“New York Times”: Wanda Vázquez, exgobernadora de Puerto Rico, se declara culpable de un delito electoral
Vázquez había sido acusada inicialmente de aceptar sobornos para influir en un nombramiento regulador. Un controvertido acuerdo de culpabilidad dio lugar a un cargo menor.
Por Patricia Mazzei y Glenn Thrush
Patricia Mazzei informó desde Miami, y Glenn Thrush desde Washington.
27 de agosto de 2025
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La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez, se declaró culpable el miércoles de un delito menor de violación de la ley de financiación de campañas electorales por aceptar una promesa de contribución política de un banquero venezolano en 2020.
El acuerdo de culpabilidad, inusualmente benévolo, fue respaldado por un alto funcionario del Departamento de Justicia de Donald Trump y aceptado a regañadientes por una jueza de distrito, quien lo comparó con un tirón de orejas.
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Vázquez, de 65 años, se declaró culpable de aceptar la promesa de una donación superior a 2000 dólares pero inferior a 25.000 dólares de un ciudadano extranjero en el Tribunal Federal para el Distrito de Puerto Rico, en San Juan. Se trata de un delito mucho menos grave que los cargos de conspiración delictiva, soborno en programas federales y fraude electrónico por servicios honestos presentados contra ella en 2022, que conllevaban hasta 20 años de prisión.
Será condenada el 15 de octubre a entre seis meses y un año de libertad condicional, en virtud de un acuerdo entre los fiscales y sus abogados defensores.
Vázquez, una republicana que apoyó a Trump y es miembro del partido estadista de Puerto Rico, fue gobernadora durante menos de dos años, de 2019 a 2021, tras un periodo de agitación política en la isla.
Fue arrestada en 2022 después de que un gran jurado la acusara de aceptar sobornos a cambio de sustituir a un importante regulador de la isla, que había estado investigando a un banco propiedad de uno de los donantes de su campaña. El donante era Julio M. Herrera Velutini, un venezolano cuyo banco internacional, Bancrédito, estaba inmerso en problemas normativos relacionados con transacciones bancarias sospechosas.
Según la imputación de 2022, Herrera ofreció pagar 300.000 dólares a los asesores políticos que trabajaban en la campaña de Vázquez en 2020 si ésta sustituía al regulador bancario. Posteriormente, Herrera creó un comité de acción política para Vázquez, forzó la salida del comisario bancario en funciones e instaló en el cargo a la persona elegida por Herrera.
Tras abandonar el tribunal el miércoles por la tarde, Vázquez dijo a los periodistas que asumía la responsabilidad de que su campaña no le hubiera preguntado a los donantes si eran ciudadanos estadounidenses.
“Aquí no hubo soborno”, dijo. “Aquí yo no cogí ni un solo centavo”.
A finales del año pasado, cuando el caso aún se dirigía a juicio, Herrera contrató a un nuevo abogado defensor, Christopher M. Kise. Luego, esta primavera, el equipo jurídico de Vázquez se reunió con los fiscales para solicitar que sus cargos se redujeran a un delito menor, con la intención de evitarle la posibilidad de ir a la cárcel.
El fiscal federal de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, quien llevó el caso, se mostró en general abierto a negociar los cargos. Pero también dejó claro que quería que Vázquez se declarara culpable de un delito grave y que creía que el caso que había montado contra ella era sólido, según dos personas familiarizadas con la situación.
En mayo, Todd Blanche, el fiscal general adjunto que ha liderado el desmantelamiento de la unidad de corrupción pública del Departamento de Justicia, dejó claro a los fiscales que quería evitar alargar el proceso más de lo necesario y les ordenó que aceptaran la oferta de Kise de un delito menor, dijeron esas personas.
Bloomberg News informó por primera vez sobre esa interacción. Tanto Blanche como Kise han sido miembros del equipo de defensa legal del presidente Trump en el pasado.
Los fiscales de carrera de Washington y San Juan expresaron su asombro de que su investigación llegara a tan poco, según funcionarios y exfuncionarios del Departamento de Justicia.
Pero el acuerdo siguió adelante, sorprendiendo incluso a la jueza que presidía el caso.
La jueza, Silvia Carreño-Coll, que fue nombrada por Trump, escribió en una orden el mes pasado que la pena por una violación de la financiación de la campaña “es un simple tirón de orejas” en comparación con lo que Vázquez se habría enfrentado si hubiera sido declarado culpable de los cargos originales del caso. La jueza señaló que el gobierno había “con sumo celo” el caso durante tres años.
Carreño-Coll afirmó que desafortunadamente “la decisión del Gobierno de cambiar de rumbo a última hora está permitida porque en última instancia el Gobierno decide cómo ejercer su discreción procesal”, escribió la jueza Carreño-Coll, citando directrices presumiblemente emitidas por el Departamento de Justicia.
Un portavoz del Departamento de Justicia no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios.
En respuesta a los comentarios de la jueza, los abogados defensores de Vázquez dijeron que la jueza había convertido un ejemplo de “funcionamiento correcto de la justicia en una historia injustificada de favoritismo político”.
“El acuerdo de culpabilidad fue el resultado de la evaluación profesional por parte del gobierno de nuevas pruebas convincentes y exculpatorias descubiertas a través de la investigación de la defensa y presentadas durante las negociaciones de buena fe”, escribieron, “no de ninguna directiva”.
Vázquez era la secretaria de Justicia de Puerto Rico en 2019, cuando las protestas masivas obligaron al gobernador Ricardo A. Rosselló a dimitir. El secretario de Estado debería haberle sucedido, pero ese cargo estaba vacante, por lo que Vázquez, la siguiente en la línea de sucesión, fue catapultada inesperadamente a la gobernación. Perdió su candidatura a un mandato completo al ser derrotada en unas primarias en 2020.
Patricia Mazzei es la jefa de la corresponsalía en Miami, que cubre Florida y Puerto Rico.
Glenn Thrush cubre el Departamento de Justicia y también ha escrito sobre la violencia armada, los derechos civiles y las condiciones en las cárceles y prisiones del país.
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