Senado evalúa proyecto para redefinir la Zona Marítimo Terrestre entre apoyo oficial y rechazo ambiental
Por Ey Boricua
La medida recibió respaldo del DRNA y del DDEC con enmiendas, mientras organizaciones, juristas y grupos comunitarios advirtieron sobre su impacto en la protección costera y el acceso público
SAN JUAN, Puerto Rico – La Comisión de Turismo y Recursos Naturales del Senado evaluó en vista pública el Proyecto de la Cámara 25, una medida que propone enmendar varias leyes para actualizar y aclarar la definición de la Zona Marítimo Terrestre (ZMT) en Puerto Rico, en medio de posturas encontradas entre agencias del Gobierno, sectores vinculados al desarrollo y organizaciones ambientales y comunitarias.
La audiencia fue presidida por la vicepresidenta senatorial Marissa “Marissita” Jiménez Santoni, quien indicó al inicio de los trabajos que el asunto reviste importancia para múltiples sectores y adelantó que podrían convocarse una segunda vista pública y una mesa de trabajo para continuar recibiendo insumos. En esta primera jornada comparecieron 15 deponentes.
Según la exposición del proyecto, la pieza busca atemperar una definición que se remonta a la legislación del siglo XIX y establecer parámetros más precisos sobre los límites entre el dominio público y la propiedad privada en las zonas costeras. También persigue fortalecer la protección ambiental de las costas, garantizar el acceso del público a las playas para fines recreativos no comerciales y ofrecer mayor certeza jurídica en los procesos de deslinde.
El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez, favoreció la medida con recomendaciones y rechazó que el proyecto suponga una privatización de las playas. “Este proyecto no le roba las playas a nadie. Aquí no hay ningún cambio. La diferencia es que los agrimensores tendrán data científica para hacer su trabajo a través de la NOAA”, sostuvo.
Entre sus sugerencias, Quiles planteó que se utilice el término servidumbre para identificar la franja total de 20 metros, en sustitución de los conceptos de salvamento y vigilancia, y que el lenguaje legal se ajuste al tiempo presente. Añadió que Puerto Rico ha seguido repitiendo fundamentos del derecho español del siglo XIX, mientras España ya actualizó su marco normativo con la Ley de Costas de 1988, modificada en 2013 y 2022.
En respaldo de la medida también depuso el agrimensor Marcos Colón, en representación del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Colón afirmó que el proyecto atiende una necesidad real de política pública al adoptar con mayor precisión la definición de la ZMT en Puerto Rico. Según dijo, la definición vigente desde la Ley 151 no establece con suficiente especificidad el parámetro técnico que debe utilizarse para fijar ese límite en el terreno.
Durante el intercambio legislativo, Jiménez preguntó de forma directa si la medida cambiaría el acceso a las playas públicas y si alteraría la extensión actual del dominio público marítimo terrestre. Quiles respondió que no en ambos casos y reiteró que el propósito es dotar a los deslindes de una base científica. Sobre una eventual revisión reglamentaria, la licenciada Brenda Liz González Méndez, del DRNA, indicó que las agencias tienen la obligación de revisar sus reglamentos cada cinco años y que la oficina de asuntos legales ya se encuentra en ese proceso.
El senador de mayoría Héctor Joaquín Sánchez Álvarez también preguntó si el proyecto reduciría el alcance actual de la ZMT protegida bajo reglamento o si modificaría la base legal para atender litigios y conflictos. De acuerdo con el deponente del DRNA, la contestación fue negativa. Quiles añadió que la medida sustituye un criterio que describió como prácticamente indeterminado por datos científicos de la NOAA para establecer un punto específico en la delimitación.
La senadora de minoría María de Lourdes Santiago Negrón planteó, por su parte, dudas sobre el efecto práctico de la nueva definición y preguntó si los espacios que queden más cerca de la costa o del agua podrían ser susceptibles de apropiación privada. Colón respondió que la definición actual está sujeta a interpretaciones del técnico que la aplica y sostuvo que el proyecto extiende esa definición a lo dispuesto en el reglamento, que describió como más amplio que la ley vigente.
La medida también recibió el respaldo, con enmiendas, de la Asociación de Constructores e Industriales y de la Federación de Alcaldes. El licenciado Patricio Martínez, en representación de la organización empresarial, afirmó que el proyecto provee claridad jurídica y sirve a la certeza del inversionista, la protección ambiental costera y la seguridad constitucional de los derechos propietarios. El licenciado Ricardo Rolón, por la Federación de Alcaldes, sostuvo que la falta de claridad histórica ha generado controversias que afectan la planificación municipal, el desarrollo económico local y la protección ambiental, aunque señaló que la medida debe acompañarse de ajustes que mantengan un balance entre protección ambiental, propiedad y autonomía municipal.
En oposición al proyecto compareció el profesor José Maldonado Andreu, de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico, quien advirtió que la definición propuesta adopta una concepción restrictiva del litoral basada en promedios mareográficos y en la exclusión de fenómenos extremos. A su juicio, ese enfoque impone una visión estática que no responde a la realidad costera de Puerto Rico ni a las proyecciones científicas.
Maldonado añadió que cualquier redefinición de la ZMT debe reconocer su naturaleza dinámica, su función ecológica y su carácter público. Advirtió que una definición que reduzca su alcance debilita la protección ambiental y el acceso ciudadano, y facilita la transformación de bienes comunes en bienes susceptibles de apropiación privada.
El licenciado Francisco Aquino, de Cambio Por PR, también expresó reservas y sostuvo que mientras otras jurisdicciones avanzan hacia una gestión costera que amplía las zonas de protección y valora los servicios ecosistémicos, el proyecto propone una definición más estrecha de la ZMT. Aquino sugirió la creación de una mesa de trabajo con expertos para discutir la medida.
En términos similares se expresó la licenciada Amy Orta, en representación de Resiliency Law Center, al advertir que la propuesta excluye los efectos del cambio climático, las marejadas ciclónicas y la dinámica costera real, lo que, según dijo, subestima los riesgos, compromete la conservación de bienes de dominio público e impacta a las comunidades costeras.
Hernaliz Vázquez, de Sierra Club, también manifestó preocupación por la redacción de la medida y reclamó que se tome en cuenta a las comunidades costeras. Señaló que el proyecto tiene implicaciones directas sobre al menos 44 municipios costeros, por lo que consideró necesario un proceso de evaluación amplio, participativo y regionalizado.
Además, participaron en la audiencia y dijeron no favorecer la pieza legislativa Ricardo Laureano, del grupo VIDAS; Frank Inserni, del proyecto Arrecife Condado Inc.; Vanessa Uriarte, de Amigxs del Mar; Alegna Malavé, de Murciélagos Beach Defender; Suzette Quilós, de Salvemos A Playuela; y la doctora Mariela Declep.
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La vista pública dejó en evidencia el choque entre quienes sostienen que el proyecto moderniza una definición legal anticuada con apoyo en criterios científicos y quienes advierten que la propuesta puede reducir el alcance de la protección costera y abrir espacio a la apropiación de áreas que hoy se entienden como parte del dominio público.
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Tags: DRNAorganizaciones ambientalesplayasProyecto de la Cámara 25Puerto RicoSenadozona marítimo terrestre
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