas públicas. Otros 180 planteles fueron clausurados entre 2013 y 2016. Mientras, entre 2017 y 2020, se cerraron 540, el grueso entre los años 2017 y 2018. Las 780 son el 51% de las 1,521 que existían antes del 2014.
El gobierno aseguró que traspasaría los planteles cerrados a quien pudiera darles uso, pero en la práctica la operación ha resultado complicada.
Una vez el portón de un plantel se cierra, la estructura deja de pertenecer al Departamento de Educación y pasa a manos de otras agencias gubernamentales como, por ejemplo, el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). El Comité de Evaluación de Bienes Inmuebles (CEDBI), comisionado por la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), analiza y aprueba las propuestas de revitalización de los planteles.
El CEBDI dice que 62 planteles en desuso están disponibles para recibir propuestas. Sin embargo, se desconoce la naturaleza de las propuestas y el estatus del resto de los planteles, ya que ni el Comité ni la AAFAF estuvieron disponibles para entrevistas.
Las entidades que deciden navegar el mar de la burocracia y la permisología para devolver a estos espacios la vida que un día tuvieron y atender las necesidades particulares de sus comunidades se encuentran con toda suerte de dificultades que, en ocasiones, les impiden llevar a buen términos sus planes.
La escuela Amina de Tió de Malaret, enSan Germán, cerró en 2017 y permaneció abandonada seis años, hasta que la Brigada Solidaria del Oeste, liderada por Damarys Burgos Martínez, decidió junto a la comunidad rehabilitar el espacio para ofrecer servicios. Sin tener la titularidad de la estructura, limpiaron el plantel, arreglaron los jardines, construyeron una cocina comunitaria y planificaron un huerto, aunque no lograron sembrarlo.
La organización María Fund PR, una entidad no gubernamental, había aprobado $40,000 para apoyar estos esfuerzos de revitalización. Sin embargo, los fondos no han sido desembolsados porque el Municipio de San Germán les impidió el acceso al plantel.
Según Burgos Martínez, la Brigada y el Municipio habían llegado a un acuerdo para habilitar el Archivo Histórico del ayuntamiento en uno de los edificios. Pero, en marzo, el gobierno municipal se retractó. “Estuvimos un año completo negociando. Finalmente, nos iba a compartir el espacio e íbamos a firmar el 11 de marzo, pero entonces nos dice que se canceló”, comentó la líder comunitaria en entrevista con El Nuevo Día.
El alcalde Virgilio Olivera rechazó una solicitud de entrevista sobre este tema. Pero, en declaraciones escritas, dijo: “Nuestro Municipio de San Germán tiene un contrato con el DTOP para establecer, en el lugar, nuestro Archivo General”.
Incluso, los que logran echar a andar sus proyectos enfrentan múltiples contratiempos.
Los que corren el proyecto de la escuela Bucarabones, en Las Marías, que contaron con el apoyo del CRH no tienen, por ejemplo, titularidad de la estructura, lo que les hace temer que en cualquier momento alguien quiera sacarlos de la propiedad. “Nos sentimos con incertidumbre. Queremos hacer más cosas para la comunidad, pero, a la vez, nos limitamos porque no sabemos qué puede pasar mañana”, recalcó Víctor Vega, uno de los líderes de la iniciativa.
“Necesitamos una titularidad para poder tomar mayores decisiones y tener mayor autonomía. El alcalde (Edwin Soto) conoce perfectamente nuestro trabajo aquí. Ha visitado y participado en fiestas”, mencionó otra de las coordinadoras del proyecto, Lourdes Hernández.
En una pared del primer salón que fue rescatado luego de 12 años de la clausura del plantel, en 2005, hay un mural que dice “desde adentro y desde abajo”.
En el Taller Comunidad La Goyco, mientras tanto, estuvieron años esperando por la titularidad de la estructura. Aunque el proyecto dio sus pininos en 2013 y adquirió fuerza desde 2015, no fue hasta 2019 que los candidatos a la alcaldía de San Juan visitaron el plantel y se comprometieron con otorgar la titularidad. En 2020, antes de terminar su mandato, la exalcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, finalmente materializó la titularidad.
La Goyco es hoy uno de los centros de mayor gestión y transformación cultural en la isla. En el espacio, ahora habitan otros 20 proyectos, incluidaLa Casa de la Plena de Tito Matos. Matos, un legendario plenero, quien falleció repentina e inesperadamente en enero de 2022, fue uno de los fundadores de la iniciativa, junto a su esposa, Reyes Angleró.
“Hay artistas individuales, gente que hace mosaicos, cerámica, camisetas, trajes de baño, artesanías con madera y hasta vidrio”, mencionó Reyes Angleró a El Nuevo Día. Según la activista, al momento, intentan lidiar con la cantidad de alquileres a corto plazo que hay en el barrio, la gentrificación y el ruido de la vida nocturna. “Hay como 20 (vecinos) que ya no están en la comunidad y ninguno se fue porque quiso (…). Lo que hacemos aquí es una defensa del derecho a la ciudad”, dijo.
En Culebra, la rehabilitación de la escuela comenzó en 2014. En 2018, el entonces presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, quien regresó este cuatrienio al puesto y representa a Culebra, visitó el plantel y se comprometió a pasar el uso de la propiedad por 20 años a la administración municipal.
El rescate del espacio, mencionó Dulce del Río Pineda, maestra de Educación Especial y líder de Mujeres de Isla, siempre ha sido “colaborativo”. Actualmente, tienen un contrato con la administración municipal para el uso del tercer piso. La escuela convive con otras 20 iniciativas comunitarias, como la Fundación de Culebra y Música pa’ Culebra.
En el ecosistema de ayuda que se ha creado en Culebra, se construyen iniciativas de sostenibilidad, capacitaciones empresariales y proyectos culturales como noches de cine, teatro y clases de arte. “Proveemos alimentos toda la semana y alrededor de 60 almuerzos dos veces en semana. El espacio es también un community hub identificado por el Negociado de Emergencias”, comentó Del Río Pineda.
Yarilyn Fontánez Santiago, una de las estudiantes de Pineda en la escuela Antonio R. Barceló, gestiona hoy, junto a ella, en el mismo espacio, Mujeres de Islas. Del Río Pineda se considera ahora una estudiante de Fontánez Santiago y de todas las jóvenes que velan por el relevo generacional de la gestión comunitaria en Culebra.
1 / 18 | Abandonada y destruida, una escuela cerrada por Educación. La escuela intermedia José N. Gándara de la comunidad Embalse de San José en Río Piedras está próxima a cumplir un año desde que el Departamento de Educación la cerró en mayo de 2017. – Teresa Canino Rivera
Tags
Breaking NewsEscuelasDepartamento de EducaciónDepartamento de Transportación y Obras PúblicasAutoridad de Asesoría Financiera y Agencia FiscalEscuelas públicasCarmen Yulín CruzAlejandro García PadillaCulebraLas MaríasSan Juan
Mariana Betancourt González mariana.betancourt@gfrmedia.com
Descubre más desde Nueva Pensamiento Crítico
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
