Generación eléctrica, fibra óptica y Cesco Digital: en camino tres nuevas alianzas público privadas
La prioridad de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas es el lanzamiento de la licitación para desarrollar nuevas plantas de producción de energía
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com
Encabezada por las gestiones para reemplazar gran parte de la flota de generación eléctrica existente, el gobierno cuenta con una lista de tres “proyectos prioritarios” que se impulsarán bajo el modelo de alianzas público privadas (APP), con miras a suscribir contratos en verano de 2026 y unirlos a las siete iniciativas que ya operan mediante este mecanismo administrativo.
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Además del proyecto que procura el desarrollo de nuevas plantas de generación con capacidad de hasta 3,000 megavatios (MW), el director ejecutivo de la Autoridad para las APP (AAPP), Josué Colón, precisó que, en los próximos meses, se encaminarán los análisis dirigidos a monetizar la plataforma del Cesco Digital, así como a construir infraestructura adicional de cables submarinos de telecomunicaciones para fortalecer la cobertura digital alrededor del archipiélago, un proyecto para el que se vislumbra una inyección de cientos de millones de dólares en fondos federales.
De momento, la conceptualización del proyecto de generación de energía figura como el más avanzado, con la expectativa de que, a mediados de mes, se haya conformado el Comité de Alianza gubernamental que estará a cargo de administrar la licitación y que, en los primeros días de septiembre, la Junta de Directores de la AAPP apruebe la publicación de la solicitud de cualificaciones (RFQ, en inglés), el primer paso para conocer el nivel de interés del mercado privado en someter propuestas.
La complejidad de las negociaciones, así como la cantidad de agencias que tendrán que aprobar eventualmente las contrataciones, sin embargo, convierten al proyecto de adquisición de generación “base” en el último que la AAPP pronostica completar, con un estimado en torno al tercer trimestre de 2026.
“Es la prioridad de nosotros ahora mismo”, dijo Colón, también zar de Energía del gobierno de Jenniffer González. “Estamos en la etapa de contratación de los consultores. La ingeniera que va a correr los procesos (internamente), Iraida Mejías, ya fue contratada, y te diría que la parte ahora más importante es finiquitar lo que tiene que ver con la contratación de los consultores que van a dar apoyo en el proceso de la APP”, subrayó en entrevista con El Nuevo Día.
Según información provista por la AAPP, la batería de consultores que intervendrá en el proceso competitivo incluye a los bufetes legales Cleary Gottlieb Steen & Hamilton, González & Martínez Law Offices y Pietrantoni Méndez & Álvarez, así como a FTI Consulting, Siemens Industry y NU Energy Consulting Group.
La requisición de generación adicional fue autorizada por el Negociado de Energía (NEPR) en marzo, justo después que la mandataria firmara la Ley 1-2025, que removió las metas intermedias de energía renovable que obligaban a alcanzar un 40% de producción con fuentes limpias este año y 60% en 2040, dejando solo el objetivo final de un 100% en 2050. Previamente, Colón ha dicho que su intención es priorizar recursos de generación “base” mediante la quema de gas natural, si bien el NEPR ha recalcado el proceso debe estar abierto a desarrollos renovables y otras tecnologías, particularmente si están respaldados por baterías de almacenamiento.
En el sector de generación eléctrica, ya hay una APP en curso, tras la adjudicación, en diciembre de 2024, del contrato al consorcio Energiza para construir una planta aledaña a la central San Juan, frente al muelle capitalino, que tendrá capacidad de 560 MW. Las localizaciones para el desarrollo de los 3,000 MW que se obtendrían por medio de la nueva licitación dependerán de las ofertas del sector privado, pero el NEPR ya instruyó a priorizar el uso de terrenos en las centrales de Palo Seco (Toa Baja), Aguirre (Salinas) y Costa Sur (Guayanilla), donde las nuevas unidades podrían reemplazar las antiguas plantas de la flota existente.
Sobre $1,000 millones para fibra óptica
Entre septiembre y octubre, en tanto, la AAPP debe realizar el estudio de deseabilidad y conveniencia –que su ley orgánica requiere previo a solicitudes de propuestas fuera del sector energético– asociado a la iniciativa de mejorar la cobertura de internet, que incorporará el componente de nuevas conexiones submarinas de fibra óptica, en un proyecto que lidera la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) por medio de asignaciones estatales y federales que superan los $1,000 millones.
“Ahí son dos asuntos: uno es el conducto que iría por el centro de la isla, en algunos municipios que no tienen capacidad para llevar la fibra, y el otro es para traer redundancia en unos ‘loops’ (circuitos) de fibra por el sur. Generalmente, (los cables) entran por el norte, pues también (se busca fortalecer la infraestructura) por el sur”, señaló el jefe de la AAPP.
El director ejecutivo de la OGP, Orlando Rivera Berríos, en tanto, precisó que la dependencia ya contrató a la compañía Ocean Network para un estudio técnico –que debe estar listo para el 31 de diciembre– sobre las alternativas para construir entre una y tres “estaciones de aterrizaje”, así como cables submarinos que conectarían con las Islas Vírgenes estadounidenses y la República Dominicana.
“Después de eso, sabremos por dónde se va a construir. (El proceso de) la APP es más bien para decidir quién va a ser el titular de esta infraestructura; si será a través de Prits (Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico) o si hacemos una APP, eso todavía está en discusión con Josué (Colón)”, dijo Rivera Berríos.
Aunque la OGP es la dependencia proponente y administra los fondos para los programas de mejoras a la conectividad de banda ancha, no tiene la facultad legal de entrar en acuerdos de APP, por lo que, en caso de optar por esa vía, se requeriría definir una entidad gubernamental que figure como la parte contratante.
De acuerdo con Rivera Berríos, Puerto Rico tiene disponibles unos $400 millones en fondos estatales, junto a casi $1,000 millones provenientes de la Administración Nacional de Telecomunicaciones e Información (NTIA, en inglés) para las mejoras de conectividad, partidas que permitirán sufragar tanto la construcción como el mantenimiento de los cables submarinos.
“Teníamos una pequeña preocupación porque, cuando entramos, los fondos (del NTIA) vencen el 31 de diciembre de 2026, pero, hace como dos semanas, Prits y el personal del Programa de Banda Ancha de la OGP fueron a Washington y nos dieron buenas noticias de que hay una posibilidad alta de extender los fondos”, afirmó.
De garantizarse la disponibilidad del dinero, se recurriría al modelo de APP para escoger una empresa que se encargará de la construcción y el mantenimiento de la nueva infraestructura, dijo el funcionario.PUBLICIDAD
Según la AAPP, la fecha tentativa para suscribir un contrato es en julio de 2026.
En pañales monetización del Cesco Digital
Colón, de otra parte, mencionó que, con relación al posible licenciamiento a otras entidades públicas o privadas para el uso de la tecnología del Cesco Digital, se han sostenido reuniones preliminares con Prits.
“A diferencia de (los proyectos energéticos), esa requiere unos estudios de viabilidad y costos de lo que se entienda hacer”, manifestó.
De acuerdo con la AAPP, el concepto inicial supondría un “joint venture” (inversión conjunta) entre Prits y la compañía privada que se seleccione, con el objetivo de que, por medio del licenciamiento a terceros de la tecnología que utiliza la aplicación, el gobierno pueda generar ingresos recurrentes y crear “un fondo dedicado a la innovación tecnológica y la modernización de servicios digitales gubernamentales”. De momento, la inversión inicial requerida se estima en $2.5 millones.
El director ejecutivo de Prits, Martín Jiménez Morales, designado al cargo el 1 de julio, no estuvo disponible para comentar sobre la iniciativa, como tampoco lo estuvo el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas, Edwin González Montalvo.
En el caso de la monetización de la aplicación, la AAPP anticipa realizar el estudio de deseabilidad y conveniencia en octubre para entonces conformar un Comité de Alianza y lanzar el RFQ en enero de 2026.
Hasta ahora, el gobierno ha cedido la administración de siete servicios al modelo de APP desde la aprobación de la Ley 29-2009: el aeropuerto Luis Muñoz Marín, en manos de la empresa Aerostar; las autopistas PR-22 y PR-5 (Metropistas), el transporte marítimo (HMS Ferries); la transmisión y distribución eléctrica (LUMA Energy); los muelles de cruceros en la bahía de San Juan (San Juan Cruise Ports); la flota de generación de la Autoridad de Energía Eléctrica (Genera PR); y las carreteras PR-20, PR-52, PR-53 y PR-66 (Metropistas).PUBLICIDAD
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Manuel Guillama Capellamanuel.guillama@gfrmedia.com
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