Legisladores demócratas de EU proponen ley para impedir una guerra contra México
Legisladores demócratas presentaron este miércoles a la cámara baja un proyecto de ley para impedir una guerra no autorizada en México.
David Brooks y Jim Cason, corresponsales
14 de enero de 2026 15:35
Nueva York. Legisladores demócratas presentaron este miércoles a la cámara baja un proyecto de ley para impedir una guerra no autorizada en México.
El diputado Joaquín Castro, el demócrata de mayor rango del Subcomité sobre el Hemisferio Occidental, junto con sus colegas Sara Jacobs y Greg Stanton introdujeron la “Ley de No a una guerra no autorizada en México” cuyo propósito sería prohibir fondos públicos en acciones bélicas no aprobadas por el Congreso en México.
“Lanzar a Estados Unidos a otra guerra innecesaria – y no autorizada – en América Latina es una movida desestabilizadora que regresará para azotar a la nación”, declaró el diputado Castro. Señaló que la gente que representa “no desea que Estados Unidos gaste miles de millones en otra guerra que arriesga desestabilizar la región, migración masiva y abusos de derechos humanos”, y argumentó que es necesario “proteger nuestra relación con un aliado cercano y evitar desperdiciar dinero de los contribuyentes sobre fuerza militar en México”.
Afirmó que se decidió impulsar este proyecto de ley después de que Estados Unidos realizó varios ataques cerca a las costas de México y porque el presidente, Donald Trump, comentó que “ahora vamos a empezar ataques terrestres, respecto a los cárteles”, y menciono a México en ese contexto.
“Guerra con Mexico – autorizada o no – pondría en riesgo a las vidas de estadunidenses y mexicanos y destruiría la relación de Estados Unidos con nuestro socio comercial más importante”, declaró la diputada Jacobs. “Bombardear a México no abordará de manera exitosa la crisis de fentanilo o los problemas representados por los cárteles…. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar lo que seria “un error catastrófico”.
“Trump está amenazando iniciar un conflicto militar en el patio trasero de Estados Unidos. Es seguro que la acción militar unilateral contra México sería un desastre”, agregó el diputado federal Stanton. Aseveró que “los objetivos de seguridad de Estados Unidos tienen que ser logrados trabajando con México, no atacándolo….”.
El texto del proyecto de ley se puede revisar aquí: https://castro.house.gov/imo/media/doc/no_unauthorized_war_in_mexico_act.pdf
En un Congreso controlado por la mayoría republicana, es poco probable que prospere esta iniciativa, pero busca provocar un debate público y registrar oposición a la política bélica de la Casa Blanca.
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No nos gusta que nos amenacen
15 de enero de 2026 00:01
Consternados, rabiosos, como diría el poeta. Así amanecimos el 3 de enero en Cuba con la noticia del ataque estadunidense a Venezuela, que costó la vida a casi un centenar de personas, entre ellas 32 combatientes cubanos que defendieron al presidente Nicolás Maduro en Fuerte Tiuna. Ni uno solo se entregó, pese a la superioridad del fuego invasor, las armas sónicas, los misiles y los drones. “Tuvieron que matarlos, porque no se rindieron”, se repite una y otra vez en nuestras calles.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, reconoció que los miembros de sus fuerzas especiales descendieron de los helicópteros en “medio de una lluvia de balas” disparadas por los cubanos, y Trump admitió, sorpresivamente, en una entrevista con Fox News, que los militares de la isla a quienes se enfrentaron “son muy duros, son buenos soldados”. A medida que se conocen detalles de lo ocurrido en la madrugada del primer sábado de enero, el dolor por la pérdida de los compañeros se ha traducido en una afirmación pública de soberanía, en desprecio por los invasores y en orgullo nacional.
Hoy llegan a La Habana los restos mortales de los militares y comenzarán los homenajes a los caídos, que estaban en Venezuela sin que ello implicara “pago” a Cuba por servicios de seguridad, como ha recordado el canciller Bruno Rodríguez Parrilla. En un mensaje publicado en X, dijo que la isla “no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material” por ese tipo de ayuda solicitada al gobierno, en contraste directo con Washington, que practica el “mercenarismo, el chantaje o la coerción militar” como forma de relación entre las naciones.
Muchos han recordado en estos días que el internacionalismo cubano ha sido política de Estado, pero también una causa popular. A pesar del lodo que ha tratado de echar sobre la colaboración médica cubana la gentuza que hoy administra el Departamento de Estado, más de 400 mil trabajadores de la salud han cumplido misiones en 160 países durante seis décadas. De esa práctica histórica nació la frase de Fidel Castro “multiplicar los médicos y no las bombas” para salvar al mundo.
Pero las bombas son música para los oídos de Donald Trump. Tras el ataque artero a Venezuela ha amenazado a Groenlandia, Colombia, México e Irán, a ciudades de Estados Unidos –Mineápolis, Portland y Chicago– y, por supuesto, a Cuba. En uno de sus comunicados le chilló al gobierno de La Habana: “No habrá más petróleo ni dinero para Cuba. ¡Cero! Lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde”. No fue un exabrupto, sino otra pieza de su método: desprecio hacia el otro, presión económica y, al final del camino, zarpazo militar.
Ese marco explica por qué el antimperialismo se reactiva con fuerza cuando la amenaza deja de ser abstracta. El corte del flujo energético venezolano, las presiones sobre México y la intención explícita de convertir el petróleo en instrumento de coerción contra Cuba han operado como catalizador en un país castigado hasta lo indecible. Pero en contextos así, la sociedad reordena prioridades: las críticas internas no se disuelven, pero tienden a subordinarse a una lógica de defensa nacional.
Para Trump y para el siniestro Marco Rubio, secretario de Estado, que ya puede decir –con toda propiedad– que tiene sangre cubana en sus manos, Cuba es un “Estado fallido”. La etiqueta les sirve para justificar excepcionalismos –bloqueos, sanciones, operaciones encubiertas–, pero resulta endeble cuando se contrasta con la evidencia histórica. Desde 1959, sucesivas administraciones estadunidenses han apostado por la asfixia económica o el aislamiento diplomático como vía rápida para una “solución” política en Cuba; ese desenlace no llegó. La historia de esa expectativa recurrente es, precisamente, la crónica de un fracaso.
Con las honras fúnebres vuelve a ponerse en juego, más que el futuro de Cuba o de Venezuela, una lección que las potencias aprenden y olvidan cíclicamente: ningún pueblo acepta de buen grado que otros decidan por él. La superioridad militar o económica puede imponer tutelajes con altos costos y espectáculos políticos, pero rara vez garantiza la victoria.
Un video donde aparece Fidel Castro se ha vuelto viral en estos días, como lengua franca de la vida pública y de las redes en Cuba. Es de 1980, cuando Ronald Reagan amenazaba al país que ya había pasado por una invasión, ataques terroristas, guerra bacteriológica y el sempiterno bloqueo: “No nos gusta que nos amenacen”, dice Fidel. “No nos gusta que traten de intimidarnos. No nos gusta… Además, nuestro pueblo hace tiempo que ha perdido ya la idea de lo que es el miedo”. Esperemos que entiendan los gringos que eso, exactamente, es lo que acaban de probar los cubanos en Venezuela.
La larga sombra de las intervenciones
15 de enero de 2026 00:02
En América Latina, la historia de las intervenciones de Estados Unidos es un hilo continuo que atraviesa dos siglos. No es un catálogo de episodios aislados, sino una política de poder persistente que combina doctrina y uso de la fuerza. Desde el siglo XIX hasta nuestros días, la región ha vivido incursiones directas, ocupaciones prolongadas, golpes apoyados a distancia y despliegues “preventivos” que han marcado de manera indeleble a nuestras naciones y sus memorias colectivas.
El primer hito fue la guerra contra México (1846–1848). Bajo el delirio del Destino Manifiesto, Washington desarrolló una campaña de ocupación que culminó con el Tratado de Guadalupe Hidalgo y la cesión de más de la tercera parte del territorio mexicano. La victoria militar sentó un precedente político sobre el tipo de hemisferio que Estados Unidos buscaba construir. En la crisis de Panamá de 1885, Estados Unidos mostró la hipocresía de sus compromisos de “neutralidad” con el desembarco de marines para asegurar el tránsito y proteger intereses. Se retiró pronto, pero el mensaje fue claro: el canal y su entorno eran “interés vital” estadunidense.
Esa prioridad estratégica desembocó en el apoyo a la separación de Panamá de Colombia en 1903. Estados Unidos reconoció de inmediato al nuevo gobierno que firmó para establecer la Zona del Canal. Fue una independencia tutelada, imprescindible para el proyecto canalero e inseparable de la expansión militar y comercial de comienzos del siglo XX.
En Nicaragua, las ocupaciones de 1912-1925 y 1926-1933 fueron parte de las llamadas Banana Wars. La presencia de marines sostuvo gobiernos afines, y en la segunda ocupación combatió de lleno la guerrilla de Sandino, hasta su asesinato en 1934. La ocupación dejó una dictadura militar que duraría décadas.
En 1932, Estados Unidos realizó un gran despliegue naval frente a las costas de El Salvador durante la insurrección encabezada por Farabundo Martí. La represión del ejército salvadoreño dejó decenas de miles de muertos. La presencia de buques extranjeros afirmó la ecuación geopolítica de la época: proteger inversiones, contener la protesta social y enviar señales de poder.
Con la guerra fría, el repertorio cambió de forma. En Guatemala, la CIA promovió el derrocamiento de Árbenz en 1954 y clausuró una experiencia reformista incómoda para la United Fruit Company y la ortodoxia anticomunista. En 1961 tuvo lugar la fallida invasión a Bahía de Cochinos en Cuba y en 1965 el golpe contra el presidente Bosch en República Dominicana, con el despliegue de más de 20 mil soldados para “evitar otra Cuba” y asegurar un desenlace favorable a Washington.
En los años 70 y 80 se profundizó la lógica de seguridad hemisférica. Con la Operación Cóndor, Washington promovió golpes y dictaduras militares en el Cono Sur. En Chile, facilitó el derrocamiento de Allende en 1973 y el ascenso de Augusto Pinochet. Los golpes en Brasil (1964), Uruguay (1973) y Argentina (1976) contaron con el beneplácito y asistencia estadunidense.
En todos estos casos, la coordinación con Estados Unidos incluyó la persecución criminal de opositores. La consolidación de regímenes autoritarios, bajo la bandera de la lucha contra el comunismo, dejó una estela de violaciones a los derechos humanos y desapariciones forzadas en toda la región. Una nueva oleada de intervenciones se dio de cara a las luchas revolucionarias en Centroamérica. En Nicaragua (1979-1990), la administración Reagan financió a la Contra y abrió el capítulo Irán-Contras. En El Salvador (1980- 1992) proporcionó asesores y armamento para sostener una guerra antinsurgente de altísimo costo humano.
La década de los 80 cerró con la ocupación militar en Granada (1983) y la invasión a Panamá (1989) con 27 mil marines y la captura de Noriega. La pregunta inevitable es qué ha cambiado. La retórica, sí; el uso de la fuerza, menos. A las justificaciones clásicas –seguridad, estabilidad, protección de nacionales– se añaden hoy narcotráfico, “transiciones ordenadas” y defensa de la democracia.
El estilo personal abusivo, violento y belicista de Trump concentra buena parte del análisis y las explicaciones sobre la intervención actual en Venezuela. Pero hay que entender que ésta se enmarca también en la tradición estadunidense frente a América Latina. Las palabras importan, pero los hechos más: desembarcos, ocupaciones, asesorías militares, sanciones y operaciones encubiertas han definido el territorio político donde se disputan proyectos de nación y modelos de desarrollo.
Reconocer esta historia no es ejercicio de victimismo; es condición de soberanía. América Latina ha resistido, aprendido y construido alternativas. La memoria no es para museo, es brújula para pensar relaciones exteriores basadas en alianzas, cooperación y respeto mutuo. La paz y la soberanía requieren gobiernos legítimos y decididos, ciudadanía informada y una agenda regional que no se subordine a los ciclos políticos de Washington.
La sombra es larga pero no eterna. Si algo enseña el siglo y medio de intervenciones es que el hemisferio no está condenado a repetir su pasado, sino a transformarlo.
Trumpismo global y América Latina
15 de enero de 2026 00:03
¿Cómo se ha manifestado el trumpismo global en América Latina? La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos para 2025 evocó un Corolario Trump a la Doctrina Monroe para priorizar el dominio de los sectores tecnológico y financiero, redirigiendo la presencia militar estadunidense hacia el hemisferio occidental, ampliando el acceso a recursos críticos y respaldando regímenes alineados con la agenda trumpista.
A principios de 2026, gobiernos de extrema derecha y autoritarios estaban en el poder o a punto de ser inaugurados en Argentina, El Salvador, Ecuador, Honduras, Perú, Paraguay, Panamá, Costa Rica y Chile. Si bien no todas estas fuerzas políticas gobernantes son trumpistas, todas ellas han estado sometidas a una intensa presión para ampliar el acceso de la clase capitalista trasnacional (CCT) a los recursos energéticos y minerales necesarios para las tecnologías digitales que impulsarán la restructuración y transformación de la economía global y para reprimir la resistencia popular desde abajo. Los casos de Ecuador, El Salvador, Argentina, Honduras y Venezuela ilustran estas dinámicas.
En Ecuador, el gobierno del presidente Daniel Noboa permitió que grupos criminales violentos operaran con impunidad, estableciendo su control en numerosas comunidades empobrecidas. Sólo cuando la población, desesperada por la inseguridad y la violencia de estas mafias, exigió protección, el gobierno intervino, declarando el estado de emergencia en 2024 y desplegando al ejército en todo el país.
Sin embargo, en lugar de combatir a las bandas criminales, el ejército reprimió las movilizaciones de protesta populares lideradas por comunidades indígenas.
La emergencia sirvió de cortina de humo para que Noboa impulse la expansión de la explotación de hidrocarburos y la minería y para aprobar cambios legales que faciliten la expropiación y el saqueo por parte de corporaciones trasnacionales.
El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, también puso en marcha un modelo de control sobre la mano de obra excedente basado en la manipulación de la inseguridad y la infusión de miedo ante la delincuencia y la violencia social, consecuencias de la pobreza crónica, el desempleo y la privación. Bukele logró manipular las demandas generalizadas de seguridad para declarar el estado de emergencia y gobernar por la fuerza y mediante decretos. Los ciudadanos se sienten seguros en las calles, pero siguen siendo tan pobres como antes de la represión carcelaria. Debido a los recortes en el gasto social, la pobreza ha aumentado bajo el gobierno de Bukele a cerca de 30 por ciento de la población, mientras otro 40 por ciento vive en situación de vulnerabilidad.
En Argentina, los peronistas arrasaron en las elecciones legislativas de septiembre de 2025 en la provincia clave de Buenos Aires, donde reside casi 40 por ciento de la población del país. Posteriormente, Trump ofreció hasta 40 mil millones de dólares en asistencia económica con la condición, ampliamente difundida, de que el presidente ultraderechista Milei ganara las elecciones legislativas de medio término a escala nacional, lo cual logró. Acto seguido, el gobierno tomó medidas para autorizar la deforestación y la minería –especialmente de los vastos yacimientos de cobre aún sin explotar del país– en zonas periglaciares protegidas, mientras la pobreza aumentaba de 42 por ciento a 53 por ciento de la población.
Algo similar ocurrió en Honduras, donde Trump actuó en beneficio de la CCT en connivencia con la ultraderecha local. El presidente estadunidense amenazó, en vísperas de las elecciones del 30 de noviembre pasado, con suspender toda la ayuda estadunidense si los votantes no elegían al candidato de ultraderecha y heredero del Partido Nacional, Nasry Asfura. Al mismo tiempo, indultó al narcotraficante internacional, ex presidente del Partido Nacional, Juan Orlando Hernández.
Durante su presidencia, de 2014 a 2022, Hernández cedió una porción del territorio nacional en la isla caribeña de Roatán a capitalistas de riesgo estadunidenses para que la administraran como centro privado para actividades tecnológicas, de criptomonedas y otras operaciones financieras opacas, es decir, como feudo privado con sus propias normas, autonomía fiscal y regulatoria, y tribunales de arbitraje. El gobierno progresista del Partido Libre, presidido por Xiomara Castro, había cancelado esta concesión.
Una confluencia de tres factores ha impulsado las impactantes agresiones contra Venezuela. Primero: la impunidad que han gozado los genocidas israelíes ha abierto las puertas a un capitalismo global aún más bárbaro que ni siquiera intenta legitimar su salvajismo bajo el manto de las normas del derecho internacional o de los derechos humanos. Segundo: está el afán de Estados Unidos por acceder a la vasta riqueza petrolera y mineral de Venezuela con la complicidad de un régimen más dócil que el de Maduro. Tercero: el Estado estadunidense está inmerso en una proyección masiva de poder en el hemisferio, con Venezuela como vanguardia para una expansión violenta en América Latina.
Nos encontramos en una encrucijada en América y en todo el mundo. Los fracasos de la izquierda institucional, con su enfoque estatista y de control vertical, su autoritarismo y su corrupción, han allanado el camino para el regreso de la ultraderecha en gran parte de América Latina. Cuando la izquierda ha llegado al poder, ha actuado para contener las luchas populares y ha fracasado en su papel de izquierda. En el poder no ha dudado en defender y, de hecho, expandir el modelo extractivista y en adaptarse al capital trasnacional, absorbiendo la rebelión en el Estado capitalista y el orden hegemónico, actuando como correa de transmisión del poder estructural del capital trasnacional y neutralizando el potencial antisistémico de un levantamiento tras otro.
*Profesor distinguido de sociología en la Universidad de California en Santa Bárbara
Putin y Lula hablan por teléfono; respaldan la soberanía de Venezuela
14 de enero de 2026 15:52
Moscú. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, coincidieron en su análisis de la situación en Venezuela, de acuerdo con un escueto comunicado del Kremlin sobre la conversación telefónica que mantuvieron este miércoles a iniciativa del brasileño.
Ambos líderes, según la nota oficial, “respaldaron la necesidad de que se garantice la soberanía del Estado y los intereses nacionales de la República Bolivariana de Venezuela”.
Es la primera vez que Putin —quien reapareció en público el lunes anterior tras dos semanas de festejos navideños—, se refiere de manera indirecta, a través de su oficina de prensa, a lo que sucede en el país sudamericano, después de que su antiguo “aliado estratégico”, el presidente, Nicolás Maduro, fue sustraído de forma ilegal y llevado a Estados Unidos.
“Los líderes intercambiaron opiniones sobre la actualidad internacional, con especial atención a la situación en Venezuela”, señala el Kremlin.
Y agrega que ambos mandatarios “acordaron continuar coordinando esfuerzos, incluido en el marco de la Organización de las Naciones Unidas y a través de los BRICS, para reducir la tensión en América Latina y en otras regiones del mundo”.
Horas antes, el canciller, Serguei Lavrov, destacó las medidas que está tomando la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para defender la soberanía nacional.
“Observamos con gran interés, preocupación y simpatía cómo las autoridades venezolanas defienden sus derechos y su independencia, al tiempo que muestran flexibilidad y expresan su voluntad de dialogar con Estados Unidos, si dicho diálogo tiene forma y contenido basados en los principios de igualdad y respeto mutuos, así como el rechazo a los métodos unilaterales de dictado en política y, especialmente, a los de influir mediante el uso de la fuerza”, afirmó Lavrov.
Para el jefe de la diplomacia rusa, Estados Unidos cometió “una operación ilegal” (al secuestrar al presidente Maduro), “evaluación que comparte la mayoría abrumadora de los países del Sur Global y de Oriente. Solo los europeos occidentales y otros aliados de Washington procuran, avergonzados, no criticar (al presidente estadunidense, Donald Trump), aunque en el fondo todos entienden que se trata de una gravísima violación del derecho internacional”.
Según Lavrov, “lo que vemos en el ámbito internacional, pone de relieve no un intento sino toda una política de nuestros colegas estadunidenses para destruir el sistema que durante años se fue creando con su propia participación. Tengo en cuenta no solo las estructuras de Naciones Unidas, también los principios de modelo de globalización que justamente Estados Unidos intentó implantar, apelando a consignas como la libertad del mercado, la competencia honesta, la inviolabilidad de la propiedad y muchas otras que ‘se esfumaron’, como suele decirse”.
El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia subrayó: “No puedo predecir qué va a pasar (en Venezuela), pero en la etapa actual vemos que las autoridades venezolanas defienden sus prioridades nacionales y su clara intención de participar en las relaciones internacionales en pie de igualdad precisamente como un Estado soberano e independiente”.
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EU justifica operación para capturar a Maduro; potencia extranjera podría apoyar a Venezuela
14 de enero de 2026 11:40
El Departamento de Justicia de Estados Unidos aseguró que el presidente, Donald Trump, no estaba limitado por la legislación interna cuando se aprobó la operación de Washington para capturar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, debido a su autoridad constitucional como comandante en jefe, y que tampoco está restringido por el derecho internacional cuando se trata de llevar a cabo operaciones de aplicación de la ley en el extranjero, según un memorando del departamento para la Oficina Legal del Consejo de Seguridad Nacional, reportó este miércoles el medio abc 17 news citando a fuentes que han leído el memorando.
Tampoco descartó que una importante potencia extranjera pudiera brindar apoyo al presidente, Nicolás Maduro, para proteger las inversiones en la región, según el documento.
«Es perfectamente posible, bajo las circunstancias adecuadas, que una importante potencia extranjera preste apoyo adicional para proteger las inversiones significativas que ellos o sus ciudadanos han realizado en la región», se lee en el memorando.
Elliot Gaiser, el principal abogado de la Oficina de Asesoría Legal (OLC), analizó brevemente el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, no llegó a decidir si la operación violaba el derecho internacional, argumentando que no importaba siempre que Donald Trump tuviera la autoridad bajo la ley nacional para autorizar la operación.
“Para ser claros, no hemos llegado a una conclusión definitiva sobre cómo se aplicaría el derecho internacional a Absolute Resolve”, escribió Gaiser. “No abordamos la cuestión porque no es necesario abordarla”.
La opinión de la Oficina de Asesoría Legal (OLC, por sus siglas en inglés), que tiene entre 20 y 30 páginas, fue entregada a legisladores el martes, señalaron las fuentes. El documento se basa en una opinión legal de 1989 elaborada por William Barr, quien en ese momento dirigía la OLC y más tarde se utilizó como secretario de Justicia durante el primer mandato de Trump.
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10 de enero de 2026 14:12
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