Se buscan $12,000 millones para la red eléctrica: LUMA Energy define la inversión no federal necesaria para rehacer el sistema
Según el operador, incluso con una inversión global de $25,000 millones en los próximos 10 años, Puerto Rico contaría con uno de los servicios más inestables en Estados Unidos
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com
A lo largo de la próxima década, LUMA Energy proyecta que la red de transmisión y distribución requerirá una inversión de mejoras capitales ascendente a casi $25,000 millones, una cifra que duplica los fondos federales disponibles para obras de infraestructura y, en consecuencia, implicaría que la diferencia se sufrague con las facturas cobradas a los clientes, lo que equivaldría a un impacto superior a los seis centavos por kilovatio hora (kWh).
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De materializarse ese volumen de inversión, LUMA pronostica que, al final de ese período, los principales indicadores de confiabilidad del servicio mejorarán hasta un 80%, pero que, incluso en el escenario más optimista, Puerto Rico continuaría padeciendo uno de los peores sistemas eléctricos en los Estados Unidos a base de las tasas de frecuencia y duración de apagones.
“La pregunta que surge es si será posible hacer ahorros por otro lado, para, por lo menos, hacer un contrapeso de que, si aumentas los gastos por aquí, pero reduces por acá, a lo mejor el aumento es más moderado. Levanta bandera que esto pudiera representar un aumento significativo en la tarifa. Hay que ver cómo se justifican estos gastos. Hace falta un poco más de análisis para sustentar estos números”, acentuó el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, al señalar que los estimados no consideran posibles gastos adicionales en el área de generación.
De acuerdo con el Plan de Inversión a Largo Plazo (LTIP, en inglés) que LUMA entregó al Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) en el marco de la revisión de la tarifa base, entre los años fiscales 2026 y 2035 será necesario invertir, al menos, $24,270 millones en el sistema de transmisión o distribución, de los cuales $12,248 millones serían fondos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y el resto, unos $12,022 millones, inversiones con fondos propios. Bajo un escenario “restringido” –que el NEPR pidió para considerar alternativas menos onerosas para los abonados–, el monto no federal se reduciría a poco menos de $10,000 millones por la próxima década, lo que, de todas formas, representa un promedio de casi $1,000 millones al año.
Ninguna de las cifras, sin embargo, toma en cuenta las inversiones correspondientes a sistemas de informática, que LUMA ha solicitado mantener confidenciales por considerar que se trata de “información de infraestructura crítica de energía”, cobijada por las leyes federales.
Mejoría significativa, pero insuficiente
Al combinar el financiamiento federal disponible con los fondos que propone recaudar de la tarifa, LUMA estima que logrará reducir la frecuencia de interrupciones de servicio por cliente (SAIFI, en inglés) a entre 1.9 y 4.1 al año, con una duración total (SAIDI, en inglés) de entre 288 y 738 minutos. Estos indicadores, respectivamente, ascendieron a 7.9 y 1,432 en el año fiscal 2024, distanciados de los objetivos que el NEPR ha dispuesto, que se limitan a una interrupción y no más de 102 minutos de interrupciones por abonado al año.PUBLICIDAD
En su testimonio ante el NEPR en el expediente de revisión tarifaria, el vicepresidente de Programas Capitales de LUMA, Pedro Meléndez, subrayó que, entre las empresas eléctricas “medianas” en Estados Unidos, el peor SAIFI registrado, en 2024, fue de 2.58 interrupciones, y el peor SAIDI, de 363 minutos, tasas que se acercan al mejor escenario que LUMA proyecta para 2035.
“Revertir estos niveles de degradación y encaminarnos hacia la reconstrucción y modernización del sistema eléctrico requiere de cantidades sustanciales de inversión a corto, mediano y largo plazo. (…) Comparado a niveles actuales de SAIFI de 7.9 y SAIDI de 1,432 minutos, estos resultados a largo plazo, sin duda alguna, representarán una mejoría histórica en calidad de servicio, comparable con otras compañías eléctricas que no sufren de los niveles de degradación que sufre el sistema eléctrico en Puerto Rico”, señaló Alejandro Figueroa Ramírez, principal oficial regulatorio de LUMA, en declaraciones escritas.
“Ahora, Puerto Rico tiene entre 23 y 24 horas sin servicio al año, según la información que el operador somete al NEPR. Si se baja eso a entre cuatro y cinco horas, no seríamos una de las mejores jurisdicciones, pero estaríamos en una normalidad. Pero no podemos pasar juicio de la efectividad de ese plan hasta que ese plan explique, por región y municipio, los proyectos que se van a hacer”, sostuvo, en tanto, el ingeniero y planificador Tomás Torres Placa, exrepresentante del consumidor en la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
En el año fiscal 2024-2025, el presupuesto no federal destinado a mejoras capitales fue de $125.3 millones, por lo que el monto propuesto para la siguiente década –unos $1,200 millones anuales– requeriría incrementar la tarifa entre seis y siete centavos por kWh, sin considerar ajustes asociados a pagos de pensiones, servicio a la deuda y otros gastos operacionales.
“En la medida que seamos más eficientes con los fondos federales y los dineros que se asignan del presupuesto, vamos a tener un mejor sistema. No puedo ser ineficiente en la forma de utilizar los fondos federales y los proyectos de mejoras capitales en el presupuesto, en fondos no federales, y depender de unas futuras emisiones de deuda que, tal vez, nunca lleguen o no lleguen en la magnitud que se requiere”, advirtió Torres Placa, quien urgió a LUMA a traducir el LTIP a un formato más comprensible a la ciudadanía y entidades gubernamentales locales que se impactarían con los sobre 1,300 proyectos vislumbrados.
En la tabla provista al NEPR, algunos de los proyectos millonarios enumerados incluyen descripciones tales como “El Gato – Group B” o “Datalake Expansion”, sin mayor explicación de su naturaleza o alcance.
“Lo primero es la transparencia. No podemos ver si el plan es efectivo o no si no se describen”, subrayó Torres Placa.
Clave la reestructuración
Marxuach, del CNE, enfatizó que la discusión sobre el plan de inversiones futuras no pude desligarse del eventual desenlace de la reestructuración de deuda de la AEE, toda vez que un Plan de Ajuste favorable a los acreedores –como se teme que impulse la Junta de Supervisión Fiscal que constituya el presidente Donald Trump– limitaría la capacidad futura de la corporación pública de acceder a los mercados de bonos para financiar parte de las mejoras capitales.
“El análisis (de LUMA) se presenta como la cantidad de dinero que tenemos que gastar para tener un sistema eléctrico de siglo 21, pero ningún negocio, por más poder que tenga en el mercado, planifica así, pensando que le puede pasar todos los costos a sus clientes”, expresó el economista, quien urgió a realizar un ejercicio a la inversa, en el que se determine primero la tarifa máxima que el país puede sostener y, a partir de ese cálculo, el modelo eléctrico al que se puede aspirar.
“La tarifa propuesta está basada en las necesidades del sistema, no en un análisis de impacto económico. Sin embargo, sí se toma en consideración el costo estimado de no atender la degradación del sistema y, por ende, no prevenir o reducir la frecuencia y duración de interrupciones de servicio. A esos efectos, y utilizando valores establecidos por el NEPR, nuestra petición contempla que las mejoras en calidad de servicio viabilizadas por nuestra propuesta resultarían en un impacto económico positivo de entre $12,100 (millones) y $15,800 millones”, afirmó Figueroa Ramírez.
El LTIP, a su vez, se evaluará en medio de la pugna contractual que el operador mantiene con la Autoridad para las Alianzas Público Privadas, en el contexto de la promesa de la administración de Jenniffer González de rescindir el acuerdo suscrito en 2020.
“Por un lado, pudieras decir que a LUMA le conviene hacer el mejor trabajo posible, y decir que ‘estamos cumpliendo y el problema es el gobierno y la AEE’. Pero, por otro lado, como parte de ponerle presión al gobierno, pudieras ver que se atrasaran los proyectos. No me atrevería a decir que se van a paralizar o dejar de hacer, porque hay mucho dinero de FEMA y sería irresponsable, no se vería bien y ya LUMA tiene un problema de imagen”, apuntó Marxuach.
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Manuel Guillama Capellamanuel.guillama@gfrmedia.com
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