“No se van a ir”: para largo la polémica judicial tras demanda de LUMA Energy contra el gobierno
Conocedores de la ley Promesa y el contrato otorgado al consorcio coincidieron en que la acción legal es el primer paso de un extenso procedimiento legal
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com
La decisión de LUMA Energy de recurrir al Tribunal Federal para controvertir las imputaciones de violaciones contractuales de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) presagia un litigio que pudiera extenderse por “años” y, de esa forma, dar al traste con la promesa de la administración de Jenniffer González de rescindir el pacto y encargar la red de transmisión y distribución eléctrica a un nuevo operador.
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“Un litigio como este puede tomar años”, advirtió el abogado John Mudd, experto en la ley Promesa.
“Creo que el mensaje principal de esta demanda de LUMA es que no se van a ir, como decía aquel poema, ‘they will not go gentle into that good night’. Según esta demanda, la postura es negar que, en efecto, haya incumplido el contrato y, en este caso, que sean válidas las alegaciones de violaciones técnicas de la AAPP con las consecuencias que dice el contrato”, comentó, por su lado, el exsenador y abogado energético Ramón Luis Nieves.
En primera instancia, la jueza federal Laura Taylor Swain deberá determinar si el tribunal creado para resolver las reestructuraciones financieras bajo el Título III de Promesa tiene jurisdicción sobre el caso incoado por el consorcio privado. Si bien Mudd considera que sí, puntualizó que la jueza tiene la opción de abstenerse de entrar en la controversia, lo que podría tener el efecto de remitirlo al foro estatal, como la AAPP reclamó este martes en expresiones escritas.
Para Luis Aníbal Avilés, catedrático en derecho energético y expresidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), el escenario más probable es que Swain desestime la demanda.
“Por la naturaleza de cómo ella (Swain) ha atendido otras disputas en el Título III de la AEE, ella simplemente, cuando no tiene que resolver, dice ‘esto no está dentro de mi jurisdicción’”, señaló Avilés.Play Video
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«El zar de Energía ha sido muy puntual en identificar cada una de las áreas donde se ha incumplido», sostuvo Jenniffer González.
La controversia en torno a la naturaleza de las supuestas violaciones que el gobierno señala a LUMA, en tanto, enfrenta una interpretación “textualista” del contrato, por parte de la empresa, al acercamiento “funcionalista” de la AAPP, sostuvo Avilés. Mientras la AAPP alega que las violaciones abordan aspectos “técnicos” del contrato y la ejecución de LUMA –y, por ende, están sujetos a una determinación inapelable de un “experto independiente”–, el consorcio sostiene que ninguno de los seis señalamientos en su contra cumple con esa definición y, por lo tanto, están sujetos a un trámite de mediación y, en última instancia, otro litigio.
“Ellos quieren que el tribunal lo dilucide, que es una táctica de parte de LUMA –que obviamente está defendiendo sus derechos bajo el contrato–, pero lo que realmente introduce es dilación y ganar tiempo”, manifestó Avilés, al tiempo que Mudd, por separado, expresó que coincide con la apreciación que postula el operador en torno a la naturaleza de las disputas.
En abril –tres meses antes de que la AAPP notificara a LUMA los presuntos incumplimientos contractuales–, González estableció un subcomité –bajo el Comité de Transformación Energética que creó antes de jurar como gobernadora– que se encargaría de comenzar la búsqueda de potenciales sustitutos de LUMA. Desde su campaña primarista contra el exgobernador Pedro Pierluisi, González fundamentó su plataforma energética en la intención de deshacerse del contrato suscrito en 2020.
“La demanda de LUMA no tendrá impacto en que la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón continúe encaminada en el proceso de sustituir a LUMA por un operador privado que le provea al pueblo una red eléctrica estable y que funcione y apoye el desarrollo económico para la isla”, afirmó, en declaraciones escritas, el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech.
“La consecuencia de esto es que, evidentemente, el camino para la cancelación del contrato, que no solamente es la política pública de la gobernadora Jenniffer González, sino de casi todos los candidatos (a la gobernación) en 2024, no será de un día para otro. Va a litigarse por meses y, tal vez, años”, dijo, en tanto, Nieves, integrante del Comité de Transformación Energética, aunque no del subcomité de búsqueda de operadores.
“Mi estimado, como van las cosas, es que esto podría trascender este cuatrienio. Creo que, cuando eso ocurra, si es que va a ocurrir, no podemos cometer los errores del pasado”, abundó el exsenador popular.
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Manuel Guillama Capellamanuel.guillama@gfrmedia.com
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