Familias puertorriqueñas temen ser desplazadas por la privatización de la administración de edificios de vivienda pública en Nueva York

La Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York cedió la administración de miles de apartamentos a empresas privadas, lo que ha dado paso a la inversión de miles de millones en renovaciones. Pero este cambio llega también con amenazas de desalojos, aumentos en la renta y el riesgo de desplazamiento de los residentes.

Lydia Díaz vivía en un apartamento deteriorado, propiedad de la Autoridad de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York (NYCHA en inglés), cuando recibió la noticia en 2021. Su edificio, parte del complejo residencial Harlem River Houses, sería el próximo en pasar a manos de desarrolladores privados bajo el programa llamado Pacto para Preservar la Asequibilidad Permanente Juntos (PACT). El traspaso permitiría inyectar millones de dólares para reparaciones al edificio, pero convertiría a Díaz en inquilina de un nuevo casero privado bajo el programa federal de subsidios de alquiler Sección 8.

Molestos porque se les negó participación en la decisión de integrarse a PACT, y preocupados por perder derechos a cambio de lo que les parecen reparaciones de mala calidad, Díaz y otros residentes presentaron una demanda para detener el proceso. Pero ya era demasiado tarde. Las nuevas compañías asumieron el control, remodelaron los edificios y comenzaron a administrarlos según sus propios criterios y sin la supervisión externa que existía cuando estaban bajo el control del gobierno de la ciudad.

Desde entonces, el nuevo casero, Harlem River Preservation LLC, junto con su empresa administradora, C+C, ha intentado desalojar a Díaz en tres ocasiones. La más reciente fue en agosto, por una deuda de renta atrasada de menos de $500.

“Quiero sentir que esta es mi casa, pero solo siento que ocupo un espacio. No siento que sea mi casa”, dijo Díaz, de 68 años, quien ha vivido en su apartamento en Harlem, en el norte de Manhattan, durante 16 años.

“Por eso he perdido todo este peso. Estoy estresada. Estoy ansiosa. Me dan muchos dolores de cabeza. A veces casi no como y no puedo levantarme en la mañana. Si no lucho o rezo, no tengo fuerzas para hacer nada”, añadió la mujer puertorriqueña que creció en el sur de Nueva Jersey y quien ha enfrentado periodos en los que estuvo sin hogar.

Desde 2016, NYCHA ha entregado más de 39,000 unidades de vivienda pública a desarrolladores privados como parte del programa PACT, que ejecuta el programa federal Estrategia de Asistencia para el Alquiler (RAD) de 2011. Aunque NYCHA —una corporación pública dirigida por una junta nombrada por el alcalde— históricamente administra sus propiedades, este programa permite arrendar ciertos complejos a empresas privadas, siempre que estas se comprometan a realizar renovaciones mayores postergadas durante años. Los desarrolladores financian esas obras con préstamos a los que el gobierno no puede acceder. Luego los pagan —y obtienen ganancias— mediante el cobro de rentas según tarifas estandarizadas fijadas para reflejar el mercado. Los inquilinos aportan el 30% de sus ingresos y un vale de la Sección 8 cubre la diferencia.

Pero desde que las renovaciones se completaron en muchos complejos PACT, las amenazas de desalojo se han disparado y las tasas de desalojo son cinco veces más altas que en los edificios administrados directamente por NYCHA, aunque las familias desalojadas han sido pocas. Para comunidades como la puertorriqueña, cuya población en la ciudad de Nueva York disminuyó un 20% entre 2017 y 2022 y que depende en gran medida de la vivienda pública como último refugio en barrios afectados por la gentrificación, la creación de PACT es percibida como la maniobra más reciente para expulsarlos en beneficio de los intereses inmobiliarios.

El temor y la frustración se extienden entre los residentes, pero la privatización bajo PACT —que mantiene la titularidad del terreno en manos de NYCHA— surgió de una situación desesperada. Antes de que una empresa privada asumiera el control de Harlem River Houses, se estimaba que sus 693 unidades requerirían más de $300 millones en reparaciones para 2023. En su inspección de 2019, realizada por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos (HUD), el complejo obtuvo 37 de 100 puntos, muy por debajo del mínimo requerido de 60.

De hecho, antes de que PACT comenzara, NYCHA había estimado que su inventario completo requeriría más de $45,000 millones en reparaciones para 2037. A medida que las necesidades aumentaban, los fondos provenientes de su principal fuente —el gobierno federal— disminuían.

Por medio de PACT, los desarrolladores han recaudado más de $13,000 millones para financiar renovaciones en edificios de todos los condados. Esos residentes disfrutan ahora de nuevos parques, apartamentos remodelados y sistemas modernos de calefacción, ventilación y aire acondicionado, mientras que otros 300,000 inquilinos de NYCHA siguen viviendo en edificios que llevan una década más de deterioro, donde las filtraciones constantes, las plagas de roedores y las cerraduras dañadas son parte de la vida diaria.

Los desarrolladores reciben un flujo sustancial de ingresos gracias a esta alianza —proveniente de rentas, subsidios y créditos contributivos— aun cuando muchos tienen un largo historial de descuido de edificios y de desalojo de sus inquilinos.

El concejal Chris Banks, presidente del Comité de Vivienda Pública del Consejo Municipal de Nueva York, señaló que algunos socios de PACT muestran apatía ante las preocupaciones de los residentes y operan bajo la idea de que los inquilinos de NYCHA no merecen viviendas con el mismo estándar que otros neoyorquinos. Banks señaló como ejemplo a Wavecrest Management, que ha ganado contratos en toda la ciudad pese a contar con un historial de violaciones previo a PACT.

“Uno no puede evitar cuestionar a estas personas y dudar de sus intenciones cuando ponen a un casero irresponsable a cargo de una propiedad”, dijo Banks. “Eso me lleva a preguntarme si esto es un esquema para enriquecerse o si realmente es una inversión seria para mejorar la vida de los residentes de vivienda pública”.

Temor al desplazamiento

El Upper West Side, barrio residencial de Manhattan, es conocido por sus brownstones (casas de piedra rojiza y marrón), sus edificios anteriores a la Segunda Guerra Mundial y por ser hogar de muchos residentes blancos y adinerados de la ciudad. Pero es un área que, durante décadas, también ha contado con una importante comunidad puertorriqueña, compuesta en gran medida por familias que viven en complejos de NYCHA y en edificios Mitchell-Lama, otro programa de vivienda asequible.

La presencia boricua antes se hacía sentir en bodegas, carnicerías y restaurantes a lo largo de la avenida Amsterdam, pero muchos negocios han cerrado y los puertorriqueños se han ido marchando poco a poco del vecindario. Desde 2010, cerca de una cuarta parte de la población puertorriqueña del vecindario se ha movido, según los estimados a cinco años de la Encuesta sobre la Comunidad del Censo.

Las Wise Towers, un complejo de NYCHA convertido en PACT en 2020 y ahora administrado por Wavecrest Management, siguen siendo un punto de arraigo en la zona. Pero a medida que las amenazas de desalojo han aumentado en los últimos años, los residentes puertorriqueños temen ser la próxima comunidad desplazada. Señalan que una evidencia de que la privatización nunca estuvo pensada para su beneficio es el éxito que ha tenido, entre personas no residentes de la comunidad, el remodelado parque infantil de las Wise Towers. Este lugar de recreación, antes ignorado por los neoyorquinos, ahora está abarrotado de personas que no son residentes, lo que ha generado controversia sobre quién debe tener acceso.

Ernesto Carrera, presidente de la asociación de inquilinos de Wise Towers y residente del vecindario desde hace más de 50 años, identifica el nuevo parque infantil como la metáfora perfecta de sus problemas con PACT: extraños que toman decisiones sobre los hogares de otras personas sin consultarles y que, en ese proceso, las van desplazando.

“Ha habido madres que les dicen a nuestros hijos que no quieren que sus hijos jueguen con los nuestros. Eso aquí no puede pasar. Nunca había pasado […] pero la creación de este nuevo parque ha despertado muchos sentimientos en la gente”, dijo Carrera, quien logró que el parque se cerrara al público que no resida en el complejo de vivienda.

“Si es privado, es privado. Nosotros no lo privatizamos”, añadió.

Carrera reconoce las mejoras del parque, pero afirma que son “solo maquillaje” ante problemas más serios dentro de los edificios, como tuberías obsoletas, cerraduras dañadas y problemas con plagas. Mientras algunos apartamentos ahora parecen desarrollos de lujo, otros apenas han sido renovados respecto a su estado previo bajo NYCHA.

Darrell Williams vive en un apartamento adaptado para personas con discapacidades, en el segundo piso de una de las Wise Towers. Capas de pintura mal aplicadas cubren daños causados por filtraciones crónicas; su llavero eléctrico no abre la puerta principal; y el agua de su ducha accesible para silla de ruedas sale hasta el pasillo.

Wavecrest Management sostiene que este tipo de problemas deben reportarse en línea o por teléfono y que se resolverán en un plazo de 48 horas, a menos que las reparaciones sean mayores o requieran contratistas externos.

“Les digo que tengo un problema de filtración y contestan: ‘Ah, aquí tiene un número’. Llamas a ese número y nadie contesta”, dijo Williams, quien trabajó para NYCHA. “Con NYCHA habrían hecho un mejor trabajo”.

Además de los problemas estructurales, los residentes aseguran que las Wise Towers se volvieron menos asequibles tras la privatización, especialmente en el alquiler.

Tanto bajo el programa PACT como en los edificios tradicionales de NYCHA, los residentes suelen pagar el 30% de los ingresos de su hogar en renta. Es decir, si una familia gana $50,000 al año, pagaría $1,250 al mes. También se supone que deben vivir en apartamentos adecuados al tamaño de su núcleo familiar. Pero muchas personas no habían sido reevaluadas por cambios en sus ingresos o en la composición familiar durante años. Padres cuyos hijos adultos ahora generan ingresos tuvieron que empezar a reportarlos. Padres cuyos hijos adultos se habían marchado fueron reubicados en apartamentos más pequeños. Los residentes con ingresos más altos, que a veces pagaban tarifas fijas en NYCHA, pasaron a tener que pagar el 30% de sus ingresos.

“Tenemos que arreglar los edificios, pero también debemos corregir procesos y otros aspectos. Y parte de esto incluye trabajar con los residentes para que entiendan las expectativas que siempre estuvieron ahí”, dijo Jonathan Gouveia, director de Bienes Raíces y vicepresidente ejecutivo de NYCHA.

Una parte de este proceso consiste en enviar avisos previos de desalojo a los inquilinos que están en atraso en el pago. Más del 10% de los residentes de PACT recibieron estos avisos durante la primera mitad de 2025, según el informe del monitor de Progreso y Cumplimiento de PACT de NYCHA.

Gouveia afirma que los avisos previos de desalojo son una herramienta para ofrecer apoyo a los residentes que deben dinero de alquiler, no para expulsarlos. Ese apoyo puede incluir asistencia para reportar cambios en los ingresos o para recibir servicios sociales. También funcionan como una manera de proteger a los socios de PACT frente a la crisis de morosidad de NYCHA, donde el 34% de los inquilinos no pagó la renta en octubre.

Sin embargo, los datos muestran que, en lo que va de año, cerca de la mitad de los avisos previos de desalojo terminan convirtiéndose en demandas de desalojo, el primer paso legal del proceso. NYCHA sostiene que los desarrolladores suelen presentar estas demandas para que los inquilinos puedan cualificar para el “one-shot deal” (acuerdo único) de la ciudad de Nueva York, un programa de asistencia financiera diseñado para personas que enfrentan emergencias agudas, como un desalojo.

Aunque solo un residente de las 399 unidades de Wise Towers ha sido desalojado este año, los recuerdos de desplazamientos anteriores y de promesas gubernamentales incumplidas hacen que los residentes teman.

“A la larga, nosotros no vamos a estar aquí”, dijo Domingo Román, quien creció en esta comunidad y regresa con regularidad para visitar a amigos y familiares. “Vamos a tener que mudarnos hasta el Bronx, porque eso es lo que ellos quieren —sacar a todos los puertorriqueños y a los negros de aquí y mandarlos para el Bronx”.

Algunos residentes de Wise Towers vivieron antes en casas que fueron expropiadas y demolidas para construir el complejo como parte de los programas de “renovación urbana” impulsados por Robert Moses, el excomisionado de Planificación Urbana de la ciudad, según dijo la concejal Gale Brewer.

La demolición de esas estructuras para levantar Wise Towers reflejó lo ocurrido en 1947 con el desarrollo de Amsterdam Houses, el primer complejo de NYCHA en el vecindario, construido sobre una comunidad puertorriqueña antes vibrante, conocida como San Juan Hill.

“Estos son residentes que conozco desde 1978, así que significan todo para mí”, dijo Brewer, quien ha representado al vecindario desde 2002, incluidos ocho años como presidenta del condado de Manhattan. “Me gustaría suponer —espero estar en lo correcto— que la tasa de desalojos en Wise Towers será muy, muy baja. Me va a dar algo si desalojan a alguien sin justificación”.

A corto plazo, sin embargo, los desarrolladores de PACT tienen poco que ganar con el desalojo de inquilinos. Cuando surgen vacantes, éstas se llenan con personas de la lista de espera de la Sección 8 de NYCHA, un proceso sobre el cual los socios de PACT no tienen control. Además, los desarrolladores reciben una tarifa de renta estándar sin importar cuánto pague la persona que ocupa la unidad, ya que el vale de la Sección 8 cubre la diferencia.

Wavecrest Management afirmó que no tiene intención de aumentar los desalojos.

“Estoy muy orgullosa del programa PACT. Creo que ha cambiado muchas vidas. Cuando uno trabaja con tantos hogares al mismo tiempo, siempre habrá alguien que no esté satisfecho”, dijo Susan Camerata, una de los tres integrantes de la junta ejecutiva de Wavecrest.

Reparaciones que ignoran los deseos de los residentes

Los Harlem River Houses se completaron en 1937 como el primer complejo que NYCHA construyó tras su fundación tres años antes. Los edificios son un monumento a la visión política del pionero de NYCHA, el alcalde Fiorello La Guardia, quien creía que el gobierno municipal debía encargarse de proveer a los neoyorquinos de la infraestructura necesaria para prosperar, como vivienda, escuelas y hospitales. Esta visión se hizo posible gracias a los fondos del programa El Nuevo Trato del presidente Franklin D. Roosevelt.

El desarrollo de viviendas no solo debía ser funcional, sino también un lugar digno para criar una familia —específicamente familias de raza negra—, según citas de funcionarios de la administración de La Guardia, tomadas por periodistas de la época durante la ceremonia de colocación de los primeros ladrillos del proyecto. Además de los apartamentos, los Harlem River Houses incluían senderos de adoquines alrededor de parques infantiles, esculturas de diversos artistas y un anfiteatro con vista al río.

El terreno, que ahora incluye otro edificio cercano construido posteriormente, fue restaurado a su antiguo estilo durante los pasados cuatro años por la asociación privada Harlem River Preservation, con una inversión de $275 millones.

“Parece que estás en una escena de película. Es surreal”, dijo JeRome Dunbar, director de relaciones comunitarias de Harlem River Preservation. “Especialmente tratándose de vivienda asequible, de vivienda para personas de bajos ingresos… no hay nada mejor. Yo viviría aquí”.

Pero las fachadas históricas ocultan apartamentos con paredes salpicadas de moho cubiertas por  una capa de paneles de yeso añadidos durante las varias renovaciones. En uno de los apartamentos, un sistema de control de temperatura, calidad del aire y humedad en los espacios interiores zumba suavemente y despide el olor penetrante de una rata en descomposición. Y en todo el complejo, los pisos de imitación de madera se despegan en los bordes donde fueron instalados con premura, dejando ver debajo una capa recubierta de polvo que los residentes aseguran que deben barrer constantemente.

“Ni siquiera se tomaron la molestia de nivelar las paredes ni de lijarlas antes de pintar. Simplemente pintaron encima de las grietas”, dijo April Washington, cuya familia vive en el complejo desde 1955.

Washington se ha negado a firmar el contrato de arrendamiento con Harlem River Preservation, lo que significa que no han renovado su apartamento, un requisito para todos los inquilinos. En febrero, la empresa presentó una demanda de desalojo en su contra por no haber firmado el contrato.

Los desarrolladores crearon espacios de participación para que los residentes ofrecieran sus opiniones sobre las decisiones de diseño antes de que comenzaran las renovaciones, pero como las mejoras se estandarizaron en todo el complejo, era inevitable que algunas personas tuvieran que aceptar decisiones con las que no necesariamente estaban de acuerdo.

NYCHA recibió críticas por pasar por alto las perspectivas de los residentes durante los primeros cambios al modelo PACT y asegura que desde entonces ha procurado involucrarlos de forma más activa. Como parte de este esfuerzo, recientemente ofrecieron a los residentes de los Jacob Riis Houses la oportunidad de votar si querían integrarse a PACT, una propuesta que los inquilinos rechazaron. NYCHA afirma que estas votaciones no necesariamente continuarán en el futuro.

Anteriormente, los residentes solo votaban cuando existía una tercera opción: transicionar al modelo de la Fundación para la Preservación de la Vivienda Pública, que también convierte a los inquilinos en beneficiarios de la Sección 8, pero mantiene los edificios bajo gestión gubernamental. En las siete votaciones realizadas con esas tres alternativas, Randall Avenue–Balcom Avenue se convirtió en el primer complejo en elegir PACT, en abril.

“Te dicen: te guste o no, esto es lo mejor para ti”, comentó Lydia Díaz, refiriéndose a los gabinetes laminados de color gris instalados en su apartamento, así como al resto de los cambios introducidos con PACT.

Los residentes dicen que comenzaron a desconfiar de cambiar sus apartamentos a un sistema de gestión privada después de escuchar historias de otros lugares de vivienda pública que habían cambiado su modelo administrativo. En parte, temen perder la transparencia y la supervisión externa sobre sus hogares.

“NYCHA ha avanzado mucho en términos de transparencia, pero creo que el programa PACT sigue siendo notablemente poco transparente”, dijo Iziah Thompson, analista sénior de políticas en Community Service Society. “[NYCHA] sabe que estos problemas existen. Algunos de estos edificios son muy antiguos y, a veces, el alcance del trabajo de estos proyectos no cubre todo”.

Entre otras brechas de transparencia, los complejos PACT no reciben puntuaciones de inspección del HUD ni están sujetos a la misma supervisión del monitor federal impuesto a NYCHA en 2018.

PACT como motor de gentrificación

Robert Camacho es el presidente de la Junta Comunitaria 4 de Brooklyn, donde representa a los residentes del vecindario de Bushwick, un área que se ha gentrificado rápidamente. Durante sus 64 años allí, la comunidad puertorriqueña ha sido desplazada poco a poco por el aumento desmedido de los alquileres. En el área que ocupa Hope Gardens, sin embargo, las personas nacidas en Puerto Rico aún representan el 32% de los residentes, mientras que el resto proviene en su mayoría de la República Dominicana o de otras zonas de Brooklyn.

El complejo pasó al programa PACT en 2019 y, tras unos años desastrosos bajo la administración de Pinnacle City Living, ahora está bajo el control de Wavecrest. No obstante, Pinnacle ha obtenido contratos en otros complejos bajo PACT.

Mientras Camacho recorre el complejo —entre abrazos de inquilinos agradecidos y quejas sobre asuntos locales que van desde carriles para bicicletas hasta dueños de perros— describe cómo los desarrolladores de PACT han ignorado las voces de la comunidad e infundido miedo entre los residentes mediante constantes amenazas de desalojo. Para él, la privatización es una extensión de las mismas políticas dañinas que han desplazado a familias puertorriqueñas del vecindario durante décadas.

“[Los funcionarios electos] están demasiado ocupados diciéndonos lo que queremos y lo que necesitamos, en lugar de escucharnos, escuchar lo que realmente necesitamos y queremos”, dijo Camacho. “Yo no vivo en NYCHA, pero la gente que vive allí es mi familia. ¿Sabes por qué? Porque si llegan a mi tienda y están pasando necesidad o sufriendo, ese dolor también lo sentimos nosotros”.

Entre los edificios de tres pisos de Hope Gardens, sobre la avenida Wilson, se eliminaron los parques infantiles, las áreas de BBQ y las mesas de picnic. En su lugar, ahora hay equipos de ejercicio para adultos y un césped vacío, bajo la sombra de un nuevo edificio de 13 pisos —un proyecto entre NYCHA y otros desarrolladores.

Blanca Gardana y Blanca Izquierdo, dos puertorriqueñas que llevan muchos años como vecinas, dicen sentirse aliviadas de que sus hijos se hayan hecho adultos antes de que se privatizara la administración del complejo de vivienda porque los desarrolladores eliminaron los espacios donde antes solían reunirse los niños.

“Los niños no tienen suficiente espacio para jugar y entretenerse”, dijo Izquierdo, quien se mudó a Nueva York desde Aguadilla cuando era niña y lleva 36 años viviendo en Hope Gardens. “Todo el mundo, casi todo el mundo, dice que con NYCHA estábamos mejor”.

Wavecrest Management indicó que no comentaría sobre las decisiones relativas a la renovación del parque, ya que se tomaron antes de asumir la administración.

El espacio también se utiliza menos porque, cuando llueve con fuerza, un charco cubre el área verde y el agua llega hasta el apartamento de Gardana, ubicado en la planta baja. Wavecrest proporcionó barreras hidráulicas a los residentes para contener el agua, pero NYCHA asegura que el problema se debe a fallas en la infraestructura de la ciudad, que están fuera de su control.

Debido a las inundaciones, la administración decidió trasladar las calderas [usadas para la calefacción y para suministrar agua caliente a todo el edificio] del sótano al techo. Para el apartamento de Izquierdo, ubicado en el segundo piso, esto significó perder uno de sus armarios para permitir el paso de las tuberías.

Además de los cambios físicos realizados sin consultar a los residentes, muchos señalan que su relación con el espacio ha cambiado debido a la cantidad de multas emitidas por infracciones de reglas que nadie sabía que existían, como fumar en las escaleras u olvidar las llaves. Algunos dicen que estas multas representan una carga económica adicional y una sensación de mayor vigilancia, ya que se respaldan parcialmente por nuevas cámaras instaladas en los edificios. Mientras algunos residentes celebran estas medidas, otros dicen que reflejan patrones más amplios, entre ellos el aumento del control policial sobre ofensas menores y los procesos de gentrificación.

Las multas sólo se imponen por infracciones prohibidas en todos los complejos y no pueden exceder las establecidas por NYCHA. Los socios de PACT simplemente han sido más estrictos al aplicarlas. Según Wavecrest, estas multas se usan únicamente para modificar conductas, no para generar ingresos.

“No vamos a multar a nadie”, dijo Joseph Figueroa, administrador de propiedades de Wavecrest en Hope Gardens. “Les vamos a facturar, pero no es algo por lo que los vayamos a llevar a la corte ni algo que tengan que pagar obligatoriamente”.

Atrapados sin salida

Para los defensores de la vivienda pública, PACT marca el final de una era en la que el gobierno de la ciudad proveía a los neoyorquinos de bajos ingresos de necesidades básicas, como vivienda, sin la intervención de actores privados motivados por el lucro.

Pero los fondos federales representan el 67% de los ingresos de NYCHA, y el presupuesto propuesto por el presidente Donald Trump recortaría cerca del 43% de esa aportación, según un informe de la Oficina Independiente de Presupuesto de la Ciudad de Nueva York.

Este desmantelamiento federal viene afectando a NYCHA desde que el presidente Richard Nixon suspendió los subsidios para la construcción de vivienda pública en 1973, lo que abrió el camino para la creación de la Sección 8 en 1974. A la vez, mientras la ciudad de Nueva York atravesaba su propia crisis fiscal en la década de 1970, NYCHA entró en un profundo deterioro. En ese abandono, la corrupción se abrió paso, agotando aún más los escasos recursos de la autoridad.

Atrapada en esta situación —en la que simplemente no podía costear las reparaciones necesarias bajo el modelo tradicional de vivienda pública—, NYCHA decidió ceder parte del control para acceder a préstamos privados y a un sistema de vales que garantizaría ingresos más estables. Mientras los residentes de NYCHA siguen viviendo en hogares deteriorados, donde la salud, la seguridad y la comodidad son aspiraciones más que realidades, miles de personas trasladadas a PACT ahora viven en edificios libres de plomo, con electrodomésticos nuevos en la cocina, baños renovados y áreas recreativas remodeladas.

“No deberíamos estar en el negocio de vender activos públicos”, dijo la congresista puertorriqueña Nydia Velázquez, cuyo distrito incluye Hope Gardens. “Pero si tienes un complejo como este, donde no hay dinero para realizar las mejoras grandes que hacen falta, esto va a atraer el tipo de violencia que ha afectado a esta comunidad”.

Velázquez advirtió que los inquilinos de PACT también podrían estar en riesgo, ya que Trump propone imponer un límite de dos años a los vales de la Sección 8, lo que podría dejar a muchos sin asistencia para pagar la renta.

Mientras NYCHA espera convertir otras 23,000 unidades al programa PACT para 2028, también está explorando otras vías para lograr avances sin depender de fondos federales, recurriendo al sector privado. Actualmente están solicitando propuestas de desarrolladores para nuevos proyectos.

El alcalde electo Zohran Mamdani también se ha comprometido a duplicar la inversión municipal en NYCHA para mantener los edificios como bienes públicos y construir otros nuevos, lo que podría indicar que PACT no crecerá al mismo ritmo que bajo el alcalde Eric Adams, un ferviente defensor del programa. Sin embargo, los nombramientos de Mamdani —como el del futuro vicealcalde, Dean Fuleihan— provienen en gran medida de la administración del exalcalde Bill de Blasio, quien creó PACT. Y, al menos durante los tres años del mandato de Mamdani que coincidirán con la presidencia de Donald Trump, las perspectivas de un aumento de los fondos federales para NYCHA son mínimas.

En declaraciones a The City, Mamdani dijo que instaurará un proceso democrático que garantice que los residentes de NYCHA tengan voz en la decisión de si sus edificios se incorporan al programa PACT.

Aunque PACT podría ser, por ahora, la vía más efectiva para financiar las renovaciones de manera rápida, muchos inquilinos siguen sin estar convencidos de que represente el camino correcto. Los residentes sienten, en esencia, que no son respetados por estas compañías privadas, según una encuesta inédita de la Community Service Society.

Para residentes puertorriqueños como Lydia Díaz, los problemas constantes con la gerencia de C+C y los paneles de yeso instalados de manera que reducen aún más el espacio de su apartamento se suman a la presión económica que, asegura, hace que vivir en Nueva York sea cada vez más difícil.

“Voy a quedarme sin hogar”, dijo Díaz. “La Sección 8 es gente entrando a tu casa, arreglando tu apartamento, diciendo que necesitamos asistencia para pagar la renta para que ellos puedan ganar dinero con nosotros, y diciendo que hicieron un gran trabajo al pasar nuestros apartamentos al modelo PACT”.

Este reportaje es posible gracias a una beca del Instituto de Formación Periodística del CPI.

Esta traducción fue generada con la ayuda de IA y revisada por nuestro equipo editorial para garantizar precisión y claridad.