Ecuador de legislatura: mucho por hacer

por Nueva Pensamiento Crítico · Publicada 24 de octubre de 2025 · Actualizado 24 de octubre de 2025

El aznariano “el que pueda hacer que haga”, dio alas a la élite judicial para ampliar su cacería judicial al entorno socialdemócrata, que probablemente no se detendrá hasta que consigan un gobierno al gusto del partido de las togas.

Pleno del Congreso de los Diputados | Olmo Calvo

Pasa el tiempo, la legislatura avanza y ya estamos en lo que debiera ser la mitad del partido. Hace ya más de dos años que se celebraron las elecciones del 23 de julio de 2023, unas elecciones que depararon un estrecho resultado que parecía anunciar inestabilidad y una legislatura corta. Pese a que el resultado electoral benefició a las fuerzas democráticas, sin consolidar una mayoría netamente progresista, las derechas han martilleado desde el inicio en una búsqueda sin descanso del adelanto electoral.

Realmente la legislatura comenzó en noviembre del 2023, cuando se consiguió alcanzar una mayoría de investidura que se sustentaba en la negociación y aprobación de la ley de amnistía, ley transitada por un camino tortuoso, complejo y a veces al borde de la ruptura, pero que finalmente deparó un acuerdo que, como hemos visto, ha beneficiado la convivencia en Cataluña, desactivando el ímpetu independentista y llevando a esta tierra a una relativa estabilidad política. Pese a los cálculos de la derecha y la extrema derecha, que llevaron el debate acerca de la ley de amnistía a un clima de confrontación y crispación, a su “noviembre nacional”, impulsando a miles de personas a manifestarse violentamente contra el Gobierno, la realidad ha demostrado que la sociedad española estaba plenamente preparada para la amnistía, lo que viene a mostrar que esas protestas realmente escondían la incapacidad de las derechas para asumir los democráticos resultados del 23J, incapacidad de asimilación que aún deja huella en sus proclamas pregolpistas.

En todo caso, este movimiento reaccionario, ese aznariano “el que pueda hacer que haga”, dio alas a la élite judicial para ampliar su cacería judicial al entorno socialdemócrata, lo que en estos tiempos se denomina lawfare, cacería que hoy continúa y que probablemente no se detendrá hasta que se produzca un cambio de gobierno al gusto del partido de las togas.

No podemos obviar que esta implicación de buena parte del poder judicial en derribar al Gobierno está generando inestabilidad, además de decenas de portadas de medios de comunicación financiados para generar odio y falsedades. Pero tampoco podemos obviar que no toda acción judicial contra el entorno del presidente del Gobierno viene dada por un uso espurio del Código Penal, toda vez que la trama Koldo, en la que están implicados los ex secretarios de organización socialistas Ábalos y Cerdán, aparece como una sólida realidad corrupta que desprestigia al Gobierno y al conjunto de las izquierdas, además, claro está, de apropiarse del dinero público para el enriquecimiento privado. En todo caso, parece que esta gran inestabilidad ligada a la corrupción se puede dar por parcialmente superada y que no será la herramienta de oposición que pueda hacer caer el Gobierno, aunque el combate a la corrupción seguirá en la agenda legislativa, como vimos recientemente con el debate parlamentario sobre la creación de la Oficina de Prevención de la Corrupción, iniciativa propuesta por IU y que lamentablemente fue rechazada al unir sus fuerzas las derechas, incluida Junts.

La principal duda es si se presentará el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado ante la amenaza de su devolución por parte de las tres derechas: PP, Vox y Junts

Presupuestos Generales del Estado y Puigdemont

No cabe duda de que la principal incógnita política y parlamentaria que ahora tiene la legislatura es si vamos a tener nuevos Presupuestos Generales del Estado o si, en cambio, se volverán a prorrogar por falta de apoyos. De hecho, la principal duda, por mucho que así lo haya indicado el presidente del Gobierno, es si se llegará a registrar un proyecto de presupuestos para iniciar la tramitación parlamentaria. Registrar un proyecto de presupuestos implica el riesgo de una gran derrota parlamentaria, ya que el proyecto presupuestario puede ser devuelto vía enmienda de devolución o totalidad, situación que lamentablemente tuvimos que padecer hace unas semanas cuando el proyecto de ley de reducción de la jornada de trabajo, proyecto estrella avalado por la vicepresidenta de Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, naufragó al salir adelante las enmiendas a la totalidad presentadas por Vox, PP y Junts. Con esa amenaza de devolución de los presupuestos por el voto de las tres derechas, la incertidumbre para este otoño es máxima sobre cuál será el escenario final que deba sortearse, sin que pueda descartarse que finalmente no se lleven a debate parlamentario unos nuevos presupuestos y la legislatura continúe avanzando, renqueante, con una nueva prórroga.

La negación del Tribunal Supremo a aplicar la ley de amnistía completa a Puigdemont marca completamente la brújula parlamentaria de los imprescindibles votos de Junts. Falta ver la respuesta del Tribunal Constitucional

La mentada alianza táctica de Vox, PP y Junts en algunas votaciones, ese nuevo trío derechista que ya ha dado algún zarpazo ganador en votaciones parlamentarias, empieza a preocupar a los grupos parlamentarios que sostienen al Gobierno en tanto si esa alianza táctica, de clase, empieza a solidificarse en reiteradas votaciones, la realidad podría imponer un adelante electoral ante la incapacidad de sacar adelante los necesarios cambios normativos que la sociedad está demandando. Resulta claro que la situación del ex president Puigdemont, al que el Tribunal Supremo niega la aplicación completa de la ley de amnistía y por ende entrar en España sin ser detenido, marca completamente la brújula parlamentaria de los imprescindibles votos de Junts. Por tanto, todos pendientes del Tribunal Constitucional y de la resolución que este dé al recurso de Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicación de la amnistía al delito de malversación de caudales públicos. Si el máximo tribunal de garantías estima el recurso, como se espera en coherencia con la sentencia que ya declara la plena constitucionalidad de la ley de amnistía, nos encontraremos ante un escenario con mayor certidumbre en el que podemos esperar que se sellen diferentes acuerdos parlamentarios coincidiendo con la vuelta de ex president a Cataluña

España denuncia el genocidio

Si nuestro país aún sigue marcado por los efectos directos o indirectos del procesismo catalán, también lo es que se abre paso, como un gran factor de determinación de la realidad política, la desesperada situación que vive el pueblo palestino, atenazado por la criminal política del Estado de Israel, que empieza a tomar una relevancia fundamental en el debate político. Resulta claro que Moncloa ha detectado el gran apoyo social que la causa palestina tiene en España, como recientemente hemos visto en las masivas protestas acaecidas en la Vuelta a España, y por ello se ha sumado de lleno a las reivindicaciones de embargo y boicot que, por parte de la izquierda de este país, encabezados desde hace años por Izquierda Unida, se han reclamado como acción de gobierno imprescindible para alcanzar la paz y la justicia en los territorios ocupados. Esta nueva situación, que ha situado a España claramente en la vanguardia de la protección de la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos, o más sencillamente en la defensa de la dignidad y los valores del humanismo, está descolocando al Partido Popular, incapaz de salir de la aberrante posición sobre el conflicto, defendiendo más a los genocidas que a sus víctimas, demostrando una falta de humanidad y sometimiento a los dictados realizados por la administración norteamericana. Resulta llamativo que los hijos y nietos políticos de la ideología franquista, aquella que tachaba a la oposición democrática de contubernio judeo masónico, aquella que necesitó y colaboró con la dictadura nazi, que transportó a 6 millones de judíos al horror y exterminio, trate de etiquetar las protestas en nuestro país como antisemitas o antijudías. Infame ignominia que no debe pasar por alto y que debe tener un coste popular, electoral, en lo que podría ser un déjà vu del obcecado militarismo que contra el “No a la guerra” acabó costando gobernar al Partido Popular.

Será fundamental el trabajo de movilización, concienciación y políticas públicas para poner freno a la espiral de racismo al que nos quiere llevar la internacional del odio

Frente a la internacional del odio, políticas públicas

Las derechas tratan desesperadamente de ligar el conflicto en Palestina con la inmigración, tratando de imponer la falsa idea de que el problema en Oriente Próximo tiene que ver con el islam, y no con la propiedad de la tierra y los recursos, siendo Israel el defensor de los valores occidentales judeo cristianos frente a la supuesta barbarie musulmana que nos atenaza allí y en nuestra frontera sur. Obviando la larga tradición de convivencia que existía en Palestina hasta la creación del Estado sionista, nos quieren hacer creer que el problema es religioso y que en cada país de Europa debemos activar una batalla contra la inmigración, especialmente la de origen islámico. No cabe duda, desgraciadamente lo comprobamos en los estudios de opinión y lo vimos en Torre Pacheco o Jumilla, que la cuestión de la inmigración va a marcar lo que queda de legislatura ante la continua serie de iniciativas y discursos que las derechas, especialmente Vox, van a atraer al debate político y parlamentario. Será fundamental el trabajo de movilización, concienciación y diseño de políticas públicas para poner freno a la espiral de racismo al que nos quiere llevar la internacional del odio y el mal.

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Existe un malestar acumulado que desata a cada momento la furia del pueblo, como la gota al tope que una copa llena, es la gota que la desborda. El gobernador Pierluisi trató una semana antes de la última convocatoria de calmar los ánimos de unas masas del pueblo que pocos años antes habían tumbado un gobernador de su propio partido, anunciando un aumento salarial temporero, pero su táctica se le revirtió en contra, y tuvo que recibir en Fortaleza al liderato de esos trabajadores, con las grandes masas enardecidas fuera de sus portones, al mismo liderato obrero que una y otra vez se había negado a recibir. Los gobernantes arrogantes no conocen otro lenguaje que el lenguaje de la fuerza, y esa fuerza de las masas de obreros y trabajadores es la que hay que saber articular ahora para construir órganos de poder permanente.

Es importante señalarnos a nosotros mismos que las ideas se desarrollan en la acción revolucionaria, no en la exégesis acrítica de la teoría. Por ello, en la praxis marxista y en el fervor de la militancia revolucionaria, teoría y práctica son inseparables. Es por eso que sostenemos que la teoría, en la acción revolucionaria, no es para las academias (en alto despiste en Puerto Rico), como tampoco la acción de la militancia lo es solo para las organizaciones revolucionarias, cuyos errores en la percepción de la realidad y sectarismos absurdos son cada vez más frecuentes.

La lectura apresurada y superficial de la historia por parte de los cuadros al frente de movimientos reivindicativos lleva a acciones y decisiones políticas erradas y de consecuencias fatales para la revolución. Tal, por ejemplo, el monstruo auto creado de la anexión^[1] que condujo a un sector del independentismo, elección tras elección, a aliarse con los llamados autonomistas, yerro que terminó perpetuando la colonia y, por lo tanto, mantuvo sobre nuestras cabezas el mentado “monstruo”. Es una paradoja que solo el movimiento obrero, con una política clasista consecuente, ha de romper.

De nuevo, pero ahora con lentitud y con demasiada incoherencia, los vientos están cambiando. La oposición a la venta de la Telefónica en los años noventa, el éxito alcanzado por las grandes movilizaciones de masas contra la Marina de los Estados Unidos en Vieques, las luchas sindicales y políticas del movimiento estudiantil y obrero en defensa de la universidad pública y contra la legislación anti obrera son muestras de este despertar. Cientos de miles de trabajadoras y trabajadores movilizados en verano de 2019 desplegando una fuerza tal que lograron la renuncia de un gobernador inepto e inmoral es muestra de que renace la voluntad de lucha de los trabajadores en Puerto Rico.

Lo importante ahora es reconstruir esas fuerzas dispersas en nuevos esfuerzos organizativos con metas realista hacia la transformación social. Las movilizaciones de pobladores y sectores desposeídos, junto a los sectores organizados del movimiento obrero, por cambios fundamentales en la estructura social habrán de cimentar la unidad de clase de la gran masa de trabajadores. La cuestión es movilización y organización. Organización para continuar movilizando. Movilización para alcanzar para los trabajadores nuevos estadios de conciencia y poder.