Los planes de Estados Unidos para América Latina: vuelve la doctrina Monroe, reinterpretada por Trump
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional se marca como objetivo “restaurar la preeminencia estadounidense” en el continente
La doctrina Monroe, que en el siglo XIX proclamaba “América para los americanos”, imponía a Estados Unidos como la potencia dominante en América Latina y abrió paso a una era de intervencionismo en la región, está viva y coleando. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional estadounidense, hecha pública este viernes, declara de modo específico la vuelta de esos principios “para restaurar la preeminencia estadounidense en el Hemisferio Occidental”. Con un “corolario Trump”: una “restauración sensata y contundente” del “poder y las prioridades” de EE UU, según dice el texto.
La Estrategia de Seguridad Nacional es un documento oficial que establece las prioridades geopolíticas de cada presidente, y que se publica en los primeros meses de cada Administración. La de este segundo mandato de Donald Trump pone el foco de manera muy acentuada en el continente americano como la gran prioridad. Su control, considera, es fundamental para la protección de la patria estadounidense. Y tiene dos objetivos: garantizar la seguridad fronteriza, “el elemento básico de la seguridad nacional” y, sin mencionarla específicamente, contrarrestar la creciente influencia de China en lo que vuelve a ser lo que se llamó el patio trasero estadounidense.
“Estados Unidos debe ser preeminente en el Hemisferio Occidental como condición para nuestra seguridad y prosperidad, una condición que nos permite afirmarnos en la región con confianza dónde y cuándo lo necesitemos”, sostiene el texto.
Para conseguirlo, sus metas se resumen en “reclutar y expandir” la alianza con socios en la región, bien ampliando los vínculos ya establecidos o bien atrayendo a otros “impulsando” su “propio atractivo como socio preferido en economía y seguridad”, declara el documento. Estos aliados de ideología afín, según propone la Administración de Donald Trump, colaborarán para imponer las metas estadounidenses; controlar la inmigración, detener el flujo de drogas y fortalecer la estabilidad y la seguridad. “Reclutaremos campeones regionales que ayuden a crear una estabilidad tolerable en la región, incluso más allá de las fronteras de esos socios”, detengan la inmigración ilegal y se enfrenten a los carteles.
Esos gobiernos, partidos políticos y movimientos “alineados a grosso modo» con sus “principios y estrategia” se verán recompensados, promete el documento, que no menciona por nombre a ninguno de los posibles beneficiarios. “Pero no debemos olvidar a gobiernos con diferentes ideas con los que de todos modos compartimos intereses y que están dispuestos a colaborar con nosotros”, añade.
La estrategia prevé también, entre otras cosas, un “reajuste” para aumentar la presencia militar en la región, lo que apunta a que el gigantesco despliegue que mantiene EE UU en el Caribe y que no ha cesado de crecer desde agosto, puede ser más duradero de lo que calculaban algunos expertos. No va a estar limitado a una mera posible operación en Venezuela.
El documento prevé potenciar la presencia de la Marina y del Servicio de Guardacostas para reforzar la vigilancia contra la inmigración irregular y la entrada de droga y “establecer o expandir el acceso en puntos estratégicamente importantes”. También menciona “despliegues selectivos”, incluido, “donde sea necesario, el uso de fuerza letal”.
Este mayor músculo militar se combinará con una “diplomacia comercial”, en la que EE UU colaborará con los socios en la región para identificar recursos estratégicos ―una posible alusión a materias primas como las tierras raras o los minerales críticos, cuya adquisición se ha convertido en una de las grandes prioridades de Washington―, reforzar cadenas de suministro y fortalecer las economías locales, de modo que adquieran más productos estadounidenses y “se conviertan en mercados más atractivos para el comercio y la inversión de EE UU”.
La Administración de Trump pone específicamente en su punto de mira la colaboración de Pekín con los países latinoamericanos en áreas como la construcción de infraestructuras y el control de activos estratégicos. “Los términos de nuestras alianzas, y los términos en los que suministremos cualquier tipo de ayuda, deben estar condicionados a reducir la influencia adversaria ajena, desde el control de puertos, instalaciones militares e infraestructura clave a la adquisición de activos estratégicos, entendidos desde una perspectiva amplia”.
Reconoce que esa influencia de China y otros países “será difícil de revertir”, dado el “alineamiento político entre ciertos gobiernos latinoamericanos y ciertos agentes extranjeros”. Pero recuerda que, en la mayoría de los casos, la relación de los países con potencias rivales de EE UU no tiene naturaleza ideológica, sino meramente comercial, alimentada por los costes bajos y la escasa regulación. Washington debe, entre otras cosas, utilizar su “capacidad de presión financiera y tecnológica para inducir a los países a rechazar esa asistencia” extranjera de “bajo coste”, apunta.
“Negaremos a competidores no hemisféricos la capacidad de posicionar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”, sentencia el documento.
“Estados Unidos también debe resistir y revertir medidas como los impuestos selectivos, la regulación injusta y la expropiación que perjudican a las empresas estadounidenses. Los términos de nuestros acuerdos, especialmente con los países que más dependen de nosotros y, por lo tanto, sobre los que tenemos mayor influencia, deben ser contratos de proveedor único para nuestras empresas. Al mismo tiempo, debemos hacer todo lo posible para expulsar a las empresas extranjeras que construyen infraestructura en la región”, concluye el extenso apartado dedicado a América Latina en el texto oficial.
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