$21 millones en contratos en el año fiscal: estancamiento de la quiebra de la AEE amontona gastos de consultoría
Si bien las cuantías de servicios externos se han reducido respecto a pasados años, el grueso de los costos sigue vinculado a la reestructuración de deuda
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com
La prolongación del caso de bancarrota de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) –cuyo resultado sigue siendo incierto en medio de las destituciones en masa en la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y el subsiguiente retiro del respaldo de amplios grupos de acreedores al Plan de Ajuste propuesto– significa paralelamente la continuidad de los gastos de consultoría que, por los pasados cinco años, ha representado el grueso de las contrataciones externas de la corporación pública.
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En los primeros tres meses del año fiscal 2025-2026, dos terceras partes del monto en contrataciones incurridas por la AEE corresponde a las firmas Ankura Consulting Group y O’Melveny & Myers, los principales asesores en las áreas financiera y legal, respectivamente, que mantiene la empresa estatal. El contrato de Ankura le permite facturar $7.5 millones hasta el 30 de junio de 2026, mientras que O’Melveny & Myers mantiene un acuerdo de $7 millones, también por el resto del año fiscal.
Ankura, además, tuvo un contrato de consultoría financiera con una extensión de tres semanas en julio, ascendente a $500,000, por lo que, al concluir al año fiscal, la cuantía global de sus servicios podría elevarse hasta los $8 millones.
De acuerdo con el registro de la Oficina del Contralor, desde el 1 de julio, la AEE ha suscrito $21,258,588.50 en contratos bajo los renglones de consultoría financiera, legal, administrativos, de contabilidad y auditorías, una cifra que no recoge exclusivamente gastos asociados al proceso de Título III bajo la ley Promesa u otros procedimientos exigidos por la JSF. El monto, a su vez, tampoco incluye la totalidad de los gastos que la JSF –organismo que también contrata sus propios asesores– proyecta para el año fiscal con relación al caso de bancarrota, que asciende a $52.7 millones.
De los $52.7 millones –todos provenientes del presupuesto aprobado para la AEE–, la JSF estima que $25.6 millones estarán vinculados directamente al caso de Título III, mientras que otros $27 millones se destinarán a labores de asesoría al organismo fiscal.
Si no otorga nuevos acuerdos ni autoriza enmiendas sustanciales, la AEE podría cerrar el año fiscal con la cuantía más baja en contrataciones desde 2021, cuando cobró velocidad la privatización del servicio eléctrico mediante la transferencia a LUMA Energy de la red de transmisión y distribución. En 2023, la flota de generación se cedió a Genera PR, reduciendo aún más las responsabilidades operacionales de la corporación pública.
En 2021-2022, la cuantía de contrataciones por servicios de consultoría fue de $34.1 millones, seguido por cifras de $29.6 millones, $30.8 millones y $29.3 millones en los tres años fiscales posteriores.
Al cierre de esta edición, la AEE no había provisto datos relacionados con el desglose de los gastos vinculados a la reestructuración de sus obligaciones financieras versus otros servicios de consultoría y la directora ejecutiva, Mary Carmen Zapata, no estuvo disponible para entrevista.
Procuran controles
En cambio, el presidente de la Junta de Gobierno de la AEE, Eduardo Soria Rivera, insistió en que la corporación pública ha sido “bien vigilante” con relación a las contrataciones y facturaciones asociadas a los respectivos servicios profesionales.
“Todos los contratos han disminuido. En conjunto con Aafaf (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal), hemos tenido una estrategia de que todos los consultores tienen que bajar los ‘rates’ (tarifas) y los totales del contrato. Creo que no ha habido excepción. Consultor que se ha negado a eso, no le han renovado”, afirmó Soria Rivera.
Según el registro de la Oficina del Contralor, de seis contratistas con acuerdos millonarios en el 2024-2025, cinco renovaron o enmendaron sus pactos para este año fiscal: O’Melveny & Myers, Ankura, Ari-Group, González & Martínez Law Offices y Baker Donelson Caribe. De ese grupo, O’Melveny & Myers vio una reducción de $9 millones a $7 millones, así como González y Martínez ($2.7 millones a $2.5 millones) y Baker Donelson Caribe ($1.25 millones a $235,000). Ari-Group ($2 millones) y Ankura ($8 millones) mantuvieron la misma cuantía en sus contrataciones.
A la fecha, en el año fiscal 2025-2026, el otro contrato millonario otorgado ha sido a Witt O’Brien’s PR, de consultoría administrativa, por un máximo de $2 millones.
Otros contratistas habituales que mantienen acuerdos este año con la AEE incluyen al exsecretario de Justicia Antonio Sagardía ($55,000) y al otrora fiscal especial independiente Ramón Mendoza Rosario ($75,000), ambos por servicios legales, así como la firma de contabilidad Galíndez LLC ($212,500).PUBLICIDAD
“Hay gastos que, aunque (provienen de) el presupuesto de la AEE, la AEE no los controla, (sino que) están en la JSF. El presupuesto de la AEE, incluyendo los consultores, está en el presupuesto anual”, puntualizó, por su parte, el zar de Energía, director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP) y pasado jefe de la AEE, Josué Colón.
Según el presupuesto certificado por la JSF para el año fiscal en curso, las partidas separadas para servicios legales, profesionales, de informática, inspección y regulación ambiental y auditorías externas suman alrededor de $10.5 millones. En total, las divisiones de HoldCo –que aglomera las funciones administrativas de la AEE– y HydroCo –para la operación de las hidroeléctricas– tienen un presupuesto de $44.7 millones, similar al que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) y la JSF han autorizado en años recientes.
En contraste, las partidas de la AEE separadas para gastos de asesoría de la JSF y directamente asociados a los procedimientos de Título III han sumado más de $500 millones desde el 2019, cuando el organismo fiscal comenzó a publicar presupuestos separados para cada dependencia pública bajo su jurisdicción.
Aspiran a una redistribución
Una vez la AEE logre salir del procedimiento de Título III con su deuda reestructurada y se reduzcan los gastos de consultoría internos y de la JSF –un escenario aún indefinido–, Soria Rivera no contempla que la corporación pública pierda el nivel de asignaciones que mantiene actualmente, sino que las partidas se redistribuyan a otras áreas.
“Diría que (el presupuesto) se reubica. Una de las consideraciones principales que hemos tenido con la AEE son las pensiones. Ese tema de las pensiones nos preocupa mucho y estamos haciendo un pote de los sobrantes, y sé que hay unos financiamientos a corto plazo (en préstamos del gobierno central), pero es un problema a largo plazo, y lo tengo que sacar del presupuesto operacional. El objetivo es ese. ¿Cómo lo logro? Cortando los contratos y, cuando se acabe el Título III, ahí hay como $20 millones que puedo traer al presupuesto para pagar las pensiones y no tener que subir la tarifa”, manifestó.
En agosto, entró en vigor un cargo tarifario provisional de 3.4 centavos por kilovatio hora, incluyendo 1.9 centavos destinados a cubrir las obligaciones con los pensionados, que rondan los $25 millones al mes o $300 millones anuales. Aunque la tarifa provisional estará en efecto hasta junio de 2026, la JSF ha insistido que se trata de un gasto que debe sufragarse a largo plazo mediante los cobros de facturas.
Al igual que los representantes legales de la AEE en el caso en curso de revisión de la tarifa base, Soria Rivera aseguró que desconoce cómo funcionará una reserva creada por el gobierno central y autorizada por la JSF –que ahora totaliza $683 millones– y que, según la Oficina de Gerencia y Presupuesto, podrá usarse en el futuro para costear pagos de pensiones y deuda de la corporación pública.
“No puedo decir que tengo detalles. Estoy igual de confundido sobre ese tema. Vamos a discutirlo en las reuniones de comités (de la Junta de Gobierno) porque yo estoy ajeno a qué es eso, de dónde viene y para qué es”, afirmó.
En tanto, Colón –quien, en su segunda etapa como director ejecutivo de la AEE, entre 2021 y enero de este año, chocó regularmente con el NEPR y la JSF por los presupuestos asignados para las funciones restantes de la corporación pública– recordó que, anteriormente la AAPP ha redistribuido partidas presupuestarias entre la empresa estatal, LUMA y Genera PR, una opción que, en el presente año fiscal, no estuvo disponible debido al proceso en curso de revisión tarifaria.
“Decir que podemos atender toda la infraestructura de riego, hidroeléctricas y represas con ciento y pico de empleados en toda la isla es ridículo, y entendíamos que, en especial en LUMA, había recursos suficientes para reducirlos y no los impactaba de ninguna manera si se hiciera un uso prudente y eficiente, y eso se podía redirigir a las áreas de la AEE para dar mantenimiento y operar sistemas que son vitales de manera más segura”, afirmó.
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Manuel Guillama Capellamanuel.guillama@gfrmedia.com
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