Donald Trump asumiría el control de la Junta de Supervisión Fiscal con sus próximos nombramientos
La Casa Blanca atacó los gastos del ente fiscal y renovó las críticas del presidente a la “corrupción” en el gobierno de Puerto Rico
Por José A. Delgado
Corresponsal de El Nuevo Día en Washington D. C.jose.delgado@gfrmedia.com
La decisión del presidente Donald Trump de destituir a cinco miembros de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) le otorga la oportunidad de controlar el funcionamiento del ente fiscal, en momentos en que un grupo de bonistas y aliados conservadores han presionado en contra de los propuestos recortes en la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
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Decida o no enviar cinco nuevos nombramientos al Senado o seguir el proceso de designación que permite escoger candidatos de una terna del liderato del Congreso, la acción de Trump garantizará una mayoría de miembros de la JSF seleccionados por el liderato del Partido Republicano de Estados Unidos.
Trump ha determinado destituir a cinco miembros de la Junta: a su presidente, el exjuez de quiebras Arthur González; y a los puertorriqueños Cameron McKenzie, expresidente de la Cámara de Comercio; el inversionista Juan Sabater; la educadora Betty Rosa; y el ejecutivo Luis Ubiñas.
Con excepción de McKenzie –quien era el único miembro de la JSF residente en Puerto Rico y fue nombrado por el speaker Mike Johnson, republicano por Luisiana–, los funcionarios destituidos fueron nombrados o recomendados por demócratas.
Solo quedarían en la JSF Andrew Biggs, un miembro original que es experto del grupo de estudio conservador American Enterprise Institute (AEI); y John Nixon, quien fue director de Presupuesto de los gobiernos estatales de Michigan y Utah, recomendados por el exlíder de la minoría republicana Mitch McConnell (Kentucky) y el speaker Johnson, respectivamente.
Hasta el viernes, cuatro de los siete miembros de la JSF – que requiere cinco votos para reestructurar una entidad, pero opera generalmente por mayorías– eran demócratas. Una vez Trump, como se espera, acapare los nombramientos, el ente fiscal estaría conformado por una mayoría republicana, sea 5 a 2 o 7 a 0.
Bajo la ley Promesa, si no quiere enviar los nombramientos a confirmación del Senado, el presidente de Estados Unidos puede nombrar directamente un miembro del ente fiscal y designar los otros seis a base de las recomendaciones del speaker cameral (2), el líder de la mayoría del Senado (2) y los líderes de las minorías legislativas, que en esta sesión son demócratas.
En esta sesión, los republicanos controlan el Senado 53-47.
El por qué de las destituciones
La decisión del presidente Trump fue informada por correo electrónico de la oficina de Personal de la Casa Blanca a los miembros destituidos el viernes en la tarde, en medio de presiones de un grupo de bonistas, comandados por la firma Global Tree Asset Management, que se opone a la oferta que ha hecho la JSF para la reestructuración de la deuda de la AEE.
No fue hasta la tarde del martes que la JSF aceptó –después de que el lunes en la noche dijo no haber sido notificada– que fue informada de la decisión de Trump, adelantada por la publicación conservadora Breitbart.
La Casa Blanca ha preferido utilizar como argumento para los despidos el gasto que ha tenido la JSF en consultores y personal, que se calcula supera los $2,000 millones desde la aprobación, hace nueve años, de la ley Promesa, que impuso el ente fiscal por encima del gobierno electo de Puerto Rico y creó un sistema judicial de bancarrota territorial para reestructurar la deuda pública de los territorios.
“La JSF de Puerto Rico ha sido dirigida de manera ineficiente e ineficaz por sus miembros gobernantes durante demasiado tiempo, y es hora de restaurar un liderazgo con sentido común”, indicó a este medio la Casa Blanca, en una declaración oficial.
Al confirmar la determinación de Trump, la Casa Blanca argumentó, además, que el presidente tomó su decisión debido a que, pese a la existencia de la JSF, las “prácticas de corrupción y fraude en la adjudicación de contratos públicos” del gobierno de Puerto Rico “han continuado”.
La declaración también denunció el largo proceso de reestructuración de la AEE –que está en una mediación–, el salario del director ejecutivo del ente fiscal, Robert Mujica, y criticó que la JSF se opusiera al nombramiento de un inspector general del sector privado en la AEE.
En momentos en que la gestión sigue bajo mediación, la JSF ha propuesto recortar la deuda por concepto de bonos de $8,500 millones a $2,600 millones. La firma Golden Tree Asset Management, que representa bonistas que compraron la deuda después de la quiebra, reclaman un pago de $12,000 millones, al incluir los intereses.
“A Puerto Rico, se le hará más difícil levantarse con Junta o sin Junta si la deuda no se recorta a un nivel en que pueda pagarlo”, indicó Alvin Velázquez, profesor de Quiebras en la Escuela de Derecho de la Universidad de Indiana y quien fue presidente del Comité de Acreedores no Asegurados durante el proceso de reestructuración de la deuda del gobierno central.
Velázquez sostuvo que, mientras más se pague, peor será el impacto sobre la AEE y el costo de la electricidad para ciudadanos y empresarios, que ya es el segundo más alto bajo la bandera estadounidense.
Del 2016 al presente: algunos de los integrantes de la Junta de Supervisión Fiscal. 1. Arthur González, actual presidente de la Junta, había estado en la primera edición del organismo fiscal cuando fue creado en 2016. El exjuez de quiebras fue propuesto nuevamente en junio de 2024 por el líder de la minoría demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries (Nueva York). – rriveraphotography
Trump, al parecer, no consultó con el liderato del Congreso su decisión.
Una persona familiarizada con el tema dijo que el líder de la minoría demócrata de la Cámara baja, Hakeem Jeffries (Nueva York) –quien recomendó al ahora expresidente Arthur Gonzalez, y bajo la estructura de nombramientos que se ha seguido pudiera sugerir nombres para uno de los nuevos miembros– no fue consultado por la Casa Blanca.
A la gobernadora Jenniffer González, tampoco el presidente Trump –de quien ella aspira a ser el eslabón con Puerto Rico– le adelantó sus planes.
Pero la mandataria afirmó, en un comunicado de prensa, que trabajará junto a las personas que integren “la nueva composición de la Junta”. Pese a que no hubo comunicación de la Casa Blanca, dijo que “ha mantenido comunicación directa, desde el día uno, con todo el componente de la Junta y su personal”.
“El problema principal de la Junta de Supervisión Fiscal no es quiénes la integran, sino su naturaleza antidemocrática”, reaccionó, por su parte, el comisionado residente en Washington, Pablo José Hernández, al reclamar que los nombramientos “para cubrir las vacantes respondan a los intereses del pueblo de Puerto Rico y no a los intereses de aquellos que quieren aumentar la luz para pagar la deuda de la AEE”.PUBLICIDAD
Las críticas de Hernández al ente fiscal durante la audiencia del Comité de Recursos Naturales del 16 de julio sobre el desempeño de la JSF fueron utilizadas por la activista conservadora Laura Loomer –quien se reunió con Trump el 24 de julio– para atacar los gastos del organismo fiscal.
Al comentar la decisión de Trump, el exsenador Juan Eugenio Hernández Mayoral –tío de Hernández– destacó, en las redes sociales, que “la fiscalización del comisionado residente ha tenido efecto”.
El comisionado sostuvo que su tío no habla a nombre suyo, y afirmó que, en la audiencia del 16 de julio, cumplió con su “promesa de fiscalizar a la Junta”, a la vez que se solidarizó con los argumentos de sus colegas demócratas que advirtieron de la presión de los bonistas.
“Esta purga repentina de Donald Trump no se trata de justicia ni de reforma. No desmantela la Junta ni modifica la ley Promesa. Simplemente, crea una oportunidad para llenar la Junta con nombramientos aún más extremistas, probonistas que seguirán priorizando las necesidades de los fondos de cobertura por encima de las del pueblo puertorriqueño”, indicó la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez (Nueva York).
Para el congresista demócrata boricua Ritchie Torres (Nueva York), Trump busca “políticos corruptos dispuestos a vender a Puerto Rico a bonistas depredadores”.
“Si estos bonistas logran su acuerdo preferencial, Puerto Rico se verá obligado a pagar las tarifas eléctricas más altas del país (solo superadas por Hawái) mientras depende de una red eléctrica deficiente. Pagar las tarifas eléctricas más altas por la peor red eléctrica no es ‘eficiencia’. Es explotación”, indicó Torres.
El líder de la minoría demócrata en el Comité de Recursos Naturales, Jared Huffman (California), indicó que, en la audiencia del 16 de julio sobre el desempeño de la JSF, “los demócratas advirtieron que los tenedores de bonos que no se declararon en bancarrota estaban presionando precisamente para esto: una junta sin quórum, un proceso de quiebra fallido y una vía para frustrar cualquier reestructuración significativa de la deuda de Puerto Rico”.
“Ahora, Trump parece estar dando la victoria a estos ricos tenedores de bonos, a la vez que allana el camino para que los expertos en combustibles fósiles y los donantes de capital privado tomen el control y condenen a Puerto Rico a una red eléctrica inestable, una infraestructura energética contaminante, costos energéticos desorbitados y décadas de contaminación”, agregó Huffman.
Como en el caso de los congresistas demócratas boricuas, los expertos puertorriqueños sostienen que todo este proceso por renovar la JSF es un esfuerzo de Trump por lograr un cambio en la reestructuración de la deuda de la AEE.
“Buscan un acuerdo que Puerto Rico no va a poder pagar”, agregó el profesor Velázquez.
Aunque Trump deja por el momento a Biggs y a Nixon en sus puestos, tiene la opción de enviar al Senado para su confirmación los nombramientos para llenar las cinco vacantes que ha creado o designarlos a través del proceso que se ha seguido desde 2016, que permite escoger seis personas de las recomendaciones que hagan los líderes del Congreso, según la ley Promesa.
“Si no se sigue el espíritu bipartidista de la ley Promesa, pudiera interpretar (la Casa Blanca) que puede enviar los cinco nombramientos al Senado”, lo que le permitiría acaparar todos los puestos de la JSF, indicó el abogado constitucionalista Carlos Ramos González, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.
Por el momento, la JSF se queda sin representación boricua. Juan Sabater, un inversionista, fue nombrado directamente por el expresidente Joe Biden.
Los nombramientos de los también boricuas Rosa, comisionada de Educación de Nueva York, y Ubiñas, expresidente de la Fundación Ford, respondían a las sugerencias del líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York).
De acuerdo a la ley Promesa, Trump puede destituir miembros de la JSF siempre y cuando haya “causa” para tomar esa decisión.
“Los miembros de la JSF afectados (nombrados por recomendación de líderes del Congreso) pueden demandar para dejar sin efecto la orden hasta que se resuelva el asunto en su fondo en la corte. Pero eso debilita la posición de la JSF en la negociación de la deuda de la AEE y los contratos con New Fortress Energy”, indicó el abogado y economista Sergio Marxuach, director de Política Pública del grupo de estudio Centro para una Nueva Economía(CNE).
Los cambios en la JSF representan, por el momento, una victoria para el exmiembro del ente Justin Peterson, quien fue el enviado de Trump al organismo después de trabajar para bonistas y es director gerente de la firma de relaciones públicas y cabildeo DCI Group.
Peterson fue de los primeros en celebrar en la red social X la destitución de los cinco funcionarios, luego de abogar por eliminar la JSF y denunciar los propuestos recortes en la deuda de la AEE. La Casa Blanca, al justificar los despidos, recordó las críticas de Peterson a la Junta.
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