“Disputa interna” de LUMA y el desgobierno local y federal atrasan la reconstrucción de la red eléctrica

El panorama no es alentador, pues ahora la Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional supervisará personalmente cualquier subvención o adjudicación de contrato que sobrepase los $100,000 antes de obligar los fondos, dijo la agencia al CPI.

Por Eliván Martínez Mercado y Vanessa Colón Almenas

20 de septiembre 2025 a las 06:41 hrs.

Del CPI

El Zar de Energía le echa la culpa a LUMA, la privatizadora del sistema eléctrico, por no saber manejar los fondos federales. Esta empresa tuvo una lucha interna con uno de sus contratistas principales y señala a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) por la falta de mantenimiento. La Junta de Control Fiscal dice que nadie mandaba ni coordinaba a las agencias durante la administración Pierluisi. Y así, nadie asume la responsabilidad sobre el retraso y la ineficiencia en la recuperación de la red eléctrica, a ocho años del huracán María.

Cuando competía por el contrato de privatización de la red eléctrica, que ganó en 2020, LUMA se promocionó como experta en manejo de fondos federales porque traía al socio Innovative Emergency Management (ahora IEM International). Después de ganar el negocio, comenzaron los conflictos entre ambos.

“Para nosotros es inaceptable que ni ellos mismos se pongan de acuerdo”, dijo el ingeniero Josué Colón, zar de Energía de Puerto Rico, en una entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo (CPI). “Dijimos ‘no, no, tienen que resolver y no pueden estar en estas disputas’”. El conflicto causó problemas con el desembolso del dinero de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), que se anunció como la mayor cantidad de fondos federales jamás otorgada en el programa Asistencia Pública tras un desastre, y atrasó la reconstrucción de la red eléctrica tras el huracán María.

El Negociado de Energía también expresaba en junio de 2024 que era poco clara la participación de IEM en el manejo de los fondos federales, aun cuando ese debía ser su rol, y en ese contexto mostraba preocupación porque LUMA no explicaba los retrasos en la presentación de proyectos a FEMA.

“LUMA no le hacía caso a IEM”, explicó Colón. “LUMA no seguía sus recomendaciones y consejos de cómo atender los asuntos relacionados con la formulación de proyectos” a FEMA.

Junto a la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) y la Junta de Control Fiscal (JCF), tuvieron que hacer “múltiples reuniones” para que LUMA resolviera esas disputas internas. “Alegan ahora que ya eso se subsanó y están trabajando en conjunto. Ya veremos”, añadió Colón.

FEMA reembolsa el dinero de los trabajos de recuperación por medio de COR3. Mientras, la JCF formula los planes fiscales de la AEE y supervisa la transformación energética. La JCF es parte de esa burocracia, en la medida en que tiene que aprobar todos los contratos del sistema eléctrico que sobrepasen los $10 millones.

En declaraciones enviadas al CPI, el consorcio dijo que “no existe ningún desfase entre IEM y LUMA que haya atrasado los trabajos en curso. La creación de nuestra nueva oficina de fondos federales ha logrado avances significativos que se apoyan en recursos adicionales, entre ellos la experiencia de IEM, con quienes hemos trabajado de manera continua desde el 2021”. Desde julio de 2025, la vicepresidenta de esa oficina es Doriel Pagán Crespo, quien hasta febrero fue la presidenta ejecutiva de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA).

IEM International, por su parte, no contestó las preguntas del CPI. Stephanie Tennyson, directora de comunicación corporativa de IEM, refirió al CPI a que contactara a LUMA sobre este asunto.

Una de las obras críticas de LUMA para reducir la frecuencia y la duración de los apagones es despejar 16,000 millas de vegetación en las servidumbres de la AEE. Esta crece y se enreda en los cables de transmisión de electricidad, lo que causa más de la mitad de los apagones, según LUMA. Implica recortar al ras de la tierra los árboles y los arbustos, dijo Colón.

LUMA se retrasó con este proyecto porque rehizo sus planes y volvió a someterlos. Tuvo que atender preocupaciones de las agencias de protección ambiental federal y de Puerto Rico, luego de haber propuesto usar herbicida a gran escala con aviones e intervenir cerca de cuerpos de agua.

“No solamente en ese proyecto. De varios de ellos han tenido que dar para atrás y para adelante para lograr el cumplimiento”, dijo Colón. La Agencia de Protección Ambiental (EPA) aseguró al CPI que ha suministrado asistencia técnica y orientación a LUMA para el plan de despeje de vegetación. Informó al consorcio que tendría que solicitar un permiso si iba a usar herbicidas a gran escala o perturbar un acre o más de terreno si estas actividades podían contaminar los cuerpos de agua. La EPA sostiene que aún no ha recibido por parte de LUMA una solicitud de permiso y que no tiene autoridad para otorgarle dispensas bajo la Ley federal de Agua Limpia.

Cuando más de 350,000 abonados se quedaron sin electricidad en junio de 2024, el presidente de LUMA, Juan Saca, dijo que la línea de transmisión 39000 tuvo una avería causada por la vegetación. No fue hasta un año después que LUMA sometió un proyecto a FEMA para la remoción de la vegetación de esta línea, según datos del COR3.

De los 116 proyectos de energía que están en fila para la aprobación de FEMA, 29 son de remoción y despeje de vegetación en subestaciones y líneas de transmisión.

LUMA se ha caracterizado por el atraso en la administración de los fondos federales y en la solicitud de reembolsos por los trabajos relacionados al desastre de María. Para agravar la situación, todos los proyectos que LUMA sometió a FEMA tras el huracán Fiona, que golpeó una vez más la red eléctrica en septiembre de 2022, incumplían con las guías federales, por lo que ahora hay $300 millones en disputa con esa agencia federal, dijo Josué Colón. Al momento, aunque se estiman en $2.3 mil millones los fondos para proyectos energéticos de obra permanente tras el paso de Fiona, no se ha obligado un centavo.

Colón no quiso responder a la pregunta de si la restauración del sistema eléctrico podría tardar dos décadas debido a los escollos de LUMA y a la burocracia federal. Esta empeora porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS en inglés) dijo en declaraciones escritas al CPI que “la secretaria [Kristi] Noem revisa y aprueba personalmente cualquier contrato que supere los $100,000”.

“Obviamente no hay duda que nosotros tenemos que interactuar con esa otra gerencia adicional”, dijo Colón. Pero aseguró que los proyectos no se estancan en ese nuevo paso, porque la Secretaria del DHS ha atendido las peticiones del Gobierno de Puerto Rico.

“Ella [Kristi Noem] no entra en un proyecto que va a hacerse a futuro o que está en un proceso de validación de FEMA, sino en el último paso cuando se va a dar la obligación”, dijo el Zar de Energía, nombrado en enero de 2025 por la gobernadora Jenniffer González Colón, quien es republicana alineada con la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Aunque para el Zar de Energía esta nueva capa de burocracia aparentemente no representa un problema, la arquitecta Tamara Orozco, quien trabaja con proyectos de reconstrucción de escuelas, expresó la dificultad para la obligación de los fondos por la orden impartida en la administración de Trump. Orozco dijo en una vista cameral en agosto que una de las dificultades para la obligación de fondos para la Escuela Dr. Pedro Albizu Campos en Toa Baja es “que para proyectos federales mayores de $100,000 tienen que contar con el aval de la directora de Homeland Security”.

Varias jurisdicciones en Estados Unidos, como Carolina del Norte, han denunciado que la nueva directriz es una obstrucción o que ha provocado un “cuello de botella” en los reembolsos de estos fondos.

Falta de liderato

Hasta ahora, no se ha desembolsado ni un 24% de los más de $9.5 mil millones otorgados para la recuperación de la red eléctrica tras ocho años del huracán María.

Hay 116 proyectos de energía que todavía están bajo evaluación de FEMA. Uno de ellos es para las reparaciones de la Represa de Guajataca, el embalse más importante del noroeste de Puerto Rico, cuyas compuertas sufrieron daños significativos tras el huracán, lo que amenazó la vida de miles de personas en Quebradillas e Isabela. También hace falta reparar y reemplazar líneas de transmisión de electricidad.

Es tal la lentitud de la recuperación de la red eléctrica que una nueva auditoría del Inspector General federal establece que FEMA “no sabe cuándo se reconstruirá completamente la red eléctrica de Puerto Rico”, a cargo de la AEE y las privatizadoras LUMA y Genera.

El director ejecutivo de la JCF, Robert Mujica, dijo al CPI que la falta de liderato y coordinación entre las partes a cargo de ejecutar los proyectos de energía durante la administración del exgobernador Pedro Pierluisi son en parte la razón de la lentitud en la recuperación de la red.

Por ejemplo, mencionó que “todo el mundo decía que todo estaba bien” cada vez que la exsecretaria del Departamento de Energía federal, Jennifer Granholm, visitaba Puerto Rico para reuniones de seguimiento con los asuntos energéticos. Sin embargo, las obras seguían estancadas.

En esas reuniones estaban FEMA, la AEE, LUMA, Genera, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), el Negociado de Energía (NEPR) y COR3.

Luego del apagón de junio del 2024, el Departamento de Energía federal le solicitó a Mujica que estuviera más involucrado en los asuntos de la recuperación energética de la Isla, aseguró el director ejecutivo de la JCF.

“Cada una de las agencias tiene una responsabilidad, pero cada una echa la culpa a los demás”, dijo Mujica sobre lo que percibió como una desorganización entre las entidades involucradas en la recuperación de la red bajo la administración Pierluisi.

“Durante mi administración hubo una supervisión constante y abarcadora de todos los componentes de nuestro sistema eléctrico”, dijo el exgobernador en declaraciones enviadas al CPI. Mencionó a miembros de su equipo que supervisaron a las privatizadoras como Josué Colón, ex director ejecutivo de la AEE, quien ahora busca cancelar el contrato de LUMA.

Pierluisi también alegó que el nombramiento del Secretario Auxiliar para Asuntos Energéticos, el ingeniero Francisco Berríos Portela, buscaba fiscalizar y coordinar todo lo relacionado a la energía en Puerto Rico. Portela dejó su cargo en diciembre de 2024, y en enero de 2025 anunció que comenzaba a trabajar para Quanta Services, una de las empresas que compone el consorcio de LUMA.

FEMA, la agencia federal que otorga los fondos para la reconstrucción, no está exenta de tropiezos. La auditoría del Inspector General federal publicada esta semana mencionó que FEMA falló al no proveer guía y apoyo técnico adecuado a la AEE y sus afiliados. Por ejemplo, un proyecto relacionado a la distribución de energía había pasado por cuatro revisiones en 13 meses, y otro relacionado al alumbrado había sido sometido nuevamente a FEMA por inconsistencias en los documentos requeridos.

“Si FEMA hubiera brindado asistencia técnica más completa, concluimos que los [documentos y otros datos] sobre los alcances del trabajo de los proyectos se hubieran aprobado con mayor rapidez y sin necesidad de múltiples revisiones”, planteó la Oficina del Inspector General de DHS.

El 92% de los proyectos con fondos obligados para la reconstrucción de la red eléctrica están incompletos, según la auditoría que reportó datos hasta febrero de este año.

Andrew D’Amora, administrador alterno de la Región 2 de FEMA, a la que pertenece Puerto Rico, contestó al Inspector General de DHS, Joseph Cuffari, que la reconstrucción y modernización de la red eléctrica recae en el Gobierno de Puerto Rico y no en la agencia federal. Añadió que FEMA no podrá financiar las metas de la modernización del Gobierno estimada en más de $24 mil millones y que pueden tardar hasta 10 años.

D’Amora añadió que, para finales de este año, espera completar adiestramientos adicionales al personal de la AEE y sus afiliados, COR3 y otros encargados de la red, así como incluir unas guías que aclaren cómo deben ser las actualizaciones de los planes de trabajo que somete la AEE a FEMA cada 90 días.

¿Dónde está la compañía IEM?

El manejo de este dinero de recuperación se le encargó a LUMA, que durante el proceso para obtener el contrato alardeó de contar con la compañía IEM, una empresa con alegada experiencia en fondos federales de emergencia y recuperación en más de 300 jurisdicciones de Estados Unidos.

Sin embargo, el Negociado de Energía (NEPR) mostró preocupación el año pasado con el rol de IEM dado que había un retraso significativo e inaceptable en la gestión de los proyectos de despeje de vegetación de la red.

El NEPR dijo además que LUMA no había explicado el retraso en someter los proyectos y en comenzar los trabajos ya aprobados.

“El rol de Innovative Emergency Management, Inc. (IEM) en este proceso tampoco está claro. Cuando IEM se incorporó inicialmente, se presentó como experto en la obtención y gestión de fondos federales. Sin embargo, su participación y eficacia actuales para acelerar el programa de gestión de la vegetación no están claras”, expuso el NEPR. Es decir, no solo Josué Colón, sino también el NEPR, regulador del sistema energético de Puerto Rico, cuestiona la participación de IEM en el consorcio LUMA y su supuesta eficacia para manejar fondos federales.

Pero IEM continúa contratada, según confirmaron LUMA y Josué Colón. IEM ーque ha obtenido más de $325 millones en contratos con agencias del Gobierno de Puerto Rico desde 2019ー cuenta en su plantilla con el ex coordinador de FEMA para la Recuperación, Alex Amparo, como vicepresidente de Infraestructura Crítica. Igualmente, Pamela H. Patenaude, recaudadora de la campaña de la Gobernadora, continúa como asesora ejecutiva sénior de IEM, un contrato que obtuvo a tres meses de su renuncia a la subsecretaría de Vivienda federal y de impulsar el aumento a $20 mil millones de los fondos de recuperación de Vivienda, conocidos como CDBG-DR, para Puerto Rico.

El Departamento de la Vivienda de Puerto Rico también contrató los servicios de IEM para asistir en la implementación y administración de programas energéticos subvencionados con fondos federales CDBG-DR para energía y de mitigación de Vivienda federal (HUD en inglés).

En su propuesta, IEM menciona que entre las personas clave de su equipo están los exdirectores de la AEE, José Ortiz y Ricardo Ramos; el ex comisionado del Negociado de Energía, Ángel Rivera; y Cristina Salib López, a quien la Oficina del Inspector General de Puerto Rico refirió a Ética Gubernamental porque no tenía una dispensa cuando recibió un contrato con la Autoridad de Carreteras, mientras trabajaba en el Departamento de Transportación y Obras Públicas.

De los casi $2 mil millones de los fondos CDBG-DR para mejoras al sistema eléctrico anunciados por HUD en 2018, el gasto no llega ni a un 1%. Con estos fondos se subvenciona el programa para el que IEM fue contratado por Vivienda.

El sistema eléctrico no es el único rezagado en la reconstrucción. Otras tres agencias que muestran bajos porcentajes en el uso de estos fondos, a ocho años de María, son el Departamento de Educación (4%), Administración de Vivienda Pública (13%) y la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (23%). A estas agencias, que son las que han recibido más dinero asignado por FEMA, les quedan casi $15 mil millones por usar en obras permanentes.