Comunidades de Adjuntas, Guaynabo y Trujillo Alto amplían su lucha contra canteras cercanas: “Estamos como un barco a la deriva”
Vecinos denuncian daños a la salud y el medioambiente, mientras portavoces de las instalaciones rechazadas aseguran que la industria de agregados está bien regulada, en momentos en que no hay visibilidad sobre la cantidad que opera en Puerto Rico
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com
Las sacudidas que estremecen las residencias se sienten “igualito que un terremoto”, el polvo fugitivo se cuela sin cesar por las ventanas y la ansiedad en espera de la próxima detonación nunca se aminora. Esta es la experiencia que se repite entre residentes de comunidades en Trujillo Alto, Guaynabo y Adjuntas por la operación de canteras cercanas a sus hogares, en momentos en que han ampliado la lucha histórica ante la reanudación de operaciones y la expansión de estas explotaciones mineras.
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“Es un cáncer”, dijo Beatriz Meléndez Alemán para describir la Cantera Carraízo, contigua a su hogar en el camino Cristóbal Alemán, en Trujillo Alto. “Creo que el crecimiento y el desarrollo de un país tiene que estar en balance con el bienestar de la población, y aquí no se da eso”, declaró.
El rechazo de sectores de la sociedad a la operación de canteras en Puerto Rico no es nuevo. En las últimas décadas, vecinos de diversos municipios han denunciado daños ambientales y estructurales, así como riesgos a la salud relacionados con estos lugares. La situación ha provocado debates entre el desarrollo económico y la protección ambiental en el archipiélago.
Ninguna agencia consultada –Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y Junta de Planificación (JP)– brindó un número concreto de cuántas canteras cuentan con permisos para operar en Puerto Rico, lo que impide tener visibilidad de esta industria.
Según un documento con información imprecisa suministrado por la OGPe –con más de 200 entradas de instalaciones que tienen o tuvieron un “Permiso Formal de Extracción de Material de la Corteza Terrestre”–, algunas de las canteras activas ubican –adicional a los tres destacados– en pueblos como Barceloneta, Aguadilla, Camuy, Bayamón, Carolina, Añasco, Humacao, Ponce y Vega Alta.
Este diario visitó dos comunidades en Trujillo Alto y Guaynabo, y conversó con un portavoz de residentes de Adjuntas, para conocer su sentir sobre las áreas de extracción aledañas a sus propiedades. Las situaciones, similares en los tres lugares, incluyen problemas de salud (enfermedades respiratorias y alergias), daños a viviendas (paredes agrietadas y estructuras debilitadas) y secuelas ambientales (deforestación y deterioros de cuerpos de agua).
En Trujillo Alto, a los reclamos conocidos, se suma la inquietud por la posible expansión de la Cantera Carraízo, que, en 2022, adquirió parcelas adicionales, según el portal del Catastro Digital del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM), contiguas a cientos de residencias.
Este escenario se repite en Adjuntas, donde vecinos de los barrios Vegas Arriba y Saltillo impugnan la expansión de la Cantera Adjuntas, con permiso para operar hasta, al menos, 2029, según la OGPe. Mientras, en el barrio Mamey 2, en Guaynabo, familias se oponen a la reanudación de labores de la Cantera Estrella, que cerró intermitentemente en 2014 y reabrió hace cerca de dos meses.
“Creo que no hay un ser humano que diga que le hace falta una cantera en el la’o de la casa”, expresó Hilario Figueroa, de 92 años, desde la marquesina de su hogar en el barrio guaynabeño –que queda a poco más de 300 metros del lugar de extracción de la cantera recién reabierta–, al añadir que tuvo que comprar 500 bloques para reforzar la casa debido a las detonaciones.
“La primera piedra”
Portavoces de Empresas Ortiz Brunet –propietaria de la Cantera Estrella– y de la Cantera Carraízo defendieron sus operaciones, y afirmaron que la industria de agregados es altamente regulada.
“Somos básicamente la primera piedra en la construcción. Sin nosotros, no hay carreteras, no hay infraestructura, no hay hormigón para hacer viviendas, no hay reconstrucción de derrumbes en las áreas rurales, no hay rompeolas para cubrir la costa. Somos una industria sumamente importante; quizás, la comunidad nos ve de otro ángulo por que sí, la cantera crea ruido y produce polvo, pero para eso uno mitiga, para que no se afecten los vecinos. Pero, sin una cantera, no hay desarrollo”, opinó Guillermo Ortiz Vidal, vicepresidente de Ventas y Administración de las Empresas Ortiz Brunet.
Por su parte, Alfonso Díaz, presidente de la Cantera Carraízo, indicó que cuentan con casi una veintena de permisos –de agencias estatales y federales–, así como con un plan de Responsabilidad Social Corporativa enfocado en asistir a la comunidad. Reconoció que adquirieron varios terrenos recientemente, pero aseguró que la intención –al momento– no es expandir la operación, sino mantenerlos como zonas de amortiguamiento, que son áreas de separación en las que no pueden efectuar labores de extracción.
“Tenemos un cariño especial por la comunidad, porque nos manejamos en ella, y a ella es la que impactamos positiva y negativamente.A pesar de que nuestros permisos nos permiten hacer todo lo que hacemos, lo hacemos siendo lo más responsables, cumpliendo con los permisos y atendiendo los comentarios de ellos (comunidad)”, planteó.
Díaz no pudo precisar la fecha en que la Cantera Carraízo realizó la actualización más reciente de su Declaración de Impacto Ambiental (DIA), evaluación requerida como parte del proceso de permisos. En tanto, Ortiz Vidal comentó que el permiso de extracción se renueva cada cinco años y que, mientras ese documento esté vigente, “no hay que actualizar” la DIA. Estimó que la DIA se hizo en la década de 1980.
No fue posible contactar a Rafael Vélez Andújar, dueño de la Cantera Adjuntas.
¿Qué es una cantera?
Una cantera es una operación dedicada a la extracción de materiales de la corteza terrestre –como arena, grava, piedra caliza y otros agregados– utilizados en la construcción de carreteras, obras de infraestructura y edificios. Su operación es regulada por agencias como el DRNA y la OGPe. Además, la Policía de Puerto Rico y la Agencia federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, en inglés) supervisan el uso de explosivos.
La vida útil de una cantera depende de múltiples factores –como el volumen del yacimiento, la eficiencia de extracción, las restricciones regulatorias y las condiciones ambientales–, pero puede extenderse por décadas. La Cantera Carraízo, por ejemplo, está activa desde 1950, según el portal de la Administración federal de Seguridad y Salud en Minas (MSHA, en inglés).
Esta operación provoca una serie de impactos ambientales asociados a su actividad extractiva. Entre ellos, se encuentran la generación de polvo fugitivo, producto de la trituración y el transporte de materiales, que puede afectar la calidad del aire y la salud respiratoria de comunidades cercanas; las detonaciones y movimientos de tierra, que pueden causar vibraciones y daños estructurales; la alteración de cuerpos de agua, debido a la remoción de material y escorrentías; y la pérdida de hábitat natural.
En declaraciones escritas, la OGPe explicó que funge como el organismo para la evaluación y emisión de permisos relacionados con la extracción de materiales de la corteza terrestre. Entre las disposiciones legales y reglamentarias del proceso, enumeró la Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra (Ley 132-1968), la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos (Ley 161-2009) y el Reglamento Conjunto de Permisos 2023 (9473).
Canteras: el debate entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Foto aérea de la Cantera Carraízo, en Trujillo Alto. – Suministrada
El secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, aclaró, por su parte, que la agencia ya no es responsable de emitir los permisos formales de extracción, pues esa labor pasó a manos de la OGPe. Añadió que el DRNA –a través de la Secretaría Auxiliar de Cumplimiento Ambiental– solo interviene con el cumplimiento ambiental, el monitoreo de polvo fugitivo, calidad de aire, ruido y el control de erosiones y sedimentación del terreno.
Además, señaló que los ciudadanos con denuncias contra una cantera pueden someter querellas ante el Cuerpo de Vigilantes del DRNA. No pudo precisar cuántos casos tienen ante su consideración al presente.
“Lo primero que tiene que ocurrir es una querella. Eso es como cuando uno tiene un accidente de carro, si uno no va a la Policía y pone una querella, el seguro no te cubre. El primer paso siempre, siempre, siempre es una querella. Tiene que querellarse el ciudadano para nosotros tener conocimiento y poder ejecutar. Y que no tengan miedo, si no hay cumplimiento con el permiso, nosotros vamos a entrar, sin pena y sin gloria. Creo que he establecido mi política pública aquí, la gente sabe que le meto mano a lo que está fuera de la ley y el orden, ese es mi norte. Lo que no cumpla, se va a intervenir. Es así de sencillo”, aseveró Quiles Pérez.
“Barco a la deriva”
Los vecinos consultados no sienten que sus reclamos son escuchados por el DRNA, ni las demás agencias concernidas o sus municipios. Por ejemplo, los residentes de Carraízo contaron que han sometido querellas a diferentes agencias, incluida una ante el DRNA en 2024, pero no han recibido respuestas.
“Mi preocupación es que estamos como un barco a la deriva, porque no tenemos apoyo del gobierno, ni apoyo del alcalde”, lamentó Grisel O’Neill –cuya residencia queda a 460 metros de distancia de las excavaciones de la Cantera Estrella– en referencia al primer ejecutivo municipal Edward O’Neill, quien no contestó una petición de entrevista.
“Para mí, la cantera es un invasor. Ha invadido nuestras vidas desde el punto de vista de nuestra salud”, señaló, por su parte, Raquel Sosa, nacida y criada en Carraízo.
Cuestionado sobre el tema, el alcalde de Trujillo Alto, Pedro Rodríguez González, reconoció “la importancia de proteger tanto nuestro entorno natural como el bienestar de nuestros ciudadanos”. En esa línea, detalló que la Legislatura Municipal aprobó –el 25 de septiembre– la revisión integral propuesta del Plan de Ordenación Territorial, que incluye un cambio en la clasificación del suelo aledaño donde ubica la cantera. Este documento requiere ahora el aval de la JP.
“El plan contempla el establecimiento de un área de amortiguamiento bajo la calificación de conservación de recursos y una clasificación de suelo rústico especialmente protegido hídrico. Estas áreas, que comprenden aproximadamente 398,683.69 metros cuadrados, incluyen terrenos colindantes con ríos, quebradas, manantiales, el embalse Carraízo, zonas boscosas con alta probabilidad de deslizamientos y zonas residenciales”, abundó, en declaraciones escritas.
El presidente de la JP, Héctor Morales Martínez, reconoció –en entrevista telefónica– que tiene reservas con la propuesta del Municipio de Trujillo Alto, en específico, por el cambio a la clasificación de tres lotes que pertenecen a la Cantera Carraízo y que también impactaría a áreas residenciales colindantes.
“No solamente (hay reservas) con esos tres lotes, es que el Municipio acaba de hacer lo que llamamos en el argot un ‘downzoning’ a la cantera y a un sector de la comunidad, lo que puede representar una expropiación a la inversa sin que se le esté pagando el justo valor. Pero no es solamente eso, a las residencias las está convirtiendo en suelo de conservación, que básicamente les bajó el valor, y ahora no pueden hacer ni siquiera un arreglo simple en su casa. Pero eso no tiene nada que ver con una operación de canteras, eso tiene que ver con la planificación, cómo se puede ajustar una comunidad completa con ese cambio de calificación, eso es lo que estamos analizando”, precisó.
La situación se complica en Adjuntas, donde habitantes y la organización Casa Pueblo se han unido para reclamar que el Municipio detenga la “revisión expedita” de su Plan de Ordenación Territorial, que –entre otras cosas– propone un cambio de zonificación, de suelo rústico especialmente protegido ecológico a la categoría industrial especializado, lo que –denuncian– facilitaría la expansión de la Cantera Adjuntas. La Legislatura Municipal aprobó este cambio el 17 de septiembre, “sin escuchar a la comunidad”, según Arturo Massol, director de Casa Pueblo.PUBLICIDAD
“Como ciudadanos, nos echaron hacia un lado”, lamentó Juan Carlos Negrón Miró, portavoz de los vecinos y líder del Movimiento Defensores de lo Nuestro Adjuntas. “Esta área tiene una comunidad que depende del agua. En esta área, nunca han tenido sistemas de acueductos y alcantarillados y, por generaciones, han subsistido por agua de la montaña, y se han encontrado que el agua se está secando debido a los explosivos que están detonando. Aparte, las residencias están recibiendo daños”, acotó.
El alcalde de Adjuntas, José Hiram Soto Rivera, informó a El Nuevo Día que revertirá el cambio de zonificación propuesto en el Plan de Ordenación Terrritorial. A su vez, opinó que la cantera en controversia no debe ampliar su huella.
“Vamos a revertirlo, (los terrenos) se van a quedar con la misma clasificación que tienen”, anticipó. “Ese cambio (de zonificación) había sido sugerido por la propia Junta de Planificación, no fue que salió del Municipio. Y yo no tenía problema, porque si era la operación que tenía permisos, de ocho cuerdas, no tenía problema. Pero la realidad es que están operando fuera de las ocho cuerdas. Que quede meridianamente claro que fue una recomendación que dio la Junta de Planificación”, alegó.
Según un análisis realizado por Casa Pueblo, la Cantera Adjuntas ha expandido su operación en un 78% fuera del predio autorizado para esta actividad minera. La entidad denunció, además, que, a partir de 2020, se ha registrado una huella mayor de la cantera que se extiende hacia las dos fincas boscosas colindantes. Al momento, la zona de impacto alcanza 23 cuerdas.
En la parcela colindante de la izquierda, “ubica el Cementerio de los Compontes, que data de la época española, y en donde nacen manantiales importantes para la seguridad hídrica de muchas personas”, planteó Casa Pueblo. Además, la finca de la derecha tiene la clasificación de suelo rústico especialmente protegido ecológico, por lo que “sería imposible que una cantera pudiera operar allí de manera legal”.
“El llamado de la comunidad es que respeten nuestros recursos naturales, esto es un daño que es irreversible.Estamos hablando de que llevaron la montaña al corazón de la piedra. Tenemos que crear conciencia de proteger nuestros recursos, proteger nuestro patrimonio histórico”, urgió Negrón Miró.
El alcalde, que tomó la decisión de revertir lo propuesto tras una reunión –el miércoles pasado– con la JP, criticó que la OGPe no consulte a los municipios antes de aprobar permisos de renovación para la operación de canteras. “Si (la Cantera Adjuntas) está operando fuera del área de permisos, pues la obligación de OGPe es multarlos”, aseveró.
Sobre los residentes de su municipio cercanos a la cantera que no cuentan con sistemas de acueductos y alcantarillados, anticipó que organizarán a la comunidad para “ver cómo podemos hacer un acueducto comunitario, para salvaguardar la salud y la seguridad de los que allí residen”.
Los efectos de canteras en poblaciones y áreas aledañas han sido documentados, tanto a nivel local como en el exterior, incluyendo una investigación en Palestina –publicada en 2020– que encontró daños ambientales y de salud en personas que vivían a menos de 500 metros de una cantera. Además, un estudio del Recinto de Ciencias Médicas realizado en Juana Díaz –publicado en 2009– encontró una mayor probabilidad de padecer bronquitis, alergias nasales, congestión nasal y náuseas o vómitos entre habitantes de una comunidad expuesta a partículas de polvo procedentes de canteras y a los gases de escape de motores diésel, en comparación con vecinos que no tenían esa exposición.PUBLICIDAD
Referencias
Ley para Reglamentar la Extracción de Arena, Grava y Piedra
Ley para la Reforma del Proceso de Permisos
Reglamento Conjunto de Permisos 2023
Por: Junta de PlanificaciónPUBLICIDAD
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Génesis Ibarra Vázquezgenesis.ibarra@gfrmedia.com
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