Advierten de primeros pasos para prohibir el aborto en Puerto Rico: “Es como ir hacia un risco”
Voces de sectores médicos y legales aseguran que la aprobación del Proyecto del Senado 923, que tipifica como asesinato la muerte del concebido no nacido, sienta las bases para seguir legislando a favor de ilegalizar las terminaciones de embarazo
Por Valeria María Torres Nieves
Periodista de Noticiasvaleria.torres@gfrmedia.com
La aprobación en el Senado del proyecto de la gobernadora Jenniffer Gonzálezque tipifica como asesinato la muerte del “concebido en cualquier etapa de gestación” se une a otras legislaciones del partido de gobierno que reconocen derechos al no nacido, y que aumentan la confusión en el ordenamiento jurídico y la práctica médica que pudieran costar la vida o la libertad de personas embarazadas por tomar decisiones sobre sus cuerpos, coincidieron expertas consultadas.
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Por Redacción El Nuevo Día
“Una confusión en un comercio puede causar pérdida de ganancia. Una confusión en un asunto mecánico podría causar un accidente. Ahora, una confusión en términos médicos puede costar vidas. Y una confusión en términos legales puede costar la libertad de una persona”, alertó la abogada Yanira Reyes Gil, profesora de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana.
La confusión también alcanzó el trámite legislativo que se le dio al Proyecto del Senado (PS) 923, pues después de radicarlo el lunes, cuando comenzó la sesión ordinaria, la gobernadora anticipó temprano este miércoles que solicitaría su retiro por considerarlo redundante respecto a otras leyes aprobadas, para desistir poco después y darle paso a la evaluación legislativa.
El reversazo de González se dio al tiempo que el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dijo, en respuesta a las expresiones iniciales de la gobernadora, que el PS 923 contaba con los votos y sería aprobado, como terminó sucediendo. Al anticipar la consideración legislativa, el líder senatorial descartó que la pieza tuviera relación con el aborto, aunque advirtió que lo “restringiría aún más”.
“Ojalá este proyecto fuera para restringir más el aborto, yo estaría a favor. Estaría aquí defendiéndolo con la misma vehemencia”, destacó Rivera Schatz, durante el debate legislativo.
El Proyecto de Administración 98, según su exposición de motivos, propone incluir una nueva disposición en el Artículo 92 del Código Penal, que define asesinato como “dar muerte a un ser humano a propósito, con conocimiento o temerariamente”, para incluir “al concebido en cualquier etapa de gestación dentro del útero materno” por entender que es necesaria “para mantener coherencia entre las disposiciones civiles y penales”.
La medida, aprobada en votación 20-6, con el voto de la mayoría del Partido Nuevo Progresista y el aval del senador popular José Luis Dalmau, pasa ahora ante la consideración de la Cámara de Representantes. Los senadores novoprogresistas Ángel Toledo y Nitza Morán se abstuvieron.
El aborto sigue siendo legal, por ahora
Las analistas entrevistadas por El Nuevo Día coincidieron en que el proyecto no puede verse independiente a las leyes recientemente aprobadas, como la enmienda al Código Civil, que reconoció personalidad jurídica al nasciturus; y la llamada Ley Keishla Madlane, que enmendó el Código Penal para establecer que el asesinato de una mujer embarazada que resulte, a su vez, en la muerte del feto se consideraría un doble asesinato.
Ninguna de estas leyes o proyectos altera, en su faz, el derecho al aborto en Puerto Rico. Sin embargo, las expertas indicaron que sí empiezan a establecer las bases para seguir legislando bajo la excusa de “armonizar” las disposiciones legales o para que los tribunales terminen decidiendo que es ilegal.
“Están aprobando leyes para sentar las bases y crear un estado de derecho para que sean los tribunales los que finalmente no les quede otra opción que declarar que un aborto consentido, que no esté bajo la excepción de que está en peligro la vida de la madre, sea un acto ilegal con posibles consecuencias civiles y penales, que puede que se le puede atribuir tanto a la madre como al médico”, consideró la abogada y analista Anabelle Torres Colberg.
A juicio de la ginecóloga obstetra Yarí Vale Moreno,no pasará de esta sesión legislativa para que se presente un proyecto que enmiende o derogue los artículos 98, 99 y 100, que reglamentan el aborto en el Código Penal.
“Ya estás diciendo que es asesinato. Así que el próximo proyecto, estoy segura que va a ser una enmienda al Código Penal, nuevamente, para ilegalizar el aborto como tal. Eso, para mí, es meridianamente claro”, consideró la médica.
Para la abogada Iris Yaritza Rosario Nieves, catedrática de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico y experta en Derecho Penal, la aprobación del PS 923 no cambiaría la aplicación de lo que dispone, por ejemplo, la Ley Keishla Madlane (Ley 166-2025), aunque es un “potencial simbólico importante” para “lo que venga después, que podría llegar a ser que eventualmente deroguen los artículos 98 y 99 del Código Penal”.
En tanto, Reyes Gil considera que “armonizar” las disposiciones legales, como señala la exposición de motivos del PS 923, es una mera excusa para “establecer una base jurídica, un andamiaje, para poder eventualmente criminalizar el aborto”.
La abogada constitucionalista –quien entiende que, más allá del Código Penal, el aborto está protegido por el derecho constitucional a la intimidad– opinó que las expresiones de Rivera Schatz sobre el aborto validan que las leyes vigentes protegen el derecho a decidir, pero también confirman cuál es el propósito de las medidas aprobadas recientemente.
Riesgos probados
Los efectos de este tipo de medidas que limitan la capacidad de las mujeres a tomar decisiones sobre sus cuerpos han tenido efectos nefastos. Por ejemplo, en El Salvador, la prohibición del aborto ha llevado a que mujeres estén presas por emergencias obstétricas, indicó la profesora Reyes Gil.
Mientras, en estados como Texas, que limita el aborto hasta la sexta semana de gestación, la mortalidad materna e infantil ha ido en aumento, apuntó la doctora Vale Moreno.
“Esto no es novel. Esto está pasando en otros lados. Y comoquiera nosotros vamos a hacerlo. Es como ir hacia un risco y saber que nos vamos a matar. Es así de trágica la situación para nosotros”, subrayó la ginecóloga.
En Puerto Rico, estas leyes antiderechos ya están teniendo efectos en la práctica no solo de abortos, sino de la obstetricia en general, que ya es limitada en Puerto Rico.Según Vale Moreno, son menos de 100 los ginecólogos que se dedican a la obstetricia.
La doctora planteó, además, que estas enmiendas tendrán el efecto de que las personas con embarazos deseados, “en un futuro muy cercano, pues, no van a poder hacer absolutamente nada si el embarazo viene con algún tipo de anomalía fetal o si corre riesgo la vida de la mujer o persona gestante”.
Compartió que ha tenido un “sinnúmero de llamadas” de colegas para consultar las potenciales repercusiones para los médicos que recomienden una terminación de embarazo por razones obstétricas.
“Ninguna persona, y más uno que estudia tanto, lo menos que quiere es estar enfrentando un proceso criminal por cumplir con los estándares de cuidado que las asociaciones, como la Asociación Americana de Obstetras Ginecólogos, avala”, puntualizó Vale Moreno.
Otro choque de poder
Para Torres Colberg, la virazón de la gobernadora respecto a retirar o no el proyecto responde a que, en días recientes, con la radicación de la reforma contributiva y las aprobaciones de sus recientes nombramientos, ha tenido un momento positivo como pocos en su año de gestión, y esta medida generó críticas inmediatas.
“Aun cuando ella tenga los votos, aun cuando a ella la hayan elegido personas que mayoritariamente pueden creer en eso, no deja de ser un tema controversial donde, mientras estabas tratando de hablar de tus notas positivas, vas a estar en una posición defensiva sobre lo que afecta ese proyecto”, entiende.
Sobre la posición de Rivera Schatz, opinó que el líder legislativo ha sido muy estratégico en dar paso a proyectos de la agenda conservadora y áreas que beneficien al PNP. Por lo que, al ver una posición de la gobernadora que pudiera afectar esos planes, optó por salirle al paso y ponerla nuevamente “a la defensiva” cuando anticipó que se aprobaría.
“Coloca a la gobernadora a la defensiva otra vez, de tener que decir que, si se opone al proyecto, con las consecuencias que eso puede traer en el sector conservador del PNP, en momentos donde su liderato está siendo cuestionado y puede estar un poco frágil”, consideró Torres Colberg.
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Leysa Caro González colaboró en esta historia.
Referencia
Por: Delegación del PNP | Jenniffer GonzálezPUBLICIDAD
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Valeria María Torres Nievesvaleria.torres@gfrmedia.com
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