El gobierno de EE.UU. y la soberanía amputada
El bombardeo indiscriminado de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro por la administración Trump confirma que el derecho internacional, que a partir de la Paz de Westfalia en 1648 reconocía la soberanía de cada Estado-nación, ha dejado de existir luego de pasar por distintas fases de suspensión temporal


Por Carlos Fazio | 07/01/2026 | EE.UU., México
El bombardeo indiscriminado de Venezuela y el secuestro del presidente Nicolás Maduro por la administración Trump confirma que el derecho internacional, que a partir de la Paz de Westfalia en 1648 reconocía la soberanía de cada Estado-nación, ha dejado de existir luego de pasar por distintas fases de suspensión temporal. Ahora, como reproducía ayer el titular de La Jornada: “Trump al mundo: ‘dominamos Occidente’”, el rapaz inquilino de la Casa Blanca se autoerige en señor feudal de la vieja Europa y el continente americano y ha dicho sin tapujos que “gobernará Venezuela”.
Como ha recordado el politólogo ruso Aleksandr Duguin en estos días: el derecho internacional es un tratado entre las grandes potencias capaces de defender su soberanía en la práctica. Son ellas las que determinan las reglas para sí mismas y para todos los demás: lo que está permitido y lo que está prohibido. En la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 de Estados Unidos, el corolario Trump a la Doctrina Monroe, lo exhibe sin ambages.
En la década de 1930, el derecho internacional −cuya última versión fueron los acuerdos de Versalles y las normas de la Sociedad de Naciones− se derrumbó y sobrevino la Segunda Guerra Mundial, como la culminación del enfrentamiento entre las ideologías del poder del liberalismo, el fascismo y el comunismo, que condujo a la abolición de uno de los polos: el nacionalsocialismo europeo. En 1945 la Organización de Naciones Unidas se creó como base de un nuevo sistema de derecho internacional fundado en el reconocimiento de la soberanía de los Estados, aunque en realidad estaba regido por el equilibrio de poder (o la correlación de fuerzas) entre los vencedores de la conflagración mundial. Formalmente, se reconocía la soberanía nacional, pero en la práctica, no era así. El principio westfaliano se mantuvo nominalmente. En realidad, todo se decidía mediante el equilibrio de poder entre la Unión Soviética y Estados Unidos y sus satélites.
En 1989 el bloque del Este comenzó a desmoronarse con el colapso de la URSS, que en 1991 se desintegró. Antiguos países socialistas adoptaron la ideología de su adversario de la guerra fría y comenzó el mundo unipolar. Quedó una autoridad soberana, que se convirtió en global: Estados Unidos (o el Occidente colectivo). Una ideología, una fuerza. Capitalismo, liberalismo, OTAN. El principio de la soberanía del Estado-nación y la propia ONU se convirtieron en una reliquia del pasado, al igual que lo había sido la Sociedad de Naciones. A partir de entonces, el derecho internacional fue establecido por un solo polo comandado por Estados Unidos.
En la coyuntura, ante la emergencia de China, Rusia y la India como motores de una multipolaridad alternativa al patrón ideológico del Occidente liberal-globalista, la Estrategia de Seguridad Nacional de Trump exhibe a Estados Unidos como un Estado gansteril que ya no concibe la soberanía como derecho inalienable, fundado en la autodeterminación de cada Estado nación, sino como una capacidad operativa: es una atribución jerárquica y extensiva del propio poder estadunidense sobre América Latina y el Caribe; de allí la fusión entre los comandos Norte y Sur del Pentágono. Por eso, con su típica desfachatez egocéntrica, Trump dice que “gobernará” Venezuela con quienes están al mando del partido de la guerra: el jefe de las fuerzas armadas, general Dan Caine; los secretarios de Estado y Defensa, Marco Rubio y Pete Hegseth, y el director de la CIA, John Ratcliffe (los cinco criminales seriales tras las ejecuciones extrajudiciales de un centenar de personas en el Caribe previo al secuestro de Maduro).
En esa lógica, el continente americano es presentado como un espacio de jurisdicción estratégica ampliada, una zona de control expansivo, cuyas estabilidad, orientación política y arquitectura normativa deben estar alineadas con los intereses de Estados Unidos, que no es un Estado más dentro del sistema, sino un supra-Estado, investido con la facultad de ordenar, supervisar y corregir mediante la fuerza bruta el comportamiento del resto de las unidades políticas regionales.
En este marco, la soberanía deviene asimétrica y condicionada: Estados Unidos se adjudica para sí la condición de único sujeto soberano pleno, mientras las demás naciones del continente son tratadas como soberanías subordinadas y dependientes, cuya validez práctica está medida en términos de su alineamiento con las prioridades estratégicas de la Casa Blanca. Una reinterpretación que convierte a los demás países de las Américas en una extensión funcional del territorio político estadunidense, estructurando un orden vertical de corte feudal neoextractivista en el que el derecho a existir de cada Estado vasallo está mediado por su grado de lealtad y sumisión al hegemón. Así, toda tentativa de autonomía, ya sea por proyectos nacionales de desarrollo, diversificación geopolítica o cooperación con potencias o países extrahemisféricos (como China, Rusia o Irán, que pueden ofrecer opciones de financiamiento, infraestructura o inversión más atractivas), es recodificada como una amenaza que habilita mecanismos de presión, disciplinamiento punitivo o intervención directa o indirecta, como en el caso de Venezuela. En suma, la lealtad hemisférica deberá demostrarse aislando a China y Rusia.
En ese esquema solar, Trump ha logrado reclutar en parte a México como nodo de contención migratoria, antidrogas y de vigilancia marítima. No obstante, el delincuente convicto de la Casa Blanca volvió a amenazar a la presidenta Claudia Sheinbaum para acentuar la presión. Después de lo ocurrido en Venezuela, el reformismo desmovilizado, legalista y pragmático, no alcanza, ayuda al imperialismo. México requiere una estrategia de defensa nacional.
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
China, el petróleo y el precio del golpe al derecho internacional
Las claves económicas del ataque de EEUU a Venezuela
Por Ignacio J. Domingo | 07/01/2026 | Economía

Fuentes: El diario [Imagen: Delcy Rodríguez, la nueva presidenta de Venezuela, y el dirigente chino Zheng Shanjie, en una imagen de archivo Europa Press]
La agresión militar de EEUU está marcada por varios intereses internacionales, especialmente por el petróleo, pero también por la ascendencia de China en la región
Los daños colaterales de la intervención militar americana contra Nicolás Maduro no solo atentan contra el principio de no injerencia internacional, sino que implican a China, Rusia y Europa –entre otras latitudes– en una reconstrucción fulgurante con implicaciones económicas, energéticas y de seguridad en el orden mundial.
Es la radiografía casi unánime de los observadores diplomáticos del panorama mundial. El rasgo común que preside sus análisis incide en varios hechos relevantes, aunque por encima de todos ellos Michael Hirsh, columnista en Foreign Policy, para quien la decisión de Trump “tritura lo poco que quedaba del respeto a las normas internacionales” y lesiona “la capacidad futura de EEUU para invocar el derecho internacional frente a agresiones exteriores”.
En este contexto, ¿cómo se está remodelando el nuevo escenario mundial? Y sobre todo, ¿qué ha supuesto la intervención estadounidense en Venezuela? Estos cinco interrogantes tratan de aportar un halo de luz en medio de las oscuras bambalinas geoestratégicas de la doctrina MAGA.
1. ¿Qué papel juega China y cómo interpreta Pekín esta nueva afrenta de la Casa Blanca?
Con un cóctel de prudencia financiera, amortiguadores geopolíticos y contención dialéctica “diseñada para ganar tiempo y limitar daños sin escalar el conflicto con Washington”, aduce Michal Meidan, directora del China Energy Programme del Oxford Institute for Energy Studies. En el frente energético, la pérdida potencial del crudo venezolano –del que China llegó a ser el principal comprador— “es relevante pero manejable”. Aunque Venezuela solo vendió alrededor del 4% de los pedidos de crudo del gigante asiático y de que el oro negro de Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), la estatal venezolana, tenga un alto contenido de azufre por su escasa capacidad de extracción y refino, resulta clave para la construcción de infraestructuras chinas.
Meidan aclara que “la pérdida de barriles venezolanos golpea sobre todo a refinerías llamadas independientes” —las conocidas como teapots— que dependen de ese petróleo barato y difícil de sustituir. Sin embargo, otro colchón estratégico amortigua este impacto —afirma— ya que cerca de 82 millones de barriles de crudo están almacenados en buques frente a China y Malasia —casi en su totalidad, bajo sanciones y una parte significativa de origen venezolano— lo que “permitirá a Pekín cubrir sus necesidades a corto plazo”.
En paralelo, y mientras arremete oficialmente contra la intervención militar de EEUU en uno de sus más sólidos aliados en América Latina, donde ha dirigido sus tentáculos inversores casi con la misma intensidad en África, Pekín se siente fortalecido sobre sus reivindicaciones soberanas sobre Taiwán. “Venezuela sirve como caso de estudio”, asumen fuentes diplomáticas chinas. Del mismo modo que en el área económica, el equipo del superministro de Finanzas chino Loan Fo’an dispone de un colchón fiscal de 850.000 millones de dólares extensibles según el reciente Decimoquinto Plan Quinquenal 2026-2030 para fortalecer el vigor económico y abordar desafíos geopolíticos. Y alerta sobre un largo escenario de conflicto en su socio caribeño.
Así, su banco central ha trasladado a sus entidades financieras que dejen de percibir a Venezuela como centro neurálgico de sus préstamos en América Latina, se aíslen de posibles contagios de activos tóxicos y reputacionales y esperen a que la ocupación estadounidense genere fricciones, costes o algún cambio de escenario que vuelvan a abrir espacio para sus intereses.
2. ¿Quién ganará con el petróleo venezolano?
El control efectivo del sector energético venezolano por parte de EEUU promete ser largo y tortuoso y, sobre todo, caro. Aunque Venezuela alberga las mayores reservas probadas de crudo del mundo, de hasta 303.000 millones de barriles, según la OPEP+, está lejos de llegar a su potencial geológico y productivo de manera sostenible tras décadas de expropiaciones y de pésima gestión institucional, su infraestructura petrolera se encuentra próxima al colapso, alerta la consultora Kpler, desde donde calculan que, “incluso bajo una transición política fluida con un levantamiento de las sanciones por parte de Washington —dos supuestos inciertos— la cuota que Venezuela sería capaz de poner en el mercado a finales de 2026 apenas llegaría a los 1,2 millones de barriles diarios. ”Aún muy por debajo de su potencial, pero muy por encima de los 800.000 actuales“.
Desde una perspectiva financiera, Bloomberg pone cifras al desafío. Francisco Monaldi, director de política energética latinoamericana en el Baker Institute, estima que “restaurar la capacidad perdida requerirá inversiones de unos 100.000 millones de dólares en una década”, magnitud comparable a una parte sustancial del gasto anual de las supermajors americanas –ExxonMobil, Chevron y ConocoPhillips que, junto a Shell, BP y Total Energies componen las Big Six petrolíferas del mundo— siempre y cuando “los riesgos geopolíticos y legales puedan ser asumibles”.
Precisamente las tres petroleras estadounidenses —preferentemente Chevron, dice el consenso del mercado, que lo achaca a su mayor presencia histórica en Venezuela— son las principales aspirantes a hacerse con las riendas de PDVSA. Aunque antes tendrán que recuperar sus cadenas de valor, proyectar extracciones a escala, desembolsar algún centenar de millones de dólares a largo plazo en tecnología y acceder a préstamos de bancos y aseguradoras que, de momento, muestran un tibio interés y una ambigua cautela porque exigirán garantías y avales ante supuestos de indemnizaciones por activos expropiados o posibles litigios o saqueos.
3. ¿Tendrá este shock geopolítico repercusiones económicas globales?
Como en todo 2025, los mercados han mostrado resiliencia. Wall Street (tanto el S&P 500 como el Nasdaq) ha registrado avances ligeros impulsados por sectores sensibles al riesgo y a los activos tecnológicos y de defensa que coinciden con las alzas de valores refugio como el oro y la plata. Pero JP Morgan advierte de que los mercados podrían estar subestimando las amenazas geopolíticas de un giro diplomático de la Casa Blanca con estándares de intervención por otras latitudes de su patio trasero, y Goldman Sachs recomienda a sus clientes prudencia ante episodios de volatilidad estructural prolongada, incluso “en ausencia de una crisis financiera sistémica”. No se trata tanto de pánico, sino de una recomposición de peligros “más estructurales de lo perceptible a primera vista en Venezuela”.
En S&P suman a esta ecuación primas de riesgo adicionales por nuevas recetas proteccionistas del plano comercial, riesgos de desaceleración global y repuntes inflacionistas si el oro negro se dispara, que no parece que vaya a ser el caso admisible a corto o medio plazo, más bien al contrario.
“La combinación de una geopolítica más agresiva con más barreras al comercio podría restringir el crédito a empresas y hogares”, auguran sus expertos. Algo que en Moody’s expresan de manera elocuente: las acciones unilaterales que erosionan normas internacionales tienden a ensanchar los diferenciales de crédito en países y empresas expuestos a arbitrariedad política“. Y, en el caso venezolano, ”puede forzar un patrón de comportamiento que engorde las deudas soberanas, revise los peligros legales y aumente los costes de capital en economías percibidas como vulnerables geopolíticamente“, dentro de un efecto lento, pero persistente.
4. ¿Cuál es el estado de salud de derecho internacional?
Arturo Bris, director del IMD World Competitiveness del Center Douglas Geertz donde ejerce de profesor de Asunto Geopolíticos y de Negocios, ahonda aún más en esta tesis, pero precisa que “el derecho internacional no murió [el pasado sábado], sino en 2003, durante la invasión a Iraq sin mandato de Naciones Unidas. Origen —constata— de las más recientes invasiones, anexiones, ocupaciones, genocidios y de una ”abierta muestra de desprecio generalizado a las resoluciones de la ONU“. Desde Georgia hasta Ucrania, pasando por Gaza o Myanmar o las amenazas ya nada veladas contra Panamá o Groenlandia por parte del actual inquilino de la Casa Blanca. Este clima favorable al uso de la fuerza ”se ha convertido en una acción de normalización“ de las relaciones diplomáticas.
Bris matiza esta tesis con otro argumento demoledor: “Vivimos en un mundo bipolar, pero no entre Oriente y Occidente, sino entre países que aún creen en las reglas de juego internacionales y los que pretenden regir el orden global bajo coacciones y poderío militar”. A su juicio, “cuando las normas globales se vuelven opcionales, la justicia se debilita, las fronteras pierden sentido, las instituciones su autoridad y, dentro de las sociedades, la opinión pública empieza a creer que el poder, y no las reglas, determina los resultados”.
Para Bris, “estamos más cerca de 1914 [preludio de la Primera Guerra Mundial] de lo que algún dirigente está dispuesto a admitir”.
En Política Exterior hablan de Venezuela como “protectorado de Washington” después de que Trump traspasase con su orden de intervención los ya “frágiles límites del tablero de ajedrez que surgió en 1948”, de que haya desmontado los controles constitucionales sobre la Casa Blanca y de haber implantado una legitimación, de facto, de futuras agresiones de otras superpotencias.
El retorno de la Doctrina Monroe que lleva el apellido del presidente americano en 1823, cuando se asumió como acción exterior el dominio del Hemisferio Sur americano, conocido como patio trasero de EEUU, es ya un signo de realpolitk. La Monroe fue una amenaza de Washington a las naciones europeas de que no toleraría más colonizaciones en Latinoamérica. Ahora —avisan en Política Exterior— “la gunboat diplomacy que aplicó Theodore Roosevelt en los años cincuenta ha regresado”.
No es casual —aseguran— que la injerencia de la Delta Force de EEUU en territorio venezolano se produjera horas más tarde de la visita a Caracas de Qiu Xiaoqi, responsable para América Latina del Gobierno chino, ni que un ciberataque dejara sin electricidad al país, facilitando el ingreso de más de un centenar de aeronaves y drones sin ser detectados. Sin embargo, con esta actuación, Washington ha puesto en juego su credibilidad global, “al hacerse responsable del desenlace de la crisis en Venezuela”. En términos de estabilidad, guerra civil o aparición de nuevos autócratas. Como reconocen varios think-tanks estadounidenses, “el éxito operativo inicial contrasta con la complejidad estratégica que se avecina”.
5. ¿Se ha proclamado el estado de emergencia continental y transatlántica?
Parece casi indudable. El senador demócrata Mark Warner, vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, alerta de que la lógica empleada por Trump puede ser replicada por otras potencias. Si EEUU justifica la captura de Maduro por acusaciones penales, China podría invocar argumentos similares contra Taiwán y Rusia contra Ucrania. El peligro —aclara Hirsh— es “el alumbramiento de un nuevo incentivo para que regímenes autoritarios actúen sin preocuparse por la legitimidad internacional”.
Lectura que comparte The Economist, donde se enfatiza en el cambio acelerado del orden mundial: “Trump no se limita a eliminar a un dirigente hostil, sino que declara que EEUU dirigirá Venezuela y gestionará su petróleo, lo que evoca el argumentario de la invasión de Iraq y augura la normalización del control directo de recursos estratégicos”, objetivo “incompatible con el compromiso liberal que Washington decía defender”.
Hirsh destaca que el despertar de la Doctrina Monroe del sueño de los injustos no es otro guiño a la doctrina MAGA ideada desde la Heritage Foundation y su odio geopolítico a la herencia de Hugo Chávez, sino la primera pica de una estrategia que señala a México, Colombia y Cuba en la órbita americana y a Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía danesa, y que amenaza al club comunitario, sus aliados del otro lado del Atlántico. “Es la puesta en liza de una política exterior coercitiva, pese a que tenga costes geoestratégicos demasiado elevados frente a unos dudosos beneficios económicos y empresariales”, explica. Como lo desvelan los constantes virajes de su justificación –desde acusaciones de tráfico de drogas a flujos de inmigración, petróleo o intereses geopolíticos, señala Hirsh— o la certificación de que “el poder militar sustituye a toda búsqueda de consensos”, como aclara el seminario británico.
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