Los miembros de la Junta no son el problema: es el capitalismo

El problema de Puerto Rico no es quién dirige la Junta de Control Fiscal, sino el sistema capitalista que la impuso. Los cambios de miembros no alteran la lógica que sigue exprimiendo al pueblo para pagar una deuda ilegal mientras se cierran escuelas, se recortan pensiones y se disparan las tarifas eléctricas.

Por Isabelino Montes

Los enemigos del país, los capitalistas que especularon con el dinero producido por la clase trabajadora en Puerto Rico y Estados Unidos, intentan limpiar su imagen en artículos como el más reciente publicado en The New York Times. Allí plantean que cumplieron con su labor y reducen el problema a un simple despido, ocultando que toda la situación se enmarca en la apropiación del dinero generado por nuestra clase trabajadora, dinero que utilizaron para enriquecerse.

Ahora, la narrativa mediática insiste en presentar a la Junta de Control Fiscal (JCF) como si cambiara de bando tras la salida de sus seis miembros. Una vez más, las medias verdades sirven para engañar a las masas trabajadoras. La democracia capitalista ofrece cada vez menos información, y lo poco que llega está cuidadosamente estructurado para proteger a capitalistas que se benefician.

En ese contexto, figuras como la representante Nydia Velázquez, demócrata por Nueva York, alzan la voz para garantizar que los tenedores de bonos cuenten con la atención del presidente. Pero parece que Velázquez olvida —o prefiere olvidar— que esos mismos capitalistas de Wall Street presionaron a Obama cuando impuso la JCF en 2016, y entonces ella fue tímida porque se trataba de su propio partido.

La clase trabajadora está cansada de estas hipocresías, como también lo está de quienes apoyan a estos mismos actores: los del PNP, los del PPD y los de la Alianza del PIP y el MVC, que se escudaron en Velázquez para sus campañas. Entender el problema exige separarse del oportunismo demócrata y mirar a ambos partidos imperialistas como lo que son: las dos alas de un mismo pájaro.

La crisis política actual ha desesperado a los capitalistas, que buscan cobrar en Puerto Rico una deuda impagable, salvo que se venda la isla completa. Por eso, sectores fascistas que hoy gobiernan el imperio se colocan de frente a esta disputa, aunque no puedan limpiarse la cara quienes también fueron parte: los demócratas.

Detrás de estas medias verdades está el hecho de que los grandes bonistas —fondos de cobertura, aseguradoras y fondos de inversión— exigen el reembolso íntegro de unos 8,500 millones de dólares en principal más intereses, para un total de 12,000 millones de dólares. Esto se traducirá en un aumento brutal en las tarifas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

No son casualidades. Desde el principio, los buitres lo han querido todo sin importar las consecuencias. Pero la verdad es que en Puerto Rico no hay de dónde sacar dinero en una isla que no produce nada capaz de sustentar a su población. Por eso los capitalistas miran hacia República Dominicana y otros países para reestructurar sus inversiones. Su estrategia es directa: aumentar las tarifas eléctricas en un país donde la electricidad ya es de las más caras de Estados Unidos, mientras el ingreso familiar medio apenas equivale a la mitad del de Mississippi, el estado más pobre de la Unión.

Aquí no se trata de demócratas ni de republicanos: se trata de la crisis del sistema capitalista. Los medios burgueses jamás lo dirán. En el NRM afirmamos que estas interpretaciones son a medias y que lo que vivimos son acciones imperialistas. No es nuevo: en 1881, el Reino Unido y otras potencias europeas tomaron el control de las finanzas del Imperio otomano para garantizar el pago de préstamos. Estados Unidos hizo lo mismo en República Dominicana en 1905, instalando funcionarios federales en la aduana para forzar el pago de la deuda.

No lo mencionamos como simple dato histórico, sino como evidencia de que las potencias imperialistas —hoy Estados Unidos— siempre harán lo necesario para mantenerse en la cúspide de su poder. Allí se enmarca la deuda ilegal de Puerto Rico: es parte de la estrategia imperialista de convertir la circulación del capital en ganancias que reestructuren deudas emitidas por el capital financiero en Puerto Rico y en el mundo.

Mientras EE. UU. reorganiza sus estrategias imperialistas, los medios reducen todo a la superficialidad: si hay que despedir miembros de la JCF o cuáles serían mejores reemplazos. Pero la Junta, impuesta en 2016 bajo la Ley PROMESA, nunca vino a salvar al pueblo. Al contrario:

• Redujo servicios esenciales.
• Cerró escuelas y recortó maestros y programas educativos.
• Dejó menos fondos para hospitales y salud mental.
• Congeló o redujo pensiones de trabajadores retirados, que son gran parte de la población actual.
• Frenó inversiones en infraestructura y servicios básicos como agua y electricidad.

¿De qué sirve entonces hablar de los miembros de la JCF? Son discusiones insignificantes, repetidas por periodistas con la boca amarrada, incapaces de señalar dónde están los verdaderos polos políticos con el avance del fascismo.

Lo que no dirán, y lo que sí afirmamos como medio obrero, es que Puerto Rico fue empujado a endeudarse para tapar los huecos creados por la subordinación colonial y el saqueo capitalista. Esa deuda la carga la clase trabajadora, mientras una minoría se enriquece del trabajo de la mayoría.

En el NRM lo decimos claro: el capitalismo financiero convierte a los pueblos en deudores eternos, y la JCF es la herramienta que asegura que Puerto Rico siga pagando esa deuda. Cambiar sus miembros no cambia nada: todos representan a sectores capitalistas. Y en esa pelea entre sectores capitalistas, la clase trabajadora queda estancada, doblemente atada por el colonialismo.

A diferencia de Detroit o Filadelfia, donde también hubo quiebras municipales, Puerto Rico es un territorio colonial: el Congreso tiene poderes plenipotenciarios para imponer o modificar lo que quiera sin consentimiento del pueblo.

Por eso, en el NRM afirmamos que la deuda de Puerto Rico es ilegal: nunca se utilizó para el bienestar del pueblo. No se trata de señalar demócratas o republicanos, sino de repudiar la estructura capitalista en que se desarrolló. Porque lo que opera aquí es la lógica de subsistencia del capital: dinero invertido en circulación para producir más valor y plusvalía para una minoría.

La dinámica actual —con bancos y fondos de inversión dictando cómo obtenemos lo necesario para vivir— es contraria a lo que necesitamos: una economía planificada en base a los intereses de la mayoría trabajadora.

La salida está en buscar la organización política de nuestra clase trabajadora. Que dejemos de creer en los medios burgueses y en sus políticos, y pongamos nuestros esfuerzos en construir órganos políticos de trabajadores/as. Solo así podremos planificar la economía para el pueblo y no para las castas capitalistas representadas por la JCF.

El primer paso son los comités de trabajadores en centros laborales y en los barrios. Esos comités no pueden depender de quienes nunca enfrentaron a la JCF y, peor aún, se aliaron con Nydia Velázquez, promotora de un lado del imperialismo que nos impuso la propia Junta.