Rusia y Venezuela pactan asociación estratégica: ¿qué significa?
El acuerdo señala que Moscú y Caracas tienen la voluntad de desarrollar y fortalecer una cooperación multifacética y mutuamente beneficiosa y ampliar la asociación en el ámbito de la defensa, el comercio, la economía, la energía, las inversiones, la ciencia, la tecnología y la cultura.

RT
La Asamblea Nacional de Venezuela ratificó el tratado de asociación estratégica y cooperación entre Caracas y Moscú que abarca diversos ámbitos y define las direcciones del trabajo conjunto entre los dos países a largo plazo.
El documento fue firmado en mayo por el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de su visita a Moscú para participar en las celebraciones conmemorativas del 80.º aniversario del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria.
¿Qué se trata en el acuerdo?
El pacto señala que Moscú y Caracas tienen la voluntad de desarrollar y fortalecer la cooperación multifacética y mutuamente beneficiosa y ampliar la asociación en el ámbito del comercio, la economía, las inversiones, la ciencia, la tecnología y la cultura.
Como parte del acuerdo, que regirá por diez años y se renovará automáticamente cada cinco años, las partes se comprometen a:
- Reforzar la asociación de igual confianza y la cooperación estratégica manteniendo un diálogo político y diplomático regular y estrecho.
- Promover el cumplimiento de las normas del derecho internacional por parte de todos los miembros de la comunidad internacional.
- Oponerse firmemente a las medidas coercitivas y restrictivas unilaterales (sanciones).
- Combatir el legado y la falsificación de la historia del colonialismo, denunciar el racismo y el genocidio.
- Oponerse conjuntamente a la glorificación del nazismo, el resurgimiento del neonazismo y otras prácticas que contribuyen a la escalada de intolerancia.
- Cooperar en cuestiones de control de armamento, desarme y no proliferación, contribuyendo a la estabilidad internacional y a la seguridad igual e indivisible de todos los Estados sin excepción.

La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba el tratado de asociación estratégica con Rusia
- Cooperar estrechamente en la lucha contra el terrorismo internacional y el extremismo, contra la delincuencia organizada transfronteriza, contra la corrupción y contra la producción y el tráfico de drogas.
- Promover iniciativas conjuntas en el marco de la OPEP+ y otras organizaciones y trabajar para un desarrollo equilibrado y estable a largo plazo de los mercados mundiales de la energía y cooperar en el sector energético.
- Trabajar con el objetivo de desarrollar sus economías nacionales, llevar a cabo proyectos de inversión conjuntos y aumentar el volumen de comercio bilateral.
- Fortalecer sus lazos en el ámbito de defensa, realizar una cooperación técnico-militar para reforzar la capacidad de defensa y garantizar la seguridad de ambos países.
- Continuar la cooperación pacífica en la esfera del espacio.
«La expresión de la hermandad»
De acuerdo con el presidente del Legislativo venezolano, Jorge Rodríguez, el acuerdo representa «la expresión de la hermandad, la expresión de una manera diferente de relacionarse de los pueblos y los gobiernos, la expresión de la cada vez más sólida y persistente condición de amistad, de hermandad y de cooperación entre el Gobierno de la Federación Rusa y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela».
Rodríguez precisó que «es sumamente alentador que las relaciones entre dos pueblos hermanos, que las relaciones entre Rusia y Venezuela, sean cada vez más sólidas y sean para el futuro cada vez más fructíferas y beneficiosas para ambos pueblos».
La Asamblea Nacional de Venezuela aprueba el tratado de asociación estratégica con Rusia
El Legislativo venezolano destacó la importancia del acuerdo, porque «es la expresión de la hermandad, de una manera diferente de relacionarse los pueblos y los gobiernos».

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó este martes en segunda discusión el proyecto de ley sobre el tratado de asociación estratégica y cooperación entre la República Bolivariana y Rusia, en interés de mejorar la operatividad de las relaciones de alto nivel que existen entre ambas naciones.
«Es de trascendental importancia que la Asamblea Nacional, que el Parlamento […] apruebe y refrende un acuerdo ya firmado entre el Gobierno de Venezuela, presidido por Nicolás Maduro, y el Gobierno de la Federación Rusa, presidido por el presidente Vladímir Putin, porque es la expresión de la hermandad, de una manera diferente de relacionarse los pueblos y los gobiernos«, sostuvo el presidente del Legislativo venezolano, Jorge Rodríguez, poco antes de la votación.
El acto contó con la presencia del embajador ruso en Caracas, Serguéi Melik-Bagdasárov, a quien le fue entregada, en medio de aplausos, la ley aprobada por los diputados venezolanos.
Principales puntos del tratado
El acuerdo fue firmado en mayo por el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, en el marco de su visita a Moscú para participar en las celebraciones conmemorativas del 80.º aniversario del Día de la Victoria en la Gran Guerra Patria.
Entre otros asuntos, el tratado suscrito contempla:
- Las partes reforzarán la asociación de igual confianza y la cooperación estratégica manteniendo un diálogo político y diplomático regular y estrecho.
- Se prevé que Moscú y Caracas mejoren los lazos en materia de defensa en ámbitos de interés mutuo, considerándolos un componente importante del mantenimiento de la seguridad regional y mundial. Los dos países mantendrán una cooperación técnico-militar con el fin de reforzar la capacidad de defensa y garantizar la seguridad de ambos Estados y facilitarán la consecución de nuevos acuerdos.
- Las partes se oponen firmemente a las medidas coercitivas y restrictivas unilaterales (sanciones), incluidas las de carácter extraterritorial.

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- Ambos países se comprometen a realizar esfuerzos solidarios para combatir el legado y la falsificación de la historia del colonialismo, denunciar el racismo, el genocidio y otros crímenes cometidos, incluso contra los pueblos de América Latina, y prevenir las manifestaciones neocoloniales en las relaciones interestatales.
- Los dos Estados se oponen conjuntamente a la glorificación del nazismo, el neonazismo y otras prácticas que contribuyen a la escalada de intolerancia.
- Las partes cooperarán en cuestiones de control de armamento, desarme y no proliferación, contribuyendo a la estabilidad internacional y a la seguridad igual e indivisible de todos los Estados sin excepción.
- Los países cooperan estrechamente en la lucha contra el terrorismo internacional y el extremismo, el blanqueo de capitales procedentes de actividades delictivas y la financiación del terrorismo.
- Moscú y Caracas acuerdan medidas para luchar contra la delincuencia organizada transfronteriza, la producción y el tráfico ilícitos de estupefacientes, sustancias psicotrópicas y sus precursores, y la corrupción.
- Las partes promueven iniciativas conjuntas en el marco de la OPEP+ y otras organizaciones y promueven un desarrollo equilibrado y estable a largo plazo de los mercados mundiales de la energía sin recurrir a restricciones artificiales ni a instrumentos de competencia desleal.
- Según el documento, mientras Rusia desarrolla relaciones con la región de América Latina y el Caribe, que «constituye un importante centro de influencia política y económica en el emergente mundo multipolar», Venezuela se compromete con promocionar las relaciones de Moscú con las asociaciones de integración del continente, especialmente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América – Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), en aras de la realización de los objetivos de desarrollo y la garantía de la paz en la región.
- Las partes promueven la formación de una infraestructura financiera ruso-venezolana independiente.
- Los dos países continúan la cooperación en la esfera del espacio, incluida la puesta en marcha de un proyecto para albergar una estación terrestre GLONASS en Venezuela, así como el desarrollo de otras iniciativas pacíficas en el ámbito del espacio.
El acuerdo regirá por diez años y se renovará automáticamente cada cinco años, a menos que una de las partes notifique por escrito a la otra su intención de rescindir el pacto al menos seis meses antes de su vencimiento.
Maduro: «EE.UU. quiere robarnos nuestras riquezas movido por la ambición»
Previamente otros mandatarios de la región se han sumado a esa tesis.

En opinión del presidente venezolano, Nicolás Maduro, las acciones hostiles que ha emprendido EE.UU. contra su país, cuyo último capítulo es un despliegue militar en aguas del Caribe sur, tienen como propósito apoderarse de los vastos recursos naturales de los que dispone la nación suramericana.
«A nosotros nos mueve el amor por la vida, por el derecho a la felicidad, por el derecho a la existencia. A ellos [EE.UU.] los mueve la ambición. Quieren robarnos nuestras riquezas, quieren robarnos nuestra historia, quieren robarnos nuestra tierra, quieren esclavizar a nuestro pueblo. Por ambición, por odio«, sostuvo el mandatario en una lección magistral ante cadetes de la Universidad Militar Bolivariana.
En este marco, Maduro se preguntó qué «podrá más», si «la ambición, el odio de un imperio o el amor de todo un pueblo por su derecho a la paz, a la estabilidad, al futuro y a la vida». «Estoy seguro de la repuesta: nosotros, en perfecta fusión popular, militar, policial; en perfecta unión de todas las almas que componen nuestra república, nosotros seguiremos ganando la paz y el derecho al futuro de toda Venezuela. La orden está dada: a combatir por la paz», completó.
Advertencia reiterada
El dignatario afirmó, como en anteriores ocasiones, que los movimientos militares de Washington en aguas cercanas al territorio venezolano, con el argumento declarado de combatir a los cárteles del narcotráfico, son en realidad una maniobra para procurar un «cambio de régimen» que le permita controlar el petróleo, el gas, el oro, los recursos hídricos y forestales, y los yacimientos de minerales estratégicos que se encuentran en el subsuelo venezolano.

Lo que se sabe del decreto de conmoción exterior en Venezuela
Así, el pasado 12 de septiembre aseguró que la Casa Blanca, que le sindica sin exhibir pruebas de delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas, recurrió a la construcción de «un relato tipo Hollywood» para justificar el despliegue de bombarderos, misiles y un submarino nuclear para concretar así lo que calificó de «plan imperial».
«Hay un plan imperial para un cambio de régimen en Venezuela, imponer un gobierno títere de EE.UU. y venir a robarnos el petróleo, que es la mayor reserva internacional del mundo. Y robarnos el gas, que es la cuarta reserva del mundo. Y robarnos el oro, que es la primera reserva. Los acuíferos, la tierra… pero eso no ha ocurrido ni ocurrirá», dijo entonces.
Otros mandatarios de la región como Miguel Díaz-Canel (Cuba), Luis Arce (Bolivia), Daniel Ortega (Nicaragua) y Gustavo Petro (Colombia), se han sumado a esa tesis al considerar que no existe evidencia alguna que sirva de base a la acusación estadounidense contra Maduro, mientras que sí son públicas las apetencias del país norteamericano por dominar recursos estratégicos presentes en el hemisferio occidental.
Lo que se sabe del decreto de conmoción exterior en Venezuela
Para que la orden entre en vigor deberá ser dictada por el presidente durante un Consejo de Ministros y posteriormente publicada en la Gaceta Oficial.

Venezuela ha sido clara: cualquier tipo de amenaza o agresión que ponga en riesgo la seguridad nacional provocará la activación del decreto de excepción de conmoción externa, contemplado en la Constitución del país suramericano.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, contempla la aplicación del decreto de conmoción exterior, luego de que su aplicación fuera propuesta por él durante una reunión del Consejo de Estado y consultada con el recién instalado Consejo Nacional por la Soberanía y la Paz, compuesto por diputados, autoridades nacionales, regionales y locales y distintos sectores de la sociedad venezolana. La conmoción exterior tendrá rango y fuerza de ley una vez que sea dictada por el presidente durante un Consejo de Ministros y deberá ser publicada en la Gaceta Oficial. Su duración es de 90 días, con la posibilidad de prórroga por 90 días más.
Este instrumento constitucional permite proteger la soberanía nacional frente a amenazas externas, en el contexto del despliegue militar y las agresiones que mantiene EE.UU. desde agosto pasado en aguas del Caribe, para supuestamente luchar contra los cárteles de droga, lo que ha sido refutado por Caracas, al considerar a este tipo de operaciones como una forma para apropiarse de las riquezas naturales del país.

¿Por qué la conmoción exterior?
Este decreto, como lo explicó la vicepresidenta en una reunión con el cuerpo diplomático acreditado en Venezuela, pretende «proteger la integridad territorial, la soberanía e independencia«, así como «los intereses vitales, estratégicos de la República frente a cualquier violación o agresión externa».
Así, ante cualquier tipo de agresión, entraría en vigor el decreto de conmoción exterior, que le da poderes especiales al jefe de Estado para actuar en materia de defensa y seguridad. Esto contempla la movilización de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en todo el territorio; la toma militar de la infraestructura asociada a los servicios públicos, las industrias básicas e hidrocarburos; la activación de «todos los planes de seguridad ciudadana»; de la Milicia Bolivariana en el sistema integrado de defensa y el cierre de fronteras terrestres, marítimas y aéreas.

Asimismo, se podrán activar todo tipo de planes económicos, políticos, sociales para «garantizar la vida nacional».
¿Cómo se define?
En el artículo 236 de la carta magna venezolana se establece que el presidente tiene la facultad de «declarar los estados de excepción y decretar la restricción de garantías en los casos previstos en esta Constitución».
Así, según el artículo 338 de la norma fundamental, podrá decretarse el estado de conmoción interior o exterior cuando haya un «conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la nación, de sus ciudadanos o de sus instituciones».
Por su parte, la Ley Orgánica de los Estados de Excepción contempla que solo podrán «declararse ante situaciones objetivas de suma gravedad que hagan insuficientes los medios ordinarios que dispone el Estado para afrontarlos».

«Constituyen causas, entre otras, para declarar el estado de conmoción exterior todas aquellas situaciones que impliquen una amenaza a la Nación, la integridad del territorio o la soberanía», dice el instrumento legal de 2001.
Conforme a lo establecido en la mencionada ley, no podrán ser restringidas las garantías de los derechos a la vida, a la igualdad jurídica, a la libertad personal, a la prohibición de la desaparición forzada, al debido proceso, al amparo constitucional, a la participación, al sufragio, a la información, entre otras establecidas en leyes nacionales y acuerdos internacionales.
Una vez decretado el estado de excepción, el presidente «podrá delegar su ejecución, total o parcialmente, en los gobernadores, alcaldes, comandantes de guarnición o cualquier otra autoridad». Asimismo, «toda persona está obligada a cooperar con las autoridades competentes para la protección de personas, bienes y lugares».

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Con base en la Carta de Naciones Unidas
La vicepresidenta venezolana expuso que quienes «se atreven a amenazar o agredir» a una nación «no leen, pisotean y desconocen» la Carta de Naciones Unidas, que recoge los principios de las relaciones internacionales, y que el país suramericano acata al decretar la conmoción externa.
«Los países que no somos potencia militar, tenemos una potencia que es la legalidad internacional», recordó.
Rodríguez se refirió al artículo 2, numeral 4 de ese tratado internacional, donde se establece: «Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas.
Asimismo, citó el artículo 51, en el que se afirma: «Ninguna disposición de esta carta menoscabará el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, en caso de ataque armado contra un miembro de las Naciones Unidas, hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales».
- En agosto, medios internacionales informaron sobre un despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe, supuestamente para enfrentar a los cárteles de la droga. Paralelamente, la fiscal general de EE.UU., Pam Bondi, duplicó la recompensa por información que condujera al arresto del presidente venezolano bajo la acusación —nunca sustentada— de liderar un «cártel de narcotráfico».
- Hasta el momento, Washington afirma haber bombardeado tres embarcaciones en el Caribe, que han dejado al menos 17 víctimas mortales. En la región, Colombia ha tildado estas muertes de «asesinatos«. Del mismo modo, organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos han manifestado que «las personas no deben morir por usar, vender o consumir drogas».
- En su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, Trump ratificó que su país seguirá realizando acciones militares y bombardeos en el Caribe para supuestamente «destruir a los terroristas venezolanos y las redes de tráfico que dirige Nicolás Maduro», sin aportar prueba alguna de sus acusaciones.
- Maduro sostiene que su país es presa de «una guerra multiforme» orquestada desde EE.UU. en interés de propiciar un «cambio de régimen», mientras que su par estadounidense dijo que no ha entablado conversaciones con miembros de su Gobierno para esos fines.
- Tras el despliegue militar estadounidense, los cancilleres de bloques como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) han pedido que se respete la declaración de la región como una zona de paz.
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