Ilegales: Senado tumba medida de Jenniffer González para legalizar casetas de La Parguera

Por falta de rigor jurídico y fiscalización, Senado colgó medida que beneficiaría a los suegros de la gobernadora. Firmado por el Presidente Thomas Rivera Schatz.

Sandra Rodríguez Cotto

La controversia de las casetas en La Parguera, que ha perseguido a la gobernadora Jenniffer González Colón desde el inicio de su cuatrienio, sufrió hoy un golpe mortal en la Legislatura. La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado emitió un informe negativo sobre el Proyecto del Senado 272, una medida de administración que buscaba legalizar las estructuras privadas enclavadas en la zona marítimo-terrestre de Lajas mediante un régimen de concesiones. Parte de la controversia se basaba en que los suegros de la gobernadora tienen casetas ilegales allí.

Con esta determinación, el Senado —presidido por Thomas Rivera Schatz, quien también dirige la comisión y fue quién firmó el informe negativo— cierra la puerta a la regularización de unas 147 estructuras que, según el propio informe, “nunca debieron estar allí”.

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Conflicto desde el inicio

La controversia no es nueva, pero escaló a niveles críticos cuando González Colón asumió el poder. Uno de sus primeros actos fue el nombramiento de Waldemar Quiles como secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA). En sus primeras 24 horas en el cargo, Quiles firmó una orden administrativa que pretendía archivar las querellas de construcciones ilegales en La Parguera, incluyendo la que pesaba sobre los suegros de la gobernadora, José del Carmen Vargas e Irma Llavona.

Aquel intento de “borrón y cuenta nueva” fue visto como un craso conflicto de interés, lo que obligó a Quiles a enmendar la orden tras una intensa interpelación senatorial. Ante el fracaso administrativo, la Fortaleza apostó a la vía legislativa con el P. del S. 272, el cual buscaba, primordialmente crear una “Zona de Planificación Especial Turística” en La Parguera, conceder licencias de ocupación por un término de 40 años y establecer un cobro de cánones anuales por el uso de terrenos públicos.

“Falta de Rigor”

El informe negativo, de 22 páginas, es contundente al señalar que la medida carece de los requisitos mínimos de rigor técnico y jurídico. Entre los puntos más críticos que llevaron al rechazo de la medida se encuentran:

• Autocertificación de la huella: El proyecto permitía que los mismos ocupantes contrataran ingenieros para definir la extensión (huella) de sus estructuras, lo que el Senado calificó como un “conflicto de intereses inherente” e “inaceptable”.
• Inventario obsoleto: El DRNA admitió que no tiene un censo actualizado de las casas; el último data de 2013 y fue realizado por vigilantes sin peritaje técnico.
• Incapacidad de fiscalización: Se constató que el DRNA no cuenta con drones, sistemas de monitoreo ni personal suficiente para evitar que los ocupantes sigan ampliando ilegalmente sus propiedades mientras se tramitaban las licencias.
• Ilegalidad reconocida: Los deponentes del DRNA admitieron bajo juramento que la permanencia de estas casas ha sido producto de una “tolerancia administrativa histórica” y no de un derecho legal.

“El modelo propuesto… crea un riesgo sustancial de legalizar, consolidar y perpetuar ocupaciones y expansiones ilegales en una de las reservas naturales más sensibles de la Isla”, lee la conclusión del informe.

Los suegros de la gobernadora

Aunque la gobernadora ha insistido en que la medida busca proteger un “paisaje cultural” y generar fondos para la reserva, la sombra de la caseta de sus suegros ha sido el epicentro del debate político, tal y como hemos venido cubriendo EN BLANCO Y NEGRO por los pasados casi tres años. El año pasado, el DRNA confirmó la ilegalidad de construcciones y cortes de mangle en dicha propiedad, e incluso trascendió que agencias federales mantenían una investigación sobre el área.

Con este informe negativo, el Senado no solo le niega una victoria política a la Fortaleza, sino que reafirma el mandato constitucional de proteger los bienes de dominio público sobre los intereses privados, dejando a los propietarios de La Parguera —incluyendo a la familia de la mandataria— en la misma precariedad jurídica que han enfrentado por décadas. Queda pendiente un informe en la Cámara de Representantes, pero al Senado no aprobar éste, la medida se detiene.