La ONU ante la crisis del orden internacional: el veto estadounidense, Gaza y la urgencia de una reforma estructural
El bloqueo del Consejo de Seguridad y el uso del veto estadounidense ante Gaza evidencian la necesidad urgente de transformar la ONU para recuperar su legitimidad y eficacia.
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La Organización de las Naciones Unidas nació en 1945 como respuesta a la barbarie de la Segunda Guerra Mundial. Su Carta fundacional no solo fijaba principios básicos, como la prohibición del uso de la fuerza salvo en legítima defensa, la autodeterminación de los pueblos y la cooperación pacífica entre naciones, sino que aspiraba a construir una arquitectura política y diplomática capaz de prevenir nuevas catástrofes globales.
Ochenta años después, esa arquitectura se encuentra en ruinas. La Asamblea General es tratada como un foro meramente simbólico y las instituciones jurídicas internacionales, como la Corte Penal Internacional (CPI) o la Corte Internacional de Justicia (CIJ), son ignoradas o directamente deslegitimadas por las grandes potencias cuando sus decisiones no se alinean con sus intereses. Pero es en el Consejo de Seguridad, el órgano encargado de “mantener la paz y la seguridad internacionales”, donde se concentra el núcleo de la crisis: el derecho de veto, monopolizado por cinco miembros permanentes, se ha convertido en la herramienta que paraliza cualquier acción significativa.
Entre esos cinco países, Estados Unidos es, con diferencia, el que más ha abusado de su veto, utilizándolo de forma sistemática para blindar a su principal aliado en Oriente Medio: el régimen genocida israelí. Desde 1948, Washington ha empleado el veto en más de 45 ocasiones para impedir resoluciones que condenaban las agresiones israelíes, protegían los derechos del pueblo palestino o exigían el cumplimiento de la legalidad internacional. El resultado es devastador: Gaza se ha convertido en el laboratorio de un genocidio retransmitido en directo ante los ojos del mundo, mientras el organismo creado para impedir horrores como el Holocausto se muestra incapaz de actuar.
La intervención reciente de Donald Trump en la Asamblea General de la ONU, con su retórica estridente, su desprecio hacia el multilateralismo y su negación de los consensos globales, es solo la expresión más estridente de una tendencia mucho más profunda: el desmantelamiento progresivo del sistema multilateral construido tras 1945. Si esta dinámica no se revierte, la humanidad corre el riesgo de situarse en un escenario donde no rigen normas universales y donde “tiene la razón quien tiene más bombas”. Cuestión, por cierto, nada nueva en la Historia: recordemos cómo una de las primeras decisiones de Hitler, recién nombrado canciller de Alemania, fue abandonar la Sociedad de Naciones.
En esta valoración de la inutilidad de las NN.UU. en su actual configuración, una de las cuestiones a plantearse es que el derecho de veto se configura, tal y como está planteado en la actualidad, como una garantía de impunidad y parálisis del Consejo de Seguridad, tal y como se demuestra en Gaza, pero también lo hemos visto en el mantenimiento del bloqueo de EE.UU. a Cuba en contra de las decisiones de la Asamblea General de las propias Naciones Unidas.
De esta manera, el artículo 27 de la Carta de la ONU otorga a los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad (EE.UU., Rusia, China, Reino Unido y Francia) el poder de vetar cualquier resolución sustantiva. Este mecanismo, pensado originalmente como salvaguarda para evitar un enfrentamiento directo entre grandes potencias, se ha convertido en una herramienta de chantaje político y en un freno absoluto a la acción colectiva.
En el caso de Palestina, el uso estadounidense del veto ha alcanzado niveles obscenos. Cada vez que la mayoría de la comunidad internacional intenta frenar la maquinaria de guerra israelí, sea exigiendo un alto el fuego, denunciando los asentamientos ilegales o reconociendo la soberanía palestina, Washington interviene para bloquear la resolución. Esto no solo impide la acción diplomática, sino que envía un mensaje claro: los crímenes de guerra del régimen sionista cuentan con patente de corso. En los últimos meses, mientras la operación israelí de exterminio sobre la población palestina de Gaza ha segado decenas de miles de vidas, incluidos miles de niños y niñas, el Consejo de Seguridad ha sido incapaz de emitir una resolución vinculante que detenga la masacre. Estados Unidos no se limita a abstenerse: veta activamente cualquier intento de condena, convirtiéndose así en coautor político y jurídico del genocidio. El derecho internacional se vacía de contenido cuando la potencia más poderosa lo viola impunemente, mientras la ONU se limita a observar.
Este bloqueo de la capacidad de actuación de las NN.UU. no afecta solo a Palestina, también sienta un precedente global: si el genocidio puede transmitirse en directo sin que haya sanciones ni justicia, cualquier régimen autoritario comprenderá que la impunidad es posible siempre que cuente con el respaldo de una gran potencia.
Desde esta perspectiva, la reciente intervención de Donald Trump en la Asamblea General de NN.UU. ilustra hasta qué punto el multilateralismo es cuestionado por quienes pretenden mantener una hegemonía mundial en un Orden Unipolar. De esta manera, en lugar de reafirmar los principios de la ONU, Trump arremetió contra el propio organismo, acusándolo de promover una “agenda globalista” y ridiculizando su capacidad para resolver conflictos. Negó la crisis climática, atacó a los inmigrantes y defendió abiertamente la política de fronteras cerradas y supremacismo nacional.
Más allá del contenido específico, su discurso encarna una concepción peligrosa: la ONU no es vista como un espacio de cooperación, sino como un obstáculo que debe ser debilitado o instrumentalizado. Esto no es nuevo: ya durante su primer mandato, Trump retiró a EE.UU. de diversos tratados de limitación de armas, abandonó la UNESCO, la OMS y el Consejo de Derechos Humanos, además de recortar drásticamente los fondos destinados a agencias de la ONU. Pero ahora, su segundo mandato combina esa política de erosión institucional con un aval explícito al régimen israelí y a su campaña genocida, y una política de Guerra Fría que potencia la carrera armamentista con un brutal aumento del gasto militar y trata de dividir al mundo en bloques enfrentados y desconectados entre sí.
Si se consolida este escenario, las consecuencias de la consolidación de la política de bloques y, por consiguiente, la creación de una gran área de influencia controlada por EE.UU., donde la diplomacia dejará de ser el mecanismo principal de resolución de conflictos y será reemplazada por la lógica de la fuerza, quien tiene más armas, y más mortíferas, la OTAN, como brazo armado del imperialismo, impondrá su voluntad, mientras el derecho internacional se convierte en una reliquia vacía. En este contexto, la ONU corre el riesgo de convertirse en un teatro simbólico, irrelevante para la política real, tal y como ocurrió con la Sociedad de Naciones del S. XX, que no fue capaz de evitar la II Guerra Mundial.
La destrucción de la arquitectura de 1945: un retroceso civilizatorio
Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo comprendió que la ausencia de normas compartidas y de mecanismos efectivos de resolución pacífica de conflictos había conducido al desastre. La creación de la ONU, junto con tratados como las Convenciones de Ginebra, el sistema de justicia internacional y los procesos de descolonización, fue un intento consciente de evitar repetir esa tragedia. Sin embargo, la dinámica de Guerra Fría del S. XX enterró rápidamente los principios fundamentales de NNUU, tal y como hemos referido anteriormente.
Hoy, esa arquitectura está siendo desmantelada pieza por pieza, incluso en los aspectos que todavía conservaban alguna capacidad de intervención, como se demuestra cuando el derecho internacional humanitario es pisoteado en Gaza, donde hospitales, escuelas y campos de refugiados son bombardeados sistemáticamente.
Al tiempo, se ve cómo la CIJ ha emitido medidas cautelares contra Israel, pero estas son ignoradas sin consecuencias, y cómo la misma CPI ha abierto investigaciones sobre crímenes de guerra, pero EE.UU. y sus aliados deslegitiman la Corte e incluso amenazan a sus jueces. Para culminar estos ejemplos, destacamos que la propia Asamblea General de la ONU aprueba resoluciones con amplísimas mayorías, pero estas carecen de fuerza vinculante y se convierten en meros gestos retóricos.
Estamos, por tanto, en un momento crítico de la historia, un punto de no retorno. Si permitimos que el genocidio en Gaza se normalice y quede impune, no solo traicionaremos la memoria de las víctimas palestinas: estaremos legitimando un modelo de relaciones internacionales basado en la fuerza bruta y en la impunidad de los poderosos.
El dilema es claro: o avanzamos hacia un multilateralismo renovado y eficaz, o retrocedemos a un mundo regido por la ley de la selva, donde el poder militar decide quién vive y quién muere. La humanidad ya vivió esa pesadilla en el siglo XX. No podemos permitir que se repita.
En esta defensa del multilateralismo es urgente reformar la ONU para que pueda recuperar su papel original. La ONU sigue siendo una herramienta insustituible. Ningún otro organismo tiene la legitimidad universal ni la capacidad de coordinación que ella posee. No se trata, por tanto, de destruirla —porque sería hacerle el trabajo sucio a Trump—, sino de devolverle la capacidad de cumplir con su mandato fundacional. Algunas líneas imprescindibles de reforma serían:
- Revisión del derecho de veto, limitando el poder absoluto de los cinco miembros permanentes, estableciendo que el veto no pueda aplicarse en casos de genocidio, crímenes de guerra o violaciones graves de derechos humanos, siguiendo la propuesta del grupo ACT (Accountability, Coherence and Transparency), además de introducir mecanismos de apelación ante la Asamblea General cuando el Consejo esté bloqueado.
- Democratización del Consejo de Seguridad, ampliando el número de miembros permanentes y no permanentes para reflejar la realidad multipolar, garantizando la representación del Sur Global, incluyendo regiones como África, América Latina y Asia.
- Fortalecimiento de la justicia internacional, asegurando que las resoluciones de la CIJ y la CPI sean vinculantes y ejecutables, creando mecanismos automáticos de sanción contra Estados que incumplan sentencias.
- Financiación independiente, evitando que un solo país pueda chantajear a la ONU mediante recortes presupuestarios. Establecer fuentes de financiamiento global autónomas, como tasas sobre transacciones financieras internacionales o sobre la industria armamentística.
- Vinculación entre Asamblea General y Consejo de Seguridad, dando más peso a las resoluciones de la Asamblea cuando estas cuenten con amplias mayorías, evitando que queden como simples declaraciones sin efecto.
ETIQUETAS:
Derechos Humanos Organización de las Naciones Unidas (ONU)
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