Netanyahu trata de silenciar el genocidio en Gaza con censura, propaganda y el asesinato de más de 200 periodistas
El asesinato intencionado de seis periodistas palestinos el pasado domingo 10 de agosto ha despertado una ola de condenas de organizaciones que luchan por la libertad de prensa.
Las ejecuciones se producen semanas antes de que el ejército de Israel inicie la intervención militar total en la Franja de Gaza.
Madrid-11/08/2025 21:40-Actualizado a12/08/2025 09:31
Cuando a finales de 2023 Israel ordenó a los palestinos residentes en el norte de la Franja de Gaza moverse hacia el sur, el periodista Anas Al Sharif se negó. «Me quedé para documentar la invasión y las masacres que cometieron allí», explicó más tarde en un reportaje. Tras recibir varias amenazas telefónicas que le exigían marcharse del lugar, tal y como denunció públicamente el periodista, su casa familiar fue bombardeada por las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI). Su padre, de 90 años, murió en aquel ataque. En los últimos meses, las amenazas a Al Sharif habían vuelto multiplicadas. Tanto era así que el Comité de Protección para los Periodistas (CPJ) alertó a finales de julio de que su vida corría peligro. De nada sirvió. El pasado domingo 10 de agosto Anas Al Sharif fue asesinado a los 28 años, junto a cinco de sus compañeros de profesión.
Sus nombres eran: Mohammed Qreiqeh, Ibrahim Zaher, Moamen Aliwa, Mohammed Noufal y Mohamed Al Khalidi. Todos trabajaban como camarógrafos, asistentes o reporteros para el medio catarí Al Jazeera, a excepción de Al Khalidi, que lo hacía para el medio palestino Sahat, informó EFE. Fueron atacados por un dron israelí mientras trabajaban en la tienda de campaña que habían levantado frente al Hospital Al Shifa, en la ciudad de Gaza.
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Israel no ha tenido problemas al reconocer que el ataque había sido premeditado. Hace tiempo que Al Sharif era su objetivo y lograron alcanzarlo. El argumento esgrimido era que el periodista era militante de Hamás, partido que gobierna en Gaza desde 2006 y cuyo brazo armado protagonizó los ataques contra población israelí el 7 de octubre de 2023.
Sin embargo, Israel no ha presentado pruebas convincentes de la supuesta vinculación de Al Sharif con Hamás. Tanto Al Jazeera como sus compañeros de profesión niegan tajantemente esta afirmación. Por su parte, la BBC ha informado que antes del 7 de octubre, Sharif trabajó para «un equipo de medios comunicación de Hamás». Sin embargo, la cadena inglesa también ha afirmado que, en la actualidad, Sharif era crítico con Hamás en sus redes sociales.
Dificultad para conocer el total de periodistas asesinados
La de Al Sharif y sus compañeros ha sido la última de las más de 242 muertes de periodistas que acumula el genocidio de la Franja de Gaza desde el 7 de octubre de 2025. Esta es la cifra con la que cuenta el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, tal y como declaró el lunes su Alto Comisionado, Volker Türk.
Pero lo cierto es que, debido a la prohibición del Gobierno de Israel para que informadores y personal diplomático entren en la Franja, es difícil conocer la cifra exacta de profesionales de la comunicación que no han muerto en el genocidio. Ahora bien, incluso los recuentos más estrictos hacen una estimación aproximada.
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Según los datos recogidos por el Comité de Defensa de los Periodistas (CPJ), los periodistas y comunicadores muertos desde el 7 de octubre han sido 187. De ellos, el organismo internacional detalla que han sido asesinados 29, debido a que estas son las únicas muertes cuya intencionalidad pudieron corroborar. El resto, son muertes en fuego cruzado o combate o por cubrir una información en un contexto violento, como algunas manifestaciones o disturbios.
Por su parte, el Sindicato de Periodistas Palestinos ha contabilizado a 232 periodistas asesinados mientras trabajaban en la Franja. Esta cifra era anterior a los asesinatos de los periodistas de Al Jazeera y Sahat. Como ya contó Público, cualquiera de las estimaciones de periodistas asesinados en la Franja de Gaza y Cisjordania supera las cifras de las muertes allí donde es más peligroso desarrollar la profesión, como México, Irak, Pakistán o Filipinas.
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La organización de trabajadores de la comunicación palestinos explicó en su último informe que, además de los asesinatos, los periodistas que cubren el genocidio reciben a menudo amenazas por parte de las FDI contra ellos y contra sus familias. El propio Al Sharif denunciaba estas coacciones en un informe publicado por el medio catarí en el que se recogían los testimonios de periodistas en la Franja de Gaza y Cisjordania.
«Durante esta guerra, recibí varias amenazas de oficiales de la ocupación israelí, quienes intentaban presionarme para que dejara de trabajar con Al Jazeera. Me exigían que cesara la cobertura», explica en su texto. En él, aseguró que: «Hoy, todos los que ejercemos esta profesión estamos en el punto de mira, sin garantías reales de protección». Y adelantaba su muerte al especular que, mientras escribía esas palabras, «mis colegas y yo podríamos ser objetivo de ataques deliberados, a pesar de llevar todo lo necesario para identificarnos como periodistas».
Tanto el CPJ, como Reporteros Sin Fronteras, así como medios de comunicación de proyección internacional –principalmente árabes– han condenado los ataques a estos y otros periodistas en la Franja de Gaza. También lo ha hecho el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, quien ha asegurado que el ataque a la tienda en la que se encontraban Al Sharif y sus compañeros ha sido un «grave quiebre del derecho internacional humanitario».
Los periodistas, en tanto que civiles, están protegidos por el derecho internacional. El ataque contra ellos está tipificado por el Estatuto de Roma como un crimen de guerra o de lesa humanidad. Por ello, Reporteros Sin Fronteras ha solicitado en cuatro ocasiones a la Corte Penal Internacional que investigue los ataques a periodistas en el territorio palestino. Pero Israel insiste en que no son civiles. De hecho, una de las técnicas que usa para justificar los asesinatos de periodistas es difundir que son, en realidad, militantes de Hamás.
Propaganda y pruebas que no se pueden contrastar
El pasado 20 de julio, Anas Al Sharif informaba en los alrededores del Hospital Al Shifa de la hambruna que experimentaba la población de la ciudad de Gaza debido al bloqueo de entrada de ayuda humanitaria en el enclave. Mientras retransmitía en directo a Al Jazeera, una anciana se desplomaba en el suelo por «la severidad del hambre y del dolor» que la escasez de alimento estaba provocando. Mientras Al Sharif decía esto, la angustia le cortó la voz por unos segundos. Carraspeó, se secó las lágrimas y continuó con el reportaje.
El vídeo se hizo rápidamente viral y una de las muchas reacciones que obtuvo fue la del portavoz árabe de las FDI, Avichay Adraee. El alto mando israelí calificó aquellas imágenes como parte de «una falsa campaña de Hamas sobre el hambre». Este fue uno de los muchos ataques verbales que el israelí dirigió contra el periodista y que comenzaron en agosto de 2024, cuando las FDI difundieron que Al Sharif era un militante de Hamás.
Para demostrarlo las FDI difundieron dos documentos, si bien aseguró que contaba con muchos más. El primero era un listado con números de teléfono. El segundo, un listado con los nombres de los presuntos terroristas que habían sido heridos años atrás y entre cuyos nombres estaba el de Al Sharif. Ninguno de estos documentos ha sido entregado a los medios de comunicación para que puedan ser analizados de forma independiente. Por ello, no es posible comprobar su veracidad.
La presentación de pruebas imposibles de contrastar sobre las presuntas afinidades con Hamás fue también la técnica que usó el Ejecutivo de Netanyahu para expulsar a la Agencia de los Refugiados palestinos de las Naciones Unidas (UNRWA) de los territorios palestinos. Después de hacer público que algunos de los trabajadores de la Agencia podían haber tenido algún papel en el 7 de octubre, Israel llevó a cabo una investigación en la que que concluyó que los hechos quedaban probados. Sin embargo, nunca entregó las pruebas para una verificación independiente. A mediados de 2024, aprobó dos leyes que impidieron el funcionamiento de la UNRWA en la Franja y Cisjordania.
La práctica israelí de etiquetar a periodistas como militantes sin pruebas creíbles plantea dudas sobre su intención
El CPJ ya advirtió a mediados de julio de que Israel podría estar aplicando la estrategia de acusar a periodistas de estar afiliados a Hamás para después asesinarlos. De hecho, su directora regional, Sara Qudah, afirmó que «la práctica israelí de etiquetar a periodistas como militantes sin aportar pruebas creíbles plantea serias dudas sobre su intención y el respeto por la libertad de prensa».
Un ejemplo de esta práctica fue la del también periodista de Al Jazeera, Ismail Al Ghoul, quien fue asesinado por el ejército israelí en julio de 2024 junto a su compañero Rami Al Refee. Según recogió El País, tras su muerte, las FDI trataron de demostrar que Al Ghoul pertenecía a la rama militar de Hamás con un documento que, presuntamente, corroboraba la afiliación del periodista al grupo armado en 2007. Sin embargo, en aquel entonces Al Ghoul tenía diez años. Desde su asesinato al de Al Sharif, la plantilla de Al Jazeera en la Franja ha sido prácticamente destruida.
A la par que Israel acalla las voces de periodistas en Gaza, lanza campañas de propaganda contra la población de Gaza, inoculando el rumor de que la hambruna es ficticia. También lo hizo durante los ataques de contra Irán. Según reveló eldiario.es a principios de junio, la Agencia de Publicidad del Gobierno de Israel utilizó los anuncios de Google en Alemania, Reino Unido, Italia, Francia y Bélgica para aumentar el miedo a un ataque nuclear iraní a Europa.
Censura a un lado y al otro del muro
Desde el inicio de la ofensiva militar en Gaza, la libertad de prensa se ha visto enormemente reducida en los territorios controlados por Israel. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de 2025 de Reporteros Sin Fronteras situó a Palestina en el número 163 de los 180 países que se incluyen en el índice. La organización calificó la situación en los territorios palestinos como «desastrosa», debido a que «el ejército israelí masacra al periodismo y ha matado a más de 200 profesionales de la información e impone un bloqueo informativo». Por su parte, Israel ocupaba el puesto 112, habiendo caído 11 puestos desde el 2024.
Esto se debe, principalmente, a la censura militar a la que el Gobierno de Benjamín Netanyahu ha sometido a la prensa israelí, como bien detalla el informe de RSF sobre el país mediterráneo. La organización recuerda que a finales de 2023, el knéset –parlamento israelí–, aprobó una enmienda a la ley antiterrorista en la que se castigaba a quienes «consuman de forma sistemática y continuada publicaciones terroristas» o difundan «un llamamiento directo a cometer un acto terrorista». Según RSF, «la amplia interpretación de este texto tiene como objetivo la prohibición de los medios considerados desfavorables».
El medio +972 informó que la censura militar israelí prohibió en 2024 la publicación 1.635 artículos
En la actualidad, las publicaciones de prensa sobre determinados temas deben ser aprobadas previamente por las autoridades israelíes correspondientes. El pasado mes de mayo, el medio palestinoisraelí +972 informó de que durante 2024, la censura militar había prohibido la publicación de 1.635 artículos, mientras que había obligado a reformular otros 6.265. Esta era la cifra más alta desde 2011, cuando comenzaron recopilar los datos de este fenómeno.
Asimismo, en 2024 Israel aprobó una normativa para prohibir la difusión de medios extranjeros que «amenacen la seguridad del Estado». Bajo esta premisa, varios medios árabes, entre los que destaca Al Jazeera han visto muy limitado su trabajo. A principios de mayo de 2024, el gabinete de guerra israelí ordenó el desalojo de la oficina de la cadena catarí en Jerusalén Este y prohibió su difusión en Israel.
En enero de 2025, la Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en los territorios palestinos de Cisjordania, también cortó la retransmisión de Al Jazeera en dichas tierras alegando que el medio interfería «en asuntos internos palestinos». Cinco meses después, levantaba el veto contra la cadena catarí.
Redactora en la sección de datos e investigación de Público. Ha desarrollado investigaciones para Bloom, Ashoka, Transparencia Internacional Venezuela y Fundación porCausa, además de participar en proyectos trasnacionales como Asbestos: Letal Legacy. Ha escrito en El Mundo, El Salto, El País y La Marea.
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