La caza oficial del periodismo libre
Desde la redada del FBI a la prensa en EEUU hasta el asedio legal al CPI en Puerto Rico, los gobiernos de Trump y González revelan su verdadera naturaleza: el autoritarismo que silencia la verdad.

La persecución a la prensa libre ha perdido toda vergüenza. Aun cuando se proclaman defensores de la democracia, los gobiernos de Estados Unidos y Puerto Rico operan bajo una premisa idéntica: el periodismo es el enemigo. Actúan con el pulso de los regímenes totalitarios, pisoteando la Constitución y el derecho fundamental a la libertad de expresión que juraron defender.
La señal más grave nos llega del norte. El FBI, siguiendo instrucciones del Pentágono, allanó la casa de la periodista de The Washington Post , Hannah Natanson. La fiscal general Pam Bondi lo confirmó sin titubeos: el Estado está investigando las filtraciones. Este asalto al domicilio de una reportera no es un procedimiento judicial ordinario; es una declaración de guerra destinada a intimidar a cualquier periodista que se atreva a revelar los secretos del poder federal.
Aquí en Puerto Rico, el guion es igual de siniestro. El gobierno acaba de calificar de » frívola » la labor del Centro de Periodismo Investigativo (CPI) y solicita sanciones contra el medio. ¿Su pecado? Cuestionar el filtro selectivo en La Fortaleza, que exige credenciales específicas para controlar a quién consideran periodista y quién puede o no asistir a las conferencias de prensa.
La ironía es sangrienta: el abogado que lidera este ataque contra el CPI es Ramón Rosario , figura clave en el infame » Chat de Telegram » de 2019. Es el mismo individuo que, junto con el exgobernador Ricardo Rosselló y sus compinches, se burló de las víctimas del huracán María. Rosario, el estratega detrás de campañas de desprestigio y perfiles falsos en redes sociales, es hoy el rostro de la «justicia» estatal. Un hombre vinculado a intereses familiares que involucran contratos multimillonarios en hogares de ancianos cuestionados por el maltrato y la muerte de ancianos, ahora intenta dar lecciones de ética periodística mientras busca sofocar el periodismo que no puede comprar.
La estrategia de los gobiernos de Donald Trump y Jenniffer González es clara: Privilegio para los dóciles, favoreciendo a medios y pseudoperiodistas que se dejan manipular a cambio de ingresos publicitarios y acceso exclusivo; y Castigo para los libres, donde el periodismo independiente es censurado, objeto de campañas de desprestigio y presionado para sacarlo del aire.
En última instancia, buscan un » apagón informativo «. Como denunciamos en nuestra serie «Periodismo bajo asedio» (Artículos 1 , 2 y 3 ), publicada a finales de 2025, nos encontramos en un punto de inflexión crítico. La embestida es tanto global como local; el objetivo es singular: que la ciudadanía solo escuche la versión oficial de los hechos.
El periodismo libre no es cortesía del Estado. Es la última línea de defensa contra la tiranía. Si permitimos que silencien al PCI, que asalten a la prensa en Washington sin consecuencias, y que amenacen, persigan y ataquen a periodistas de verdad, la democracia habrá muerto, incluso si siguen celebrando elecciones.
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